Acabo de leer este (interesante) papel de Alesina, Tabellini y Campante que intenta explicar por qué la política fiscal es con cierta frecuencia procíclica, es decir, por qué durante las expansiones los gobiernos no llevan a cabo consolidaciones fiscales sino que, al contrario, ponen bajan los impuestos y aumentan los gastos.

Para esto, ya he hablado alguna vez de ello, hay muchas explicaciones. Una de ellas es lo que suele llamarse “ilusión fiscal”: los políticos o los votantes piensan que la mejora que se produce en la recaudación cuando el crecimiento es alto tiene un carácter permanente y no temporal, de modo que la política más racional es aumentar el gasto o reducir la presión fiscal.

El modelo de los autores está sin embargo basado en otra explicación que buscan aplicar a los países en desarrollo. Algo que caracteriza a muchos países en desarrollo es que sus instituciones políticas son relativamente deficientes y la corrupción es algo muy extendido. Ambas cosas no son independientes: para lo que sirve la democracia es, entre otras cosas, para vigilar a los políticos y si las instituciones democráticas funcionan mal, los políticos estarán mal vigilado y podrán corromperse usando el aparato del Estado para su propio beneficio en lugar de para proveer servicios públicos. Así, cuando las cosas van bien y aumenta la recaudación, lo que los políticos corruptos harán será “apropiarse” de ese aumento en la recaudación en lugar de ahorrarlo. Esa parte de la que se apropian es lo que llamamos “rentas políticas”

El problema de esto es que los votantes lo saben: los votantes saben que los políticos no van a sanear las cuentas públicas cuando las cosas van bien, sino que probablemente usarán esa mejora en los ingresos para subirse el sueldo o para repartir favores políticos varios. O mejor dicho, como las instituciones democráticas no funcionan bien, no pueden saberlo. De esta forma, la elección a la que se enfrentan los votantes se ve modificada: estos no eligen entre ahorro fiscal y servicios públicos, sino entre servicios públicos y rentas políticas y, dado que las rentas políticas no les aportan nada a ellos sino a solo a la clase política, la elección parece razonablemente obvia. La conclusión a la que llegan los autores que según ellos está respaldada por los datos es que la política fiscal es más procíclica (peor) en las democracias más corruptas.

El modelo es muy interesante aunque en realidad es una extensión de una familia más amplia de modelos. Una forma que se me ocurre de extenderlo es basándose en la competencia de los grupos de interés en el proceso presupuestario, como expliqué hace algunos posts. Suponed que formáis parte de un grupo de interés. Vuestra utilidad depende cuanto gaste el gobierno en vosotros menos los impuestos que os impongan. El problema es que mientras que el gasto es en grupos de interés concretos, la recaudación se reparte entre todos. Como activista, podéis, intentar apoyar una estrategia fiscalmente conservadora o fiscalmente laxa. El problema de la calidad de la democracia entra en que, mientras que el gasto en uno mismo casi siempre es fácil de observar (o te dan dinero o no te lo dan, o gastan dinero en políticas o no), en una democracia corrupta, con poca transparencia, las cuentas públicas son difíciles de vigilar. En esta situación, siempre va a salir más rentable apoyar una actitud fiscal laxa: cuando las cosas
vayan bien, apoyar al máximo que se aumente el gasto en tus políticas concretas porque sabes que si no lo haces y cedes, en ningún caso se va a dedicar ese esfuerzo al ahorro, sino a gastar en otros grupos de presión. Fijaos que en esta versión del modelo, los grupos de presión valoran el ahorro fiscal; el único problema es que no hay un invento institucional que permita ponerlos a todos de acuerdo y hacer cumplir el acuerdo. Eso es lo que podemos llamar la “calidad de la democracia”.

Como se aplica esto a España y a los ayuntamientos en particular es algo que os dejo como deberes para los comentarios.