Para que luego digan. Una de las leyes básicas para garantizar el buen funcionamiento de los mercados, la ley de la defensa de la competencia, ha pasado su primer trámite en el Congreso, tras ser pactada entre PP y PSOE. 303 votos a favor estos días es algo bastante inusual, así que merece la pena celebrarlo.

Sobre la ley, una adaptación a la nueva normativa europea sobre la materia, no seré demasiado específico; sigue la línea de otras pasadas por este gobierno de restar poder al ejecutivo y crear organismos más independientes, aparte de reforzar el papel de los jueces. Se siguen conservando algunos vetos (los políticos siempre se dejan una salida de emergencia abierta), pero en general la ley diría que es una mejora de la anterior.

Lo que si hace falta recalcar es que este texto, aún hablando de empresas constantemente, es de hecho un ejemplo muy
claro de ley que interviene en el mercado para «salvarlo». El mayor enemigo de la libre empresa no son los políticos, el estado, la burocracia de Bruselas o Hugo Chávez; en muchas ocasiones son los propios empresarios.

Su trabajo, a fin de cuentas, es tratar de generar tantos beneficios como sea posible para los accionistas. A veces, eso se consigue innovando y vendiendo productos mejores y más baratos que nadie. Demasiado a menudo, no hay mejor forma para ganar dinero que sacar a patadas (o a OPAs hostiles) a todos los competidores del mercado, y poner los precios que a uno le plazca cuando se ha quedado solo. Si uno es menos drástico, siempre queda la opción de hablar discretamente con tus competidores y pactar precios, que eso de competir a base de bajarlos reduce beneficios y tampoco es cuestión de molestar.

En ambos casos, el escenario resultante es sólo aceptable para los empresarios, pero para nadie más. Lo que es peor, el mercado por sí solo no tiene mecanismos fiables para que
estas situaciones se rompan. En el caso de un monopolio, la empresa dominante está en una posición inmejorable para aplastar a cualquier potencial nueva entrada; en caso que un nuevo competidor trate de ganarle mercado, el monopolista puede bajar los precios de forma salvaje hasta que ese moscardón irritante se rinda. En el caso de los cárteles, la situación se repite sin demasiadas dificultades; las compañías establecidas tienen pocos problemas coordinándose para hacer la vida imposible a los recién llegados.

Estos problemas son más graves en algunos mercados que otros; no todos los sectores son igual de propensos al monopolio. Como mayores son los costes fijos y los costes de entrada, más fácil resulta tener una posición dominante. Si las economías de escala tienen efectos importantes (es decir, que como más grande es la empresa menores son sus costes medios), un monopolio es aún más sencillo de mantener. Y en la última «moda» de monopolios invencibles, si la posición dominante genera economías
de red que refuerzan el producto estándar del monopolista (Windows, saluda), incluso todo el poder de los gobiernos americano y europeo no podrán más que contener, pero no romper, al gigante de ese sector.

Hay situaciones en que un monopolio puede morir de forma «natural»; básicamente el desarrollo tecnológico (que algo haga su producto o ridículamente barato u obsoleto) y alguna clase de catástrofe empresarial aleatoria (el día que Wall-Mart y Carrefour sufran una revolución comunista y se declaren república independiente), pero en general la situación no es reversible o evitable sin intervenciones ajenas; en este caso, el estado y su garrote regulador. De hecho, uno de esos raros ejemplos en que lo de destruir el poblado (la libre empresa) para salvarlo (mantener el libre mercado) es una buena idea.

¿Hacen los gobiernos bien su trabajo en este sector? La respuesta es la verdad bastante difícil. Si hablamos de mantener el mundo libre de monopolios, en general sí. Aparte de algunos
casos en que se puede hablar de monopolios casi-naturales (Microsoft, vamos) y algunos sectores que los gobiernos parecen emperrados en no liberalizar bien (energía), los estados son bastante capaces de mantener los impulsos restrictivos de los inversores a raya.

En el caso de cárteles y pactos entre empresas, la respuesta es algo menos entusiasta. Para empezar, es realmente muy complicado decir si estas maquinaciones suceden a menudo, y qué porcentaje de ellas son rotas por intervención estatal. Por añadido, los gobiernos tienen problemas graves para demostrar que esto sucede, ya que a veces es harto difícil definir qué es un precio de mercado y qué es una colusión. Aparte de eso, los gobiernos tienen problemas graves para castigar a las empresas que caen en estas prácticas; las multas puede que no sean efectivas si son menores que los beneficios potenciales de un precio pactado, y no hay manera clara de evitar que el comportamiento malicioso se repita tras una sanción.

De hecho,
diría que es bastante probable que los gobiernos no tengan un historial estelar en romper cárteles, en agregado. En un mundo donde incluso la venta al público tiene ya economías de escala importante (gracias a Wall-Mart, Carrefour, el milagro de la logística moderna y su poder de compra), más nos vale tener buenas leyes, y confiar que nada se rompa.