Legitimidad, según entiendo, es algo tan sencillo como el consentimiento de los gobernados para ser regidos por sus gobernantes. A este tema le llevamos dando vueltas desde que Aristóteles y compañía empezaron a escribir, aunque la obra que mejor conozco es la de Max Weber. El sociólogo alemán se refiere a la legitimidad como “el derecho de mandar y el deber de obedecer” y sobre esta especie de caja negra conceptual Weber distingue tres tipos de legitimidad en origen. La legitimidad tradicional, que es la que se basa en la costumbre. La carismática, que es la que se basa en la confianza en el líder. Y la racional, que es la creencia de la validez de los preceptos legales y el derecho de mando de aquellos que han llegado al poder por estas vías. De las tres, la que más conecta con la democracia liberal es este último tipo. Ahora bien, es fundamental distinguir entre esta legitimidad en origen y la legitimidad en ejercicio, que es la que se refiere al uso del poder acorde a lo que se considera justo. Así, las dos preguntas serían ¿Tiene este gobierno un origen legítimo? ¿Y usa el poder de manera legítima?

Lo legal, por su parte, creo que tiene un doble componente. Por una parte es un instrumento de creación de legitimidad del poder pero, a la vez, es lo mismo que se deriva de su ejercicio. Es en cierta medida como planteaba Hans Kelsen en su distinción de la norma fundante básica (el precepto legal que fija las bases del poder) y el aparato legislativo que se le desprende. ¿Y qué ocurre en las democracias? La idea estriba una tensión irreductible entre “lo legal” y “lo democrático”. La democracia es un medio y no un fin en sí mismo, lo que Jorge Galindo llama directamente un “mecanismo para agregar preferencias”. Sin embargo, mucho ojo con liarnos. Las democracias liberales representativas como tales no son plenamente democráticas, pues tienen sus instituciones contramayoritarias, sus pesos y contrapesos. Nuestros sistemas políticos tienen en los procedimientos democráticos uno de sus mecanismos, pero se trata en conjunto de un diseño mucho más complejo. Sería la distinción básica  entre república y democracia, como hace Madison. Pero eso sí, no se puede negar que lo democrático tiene cierta carga normativa que hace que parezca el procedimiento más justo y por lo tanto, el más legítimo para generar gobiernos.

Bien, tras agitar un poco el avispero vuelvo al caso de Paraguay. Creo que la principal razón por la que ha surgido toda esta confusión mareando los tres términos tiene que ver con una cuestión clave: el país es un régimen presidencialista. El Presidente se ha elegido democráticamente  y su legitimidad en origen es incuestionable. El que su gobierno carecía de apoyos en la Cámara de Diputados y Senado también era una evidencia, pues ha sido la retirada del apoyo de los liberales lo que ha originado su caída. Pues bien, la cuestión es que ambos poderes son legítimos y democráticos. Eso sí, el impeachment que se le ha hecho a Lugo es un procedimiento legal pero que trastoca el núcleo duro de la legitimidad democrática del ejecutivo. Un poder legítimo y democrático ha destituido a otro con las mismas propiedades, así que es por eso que la cuestión rechina bastante. No creo que puede considerarse un golpe de Estado democrático (¿eso existe?) pero tampoco está claro que la población (o los gobiernos extranjeros) pueda  reconocer fácilmente la legitimidad del nuevo Presidente. Quiero decir, entiendo las reservas.

Simplemente acabar recordando lo que decía Juan Linz, que suele ser mejor establecer sistemas parlamentarios para no terminar teniendo a dos poderes democráticos peleándose entre ellos, en especial si tu país no se llama Estados Unidos. Y no sé si es del todo cierto en toda circunstancia, pero también es cierto que la pugna entre legislativo y ejecutivo ha servido de excusa a los militares para tomar el poder un puñado de veces en América del Sur. El choque de legitimidades nunca trae consecuencias deseables.

1. Los mecanismos democráticos/mayoritarios no son sostenibles si no hay un mínimo de igualdad porque los ricos tienen miedo de que los pobres los expropien. (Boix)
2. La integración macroeconómica supone que hay un problema de riesgo moral porque los países pobres, al estar aislados del riesgo de cambio, tienen un incentivo para endeudarse por encima de sus posibilidades y ser rescatados periódicamente.
3. Un rescate es un mecanismo con consecuencias redistributivas fuertes como también lo es un ajuste macroeconómico (por la dimensión de suma cero de la competitividad y la redistribución entre deudores y acreedores)
4.  Un esquema de gobernanza macroeconómica consistiría en un mecanismo que gestione y reparta los costes de ajuste de una forma predefinida.
5. Conclusión: Gestionar la integración macroeconómica mediante mecanismos estrictamente democráticos/mayoritarios es inviable si no alcanzamos un umbral mínimo de igualdad entre países porque éste tendría consecuencias redistributivas sustanciales que los países del norte no quieren soportar.

Para mí, hay varios aspectos que creo que merece la pena matizar. El primero es el del punto  4. A veces tengo la sensación de que, al poner énfasis sobre la dimensión política/redistributiva de este problema, nos estamos olvidando de que hay soluciones más y menos eficientes. Concretamente, un esquema de gobierno macroeconómico no consiste únicamente en la gestión y repartición de los costes ex post (una claúsula de “no bailout”), tiene que ver también (y sobre todo) con la minimización de esos mismos costes ex ante. La función de aplicar una regla de estabilidad presupuestaria o de sostenibilidad financiera es precisamente la de lograr esa coherencia en la gestión de la políticas. Por eso, la aplicación de restricciones ex ante no es una forma de amordazar las decisiones democráticas, es en parte y sobre todo una forma de hacerlas dinámicamente consistentes.

No es que este matiz lleve a una conclusión fundamentalmente distinta en el punto de la viabilidad de una unión política basada en la regla de la mayoría, pero sí que re-encuadra el planteamiento del problema y, sobre todo, sus consecuencias normativas. Como ya planteé en estos tres posts (1, 2, 3), pienso que juzgar la legitimidad (normativa) de una decisión en función de si es o no “más democrática” es un ejercicio de cuya utilidad dudo profundamente. Sin embargo, si nos prestamos a ello, pienso que los mecanismos  que buscan que mantener la consistencia de las decisiones públicas no deberían ser vistos como restricciones a la soberanía propiamente dichas.

Mi profesor de constitucional nos explicaba siempre la soberanía con el caso de una mujer que se había prestado a un juego sadomasoquista dónde ella estaba atada y era maltratada. El problema que se planteaba era el clásico de si uno podía consentir a terminar con su propia libertad haciendo uso de su libertad. El tribunal (no recuerdo si era la Corte de Casación o la de Estrasburgo) había dictaminado que la mujer mantenía su libertad si, dentro del “juego”, existía un signo o una clave con la que poner fin al juego. “La soberanía-nos decía- es el poder de decir no”. En este sentido atar las manos del gobierno mediante “checks and balances” o “instituciones contramayoritarias” no es necesariamente un límite a la soberanía si lo que permite es conseguir una consistencia intertemporal en las decisiones y existe siempre la puerta abierta a recuperar ese poder (sufriendo las consecuencias). Para decirlo con otras palabras, me parece que incluir “el derecho a hacer default” o “renegar los compromisos que se han tomado de forma soberana” como parte del núcleo de la legitimidad democrática es probablemente forzar la máquina.

