En el epitafio de la triste, torpe Ley de Partidos Políticos seguramente se pondrá la fecha de abril del 2007. Estos días me parece que ha quedado claro que cuando un proceso electoral se mezcla con abogados, el único resultado es una batalla legal fea, desagradable y totalmente contraria al espíritu de la democracia.

Primero, debo decir que el efecto de la Ley de Partidos sobre ETA ha sido probablemente devastador. Al cortarle acceso a las instituciones públicas y asegurarse que la amplia de red apoyo social y financiero que orbitaba alrededor de Batasuna se extinguiera, la banda terrorista ha visto su capacidad operativa caer en picado, hasta el patético estado en el que está ahora. El hecho que los efectos de la ley sobre ETA hayan sido terribles, sin embargo, no significa que la ley fuera la mejor respuesta: de hecho,
diría que es un instrumento horrorosamente torpe para conseguir los objetivos perseguidos.

Debemos dividir el problema de la existencia de Batasuna en dos aspectos separados. Por un lado, la izquierda abertzale funcionó durante muchísimo tiempo como una tapadera de la estructura logística de ETA. Batasuna no sólo transfería dinero público a la organización (aunque la verdad, el estado no pagó a EH demasiado a menudo), si no que era el centro del enorme aparato de coacción informal y asociaciones y empresas tapadera que recaudaban dinero para ETA. Por otro lado, el partido daba una voz a la banda, molesta, agresiva y desagradable, que hacía la vida a los «disidentes» aún más opresiva, si cabe.

Desde el punto de vista de una democracia, el primer punto es inadmisible, y debe ser combativo con todo el peso del estado. El segundo punto, sin embargo, es un auténtico campo de minas, ya que implica tener que resolver un conflicto entre derechos individuales. En qué punto los alaridos de un
matón desagradable se convierten en una vulneración de los derechos de los que opinan distinto es algo muy difícil de calibrar, y que debe siempre tratarse con cuidado.

La ley de partidos, sin embargo, toma como punto de partido que ambos problemas son indivisibles, y decide cargarse a Batasuna y a su derecho a levantar la voz de una sóla tacada. Con ello consigue el primer objetivo de forma admirable, pero por desgracia entra a saco en un sector del ordenamiento político que se debe tratar con mucho cuidado, el de los derechos individuales.

La ley de partidos se ha convertido en una ley de castigo colectivo, simple y llanamente. Atacando un ente abstracto colectivo como era Batasuna, se ha acabado creando un sistema que ataca a los derechos políticos aquellas personas sospechosas de «contaminación». El haber tenido algo que ver con la izquierda nacionalista radical convierte a un individuo automáticamente en apestado, un enfermo político que no puede tocar nada en la esfera pública. No
sólo su participación está prohibida; todos aquellos que tienen la mala suerte de formar parte de cualquier nuevo proyecto también corren el riesgo de ser expulsados del sistema. La lista de militantes de un partido ilegal pasa a ser una nueva lista negra de ciudadanos de segunda, que ven sus derechos políticos destruidos de un plumazo.

El resultado es convertir las reglas sobre un proceso electoral en un campo de batalla. Para los nacionalistas, se ve como el estado usa una norma sobre partidos como si formara parte del código penal. Para el PP, es el escándalo constante de perseguir a brujas y demonios por todas las esquinas. Para el PSOE, un surrealista intento de aplicar de forma razonable una ley que no lo es, mientras unos se quejan de represión y los otros de libertinaje. Al final, estamos hablando más de las reglas del juego que de
otra cosa, cuando el único que las cuestionaba para empezar es la teórica víctima de la Ley de Partidos.

Es innegable que Batasuna tiene contactos y relaciones estrechas con ETA. Es innegable que ese apoyo logístico debía ser destruido. Lo que me parece absurdo, sin embargo, es usar una ley esencialmente política para combatir algo que debería haber sido atacado utilizando el código penal. Garzón y otros jueces de la Audiencia Nacional ya estaban atacando ese lado de ETA antes que la ley se aprobara. La verdad, hubiera sido mucho más eficaz, limpio y efectivo dirigir la ley en combatir la relación, y no el propio partido político.

A fin de cuentas, una Batasuna legalizada, aunque bajo hostigamiento e investigación constante a cada relación o contacto con la banda armada, sería un instrumento de presión mucho mayor contra ETA que no la situación actual, donde ni unos ni otros tienen nada que perder. A ETA no le importa la legalidad de Batasuna; sería deseable trabajar para que ambas dejaran de estar en el mismo barco.