Las elecciones andaluzas han supuesto una sorpresa para la mayoría de los observadores y un fuerte batacazo para las empresas demoscópicas: El PSOE ha resistido relativamente bien en la peor coyuntura posible, el PP no ha culminado su sueño de alcanzar la mayoría absoluta e IU se ha convertido, con su importante crecimiento, en el partido clave del tablero andaluz.  La participación electoral ha caído unos 13 puntos respecto 2008, una disminución que era relativamente previsible. Dado que estas elecciones no eran concurrentes con las Elecciones Generales no se ha producido efecto de arrastre sobre el electorado, reduciendo la participación. Por otra parte, pese a que desde foros diversos se insiste repetitivamente en que la participación electoral favorece a la izquierda la evidencia dista mucho de ser tan clara. Y no solo por las presentes elecciones. Por ejemplo, el PSOE andaluz obtuvo estupendos resultados en las elecciones autonómicas de 1982 y 1990, justo las elecciones con menores tasas de participación.

Sin embargo los comportamientos previsibles se acaban aquí. Es indudable que el PSOE iba a retroceder a favor del Partido Popular, pero lo que no se esperaba era que la victoria del PP fuese por un margen tan estrecho. El PP ha ganado las elecciones en Andalucía por un punto al PSOE y sacándole apenas 40.000 votos de diferencia. ¿Cuál puede ser la razón de semejante resistencia electoral? A la espera de que las encuestas nos lo aclaren se pueden señalar algunas hipótesis. Repasando los datos a vista de pájaro, el PP ha obtenido buenos resultados en las capitales de provincia, sólo por detrás de los socialistas en Sevilla, y ha ganado ampliamente en las provincias costeras (y en Córdoba por estrecho margen). Por el contrario el PSOE se ha impuesto claramente en los municipios medios y pequeños, aguantando el tirón en las provincias de interior. Un argumento posible es que el desempleo y los efectos de la crisis sean más acusado en las capitales, donde el desgaste al gobierno socialista ha sido mayor, mientras que las bases locales del PSOE sean fuertes en el campo al haber más presencia del sector público, lo que habría amortiguado el embate popular (1).

Andalucía es una comunidad autónoma que se sitúa más a la izquierda que la media y parece que el principal flujo de votantes socialistas ha sido en esa dirección, hacia IU mucho más que hacia el PP (y marginalmente también hacia UPyD) (2). Eso sí, también han operado elementos coyunturales clave. Quizá el más importante ha sido la estrategia de José Antonio Griñan de agotar la legislatura, seguramente un acierto desde el punto de vista electoral. Al intentar compensar su propio desgaste con el del gobierno central popular ha evitado la contaminación electoral entre el castigo a Zapatero y su propio destino político, cosa que habría ocurrido de haberse celebrado en noviembre pasado. La estrategia durante esta campaña ha sido la previsible; los populares criticando el paro autonómico y la corrupción de los ERE falsos y los socialistas señalando la agenda de recortes y la reforma laboral de Mariano Rajoy. Eso sí, a tenor de estos resultados se diría que en las contiendas autonómicas, paradójicamente, la mejor estrategia es centrar los temas de campaña en el gobierno nacional.

Pese a lo anterior, creo que estos resultados electorales no hay que entenderlos como una victoria de los socialistas, que igualmente han sido muy castigados, sino como un fracaso importante de los populares andaluces. En toda su historia jamás se habían encontrado en un contexto tan favorable para ganar las elecciones: Tasa de paro desbocada, ciclo político favorable, división interna en el PSOE-A y la visibilidad de los escándalos de corrupción. El PP tendrá que reflexionar sobre por qué no ha llegado a alcanzar sus expectativas electorales pero hay dos cosas que desde luego no le han ayudado. Primero, el tic de confiar en que la estrategia de las Generales, la de no arriesgar ante su racha de victorias. Y segundo, presentar un candidato que ya había sido derrotado en las urnas en otras tres ocasiones anteriores y que acusaba cierto desgaste.

Hoy en Andalucía la llave del gobierno la tiene Izquierda Unida, que ha doblado sus escaños y apoyos electorales. Aunque el  caso Extremadura podría repetirse, dejando gobernar al partido más votado, creo que en es improbable. El PSOE tiene todos los incentivos para aceptar cualquier condición que le planteen desde esta formación – ya no tiene el gobierno central –, hay menos enemistad entre los líderes autonómicos que en el caso extremeño y el recuerdo del castigo electoral a IU por la pinza de 1994-1996 está presente. El juego político es relativamente sencillo, apostar por una posición maximalista a la izquierda para plantar cara al gobierno central. Existe la duda de si IU se integrará en la Junta o apoyará al PSOE en minoría parlamentaria. Mi intuición es que esto último es lo más probable al ser una opción menos arriesgada que asumir responsabilidades de gobierno, en especial con una coyuntura económica tan complicada y sin visos de mejora.