Esto me lleva al último punto de la discusión. Desde el punto de vista de la construcción europea, es perfectamente imaginable diseñar un mecanismo de gestión de los riesgos macroeconómicos que a) Minimice el riesgo moral (evite que los países -no necesariamente los estados- vivan por encima de sus posibilidades) b) Comparta los costes de los ajustes mediante un mecanismo que sea actuarialmente justo (i.e. redistributivamente neutral ex ante) c) No tenga por qué ser considerado como “antidemocrático” si se delimitan correctamente las competencias.

Unos gobiernos deciden nacionalizar empresas privadas por interés estratégico (como Argentina con YPF) o por planteamientos de cómo conciben su propio desarrollo (como Bolivia con REE). En ambos casos, el público aplaude y los políticos nacionalizadores se llevan unos cuantos votos extras. Otros gobiernos nacionalizan a regañadientes, y sólo para evitar una hecatombe (como Estados Unidos con la industria automovilística y algunos bancos, o España con Bankia).

El Estado vuelve a los negocios.  La tendencia a privatizar todo lo que fuera privatizable que arrancó en los 1980s ha dado un giro de 180 grados, por las buenas y por las malas. Pero, ¿están los gobiernos más preparados que antes para gestionar empresas públicas bien, de forma sostenible, y al servicio de los ciudadanos?

En 2009, como parte de un equipo del Banco Mundial, estudiamos el gobierno corporativo de 44 de 110 grandes empresas públicas en América Latina. Habíamos visto que, pese al mito neoliberal que dice que los políticos y burócratas son siempre peores empresarios que (ehem) los empresarios, la diversidad en la gestión de las empresas públicas en América Latina es enorme: las hay pésimamente gestionadas, con quiebras cada cuatro o cinco años, pero un gran número no solo muestran una gestión envidiable, sino que se encontraban en plena expansión internacional. Empresas Publicas de Medellín, por ejemplo, estaba convirtiéndose en un coloso energético y sus clientes/ciudadanos estaban más satisfechos que nunca. Lo que es más, era un ejemplo entre otros de empresas públicas capaces de tener una gestión eficaz y sostenible, y a la vez innovar en como prestar servicios más económicos y efectivos en los barrios más marginales.

A pesar de que nuestra hipótesis era que las empresas públicas organizadas de una forma más transparente, con mejor rendición de cuentas, salarios con incentivos ligados a resultados, reglas claras y una mejor gestión serian probablemente las “buenas” empresas públicas que habíamos identificado, lo cierto es que las empresas más eficaces no necesitan tener una gobernanza corporativa de libro. Como veréis en la tabla de abajo, aunque existe una correlación positiva entre medidas de buen gobierno corporativo y el desempeño de dichas empresas públicas, existen factores informales difícilmente replicables que hacen que las mejores empresas no sean necesariamente las que siguen perfectamente la “ISO 9000” de buen gobierno corporativo.

Tabla. Empresas Públicas en América Latina: Correlación entre Buen Gobierno y Efectividad de la Empresa Pública

Las correlaciones en negrita son estadisticamente significativas (fuertes)

Sí encontramos que una mejor capacidad de monitoreo de sus empresas por parte del Estado mejoraba un poco su gestión. El papel que juega la SEPI en España como agencia supervisora de empresas públicas ha sido replicado por toda América Latina en los últimos diez años con gran éxito. El continente está mejor preparado que nunca para gestionar una cartera de empresas públicas.

Sin embargo, al profundizar más en los casos, descubrimos dos elementos adicionales inesperados, dos factores que son difícilmente exportables de un país a otro: el requisito de una cultura y mentalidad de servicio público bien instalado en la empresa, y el otro un correcto alineamiento entre los intereses a corto y medio plazo de los políticos con la supervivencia de la empresa.

Empresas Públicas de Medellín, por ejemplo, creció en una región industrial de Colombia con una fuerte identidad regional, muy parecido al caso catalán o vasco, donde los empresarios regionales se coordinan con los políticos y con la sociedad civil para promocionar bienes públicos que fortalezcan la región. La constante búsqueda de una mejor gestión de la empresa por parte de sus gestores de nivel medio y alto está motivada sobre todo por un sentido firme de estar beneficiando a sus conciudadanos y a su región. Muchas decisiones de inversión de la empresa, por tanto, se han motivado más por como beneficiar y alcanzar a los más desfavorecidos, o por como apoyar a la industria y el comercio local, que centradas en sacar mayores rendimientos a sus inversiones y maximizar beneficios. Y eso manteniendo siempre la sostenibilidad financiera de la empresa.

La segunda historia que nos cuenta Empresas Públicas de Medellín es que necesitas que tus gestores y los políticos-propietarios tengan el mismo interés por mejorar la gestión de la empresa. EPM, como YPF y otras empresas que generan rentas, es la gallina de los huevos de oro: explótala en exceso y puedes perderla. En el caso de EPM, las reglas estaban claras: al menos un tercio de los beneficios de la empresa debían revertirse en el presupuesto regional, para financiar programas sociales. De ese modo, los políticos podían seguir haciendo sus políticas orientadas a cazar votos, sin matar a la gallina. Y los gestores sabían que su autonomía en la gestión se encontraba en el equilibrio óptimo entre inversión, “reparto de dividendos” a los ciudadanos, mientras continuaban mejorando la eficiencia de la empresa. Como el sistema ha funcionado en las últimas dos décadas para los sucesivos políticos, las expectativas de todos los actores ya están bien asentadas y nunca se han entrometido demasiado en la gestión directa de la misma.

Lo que les espera a las empresas recién nacionalizadas en Argentina y Bolivia es incierto. Aunque estos países andan un poco rezagados en lo que respecta a tener buenas agencias de monitoreo de empresas públicas, sus burocracias son mucho más capaces de hacer un buen papel que hace veinte años. Sin embargo, la falta de los dos otros ingredientes que hicieron de EPM y otras empresas públicas modelos de gestión eficientes nos hace sospechar que probablemente Cristina y Evo tendrán buscar soluciones público-privadas en el medio plazo para mantener esas dos empresas competitivas.

Estos días he hablado bastante sobre temas de descentralización y gobernabilidad, un asunto interesante sobre el que todo el mundo tiene una posición apasionada. No se dice por decir que la cuestión territorial es el gran asunto pendiente de nuestro sistema político.

