Hacia finales de 2009, envié un artículo a El Pais con la esperanza (pequeña) de que me lo publicaran comentando el nombramiento de Catherine Ashton y Herman Van Rompuy en sus respectivos puestos en la UE. El artículo no salió finalmente publicado, sin embargo, siempre me había quedado con ganas de publicarlo en algún sitio. Supongo que este es el sitio adecuado. Podéis juzgar por vosotros mismos su actualidad; es triste esto de no equivocarse. 

La elección de Catherine Ashton y Herman Van Rompuy para ocupar los dos puestos más destacados creados ex novo por el tratado de Lisboa supone el final del largo proceso de reforma de la arquitectura institucional europea. No obstante, la sensación generalizada tanto en la prensa internacional como entre los observadores europeos parece ser la de una profunda decepción. El objeto de este artículo es sugerir algunas claves de lectura para permitir al lector formarse su propia opinión al respecto.

Para entender el resultado de este proceso y poder enjuiciarlo, es necesario remontarse a sus orígenes; esto es, a principios de los años noventa. Es entonces cuando ocurren dos hechos fundamentales. El primero de ellos es la caída del muro de Berlín, tras el cuál el orden geopolítico internacional comenzó a reorganizarse poniendo sobre la mesa, para el caso europeo, los problemas gemelos de la reunificación alemana y la ampliación al este de la unión, por un lado, y el papel geopolítico que jugaría Europa tras el fin de la guerra fría por el otro. El segundo fue la firma y la accidentada aprobación del tratado de Maastricht que daba a la Unión nuevas competencias, ya no estrictamente económicas, y sentaba las bases para el progreso hacia una unión monetaria.

Estos desarrollos generaron tres retos institucionales para la UE. En primer lugar, en la medida en que el número de países iba a aumentar significativamente, la unión debía modificar su mecanismo de toma de decisiones para acomodar la entrada de sus nuevos miembros. En segundo lugar, con el fin de la guerra fría y la reordenación del orden internacional, la unión necesitaba dotarse de una voz común. Por último, y éste es tal vez el fenómeno que ha pasado más desapercibido, el proyecto europeo comenzó un proceso de politización.

Durante su historia anterior, las Comunidades Europeas habían tenido un peso político poco mayor que el que hoy pueden tener las agencias de regulación independientes en nuestro país al ocuparse de problemas relativamente técnicos, poco polémicos y con consecuencias distantes para los ciudadanos. Sin embargo, todo cambió en los noventa. Por un lado, la adquisición de nuevas competencias, en política exterior, pero también en política social y en otras áreas hizo que la Unión Europea dejara de ser vista como un acuerdo internacional y empezara a ser pensada como una entidad con auténtico peso político. Por otro lado, los requisitos de convergencia impuestos por Maastricht, unidos a los problemas económicos estructurales del continente y el trauma de la adaptación al mismo que se manifestaba en enormes tasas de paro, hizo que el proceso de integración tuviera por primera vez verdaderas consecuencias redistributivas y por tanto políticas.

Sin embargo, la “politización” de las actuaciones europeas no estuvo acompañada por una simétrica politización del espacio público de la UE. Antes bien, los estados europeos parecían haber entrado en una dinámica perversa. A pesar de que las políticas de ajuste, armonización y modernización eran necesarias, en la arena política nacional surgieron inevitablemente críticos de las mismas. La perversidad se manifestaba en que las clases políticas nacionales no sólo no respondían a estas críticas, sino que incluso las acompañaban o animaban. De esta forma, Europa se había convertido en un mecanismo de los gobiernos para imponer internamente reformas impopulares pero necesarias mientras hacían soportar el coste político a corto plazo de las mismas a Bruselas, recogiendo los frutos a largo plazo. Al carecer la UE de recursos políticos para defender las reformas- ausencia de una cabeza visible, falta de cobertura de los medios de los procesos de decisión, falta de interés nacional en la política europea- la
sensación creciente era la de que la UE imponía de forma ilegítima reformas externas. A pesar de que éstas fueran votadas por los Estados miembros y ratificadas por el Parlamento, el llamado “déficit democrático” (déficit de legitimidad en realidad) había pasado a ser la percepción generalizada.

Estos tres problemas- el déficit de legitimidad, dotarse de una voz exterior común y de un mecanismo de decisión eficiente- explican la casi totalidad de los desarrollos institucionales de la UE desde principios de los noventa. Los tratados de Niza y Ámsterdam fueron respuestas tímidas y parciales; no fue hasta la llamada declaración de Laeken hacia el final de la década y el comienzo del proceso constituyente cuando realmente se enfocó el problema. Así, la Constitución Europea primero y su versión descafeinada, el tratado de Lisboa, después, preveían, respuestas a estos problemas. Además de cambios de carácter predominantemente estético (como los símbolos de la unión, el nombre “Constitución” o la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales) los cambios fundamentales eran tres. En primer lugar, la generalización del mecanismo de co-decisión (dónde el parlamento tiene un papel mayor), la creación de un presidente permanente y de una servicio exterior propio. Las tres innovaciones iban dirigidas a mejorar
la visibilidad de la Unión fuera y dentro de Europa, a incrementar su legitimidad y a agilizar la toma de decisiones.

Una vez que sabemos cuál era el propósito de las instituciones, podemos valorar la pericia de los jefes de Estado y de gobierno en su elección de quiénes estarán al frente de las mismas. Podemos pensar que un presidente del consejo ideal debería, por un lado, ser capaz de fomentar el acuerdo y negociar de forma que facilite el proceso de toma de decisiones. Por otro lado debería tener una legitimidad política propia, una verdadero peso político que le permitiera ser la cara visible de la Unión ante los ciudadanos y explicar sus decisiones asumiendo una auténtica responsabilidad política. Da la impresión de que, si Van Rompuy encaja dentro de la primera característica, el hecho de pertenecer a un estado miembro pequeño, ser casi completamente desconocido fuera de su país y su carácter aparentemente tímido y gris no contribuirán a la segunda, como tampoco lo hará la total falta de transparencia del proceso a través del cuál ha sido nombrado. Algo similar se aplica a Ashton a la que se añade a su falta de
experiencia, la misión de crear, ex novo, todo un servicio exterior. Da la impresión, por tanto, de que ambos puestos han sido diseñados para cumplir más el papel de portavoz o secretario que responda ante los Estados que el de líder con iniciativa propia que sea responsable los ciudadanos. Esto es especialmente visible si se les compara con las alternativas que venían debatiéndose (Tony Blair, Jocshka Fischer, Carl Bildt o Martti Ahtisaari).

Todo lo anterior sugiere que -y esto es un juicio estrictamente personal-, aunque todavía es pronto para pronunciarse, los líderes europeos han fallado a la hora de dar nombres a los puestos creados por el ya maltrecho tratado de Lisboa y se han limitado a concluir un “buen acuerdo, pero un mal nombramiento”. Por citar a Ortega “Europa no tiene remisión si su destino no es puesto en manos de gentes verdaderamente «contemporáneas» que sientan bajo si palpitar todo el subsuelo histórico”