Comentaba ayer que la gran tragedia de Portugal no es el brutal ajuste fiscal y el paquete de reformas draconianas que acompañaran el rescate, sino el hecho que todo este desastre podría haberse evitado. La economía portuguesa lleva una década sin ser capaz de generar riqueza de forma mínimamente potable (los 2000 han sido una década perdida – el crecimiento media anual no llega al 1%), sin que los políticos locales hicieran lo más mínimo para sacar al país del agujero. Cuando la recesión mundial empeoró el problema, el ineficiente, horriblemente endeudado, mal regulado e inflexible sistema productivo portugués condenó las ya maltrechas finanzas públicas a una crisis fiscal imposible de evitar.

Es un patrón que debería sonarnos familiar en España. No hace demasiado, de hecho, temía sinceramente que nos íbamos a meter en pozo sin salida similar – lo único que nos ha salvado es que empezamos la crisis con una situación fiscal menos desastrosa y la reacción (tardía y chapucera, pero reacción) del gobierno socialista aprobando reformas.

Algunos observadores de izquierda se están tomando esta crisis como una muestra que los mercados son capaces de dictar qué hacen los gobiernos. Los políticos sólo pueden hacer cierta clase de cosas, pero no otras, so pena de ser castigados con ataques de malvado especulador. Joaquín Estefanía tenía un artículo singularmente estúpido en esta línea hace unos días proclamando que aquí mandan los Gnomos de Zurich, sin ir más lejos. Lo que esta clase de diatribas ignoran, sin embargo, es que Portugal, Irlanda, Grecia y España podían haber evitado toda esta crisis muy fácilmente, pero los cuatro países escogieron correr este riesgo con una decisión política.

El dilema que define esta crisis en Europa proviene de un proyecto político específico: el euro. Tras las turbulencias monetarias de principios de los noventa y los efectos de la unificación alemana, los países de la Unión Europea deciden cambiar de forma concertada el funcionamiento del mercado de divisas en el continente. Nadie obligó a los gobiernos a renunciar a un sistema de tipos de cambio flotantes, ciertamente; nada les prohibía recurrir a controles de capitales directos o nada semejante. Los políticos europeos, sin embargo, decidieron apostar por un proyecto político, renunciar a tener moneda propia y aceptar reducir su capacidad de maniobra buscando una mayor estabilidad.

Cuando renuncias a tu moneda, no hace falta decirlo, estás aceptando que no podrás hacer ciertas cosas. Primero, no puedes devaluar. Si tu economía se la pega, no puedes bajar los salarios a golpe de destrozar tu divisa, así que tu primera responsabilidad es trabajar muy duro para evitar que tu economía deje de ser competitiva. Aprueba reformas, sé flexible, crea un estado de bienestar que proteja a personas y no a empresas ineficientes. Segundo, el BCE odia la inflación por encima de todas las cosas, así que más vale que te prepares para operar en un contexto en que los tipos de interés siempre serán más altos de lo que te gustaría. Tercero, no puedes escapar de tu deuda pública (de nuevo, no puedes devaluar), y tus socios no te van a dejar que te vayas del bar sin pagar tu cuenta. Ellos están haciendo su trabajo, así que más vale que no destroces su moneda.

Estas limitaciones no tienen nada que ver con lo que quieren «los mercados». El sistema financiero trabaja con las instituciones que se encuentra. Si los políticos quieren montar una moneda única de forma chapucera, los inversores intentarán hacer negocio con esa moneda. Si quieren hacer que el sistema de pagos se ajuste en base al intercambio de melones, cambiarán melones. Si prefieren el patrón oro, vivirán bajo ese plan. Los políticos europeos escogieron libremente meterse en una camisa de fuerza monetaria porque creyeron sinceramente que eso crearía más riqueza que ir cada uno por su lado, y eso fue lo que hicieron. Algunos países entendieron qué representaba el cambio y actuaron en consecuencia, otros decidieron que era mejor falsear sus cuentas (Grecia), desregular su sistema financiero salvajemente (Irlanda) o pretender que nada había cambiado (Portugal, España) y a ver qué pasaba.

Bueno, pues resulta que gastar lo que no tienes es poco viable, dejar que tus bancos hipotequen el país es absurdo y pretender que una recesión monstruosa te hará el mismo daño que al resto aún manteniendo un mercado laboral kafkiano era un imposible. Nadie te prestará dinero en el primero, los banqueros te robarán la cartera en el segundo y la crisis te creará un boquete fiscal gigante en el tercero, y te tocará cambiar. Pero los cambios no son para seguir las reglas que imponen «los mercados», sino toda esa serie de limitaciones que te pusiste sobre tu cabeza cuando creaste la moneda única.

La dicotomía entre «soberanía» y «mercados» es, en gran medida, un conflicto ficticio. Un estado, un gobierno no es un agente pasivo ante los mercados; al contrario, tiene un papel central en decidir su configuración. Corea del Norte decide prohibirlos. Venezuela limita su radio de acción. China impone reglas para limitar cómo se mueve su moneda. Los países de la eurozona prefieren darle el control de parte del sistema a tecnócratas en Frankfurt. En todos los casos, los gobiernos deciden exponerse más o menos, ceder su soberanía o mantenerla, crear reglas o aceptarlas. Hay soluciones que crean más riqueza que otras, y hay soluciones que dan más control sobre la economía a los políticos que otras. A menudo, un estado debe aceptar reducir su soberanía a cambio de aumentar su prosperidad.

La crisis de la eurozona es, en gran medida, la historia de políticos que no entendieron esta clase de dilemas, y pretendieron que las reglas y restricciones que ellos mismos habían creado no tenían por qué ser respetadas.  Así les va.