Esta entrada viene inspirada precisamente por una discusión por twitter sobre el Estado Autonómico, su viabilidad y demás asuntos relacionados. Aunque todo se hizo en un torbellino de 140 caracteres en que cada uno iba a lo suyo, en general afloraron tres grandes asuntos.

El primero fue qué modelo de descentralización es preferible en España, si un modelo de federalismo simétrico a la alemana o asimétrico a la canadiense. La diferencia entre modelos duales vs. cooperativos quedó al margen.

El segundo tema fue la existencia o no de un juego de suma cero entre los intereses finales de los partidos estatales y nacionalistas. Es decir, si es posible articular un marco institucional plurinacional estable – donde gente que se siente de diferentes naciones conviva – o es necesariamente imposible.

Y tercero, si durante la legislatura 2004-2008 la política del PSOE de realizar reformas estatutarias para intentar “atraer” al nacionalismo fue o no un fracaso. Es curioso que este punto fuera el que generase un mayor consenso – en negativo, como imaginaréis–. Pues bueno, este es precisamente el tema en el que quiero meterme.

Cuando hemos estado discutiendo estos días sobre accountability se ha planteado que tal vez en los gobiernos autonómicos ésta fuera más complicada. Del mismo modo, aquí presenté alguna evidencia señalando que los votantes nacionalistas podrían castigar menos a los gobiernos autonómicos si sus partidos están en el poder.

Pero pongamos otra posibilidad sobre el tapete y pensemos en la descentralización como una política pública por la que los gobiernos pudieran ser evaluados. Voy a partir por un momento de un modelo espacial de voto, estos que ayudan a partes iguales a simplificar y entender la realidad.

Es perfectamente plausible pensar que para determinados votantes – nacionalistas de cualquier tipo –  la descentralización sea un issue importante – si no es el más importante –. Y si esto es así, podría ser que la política de descentralización que realiza un gobierno fuera un mecanismo tan o más relevante que los resultados económicos para decidir el voto.

La pregunta es… ¿Podrían ser las políticas de descentralización un elemento susceptible de accountability? Esto cambia el enfoque respecto a mi entrada sobre los inelásticos votantes nacionalistas: Los votantes podrían premiar o castigar al partido gobernante por la política de descentralización que lleva a cabo.

La descentralización como estrategia de contemporización

La cuestión anterior sobre el rol de la descentralización y la suerte electoral de los partidos me resultaba familiar pero no sabía por qué. Ayer me di cuenta de la razón; hacía más de un año llegó a mis manos por casualidad un artículo que trataba exactamente esa cuestión.

El artículo a rescatar se titula “Multi-level Elections and Party Fortunes: The Electoral Impacto of Decentralization in Western Europe”, de Bonnie Meguid, y es un punto de partida estupendo para tratar la cuestión, pese a que está todavía en una versión preliminar.

Meguid plantea como argumento que las políticas de descentralización pueden ser una herramienta electoral en manos de los gobiernos centrales. Cuando un partido estatal se tiene que enfrentar a partidos etno-regionalistas podría emplear la política de descentralización para atraer a los votantes moderados pro-autogobierno y así reducir la amenaza electoral de su contrincante.

Ahora bien, este argumento según Meguid tiene un condicional: La descentralización debe ser lo suficientemente importante y profunda como para que los votantes “autonomistas” queden satisfechos. Si se arranca un proceso de descentralización pero éste es muy tímido, no sería lo suficientemente atrayente para neutralizar a su oponente nacionalista y podría ser hasta contraproducente.

Por lo tanto se sugiere una interacción: Los partidos estatales gobernantes obtienen mejores resultados electorales a costa de los partidos nacionalistas si a) arrancan procesos de descentralización y b) las reformas son lo suficientemente ambiciosas para atraer a los votantes interesados en ellas.

Sin embargo, la autora considera que en el nivel regional ocurrirá justamente la dinámica contraria: Cuando hay esta descentralización profunda, el partido gobernante pierde apoyos en las elecciones regionales a favor del partido nacionalista.

El mecanismo que aduce es que al poder disponer de más margen de auto-gobierno, los partidos regionales se ven premiados electoralmente porque se los percibe como lobbies efectivos en la consecución de poderes para sus respectivos territorios.

Meguid se centra en 259 regiones de 17 países de Europa Occidental desde 1970 a 2006. De entrada el análisis estadístico respalda sus argumentos. Las políticas de descentralización tienen un premio electoral diferente según la arena y el tipo de partido.

La evidencia empírica respalda que los partidos estatales que descentralizan el país – y lo descentralizan mucho – reciben premio en la siguiente elección nacional pero pierden posiciones a nivel sub-nacional. Y mis preguntas provocadoras son: ¿Es esto lo que ocurrió al PSOE en las pasadas legislaturas? ¿Fue la descentralización una estrategia electoral racional de Zapatero?

La discusión que sigue pendiente

La evidencia anterior es una buena excusa no solo para poner nuevos argumentos sobre el tapete sino también para una discusión sobre los posibles efectos electorales de las políticas de descentralización.

El artículo de Meguid es preliminar pero hay algunas cosas que no me convencen del todo. Voy a dejar de lado consideraciones sobre el análisis estadístico y la medida de las variables y me voy a centrar sólo en el argumento de los beneficios electorales a los partidos estatales que gobiernan.

La pega más importante a mi juicio es que su argumento considera que los beneficios electorales de esta estrategia son dependientes del resultado electoral de los partidos nacionalistas/ etno-regionalistas y, por lo tanto, independientes del resultado electoral de otros partidos de ámbito estatal.

Ambas asunciones son problemáticas. Sobre la primera, la premisa solo se sostiene si el partido nacionalista en cuestión es muy fuerte o decisivo en unas elecciones nacionales, lo que depende de manera crucial del sistema de partidos. No es lo mismo el bipartidismo imperfecto del caso español que la atomización del escenario belga en términos de competición electoral.

Pero además, sobre el segundo punto, los partidos de ámbito estatal compiten principalmente entre ellos y en menor medida contra los partidos regionalistas o nacionalistas – me refiero en las elecciones nacionales – . Por lo tanto, la estrategia de descentralización del partido en el gobierno no puede ser independiente de la que siga el (los)  partido(s) estatal(es) de la oposición.

¿A qué me refiero con esto? Pues simplemente al tradicional argumento del trade-off electoral entre ganar votos en uno u otro distrito y políticas de descentralización. Un partido puede o no tener apoyos más homogéneos en un país pero eso también puede tener un coste electoral. Comparar los resultados de partido en el gobierno vs partidos nacionalistas no captura esta dimensión de la competición, crucial para ganar elecciones.

En todo caso el argumento de la contemporización no contrasta directamente si se produce un cambio actitudinal o es un cambio electoral estratégico. Los resultados electorales  no se solapan necesariamente con – por ejemplo – la identificación nacional subjetiva, con lo que esta estrategia podría ser más un vencer que un convencer.

