El semanario británico The Economist ha publicado un reciente artículo titulado Destructive creation, y cuyo revelador subtítulo es «The economic case for reform is overwhelming, but the politics will be hard«. Efectivamente, en dicho artículo se esboza un resumen conciso en el que se trata la situación española y las reformas que, según la revista, un eventual nuevo gobierno (para el que apuntan a Mariano Rajoy como opción más probable) debería emprender por sí y dentro del contexto de sus vecinos europeos; y a ser posible, naturalmente, con la mayor celeridad de la que seamos capaces.

¿Qué se dice allende los mares? Para empezar, que España lo ha hecho relativamente bien todo este tiempo en materia económica. Lo hicimos bien antes de entrar en la Unión Europea en 1986. Lo hicimos bien como país miembro, hasta el punto de que, por ejemplo, hemos logrado converger hacia los niveles medios comunitarios de renta per cápita. Lo hicimos bien en el proceso de entrada en el euro. Y, todo sea dicho, no lo hemos hecho tan mal hasta el momento. De hecho, señalan el hecho de la reciente reforma constitucional incluyendo un techo para el déficit público como prueba del compromiso de España con las instituciones europeas. «Reform there should stand a good chance», afirman.

Después de tan reputable presentación, desgraciadamente llegan los reproches. El primero, nada sorprendente, va para nuestro mercado de trabajo, que se describe como compuesto por «a group of ageing, virtually unsackable “insiders” with gold-plated contracts, whereas the rest have to make do with highly insecure temporary contracts». Como prueba, citan el dato de que en 2009 los salarios reales crecieron un 3,2%, en tanto que la economía se hundía un 3,7%. Los jóvenes son los peor castigados; de éstos, casi la mitad de los trabajadores menores de 30 años se encuentra desempleada, en tanto que la otra mitad trabaja bajo contratos temporales que, en palabras del artículo, «leave them without a career structure and give firms no incentive to train them».

Aparte de este problema, sin duda el más importante, el gobierno debería centrar su atención en otros dos más. El primero es la simplificación de la burocracia, de la cual se dice que «dates back to Franco, who from the 1950s sought to give Spaniards more freedom by trying to establish the rule of law even as he denied them democracy». No obstante, la causa que subyace detrás de todo este entramado es el segundo problema que cita el semanario, a saber, las Comunidades Autónomas, a las que tilda de «country’s fiercely independent regions», y a las que acusa de interpretar la legislación siempre desde su propio punto de vista, causando así la fragmentación del mercado español. Este hecho, como puede imaginarse, redunda en un serio perjuicio para la competitividad de nuestras empresas. Sin embargo, abordar esta cuestión es complicada, ya que «regions are popular because they spend taxes collected by the central government (…) regional autonomy is an
antidote to the centralising, anti-union bias of Franco’s Spain».

El artículo termina con nuestro país señalando que, si bien cada gobierno afronta circunstancias y obstáculos distintos, en España se da la particularidad de que las reformas estructurales radicales que desde hace tiempo se vienen reclamando conllevan «rewriting the social contract». Una reforma que acabase con la dualidad en el mercado de trabajo no sólo cambiaría la relación de los trabajadores con sus empresas y entre los trabajadores mismos, sino que estos cambios alterarían previsiblemente también los salarios y, por tanto, los ingresos relativos de cada colectivo. Del mismo modo, eliminar buena parte de las trabas burocráticas no sólo traería como resultado una mayor eficiencia, sino que en muchos sentidos transformaría la relación existente entre el gobierno y sus ciudadanos. Y así, podríamos dar otros ejemplos. No obstante, prefiero terminar con una frase que considero bastante ilustrativa: «However unambiguous the economics of reform, the politics is
almost always hard».