Artículo escrito por Gonzalo Rivero, investigador de economía política en la NYU y en el CEACS, Instituto Juan March.

Cuando los militares irrumpen en los asuntos civiles siempre es, aseguran ellos, para salvaguardar los supremos intereses de la Nación. Que los gobiernos que deponen hayan sido elegidos democráticamente no parece hacer ninguna diferencia en la lectura que los uniformados hacen sobre los deseos de la ciudadanía. El General Pinochet, por ejemplo, justificaba el bombardeo de La Moneda en 1973 con el presidente Allende dentro, como una acción dolorosa, pero necesaria para poder «darle a la democracia una auténtica dimensión representativa». Cierto es que hemos visto a militares que se han levantado contra el tirano pero, salvo en contadas excepciones, esos mismos autócratas habían basado su poder en el apoyo del aparato coercitivo. El mismo General Idi Amin, que en 1965 aparecía involucrado con el primer ministro Milton Obote en un escándalo de
contrabando, acabaría usando el argumento de la corrupción para deponer a este último, ya presidente, en 1971. Dicho de otro modo, la relación entre militares y democracia ha sido históricamente ambigua.

En Egipto no estamos viendo una excepción. El expediente democrático del Ejército egipcio parece limitarse a la deposición del rey Farouk I y a su actuación de los últimos días. Entre estos dos eventos, los militares han sido el apoyo principal del régimen, hasta el punto de que de sus filas han salido todos los jefes de Estado desde 1953. Por ello, su súbito descubrimiento de que Hosni Mubarak era un autócrata es, como poco, sorprendente. No sin cierto cinismo, uno se siente tentando a pensar que en esta reconversión influyen dos factores. Por un lado, su lectura de que la oposición popular al régimen era ya lo bastante abierta y estable como para comprometer su supervivencia a corto plazo, incluso aunque se pudiese terminar con las protestas en la plaza Tahrir. Por otro, que la represión era ya una alternativa inviable técnica y políticamente. Hicieron por tanto la misma reflexión que Erich Mielke, jefe de la policía de la República Democrática de Alemania, cuando este aceptó el fin del régimen al darse cuenta de que «no podemos darles una paliza a cientos de miles de personas».

Es quizás muy pronto para reconstruir los cálculos de cada uno de los agentes que participaron en el hundimiento de Hosni Mubarak, General del Aire, pero en esos cálculos se encuentra la clave para entender las decisiones que se tomarán ahora. El ejército ha parecido observar con cierta distancia el lento colapso de los apoyos del régimen. Ahora, en lugar de optar por la vía tunecina de dejar a los civiles arreglar sus asuntos, los militares egipcios han optado por convertirse en líderes de una transición que no se sabe todavía hacia donde va, pero que empieza a adoptar un estilo muy similar al pretorianismo turco.

Al fin y al cabo, el de Egipto es un sistema político diseñado por y para los militares. Por eso, por mucho que ahora nadie quiera mantener su relación con el partido oficial, el NDP, eso no hace más que señalar que el partido era una «estructura de papel» prescindible dentro del régimen, pero no indica necesariamente un desmembramiento del sistema. La competición partidista ya era permitida -aunque de forma muy restringida-, y pocos diputados querrán ahora participar en unas eventuales elecciones bajo una etiqueta que parecía existir solo para garantizar un sucesor al líder.

La misma decisión de poner bajo su ala la transición hace pensar que las reformas constitucionales impulsadas en el comité que van a formar van a ser moderadas, más moderadas obviamente que las que podrían salir de unas elecciones constituyentes abiertas. De hecho, incluso aunque decidiesen hacer una limpieza profunda en el sistema para responder a las demandas populares -y no hiciesen lo que han hecho hasta ahora cuando se les moría un presidente-, eso no implica que vayan a atarse las manos. Hacerlo solo tendría desventajas para ellos. Por un lado, no necesitan hacerlo, ya que son una institución respetada por la población, y más después de los sucesos de estos días. Por otro, una mayor apertura podría suponer un recorte en las prebendas que han disfrutado hasta ahora. Finalmente, un sistema más
competitivo podría dar acceso a puestos de poder a grupos como los Hermanos Musulmanes que hasta ahora han sido conscientemente excluidos del proceso político. Dicho de otro modo, no es necesario tener a un uniformado como Jefe del Estado para que el gobierno sea genuinamente militar. Siempre es posible diseñar una constitución que permita la competición política pero en el que todas las decisiones estén sujetas a órganos dominados por el Ejército, como hizo la junta militar chilena con la constitución de 1980.

En los próximos días se revelarán las verdaderas intenciones de los uniformados y, más importante, cómo serán capaces de lograr un equilibrio entre las demandas de los manifestantes y su propio interés por preservar el régimen sin Mubarak.