Sin embargo creo que estas pegas no invalidan la idea de que la descentralización puede ser un elemento que sirva a los gobiernos para contemporizar con aquellos votantes que buscan mayores cotas de auto-gobierno. Al margen de la efectividad que pueda tener dicha estrategia, no parece una política irracional desde una perspectiva estrictamente electoral.

Es posible que sí se pueda hacer accountability sobre la cuestión territorial cuando este es el tema que más interesa a determinado perfil de votante. Esta dimensión lo que introduciría es más complejidad, pero no necesariamente un patrón de anclaje. Como siempre, depende de qué temas interesa al votante  para considerarlo como tal o no.

Por lo tanto, la descentralización sería una cuestión de diseño institucional pero también una herramienta electoral en manos de los partidos en el gobierno. En España creo que lo hemos vivido y no es descartable que lo volvamos a ver a no mucho tardar.

Si los diseños institucionales son endógenos a las fortunas electorales de los partidos que las implementan, no podemos ignorar esto último si queremos entender por qué y hacia donde va lo primero.

Bajo el lema “Honradez, Tecnología y Trabajo” Cambio 90 entró con fuerza en la escena política peruana. Instituido apenas un año antes de las presidenciales de 1990, el Presidente Alberto Fujimori consiguió el 20% de los votos en primera vuelta y derrotó al candidato opositor (Vargas Llosa) en la segunda con el 60% de apoyos.

Muchísimos votantes cambiaron sus apoyos partidarios ¿La causa de este vuelco tan mayúsculo? Según el clima popular (…) fue el hartazgo de los peruanos con la ineficiencia y corrupción de su clase política.

El Comercio

<< Hoy Alberto Fujimori cumple una sentencia de 25 años de prisión en Perú por violaciones de los Derechos Humanos>>

Cuando el otro día discutíamos sobre la rendición de cuentas de los votantes nacionalistas – una entrada que matizaré algún día – mencioné que uno de los requisitos de la accountability es la elasticidad de los votantes. Es decir, que a éstos no les importe cambiar su voto entre partidos.

Sin embargo esta asunción puede tener implicaciones para el sistema de partidos que merece la pena subrayar. Imaginad que los votantes son muy inelásticos y que se resisten a cambiar el sentido de su voto entre elecciones. En esta situación los partidos obtienen siempre lo mismos apoyos, más o menos, y lo mismo da que lo haga bien o mal, que esté en el gobierno o en la oposición.

En esta situación la volatilidad electoral es cercana a cero y la rendición de cuentas es más bien escasa. El resultado que se deriva es un sistema de partidos con una estabilidad a prueba de bomba.

Imaginaos ahora un escenario de votantes totalmente elásticos. En cada elección los votantes – potencialmente – cambian de preferencias partidistas, con lo que hay tremendas variaciones en los resultados. Incluso aparecen y desaparecen partidos de la noche a la mañana. Sí, el voto se utiliza como arma de castigo electoral, pero el sistema de partidos es muchísimo más volátil.

Esta elasticidad total trae consigo un sistema de partidos muy inestable y puede implicar consecuencias muy negativas para el funcionamiento del sistema político.

De entrada sabemos que la heurística es importante a la hora de articular las preferencias políticas y que las etiquetas partidistas son un atajo informativo útil. En España, si soy de derechas sé que mi partido es el PP y si soy de izquierdas, IU o el PSOE. Las etiquetas me ayudan a orientarme en el escenario político y reducen los costes informativos.

Sin embargo en un escenario de gran volatilidad, donde continuamente emergen nuevos partidos, es más difícil orientarse. Mainwaring y Torcal han señalado que la representación programática es más complicada en estos entornos de gran volatilidad ya que los ciudadanos pierden un recurso político valioso para entender la política.

De aquí se deriva un segundo problema, y es que la debilidad del sistema de partidos abre la puerta a que outsiders políticos puedan llegar más fácilmente al poder. La figura del caudillo fuerte “salvador-de-la-patria” es bastante recurrente en países con sistemas de partidos poco institucionalizados.

Además, en un sistema completamente volátil es mucho más complicado – por definición – introducir previsibilidad en el sistema político. Imposible saber quien ganará y si no habrá nuevos partidos en el poder tras cada elección, con lo que los propios actores pueden tener menos certezas sobre los parámetros de juego democrático.

Por lo tanto, el resultado de un sistema de partidos poco institucionalizado es que los votantes tienen más complicado participar en política y conseguir elecciones representativas, se introduce incertidumbre sobre el proceso político y se abre la puerta a outsiders y partidos anti-sistema. Hablamos de entornos de poca estabilidad que pueden afectar incluso la continuidad del régimen democrático.

Con ánimo de no quedarnos sólo en la teoría, os invito a que echemos un vistazo comparado.

He calculado la volatilidad electoral media de las últimas tres elecciones de un puñado de países. La operación es relativamente sencilla: se suma el valor absoluto del cambio en el porcentaje de votos ganados o perdidos por cada partido entre elecciones y luego se divide entre dos.

Para hacerlo más visual, he situado en el eje de las abscisas el número de años que lleva el país con un régimen democrático. He marcado con colores los tres continentes de los que he tomado los países.

Nada excesivamente sorprende para lo que se podría esperar sin hacer los cálculos. Los países de Europa Occidental – con la excepción de Italia – tienen las tasas de volatilidad electoral más baja y relativamente concentrada. Por el contrario, la distancia es mucho mayor entre países de Europa Oriental y América Latina, oscilando entre extremos más de un 30%, siendo todas democracias jóvenes.

¿No es curioso que los países que presentan mayores tasas de volatilidad electoral sean los mismos con retrocesos más significativos en libertades civiles y políticas? Allí arriba hay algunos comensales con los que no me querría sentar en ninguna mesa y, si repasamos los datos del Polity IV o Tranparency Internacional, ni yo ni mucha gente.

Por lo tanto, endogeneidad al margen, yo no desdeñaría las ventajas de tener un sistema de partidos bien institucionalizado.

Ahora bien, desde mi punto de vista, lo óptimo es cierto equilibrio. Que haya volatilidad  significa que tenemos rendición de cuentas y eso es positivo. Pero cuidado porque si hay mucha a lo mejor se nos hunde el sistema de partidos y se introducen disfuncionalidades democráticas. Y en el otro extremo, si no hay ninguna, tampoco sé que tipo de democracia es esa. Bueno, a lo mejor sí.

Por lo tanto, está bien que tengamos volatilidad electoral, que los votos vayan y vengan entre partidos. De eso se trata. Ahora bien, yo veo algunas ventajas sistémicas en el votante “zombie”, aquel que vota al mismo partido incluso aunque presente de candidato a un palo de escoba o lo haga terriblemente mal en el gobierno. Ciertas dosis de estabilidad son convenientes en una democracia electoral si, en palabras de Przeworski, deben servirnos para institucionalizar la incertidumbre.

