No nos engañemos: la reforma de la constitución debería ser votada en referéndum el 20-N. Es un cambio en la pieza clave del ordenamiento jurídico, es una reforma que suena importante (no lo es tanto como parece), y poder votarla, con la que ha caído, es un gesto simbólico importante y necesario. Si se vota, saldría aprobada con facilidad, no lo dudo; el apoyo de los dos partidos tiene mucho peso.

Dicho esto, el ataque de histeria de la izquierda verdadera y la nomenklatura indignada oficial me está poniendo de los nervios. No porque no tengan razón (tiene que votarse), sino porque es otro ejemplo de libro sobre por qué los votantes acaban por tomarse las propuestas económicas de la izquierda a cachondeo.

Poneros, por un momento, en la piel de un votante que no está prestando demasiada atención. La economía va fatal, España está endeudada hasta las trancas y el déficit está saliéndose de la escala. En un lado tenemos a un grupo de políticos diciendo que si queremos salir de esta, tenemos que comportarnos como adultos y tener un presupuesto equilibrado. En el otro lado, tenemos a sindicatos, indignados y demás con un cabreo monumental pidiendo poder votar algo que suena como sentido común, aterrados que los políticos no puedan gastar como cosacos cuando les apetece.

Lo sé, la verdadera izquierda no está diciendo esto, y la idea que el presupuesto de un estado moderno es como el de una familia o empresa («hay que apretarse el cinturón«) es una estupidez peligrosa. Pero de todas las leyes y reformas a las que oponerse, de todas las tonterías y medias tintas que ha soltado este gobierno, esta es de lejos la peor batalla en la que ir a morir. El fondo del tema es demasiado técnico, la petición de referéndum es demasiado burda, y decir que quieres votar en contra de los «presupuestos responsables» es proclamar a los cuatro vientos que lo tuyo es un mundo de fantasía.

Y no, no me importa que tengamos razón. Lo que realmente me pone nervioso de todo este sarao es que si la reforma constitucional fuera aprobada tal como es, sin pasar por las urnas, las cosas no cambiarían prácticamente nada. El límite de déficit ya está en vigor, bajo otro nombre, en los pactos de estabilidad de varios tratados europeos. Si se vota en referéndum y sale aprobada, el electorado sólo estará repitiendo lo que ya votó con la Constitución Europea no hace demasiado. Si se vota en referéndum y es rechazada, seguiremos bajo exactamente la misma camisa de fuerza, ya que los tratados europeos (que están por encima de las leyes españoles – son de hecho «constitucionales») ya nos obligan a hacer exactamente lo mismo. Estamos planteando una batalla épica por algo que ya está en vigor, pidiendo un voto irrelevante. Llamarlo quijotesco es poco.

Para los que se oponen al texto de la reforma en sí, un par notas adicionales. La idea es muy antigua, y es profundamente de izquierdas. Es tan de izquierdas, de hecho, que tiene su origen en el partido socialdemócrata sueco, que en los años treinta pusieron las bases de su hegemonía partiendo de la idea que todo el gasto público propuesto tiene que ser responsable, racional y adaptado al momento económico. El concepto de «déficit estructural» no es una conspiración neoliberal, es una figura contable inventada por Gunnar Myrdal, alguien que todo gafapasta progre de pro debería adorar como un santo. El modelo sueco ha sido seguido por otros partidos de izquierda en el mundo (notablemente, Chile) y no les ha ido mal. Hay motivos excelentes para tener una norma de este estilo en los libros (leed a Cives más abajo. Y a Kantor), y nada tienen que ver con conspiraciones bancarias.

Segundo, sobre el 135.3, la cláusula que prioritiza los pagos de la deuda. Dicho en breve: no la vamos a aplicar nunca, por el mero hecho que España no va a entrar en bancarrota. No lo hará porque no hay ningún político español tan imbécil como para hacer una bobada semejante, y si lo hiciera, el desastre económico sería tal que el estado no podría pagar pensiones, desempleo o cualquier otra cosa. España cubre sobre una cuarta parte de su gasto público ahora mismo emitiendo deuda. Si hubiera una suspensión de pagos, esa fuente de financiación desaparecería de inmediato, obligando al estado a recortar gasto a destajo por el mero hecho que no tendría dinero para pagarlo. Prometer constitucionalmente que no vamos a suicidarnos es un brindis al sol; otro más. Es irrelevante.

Felipe tiene razón: los presupuestos que respetan la idea que no podemos gastar para siempre no es que sean de sentido común, sino de pura capacidad para poder tener un estado de bienestar viable. Aunque no sea prioritaria (la reforma laboral lo es mucho más), no es una reforma estúpida. Oponerse a ella por una cuestión de forma es una increíble pérdida de tiempo y energía.