Hemeroteca Politikon - Expectativas racionales

Los beneficios de largo alcance de la educación

24 Oct, 2011 -

Dada la buena acogida que tuvo una entrada anterior que trataba del rendimiento salarial de la educación, me gustaría volver a incidir sobre el tema; eso sí, esta vez quisiera hablar de los efectos de largo alcance de la educación, es decir, cuál es su impacto en ámbitos tales como el crimen, la salud, la mortalidad o la actitud cívica de una sociedad. Si no recuerdo mal todos estos temas fueron objeto de comentarios, por lo que esta entrada servirá en buena medida como respuesta. Para ello, seguiré como guía un reciente artículo de Lance Lochner, economista y director del CIBC Centre for Human Capital and Productivity, en la West Ontario University en Canadá, en el que el autor hace un detallado repaso de la literatura académica sobre estos efectos. Nunca está de más, sobre todo en estos días en los que el debate sobre la importancia de la educación en la sociedad se ha
vuelto a avivar al candor de los recortes presupuestarios como medida de consolidación fiscal.

Para empezar, cabe mencionar que en todo el mundo las tasas de encarcelación y de condenas son mayores entre las personas menos educadas. Estudios recientes parecen indicar que esta correlación refleja en realidad una relación causal. Así, Lochner y Moretti (2004) estiman que incrementar la tasa de graduación en las escuelas secundarias en un punto porcentual habría tenido como resultado cerca de 100.000 delitos menos en EE.UU. en 1990, lo que hubiese supuesto un ahorro social anual de más de 2.000 millones $ (o en otras palabras, 3.000 $ por cada alumno graduado adicional). En la misma línea, Machin et al. (2011) concluyen que en el caso del Reino Unido este ahorro social, aun teniendo sólo en cuenta el relacionado con delitos contra la propiedad, podría haber alcanzado las 10.000 £ por alumno graduado adicional. La calidad de los centros educativos también parece influir en esta reducción de la criminalidad. Así lo atestigua Deming (2009), quien estima que la reducción en
arrestos asociada al hecho de ofrecer escuelas de mejor calidad a jóvenes en situación de alto riesgo puede conllevar un ahorro social de hasta 16.000 $; además, dado que unas mejores escuelas probablemente también tienden a reducir la incidencia de pequeños delitos o faltas, este ahorro social podría llegar a ser de tres a cinco veces mayor. En cualquier caso, a pesar de estos resultados, tan alentadores en principio, el análisis de programas concretos destinados a mejorar la calidad de la enseñanza y reducir la criminalidad entre jóvenes desfavorecidos no ha dejado, por el momento, ningún resultado esclarecedor.

En otro orden, estudios recientes sugieren que la educación también puede mejorar la salud. Mazumder (2008) y Oreoupolos (2006) estiman que un año adicional en la escuela secundaria mejora el estado de salud declarado en un 15-30%. En Europa, si bien distintos estudios apuntan en la misma dirección, sus resultados son, en todo caso, más modestos. Esta diferencia, aunque a primera vista pueda resultar chocante, tiene lógica en tanto se tiene en cuenta que en EE.UU., donde los seguros sanitarios son todavía hoy suelen estar ligados al puesto de trabajo, la calidad de los primeros depende en buena medida de la de los segundos; y dado que una mayor educación generalmente se traduce en posibilidades de un mejor empleo, no es de extrañar que personas más educadas tengan, de media, un acceso a una asistencia sanitaria de mayor calidad y, por tanto, su estado de salud declarado sea mejor. Todo ello, claro está, a diferencia de Europa, donde es más que probable que la extensión sistemas
públicos de salud absorban la mayor parte de este efecto.

Por otra parte, el consenso en torno al impacto de la educación sobre la mortalidad es reducido. Algunos estudios, en particular los de años más recientes, llegan a estimar que un año adicional de escolarización reducen las tasas de tabaquismo en al menos un 10%. Por contra, algunos de esos mismos estudios encuentran que la educación tiene un impacto reducido sobre la obesidad. Además, hay pocas pruebas que apunten que la educación de los padres afecte de alguna manera el estado de salud de sus hijos, si bien los resultados son bastante heterogéneos.

Otro hecho a destacar es que las sociedades más educadas tienden a ser más democráticas; no obstante, si la educación resulta o no determinante en esta relación no está tan claro. No obstante, tres estudios recientes opinan que sí, al menos en lo tocante a los EE.UU. Dee (2004) y Milligan et al. (2004) estiman que un año adicional de educación tiene como resultado un participación electoral que va del 30% al 40% por término medio. En contraste, Milligan et al. (2004) y Siedler (2007, 2010) no encuentran resultados significativos en los casos de Reino Unido y Alemania. En general, la educación parece incrementar tanto el interés por los asuntos públicos como otros formas de participación política, así como la información de los individuos en estas materias; no obstante, una vez más estos resultados parecen ser mayores en EE.UU. que en Europa.