Para evitar debates terminológicos de inicio diré que por partido nacionalista – o nacionalista periférico, regionalista, sub-nacional o “partido de ámbito no estatal” – entiendo a aquellos que apelan a sus votantes por razones de representación comunitaria, que presentan candidatos en una o varias regiones de un estado y que defienden de manera más o menos explícita la autodeterminación de una minoría cultural, nacional, étnica o lingüística.

Uno de supuestos básicos de la rendición de cuentas es la elasticidad de los votantes, es decir, que éstos tienen una aproximación instrumental retrospectiva que les permite cambiar su voto cuando consideran que el gobernante no ha cumplido con su mandato de manera apropiada. Por ejemplo, si la economía va mal en mi comunidad autónoma voto a la oposición a ver si lo hace mejor. Y entonces veo que lo hace igual de mal, y voto a otro, y así.

La idea es que esto no funcionaría para los votantes nacionalistas porque serían más rígidos en sus lealtades partidistas que otros votantes. El argumento es que para este tipo de votante la dimensión política importante es la de representación identitaria por encima de cualquier otra. Lo que les interesa es tener un partido en el gobierno que sea “de los suyos”, no su desempeño en el ejercicio del poder.

Las implicaciones políticas de esta idea es que cuando un partido nacionalista gobierna en Cataluña o País Vasco, en Escocia o Quebec habría una menor rendición de cuentas.  El gobierno dispone de más margen para hacerlo mal porque, en último término, pueden envolverse en una bandera para salir mejor parados electoralmente que sus rivales.

Ahora, esta idea no puede desconectarse de la oferta partidista. Por ejemplo, si existen varios partidos nacionalistas podría ejercerse rendición de cuentas para desalojar al partido del gobierno votando por otro partido nacionalista. No sería lo mismo Cataluña, donde votantes de ERC podrían optar por CiU o Solidaritat que en Escocia, donde no hay alternativa nacionalista al SNP.

Del mismo modo, la inelasticidad no atañe de manera exclusiva a los partidos nacionalistas. Sin ir más lejos, todos aquellos millones de españoles que han votado al PSOE en las pasadas elecciones, por ejemplo, han demostrado ser votantes mayúsculamente inelásticos. Ahora bien, la idea es que el nacionalismo sería una dimensión más de anclaje.

Me he dedicado a indagar sobre la cuestión y de momento la evidencia apunta a que el nacionalismo exonera de responsabilidades políticas. En este artículo de aquí y en este otro de acá se señala que los votantes nacionalistas tienden a juzgar a sus gobiernos mucho menos en términos retrospectivos, condición sine qua non para la accountability. Según muestran, los partidos políticos no nacionalistas tienden a ser castigados electoralmente mucho más de media que los que no lo son.

Y es que parece que es más fácil  evaluar una política económica que un proyecto de independencia. No digo que este último no sea posible – sinceramente, creo que ERC lo fue por ello – pero parece menos tangible en el corto plazo. Y dado que los partidos que no apelan a componentes comunitarios se sitúan en la dimensión izquierda-derecha, serían mucho más susceptibles de una evaluación crítica por su rendimiento.

¿Pero esto no podría depender también de lo crucial que sea la dimensión económica/identitaria en una determinada elección? ¿Y no depende también de lo delimitadas que estén las competencias entre niveles? Lo primero es plausible pero no hay evidencia y lo segundo ya se está demostrando como importante. En todo caso, cuando se afronta directamente el voto económico en contextos multinivel – y por poner el contrapunto – no hay demasiada evidencia a favor del  “blinding-nationalism”

Otro hallazgo muy interesante es el efecto de los gobiernos de coalición. Ya se sabe que cuando hay varios partidos en el gobierno es más complicado saber a quien hay que castigar en las urnas. Pues bien, según este artículo cuando los  nacionalistas comparten el gobierno de coalición con otros que no lo son, los no nacionalistas son los más castigados por una mala gestión.

Si se compara gobiernos monocolor versus coaliciones los votantes juzgan similar a los gobiernos nacionalistas y a los no nacionalistas cuando  el gobierno es de un solo partido. Eso apuntaría que en estas circunstancias escurrir el bulto sería mucho más complicado.

Por lo tanto, algunas ideas a destacar. La primera es que parece que el nacionalismo es un mecanismo que sirve para puentear el accountability en las elecciones autonómicas. Hay menos voto retrospectivo y más representativo. La deseabilidad o no de ese tipo de comportamiento pone sobre la mesa un interesante debate que dejo a los lectores.

La segunda idea es que este efecto el nacionalismo viene mediado por cosas elementales como la oferta partidista – uno o más partidos nacionalistas –, de tipo de gobierno – coalición o no – y contextuales – lo importante que sea cada tema en la elección -.

Y una reflexión final. Si como se ha visto apelar a la representación identitaria de la comunidad sirve para evitar la sanción electoral, el Estado Autonómico genera una gran cantidad de incentivos para que los partidos sigan esta táctica.

Todos ellos – nacionalistas o no – tienen incentivos para enfundarse una gran bandera autonómica y mostrarse como el que mejor representa sus  esencias. Y así se entiende el anti-catalanismo del PP de Valencia o anti-vasquismo de UPN en Navarra, el que el PSOE andaluz haga siempre énfasis en el desprecio del PP por su comunidad… La amenaza exterior apiña al electorado. Y es que apelar a las esencias parece la estrategia ganadora para evitar que nos evalúen por lo que hacemos.

Y es que… ¿Quien podría estar en contra de tener políticos con todo un doctorado? Ya desde tiempos de Platón se ha puesto en valor la figura del Basileo, del filósofo-rey sabio, para guiar los destinos de la polis. Es verdad que el marxismo ha considerado siempre que la idea del hombre providencial tiene poco que ver con las verdaderas “fuerzas motrices” de la historia pero creo que ese determinismo está bien muerto y enterrado.

Los líderes políticos importan, y es posible que no podamos hablar de Camps como un “Hombre Providencial”, pero sí como uno muy determinante en los destinos de su tierra. Hay un artículo muy fácil de leer de Jones y Olken que se centra en saber en qué medida los líderes políticos afectan a la economía. La pregunta que se hacen a grandes rasgos es: ¿El crecimiento económico es una función de las fuerzas productivas (instituciones, contexto, etc) de tu  país o importan también las decisiones que toma el capitán al mando?

Los autores se centran en las muertes naturales de líderes políticos en el poder para introducir variación exógena entre las variables económicas y su propia presencia en el gobierno. Esta técnica es perfecta para evitar la alta correlación entre malos resultados económicos y la salida del poder del gobernante. Además, han excluido también los casos de asesinatos porque, claro, a veces hay que llegar a estos extremos cuando uno tiene gobernantes particularmente inútiles o sanguinarios.

Pues bien, a tenor de sus resultados parece que el liderazgo importa para el crecimiento económico y la política monetaria, con efectos más fuertes en los gobiernos dictatoriales que en los democráticos – obvio, el Querido Lider lo es todo –. Pues bien, si sabemos que los líderes importan… ¿Es importante tener líderes educados al frente de los países para tener buenos rendimientos económicos? O en términos contra-fácticos ¿Cómo de desastroso es tener a un cateto alguien poco formado al frente de un país?

