Otra ley importante, otra negativa del PP. La reforma del tribunal constitucional era imprescindible, en vista de los problemas y retrasos que acumula la institución, pero la ya clásica manía de los populares de cerrarse en banda a todo lo que huela a malvado nacionalismo ha hecho que el consenso sea imposible. Una lástima, ya que la nueva ley introduce cambios lógicos en el funcionamiento del tribunal. Veamos cuales son.

El primero, y más lógico, es la limitación de una de las figuras legales más abusadas en los tribunales españoles, el recurso de amparo. Este recurso consiste básicamente en pedir al tribunal constitucional “protección” legal tras una sentencia, argumentando que una decisión judicial o ley está vulnerando derechos constitucionales. Lo que en un principio debería ser un instrumento excepcional se ha
convertido en una epidemia con 12.000 casos pendientes, en muchas ocasiones simples variaciones de temas ya en la jurisprudencia. La solución ha sido la habitual en estos casos, seguir el ejemplo de otros sistemas federales. El tribunal sólo se ocupará de los casos que tengan trascendencia constitucional, dejando que el resto sea resuelto por la justicia ordinaria siguiendo la jurisprudencia acumulada.

Una simple mirada al exterior deja bastante claro que esto no es un problema, ni debilita el sistema de garantías. Repasando el decano de los sistemas políticos garantistas descentralizados, Estados Unidos, vemos que el Tribunal Supremo (equivalente relativo al constitucional español) recibe unas 7,000 peticiones para revisar al año; sin embargo, sólo toma en consideración y sentencia menos de 100. La corte es selectiva, y sólo se pronuncia sobre temas de importancia, dejando la rutina y
temas ya resueltos al resto del sistema. Básicamente, algo que el Constitucional español debería haber estado haciendo desde hace 25 años, y que finalmente se ha solucionado ahora.

La otra reforma significativa es la de dar entrada a las autonomías en la elección de magistrados al constitucional. La oposición del PP en este caso es cuanto menos curiosa. Para empezar, el sistema de hecho les favorece, ya que los patrones de voto en España tienden a darles más poder autonómico que al PSOE. Por añadido, el mecanismo es que el Senado vota sobre los candidatos propuestos por las comunidades; con una ley electoral que favorece al PP descaradamente en la cámara alta, casi deberían estar aplaudiendo con las orejas la medida.

Por encima de estos argumentos, la reforma es de hecho bastante racional. El Constitucional se pasa la vida resolviendo conflictos entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos; sin embargo en este partido los árbitros sólo eran designados desde Madrid. No es
demasiado lógico que unas instituciones del estado con la misma legitimidad democrática y el mismo interés en el funcionamiento de la institución no pintaran nada en la composición de este, y la reforma da una solución a este problema.

El PP, como de costumbre, se dedica a hacer la absurda distinción entre “estado central” y “autonomías”, olvidando que mal que les pese a algunos, las comunidades también son estado, y que no están subordinadas jerárquicamente al gobierno de Madrid, sino a la Constitución y su lista de competencias. Nada nuevo, de hecho, aparte de seguir confundiendo con la idea que las regiones están allí para recibir órdenes.

Lo que si es posible (y la verdad, no conozco la jurisprudencia para decirlo con seguridad) es que en este aspecto la reforma sí sea inconstitucional. El artículo 159 de la constitución establece cómo se eligen los magistrados del tribunal y bajo qué limitaciones; es posible
que una restricción adicional aprobada bajo ley orgánica no sea compatible con el texto. Si fuera inconstitucional, el recurso ya se ocupará de ello, aunque entonces pasaré a ser de la opinión que se debería cambiar la Carta Magna en este aspecto.

El último punto es quizás el menos polémico, aunque el PP lo ha criticado igualmente. Básicamente se establece que algo que se hacía por costumbre (prorrogar el mandato del presidente cuando se renueva el tribunal) en ley. En el fondo, algo bastante irrelevante; la oposición de los populares probablemente sólo indica que tenían ganas de cargarse esa práctica. Total, ya están bloqueando la renovación del CGPJ, así que otro palo en la rueda legal no les costaría demasiado.