Los Estados Unidos no se distinguen precisamente por tener un sistema legislativo inspirado, pero a veces producen leyes sorprendentemente elegantes. La Digital Millenium Copyright Act (DMCA) es una de esas leyes.

La DMCA es una ley bastante antigua, si tenemos en cuenta lo rápido que funciona internet – fue aprobada en 1998. Es una regulación anterior a toda la charla dospuntocerista que algunos sueltan de forma incesante; de hecho precede a Napster y los programas P2P. La red ha crecido muchísmo en estos doce años en Estados Unidos, así que vale la pena echar un vistazo al efecto que ha tenido su regulación.

El sistema de protección de la propiedad intelectual de la DMCA se sustenta sobre dos pilares básicos. El primero, y más visible, son las takedown notices: si un estudio, discográfica, artista o poseedor de derechos sobre una cosa cualquiera vee algo en internet que le pertenece, basta con que envíe a su abogado para que el contenido desaparezca.

Sí, con eso basta. El abogado enviará una carta bien educada a la página o servidor que tiene el contenido explicando que él representa al poseedor de los derechos, que el autor, estudio o discográfica creen que el uso es ilegal, y que por favor, deben eliminar esos archivos de la red. La página o servidor con ese contenido notificará a quien haya colgado el archivo en cuestión, que podrá, si quiere, intentar justificar su uso. Si decide protestar (diciendo, por ejemplo, que utilizar la Marcha Imperial en un video humorístico de ZP es una parodia protegida por la ley), el ISP o servidor dará los datos del usuario al poseedor de los derechos, que podrá llevar el usuario a juicio directamente.

Mientras los tribunales deciden quién tiene la razón, por descontado, el contenido estará inaccesible. Faltaría.

El segundo elemento central de la DMCA es la safe harbor provision; literalmente «cláusula de puerto seguro». En el proceso anterior, el poseedor de derechos puede pedir a Youtube, Megaupload o a un ISP que retire un determinado fichero de la red. La DMCA, sin embargo, establece que los proveedores de servicios que albergaban o transmitían los archivos no son responsables de lo que hagan sus usuarios si no están sacando un beneficio directo sobre ello; si yo cuelgo una película entera en RapidShare o lo comparto en eMule el culpable soy yo, no el propietario de los servidores o mi ISP. La cosa de hecho va más lejos, ya que los proveedores no están obligados a vigilar que el contenido sea legal; sólo tienen que comprometerse a borrar el material cuando no lo sea y expulsar los usuarios que vulneren derechos de autor de forma compulsiva.

Desde el punto de vista de los autores del manifiesto, la DMCA es una ley draconiana e injusta sin garantías constitucionales que vulnera la libertad de expresión, ya que no tiene tutela judicial efectiva. El efecto sobre internet en Estados Unidos y sobre su sociedad civil tiene que haber sido devastador, catastrófico, implacable, demoledor; un mundo totalitario con una internet cerrada, oprimida y moribunda. La realidad, sin embargo, es muy distinta; la red en Estados Unidos es perfectamente funcional y abierta. De hecho, me atrevería decir que gracias a la DMCA internet es muchísimo más rica, rentable y útil en Estados Unidos en España, precisamente porque la ley permite nuevos modelos de negocio, y obliga a los estudios y discográficos a ser más creativos.

¿Alguien se ha preguntado por qué España no parece generar nada que valga la pena en internet? No es algo casual. Gran parte del problema se deriva que con el sistema actual, algo como subir un video a un youtube hispánico podría ser un problema potencial para la página que albergue el video. En España hemos visto juicios por comentarios de terceros en bitácoras; imaginad si estuviéramos hablando de videos. El ordenamiento actual hace de cualquier negocio que permita subir contenidos una pesadilla potencial; el resultado es que nadie realmente se atreve a hacer nada.

De forma paralela, los estudios y discográficas americanos se enfrentan a un problema logístico muy serio si quieren defender sus derechos. Por un lado, pueden eliminar el contenido pirateado de forma bastante efectiva sin necesidad de ir a juicio; por otro, no pueden bloquear la capacidad técnica de que este aparezca, ya que no pueden tocar a ISPs o servidores. Si quieren proteger su negocio, se enfrentan a la disyuntiva entre contratar un ejército de abogados que se pasen la vida escribiendo cartas, o dar acceso a sus contenidos de manera que sea práctico y fácil de acceder. Los bienes intelectuales son básicamente bienes públicos, así que su papel no es el de intermediarios, sino el de simples administradores – guardas de parque. Es por eso que vemos cosas como Hulu, Spotify o Netflix, y modelos de subscripción tomando el lugar de los modelos de venta.

La famosa disposición final primera sobre la que se exclaman tanto los autores del manifiesto no es una estupidez; es una regulación necesaria. Por mucho que digan que la reforma protege a la SGAE y compañía, la ley no deja de ser un primer paso necesario (torpe y poco claro, cierto, pero necesario) en clarificar el funcionamiento de internet en España. El modelo actual, con el canon de copia privada y protección judicial increíblemente lenta y torpe, está completamente obsoleto, y es urgente cambiarlo. No es cuestión de «defender a los amigos del gobierno«; es cuestión de hacer que en España tenga un ordenamiento jurídico que haga viable crear empresas de internet serias.

La ley propuesta no es perfecta, ni mucho menos. La reforma debería ser muchísimo más ambiciosa, definiendo con calma un ordenación más racional. Permitir un control efectivo sobre el uso de contenidos y quién puede gestionarlos, sin embargo, es un primer paso necesario para hacer de internet algo relevante en la economía española.

Nota al margen: Al hablar de propiedad intelectual, no estamos hablando de un tema complicado. Si yo he escrito un artículo, es relativamente obvio que soy propietario de esos derechos y que no soy yo quien decide como distribuirlo o publicarlo. Si alguien está plagiándomelo o utilizándolo contra mi voluntad, es ridículo que tenga que llamar a un juez para que alguien no lo publique de gorras – este esa persona haciendo dinero o no. No importa que mi petición sea una estupidez y que podría hacer mucho dinero gracias a toda esa publicidad gratuita; eso es irrelevante.