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(1) Esta hipótesis se puede contrastar relativamente fácil con los datos económicos por municipio de desempleo, peso del sector público y voto al PSOE. No he podido mirarlo por falta de tiempo.

(2) Los trasvases también pueden imputarse mediante análisis ecológicos. De nuevo, me excuso por tirar de  intuiciones. Eso sí, al tanto porque el PSOE ha caído mucho más que lo que ha subido IU y el trasvase a la izquierda no ha sido tan arrollador.

- Se insiste una vez tras otra en que la participación electoral favorece a la izquierda. Perdonadme por ser cansino pero la evidencia no está tan clara. Por ejemplo, la participación electoral es alta cuando va  a haber un cambio de gobierno o cuando unas elecciones están competidas, y este efecto es independiente de un potencial sesgo de participación electoral a favor de un partido. Por ejemplo, el PSOE andaluz ha obtenido sus mejores resultados electorales en 1982 y 1990, justo las elecciones autonómicas con menores tasas de participación electoral.

- El Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía por un punto y sacándole apenas 40.000 votos al PSOE. Esto no hay que entenderlo como una victoria de los socialistas sino como un fracaso importante de los populares andaluces; estaban en un contexto inmejorable para ganar las elecciones ampliamente. De hecho, todas las encuestas les daban rozando la mayoría absoluta y  al final se han quedado a una ridícula distancia de cinco escaños, permitiendo sumar a las izquierdas. Tras este resultado, y si como es previsible Javier Arenas no es investido presidente, el PP debería preparar su salida ordenada tras el cuarto intento fallido de llegar a la Junta.

- En Andalucía la llave crucial la tiene Izquierda Unida y aunque el  caso de Extremadura podría repetirse, creo que es improbable. El PSOE tiene todos los incentivos para aceptar cualquier condición que le planteen – ya no tiene el gobierno central –, hay menos enemistad entre los líderes autonómicos, el recuerdo de su castigo por la pinza de 1994-1996 está presente y el juego es relativamente sencillo: Apostar por el maximalismo a la izquierda para oponerse al gobierno de Rajoy. Por lo tanto es previsible una línea de tensión entre Sevilla y Madrid durante los próximos cuatro años. Eso sí, tampoco sabemos en qué medida la Junta está lo suficientemente saneada para que el PSOE mantenga un acuerdo con un socio de izquierdas intransigente con cualquier recorte.

- Al final se ha visto que la estrategia de José Antonio Griñan de jugar a agotar la legislatura ha sido óptima desde el punto de vista electoral. Al evitar la que hubiera sido una segura contaminación entre las arenas electorales ha conseguido salvar los muebles de su partido bastante bien. Aunque se ha hablado sin descanso de los ERE´s en Andalucía por parte del PP, el PSOE ha disparado sin cesar contra los recortes y la reforma laboral. A la luz de los hechos, en las autonomías que consideran sus elecciones como de segundo orden lo que más pesa sigue siendo disparar hacia Madrid.

- Las elecciones en Asturias las ha ganado el PSOE– ahora sí – en escaños y en votos. Este resultado, la previsible subida de IU y la entrada de UPyD eran relativamente previsibles. Lo que no estaba tan claro era saber que pasaría en el campo de la centro-derecha, y en particular, la medida en que habría un desgaste del Foro tras su turbulento gobierno. Pues bien, el resultado ha sido una caída de tres escaños del FAC mientras que el PP ha obtenido exactamente los mismos 10 diputados que en las pasadas elecciones.

- Hay que reconocer que el FAC ha demostrado una resistencia notable. Álvarez Cascos ha logrado crear una fuerza política que literalmente ha partido por la mitad a la derecha asturiana y hacer que no se puedan ni ver entre ellos – a espera de encuestas, no parece que haya habido trasvase importante entre ellos -. Foro, aunque ha perdido tres escaños, sigue siendo la segunda fuerza delante del Partido Popular y tomará la iniciativa para un posible pacto visto que ambos suman la mayoría absoluta.

- ¿Ha sido una mala idea el adelanto de elecciones del Foro? Pues depende. Si lo medimos en términos de poder institucional, está claro que no lo ha sido porque no ha hecho más que perder en escaños y jugársela – IU casi saca un escaño extra y pierden la opción de gobernar -. Eso sí, también se ha rumoreado que para estos comicios el PP ha apartado de sus listas a los más anti-casquistas para facilitar un posible acuerdo. Por lo tanto, podría ser que las elecciones le hubieran servido al FAC para conseguir un socio de gobierno más dúctil. En todo caso, el juego de los pactos no parece que vaya a ser algo fácil en una comunidad que lleva casi 10 meses de parálisis política.

¿Creéis que hay algo más que hace falta destacar? ¿Algún  dato interesante? Esperamos vuestras impresiones para discutir los resultados en la tertulia del próximo domingo.

Nota: Seguimos a la espera de que se resuelva ese escaño que baila entre FAC y PSOE en el distrito Occidental por el escaso margen de 172 votos CERA. Si al final lo consigue el PSOE, la llave del gobierno quedaría en manos de UPyD.