Como puede verse, sabemos mucho más sobre el impacto que pueden tener años adicionales de educación secundaria que años adicionales de educación superior en todos estos aspectos. En buena medida ésto responde a los derroteros particulares que ha tomado la investigación sobre este tema; no obstante, existen motivos para ello. Para empezar, parece razonable pensar que años adicionales de educación superior no tengan como resultado beneficios destacables en la reducción de la criminalidad (por lo menos próximos en el tiempo) debido a que la mayoría de estudios apuntan a que el impacto de la educación en este sentido es particularmente efectivo entre los miembros menos capaces o más desfavorecidos de la sociedad, que sonquienes, por otra parte, precisamente no suelen nunca llegar a cursar educación superior alguna. A pesar de todo, unos pocos estudios han permitido concluir que, al parecer, años adicionales de educación superior van aparejados a una reducción en el consumo de
tabaco y a un aumento de la participación política, aunque estas conclusiones necesitarían mayor respaldo . Por otra parte, y como de alguna forma se insinuaba antes, muchos de estos resultados están basados en datos recolectados en EE.UU., mientras que tan sólo recientemente estudios de este tipo se han centrado en Europa. Los resultados, como era de esperar, son diferentes; en concreto, las variables estadounidenses se muestran mucho más sensibles al impacto de la educación que sus homólogas europeas, aunque este resultado tampoco resulta sorprendente (en el apartado referente a la salud se han propuesto algunas razones, los menores niveles de desigualdad europeos probablemente también resulten relevantes). No obstante, se trata de un tema controvertido del que nos encontramos todavía lejos de conocer todas sus causas.

Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿Qué papel debería jugar el gobierno? La reducción de la criminalidad es una externalidad posititiva bastante obvia, que podría justificar por sí misma el gasto en programas destinados a mejorar las capacidades de los más desfavorecidos (por ejemplo, programas preescolares, mejores en la calidad de los centros escolares de zonas de baja renta, o políticas destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza secundaria). Es más, la evidencia de la que disponemos actualmente sugiere que este tipo de programas educativos, en tanto sean aplicados de forma efectiva, pueden ser más eficientes en términos de costes que las políticas tradicionales basadas en incrementar la presencia o la actividad policial; además de que, hay que tenerlo presente, estos programas a su vez actúan como mecanismos de redistribución de la renta. Del mismo modo, aunque desgraciadamente no tenemos por ahora demasiada información sobre la relación efectiva que pueden guardar la
educación y la salud, de darse también se trataría de una externalidad positiva y por tanto, sería susceptible de una intervención estatal más o menos activa según sus efectos esperados. Por último, está claro que el incremento en la participación política afectaría al proceso democrático; sin embargo, es difícil saber exactamente cómo y, lo que es más complicado, que valoración podría merecer el posible resultado.

En cualquier caso, como propuesta de reflexión aplicada a nuestro país os dejo con un verdaderamente impactante gráfico cortesía del blog del Instituto F de Investigación Educativa, dirigido por José Manuel Lacasa, por otra parte lector habitual en Politikon. Desde luego, sobre todo a la luz de las conclusiones que sugiere esta entrada, cuanto menos da qué pensar. No dejéis de visitarlo, merece la pena.

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Dee, Thomas S (2004) “Are there Civic Returns to Education?” Journal of Public Economics, 88(9-10):1697-1720.

Lochner, Lance (2011) “Non-Production Benefits of Education: Crime, Health, and Good Citizenship”, in Hanushek, E, S Machin, and L Woessmann (eds), Handbook of the Economics of Education, Vol. 4, Ch. 2, Amsterdam: Elsevier Science.

Mazumder, Bhashkar (2008) “Does Education Improve Health? A Reexamination of the Evidence from Compulsory Schooling Laws”, Economic Perspectives, 2-16.

Milligan, Kevin, Enrico Moretti, and Philip Oreopoulos (2004). “Does Education Improve Citizenship? Evidence from the United States and the United Kingdom”, Journal of Public Economics, 88(9-10):1667-1695.

Oreopoulos, Philip (2006) “Estimating Average and Local Average Treatment Effects of Education when Compulsory Schooling Laws Really Matter”, American Economic Review, 96(1):152-175.

Siedler, Thomas (2007) “Schooling and Citizenship: Evidence from Compulsory Schooling Reforms”, Discussion Papers of DIW Berlin 665, DIW Berlin, German Institute for Economic Research.

Siedler, Thomas (2010) “Schooling and Citizenship in a Young Democracy: Evidence from Postwar Germany”, Scandinavian Journal of Economics, 112(2):315-338.