En un artículo Besley y Montalvo se meten con esta cuestión. Ampliando el panel de líderes más atrás de la II Guerra Mundial pero con el mismo diseño de investigación (líderes muertos por causas naturales), analizan la relación entre tener un líder muy educado al frente de un país y el crecimiento económico.  Y de nuevo se ve una relación importante entre ambos componentes.

¿Cuál es el mecanismo causal por el que la competencia y educación del líder podría importar? Los autores no lo dejan demasiado claro. Podría ser que al estar más educados los líderes pudieran comprender mejor las implicaciones de sus decisiones en política económica. No andar gastando a las bravas en infraestructuras inútiles o haciendo regalos fiscales como quien no quiere la cosa.

Otra opción posible es que los líderes más educados sean capaces de tener una verdadera visión de conjunto del país y del contexto económico. Digamos que fueran gente capaz de ponerse al frente de la sociedad  para potenciar objetivos generales frente a los sectoriales. O incluso que tiendan a dar mayor provisión de bienes públicos. En cualquier caso, gobernantes con amplitud de miras.

Así que hay buenas razones para alegrarse por Camps, ahora que ya es doctor y está muy formado. No sé si el Partido Popular estará dispuesto a devolverle la Presidencia después del asunto de los trajes pero yo me lo plantearía. Acorde con la evidencia presentada en los artículos anteriores y, mutatis mutandi al caso de las comunidades autónomas, su doctorado es un claro aval para la recuperación de la economía valenciana.

La lástima es que no hubiera podido tener el doctorado antes, cuando era President. Sí, vista la actual  situación económica de la Comunitat Valenciana, es una verdadera lástima.

Todo este buen feeling que generan las primarias como método de selección de elites es algo que está instalado en el imaginario de las sociedades de Europa Occidental, lugar donde este tipo de procesos ha empezado a generalizarse. Los Norte-americanos, que ya tienen esta tradición desde hace tiempo, ni siquiera se plantean las ventajas del modelo. Simplemente no conciben otro.

Sin embargo en la Vieja Europa nosotros tenemos la pequeña particularidad de tener partidos de verdad. Aunque nominalmente existe un Partido Demócrata y un Republicano al otro lado del Atlántico, el hecho es que allí se tratan de plataformas de votantes, caparazones vacíos que sirven como “marcas” desde la que los candidatos construyen sus redes de apoyo, de simpatizantes y de financiación.

Por el contrario, nuestros partidos son organizaciones oligárquicas fuertes y centralizadas, cosa en cierta medida normal porque casi siempre hablamos de democracias parlamentarias y hace falta la denostada disciplina de partido para apoyar al Gobierno. El legislativo y ejecutivo no son independientes entre sí dado nuestro diseño constitucional, como sí lo son en los modelos presidencialistas.

¿Y qué importancia puede tener el que tengamos una tradición de partidos fuertes y sistemas parlamentarios en los modelos de primarias? Creo que mucha. Y la razón es que estos componentes institucionales introducen al menos dos restricciones a valorar. La primera, el número de cargos potencialmente elegibles por ese sistema Y la segunda, el tipo de primarias que genuinamente pueden implementar los partidos.

Bonapartismo

En el primer caso es evidente que, atendiendo a una consideración democrática, las primarias están limitadas a la cabeza visible del partido: al secretario general y/o candidato. Sin embargo, no se elige a todo el equipo de gente que acompaña a ese candidato, incluyendo a los cruciales secretarios de organización. Y esos señores hacen listas.

Si hablásemos de EEUU, este hecho es bastante irrelevante porque los partidos importan poco y las organizaciones están totalmente descentralizadas. Al fin y al cabo la Presidencia no es más que de uno más de los posibles cargos para optar y siempre puedo competir en primarias a Senador o Congresista. Con el apoyo de mi distrito puedo seguir jugando a mi aire.

Sin embargo, esto no parece tan factible en el modelo europeo ¿Imagináis que se eligiera en primarias a cada cargo de una Ejecutiva? ¿O para cada primero de lista por provincias? Aparte de que en una democracia parlamentaria la situación puede ser ingobernable, las continuas luchas intestinas del partido asustarían a los votantes en grado sumo.

De aquí que nos encontremos con que las primarias en contextos europeos pueden acelerar una tendencia al presidencialismo dentro de los partidos, una especie de bonapartismo organizativo. Ganador un determinado candidato a las primarias, dispone de margen para laminar a sus rivales a todos los niveles. De elegir a su equipo con total autonomía y puentear el control de la organización.  Roger lo explicaba aquí de fábula.

Conjura palaciega

Pero creo que hay un segundo condicionante referente al tipo de primarias en los países con tradición partidista. Como sabemos, en EEUU hay un sistema de primarias abiertas. Esto implica que los candidatos captan sus propios recursos, como si de empresarios se tratara, y compiten por ser el candidato del partido a la elección.

Por el contrario, en Europa Occidental es imposible que el aparato no juegue algún tipo de rol, que generalmente funciona como moderador y garante de una distribución equitativa de recursos entre candidatos. Y esto lleva necesariamente a que los componentes internos también jueguen un papel en la elección entendiendo que los competidores ni tienen incentivos para diferenciarse programáticamente entre sí ni disponen de recursos autónomos para hacerlo.

Ante esta situación es cuando asumen un rol destacado componentes como redes semi-clientelares dentro de los partidos, los intereses de las secciones territoriales del partido o incluso una posible fractura generacional de sus cuadros. De este modo las primarias pasan a ser un mecanismo de re-distribución interna de poder.

Esta situación puede generar dos peligros. El primero, la posibilidad de que se escoja a un candidato que es óptimo para las “familias” internas pero no lo es para ganar. Aunque esto pueda ser matizable, no hablo de la diferencia mediana entre votante en primarias y en elecciones, cosa que potencialmente puede ocurrir siempre. Me refiero a los responsables de determinadas ramas regionales les puede interesar más mantenerse en el cargo territorial que elegir un candidato competitivo. Una “función de utilidad” diferente.

Y un segundo problema es que la regeneración interna se puede reducir porque el líder completamente hipotecado por estos equilibrios internos. Volviendo sobre la idea de los vagones de cola, está claro el que hay muchos cargos codiciados en segunda fila a repartir entre las facciones. Si cambia la cabeza del cartel pero los cuadros siguen siendo los mismos, el cambio resulta poco creíble tanto dentro como fuera de la organización.

El dilema

Por lo tanto, como se verá, son dos polos opuestos en una tensión. ¿Cuál de las dos prevalece? Yo creo que el factor clave que media es el electorado que vota en las primarias, algo que puede variar notablemente según el partido y país. Y a ese respecto tenemos opciones que pueden oscilar desde caucus en el parlamento o colegios electorales en un extremo hasta primarias directas con todos los militantes, militantes y simpatizantes, o incluso todo el electorado en el otro.

