La decisión del Tribunal Constitucional de aceptar la recusación de uno de sus miembros por un tecnicismo ha generado la habitual tormenta de acusaciones de politización de la justicia de uno y otro lado. No voy a meterme discusiones si el PP es peor o el PSOE es más malvado porque la verdad, no hay forma de ponernos de acuerdo (y supongo que es fácil sospechar cual es mi opinión, de todos modos), si no hablaré un poco del fondo del problema: si la justicia está politizada, ¿Qué reformas legales son necesarias para aumentar su independencia?

Lo primero que es necesario responder es si a PP y PSOE les interesaría tener un poder judicial más independiente. En mi opinión, la respuesta es afirmativa; el partido gobernante quiere asegurarse que no tendrá al partido de la oposición haciendo una guerra de guerrillas extraparlamentaria por los tribunales, y el partido de la oposición dejará de temer que
el gobierno le deje las manos atadas con un lastre de jueces respondones. El problema, evidentemente, es conseguir escribir una reforma que no genere desconfianza en ninguna de las dos formaciones, que no parezca que el partido de la mayoría está tratando de aprovecharse de su situación.

¿Cómo se crean instituciones independientes? No hace demasiado escribí un artículo sobre el tema, dando una explicación más o menos detallada de los mecanismos a utilizar. Si uno atiende a lo dicho, verá que los tribunales españoles siguen un buen número de esas reglas: la nominación no depende exclusivamente del gobierno, los magistrados sirven por un periodo de tiempo distinto al de los políticos, y estos no pueden destituirles. En un principio, esto debería bastar para evitar estas guerras de recusaciones e intentos de nombrar jueces afines para casos importantes (como ha sucedido con el 11-M), pero sin embargo esto ha
continuado sucediendo. Parece claro que o bien las armas generadoras de independencia no están funcionando, o bien hay algún otro factor creando el problema.

Lo cierto es que hay varios factores. El primero, el hecho que la independencia judicial pura no es posible obtenerla de forma realista sin dejar de lado el equilibrio de poderes. Uno podría crear un cuerpo de funcionarios separado y totalmente autónomo intocable para los políticos para los jueces, pero nada impediría realmente una tiranía burocrática judicial incompatible con la democracia. Otra opción, votar el Consejo General del Poder Judicial, no haría más que replicar los resultados electorales en el Congreso (PP y PSOE harían campaña por jueces y punto), creando una votación redundante. La otra opción, utilizada en Estados Unidos, dar cargos vitalicios para la mayoría de puestos judiciales, sería difícilmente admisible en España, especialmente para el partido en minoría en los tribunales actualmente.

El segundo factor a
tener en cuenta en el sistema actual es que si bien los políticos no pueden echar a los jueces, sí pueden recompensar su lealtad a posteriori. Si vemos a gente como Gómez de Liaño, prevaricador convicto y ahora mascota predilecta de la constelación mediática conservadora, es fácil entender porque algunos jueces están tan dispuestos a ser del agrado de ciertos periodistas. Este es un problema básicamente irresoluble, y casi diría que fuera del alcance de los políticos; la independencia de los jueces no es cuestión sólo de los cargos electos.

¿Qué cambios legales se pueden introducir? La verdad, hay relativamente poco a reformar. De hecho, diría que el sistema actual es de hecho relativamente bueno, y por varios motivos. Primero, fuerza a quien ha ganado las elecciones a tener en cuenta a la oposición. Si bien esto contradice la regla de la mayoría, también contribuye al respeto de las minorías, algo que no deja de ser positivo. Segundo, si bien a veces genera resultados politizados, cuando llega el
momento muchas decisiones siguen siendo sensatas. El Supremo decidiendo que reunirse con Otegui no era delito fue contra sus presuntas convicciones políticas, pero era una decisión sensata. Si bien el sistema judicial genera una cantidad de ruido a todas luces excesiva (y sigue siendo demasiado lento) no parece que acabe por siempre actuar por motivos políticos.

La politización de la justicia, la verdad, es básicamente inevitable. Lo que debemos recordar, sin embargo, es que no es algo totalmente indeseable; a fin de cuentas las leyes las votamos entre todos.