Cuando el modelo es tendente a ser más abierto a las bases la balanza oscila hacia un líder “presidencialista” en el partido. Es garantía de renovación, pero también de menos control por parte de las estructuras partidistas. Cuanto más descentralizado sea el proceso, menos riesgo, pero también más potenciales problemas de gobernabilidad.

Ahora, cuanto más cerrado sea y más rol jueguen las organizaciones tradicionales en la designación del candidato, más potencial peligro de que la renovación sea muy parcial e insuficiente, que los líderes estén hipotecados y que se llegue a un equilibrio sub-óptimo a la hora de ganar elecciones. Pero también más control interno por parte de su organización.

Para terminar, subrayar lo de siempre: No existen modelos perfectos y siempre hay costes implícitos en cada una de las decisiones, también en la elección de procesos de designación de elites. Lo que hace falta es más reflexión sobre como maximizar sus ventajas y conjurar sus peligros. Eso sí, sin olvidar que es crucial que el partido genere, de una manera u otra, elites que tengan posibilidades reales de ganar.

Sigo pues con el tema del control electoral. Cuando el argumento de la accountability se aplica a un contexto con varios niveles de gobierno lo mismo sea en la corrupción, la gestión de la economía o cualquier otro tema, la potencial claridad en la atribución de responsabilidades tiende a reducirse.

Si asumimos que los votantes son elásticos y quieren escoger a otro gobierno autonómico si el presente lo hace mal, los votantes deben saber cuál es el grado de responsabilidad del gobierno por cada política.  Esto que parece sencillo dista mucho de serlo cuando los votantes están poco informados y los agentes tienen claros incentivos para atribuirse los méritos y echar la culpa a los demás de sus propios errores, el paradigma de nuestro Estado Autonómico.

Vista la escasa alternancia en el poder en las comunidades autónomas, está claro que diversos factores están operando en contra de su control electoral. Y se me ocurren algunas cuestiones institucionales y de dinámica electoral relacionadas con los estados descentralizados que pueden tener un impacto claro:

Si todo el mundo hace todo, nadie paga por nada. Por el lado del gasto público resulta fundamental saber cuál es el reparto competencial y el modelo de federalismo existente. En los modelos “duales”, cuyo modelo serían los EEUU, las competencias de cada nivel están claramente delimitadas. En el modelo “cooperativo”, como el alemán, las competencias están compartidas entre los dos niveles.

En el caso español somos un mal plagio de federalismo cooperativo con lo que al votante le resulta mucho más difícil saber quién es responsable de cada cosa. Un ejemplo clásico es el de las políticas de empleo; el Estado central tiene control sobre las pasivas y las autonomías sobre las activas.

Cada vez que salía un dato de paro, en las autonomías populares echaban la culpa al gobierno central mientras que la desarmada oposición socialista recordaba que las autonomías también tienen competencia en la materia y por tanto, responsabilidad. Intento vano.

Es más, el control todavía es más complicado si hay procesos de reformas estatutarias en las que hay un mayor mareo competencial. El accountability siempre será más fácil si las competencias están bien claritas y no cambian demasiado, algo que no es que impere en nuestro sistema.

¿Quién paga realmente la fiesta? El modelo de financiación importa, y mucho. Si la transferencia de gasto a los entes regionales es mayor que la fiscal se puede  generar un desequilibrio cubierto por transferencias directas del Estado. A mayor desequilibrio y transferencias, más diferencia entre lo que se ingresa por las bases fiscales propias y el gasto del ente regional.

Unas transferencias poco regladas, ausencia de límites al endeudamiento dada la seguridad de rescate del Estado o escasa autonomía fiscal puede dar pie a que los gobiernos regionales se dediquen más a buscar beneficios a costa del gobierno central, operando con una lógica de corto plazo, que a generar su propia autonomía financiera.

Por lo tanto, la forma de los tributos afecta claramente a la rendición de cuentas. Cuando un Estado opta por la autonomía en los tributos es relativamente fácil detectar quien es el titular del mismo. Puedo votar a gobiernos que quiera que lo suban o lo bajen.

Sin embargo, si el modelo de financiación se basa en tributos compartidos o transferencias territorializadas, es mucho más complicado para el votante buscar al responsable de las políticas de ingreso. Adivinen ustedes a cuál de los dos modelos se parece más es español.

“La culpa es de Zapatero” Hay una dinámica política relativamente conocida que se llama contaminación electoral. Este término señala las situaciones en las que un votante, a la hora de decidir su sufragio para una determinada elección, se comporta teniendo en cuenta una arena diferente que no está en juego.

Generalmente la arena que genera más influencia sobre otras elecciones es la nacional y esto da pie a que se hable de elecciones de segundo orden para regionales y europeas. Su resultado importa menos al votante y, sin embargo, pueden ser muy útiles para dar un toque de atención al partido gobernante en Madrid.

Esto es, ni más ni menos, lo que ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Cuando Rubalcaba dijo aquello de “Habéis perdido por ser socialistas” se acercó bastante a lo que pasó. Y ello dista con mucho de ser accountability porque lo que hubiera sido deseable es que, con independencia del partido, ganara en su comunidad el que lo hubiera hecho bien y perdiera el que lo hubiera hecho mal. ¿Inocente, verdad?

Ojos que no ven, corazón que no siente. La información es control y es bastante evidente que en general los gobiernos regionales captan poco la atención de los medios de comunicación. Esto se relaciona con lo anterior. Parece que solo lo nacional es importante y que lo regional es residual.

Pues bien, esta falta de interés refuerza la opacidad en la gestión autonómica y genera un control más deficiente de los gobiernos ante menores flujos de información a disposición del público. Y eso que manejan las competencias más relevantes en bienestar. Si creéis que el desequilibrio informativo no es tan fuerte, os invito a que hagáis un rápido repaso cuantos nombres de ministros y consejeros autonómicos conocéis. Pues eso.

A codazos entre compañeros de viaje. Otra cuestión política particularmente importante es que los sistemas de partidos son diferentes en el nivel regional respecto al estatal, tendiendo a haber más variedad de fuerzas. Esto facilita que a nivel autonómico haya gobiernos de coalición.

Siendo así, es bastante fácil realizar una dispersión horizontal de la responsabilidad e imputar las culpas propias a otros miembros de la coalición. Pero además, incluso se puede imposibilitar la rendición de cuentas efectiva si los socios siguen sumando para gobernar a pesar del castigo electoral. Y todos tenemos ejemplos en la cabeza.

Por lo tanto, la dinámica de rendición de cuentas en el Estado Autonómico añade varios pluses de complejidad. Primero, porque tenemos un diseño institucional pésimo que facilita la dispersión vertical de responsabilidades. Pero además porque las propias dinámicas electorales hacen que estemos poco acostumbrados a tomarnos la molestia de hacer pagar a quien toca por lo que toca.

Con estos elementos sobre la mesa, os invito a echar otro vistazo a los periódicos y seguimos hablando.

Dejando al margen que los defensores de esta idea parecen ignorar el caso del Pentapartito italiano, me he puesto a indagar en los argumentos que ha manejado la ciencia política sobre el impacto del número partidos y sistema electoral  en la corrupción. Casi toda la literatura parte de un modelo agente-principal, con todas las virtudes y asunciones que supone.

Según este modelo el votante, que es el principal, quiere elegir a unos políticos con un mínimo de honradez y competencia mientras que el agente, el político, quiere permanecer en el poder. Por lo tanto, asumamos que el votante no obtiene pagos por la corrupción, o lo que es lo mismo, que no existe caciquismo, y que el político es auto-interesado y siempre preferirá estar en el poder.

Dado que hay asimetría en la información entre ambos actores, el político tiene la oportunidad de obtener ganancias vía corrupción ya sea para su uso personal o para financiar sus campañas electorales. Sin embargo, la literatura considera que hay un trade-off entre lucrarse con la corrupción y parecer honesto, y por tanto, entre corromperse y ganar votos. De aquí que la estrategia preferida por el agente sea intentar que su comportamiento corrupto pase desapercibido.

La literatura sobre el tema se centra en el sistema electoral como una variable institucional crucial que operaría a través de su efecto en el número de partidos. En este artículo, por ejemplo, se señala que los países con sistemas proporcionales, al generar multipartidismo, tienen menos corrupción. Por el contrario, en este y este otro se apunta lo opuesto, que los sistemas electorales mayoritarios en distritos uninominales, al causar bipartidismo, son los que fomentan la honradez de los cargos públicos.

La literatura, sin embargo, aún tiene ciertos problemas para diferenciar y aislar el efecto del sistema electoral y de partidos sobre la corrupción. Estas variables están muy asociadas entre sí y solo recientemente algunos artículos han afrontado la cuestión. De todas formas, la idea de que el bipartidismo evita la corrupción continúa recibiendo hasta la fecha más respaldo empírico.

Pero ¿Por qué mejor que haya dos partidos que varios? Se han dado principalmente tres baterías de argumentos:

1. Si te pillo, yo gano: Dado que en el modelo de agencia el control de la corrupción es ex post, en un sistema bipartito el grupo de la oposición tiene buenas razones para esforzarse en controlar al partido en el poder. Y es que es evidente que si la oposición llama la atención al electorado sobre la corrupción del gobierno, de entrada, tendrá unos claros réditos electorales en régimen de monopolio.

Sin embargo, en un sistema multipartito no está claro quién se beneficiará electoralmente de la corrupción del partido en el gobierno. Es más, puede ser que un partido denuncie la corrupción y no necesariamente reciba más votos, sino que simplemente se distribuyan entre todos los partidos por igual o incluso vayan a un tercero.

Además, si el multipartidismo opera en un sistema electoral mayoritario o similar, los votantes pueden tener problemas para coordinarse y penalizar al gobernante corrupto ¿A qué partido votar para sancionarlo? Frente a la clara alternativa del bipartidismo puede darse la paradoja de que los partidos de la oposición suban electoralmente pero, dados los componentes mayoritarios del sistema, no se traduzca en suficiente representación para poder desalojar al corrupto partido del gobierno.

2. ¿Quién le pone el cascabel al gato?: El segundo argumento habla de un problema de acción colectiva. Es razonable pensar que la existencia de múltiples partidos puede ayudar a controlar la corrupción del gobierno ya que hay más ojos vigilantes. Sin embargo, también hay razones para pensar que en un contexto multipartidista los políticos preferirán abstenerse de gastar su capital en la denuncia de malas prácticas.

Imaginemos tres partidos viables en un país. Si un partido investiga al gobierno, descubre una corruptela y lo denuncia, de entrada ignora si recibirá el beneficio electoral del demérito del contrario, como he argumentado antes. Pero además, dado que la estrategia del partido en el poder será el clásico “y tú más” para tratar de ocultar su responsabilidad, los dos partidos se enzarzarán en una escalada a ver quien es más corrupto.

Ante estas acusaciones cruzadas, el tercer partido que ha permanecido fuera de la controversia saldría beneficiado electoralmente sin necesidad de hacer nada, una posición claramente ventajosa. Por lo tanto, en el sistema multipartito no habría tantos incentivos para denunciar públicamente la corrupción visto este problema de acción colectiva.

3. Cuantos más seamos… ¿más reiremos?: La última idea se refiere al hecho de que los sistemas multipartidistas conllevan la existencia de gobiernos de coalición, lo que impediría a partidos y votantes penalizar la corrupción de manera eficaz. La idea clave es que se daría una dispersión horizontal de la responsabilidad al aumentarse el número de actores implicados.

Por el lado de los partidos, como hay muchos competidores, es más fácil que la agenda se desvíe del comportamiento irregular del gobierno mientras que potenciales socios se abstendrían de denunciar si piensan que pueden tocar poder. Pero además, los votantes tendrían más dificultades para detectar al corrupto ya que en los gobiernos de coalición la responsabilidad entre sus miembros se difumina y la sanción electoral es más complicada.

***

Como se ve, todos estos argumentos son plausibles dentro de una lógica de principal-agente. Sin embargo, si nos centramos en las limitaciones que competen al lado de la oferta, creo que el argumento sobre las bondades del bipartidismo en el control de la corrupción necesita un pre-requisito que no siempre se cumple: un agente alternativo con opciones de ganar.

Si el argumento subraya que lo importante es que mediante la rendición de cuentas se pueda desalojar al partido corrupto del poder, ante la ausencia de una oposición alternativa que tenga capacidad real de hacerlo el que sea o no un sistema bipartidista será irrelevante. Por ejemplo, si la oposición está desgarrada por cuestiones internas u organizativas, y por tanto no es una opción viable, el control electoral de la corrupción es imposible.

Es lógico que se considere que el sistema bipartidista puede controlar mejor las malas prácticas dado que elites y votantes pueden coordinarse más fácilmente en torno a unas siglas, al menos en los sistemas de corte más mayoritario. Pero, en cualquier caso, lo fundamental es que, sea uno o varios partidos, exista una coalición alternativa con capacidad real de desalojar al gobernante en caso de ser corrupto. Que haya un palo amenazante sobre el incumbent.

Así que, de acuerdo con la evidencia disponible, el bipartidismo no fomenta la corrupción sino todo lo contrario. Pero es que me da lo mismo porque centrarse en el bipartidismo como fuente de corrupción es errar el tiro. Creo que lo verdaderamente relevante es que haya oposiciones políticas fuertes que puedan desalojar a los partidos cuando se pasan de la raya. Y es precisamente su ausencia en algunos lugares lo que puede ayudarnos a explicar muchas de las cosas que estamos leyendo estos días en los periódicos.