Empecemos por la segunda parte: que la democracia es “mejor”. Cuando uno cava un poco en esta literatura, suele toparse con la teoría de la elección social y con las discusiones sobre como las reglas de votación permiten agregar preferencias. En algún momento se suele invocar el “Teorema de May” que viene a establecer que las reglas de decisión democráticas (es decir, la mayoría simple) es la mejor regla para agregar preferencias. El problema –conocido- con esta literatura es que es generalmente “institution free” y sólo tiene sentido para hablar de sistemas de democracia directa. Generalmente, tiendo a pensar que la teoría de la elección social es a la ciencia política lo que la teoría del equilibrio general a la macro: una fuente de intuiciones interesantes, una aproximación razonable a nivel abstracto, pero en cualquier caso algo que uno debe ver cierta distancia crítica. En la práctica, tenemos sistemas con delegación, información imperfecta, y elecciones competitivas y las decisiones no resultan del voto directo de los ciudadanos, sino de un equilibrio complejo de instituciones y agentes que interactúan al que llamamos “democracia”. En este sentido, la relevancia del Teorema de May para entender porqué nuestra democracia funciona razonablemente bien (o por qué unas democracias funcionan mejor que otras) me parece personalmente dudosa y en ningún caso suficiente.

La idea anterior tendría visos de aceptabilidad si la noción de lo que es una democracia no fuera en sí misma controvertida. Ya hemos aceptado que no se trata de un sistema de democracia directa, ni siquiera de un sistema dónde siempre se hace lo que desea la opinión pública (porque esto implicaría que ningún país del mundo sería realmente una democracia), sino un conjunto de instituciones dónde el voto es un input más, entre muchos otros. Mi sensación es que esto es bastante demoledor para todo el “democracy talk” que se suele manejar, porque implica que las soluciones democráticas no son únicas. Pensemos en los sistemas electorales. Uno puede argumentar largo y tendido sobre “qué sistema electoral es más democrático”, pero en última instancia hay una buena familia de sistemas que aceptamos como democráticos y sin embargo sus resultados no convergen. Esto no es lo único, otras muchas instituciones (como la regulación de la prensa) o factores (la distribución del “capital político”) son cruciales a la hora de entender el equilibrio político. Aparentemente, sin embargo, “la teoría de la democracia” es únicamente una teoría que sirve para estudiar instituciones políticas en un sentido demasiado estricto, dejando fuera del análisis muchos otros factores que impactan decisivamente sobre el proceso político.

Para sortear los obstáculos que planteaba esta idea, los politólogos empezaron a usar el término “democracia liberal” -un régimen caracterizado no solo porque la gente vota, sino por un conjunto de instituciones jurídicas y políticas que lo apoyan y que intenta capturar el tipo de democracias que observamos en el mundo real. Según esta idea trata entonces de aceptar que existen muchos regímenes, con fronteras borrosas, pero que son todas más o menos igualmente democráticos. La idea de empezar a ver esto como un continuo y no como una categoría claramente definida tiene mucho sentido. Me parece una aproximación razonable, aunque como explican un par de politólogos  en un libro que estoy leyendo, la diferencia entre una democracia y una dictadura a la hora de estudiarlas es más una de grado: se trata de ver quién es relevante a la hora de tomar decisiones y con quién hay que contar. Esto es algo parecido a la terminología que usa Robert Dahl usando el término de “Poliarquía” en función de si participan muchos o pocos agentes en el sistema y en qué medida. En un extremo tenemos a una autocracia unipersonal, en el otro una democracia idílica, y en medio un continuo de regímenes que son los únicos que existen en realidad. Es aceptable hacer un corte en algún punto de ese continuo y hablar de “democracia” y “dictadura, igual que uno hace un corte en las películas para distinguir la pornografía, el erotismo y el cine convencional, pero se trata de una diferencia de grado, no algo sobre lo que puedan asentarse conclusiones normativas fuertes. Esta visión, más pragmática, que ha adoptado la gente más motivada por hacer ciencia que por tener algo con lo que predicar desde el púlpito tiene, en mi opinión, una pila de sentido.

Es cierto que luego existe una buena cantidad de literatura sobre “The quality of democracy”. Aquí, en mi opinión, empezamos a llegar al meollo del asunto. La principal razón por la que creo que la democracia es un sistema fantástico de gobierno es porque funciona relativamente bien: nos permite echar a los inútiles del gobierno sin que haya una guerra civil, seleccionar líderes con incentivos razonablemente alineados sobre los de sus representados. Esto es así gracias a que la gente vota, pero también a muchos otros factores, como la existencia de instituciones que limiten el poder, contrapesos y una infraestructura económica que lo apoye. Vivir en occidente es obviamente mejor para casi todo el mundo que hacerlo en una autocracia. Pienso que puede tener sentido evaluar la “calidad de la democracia”, si este es un factor con el que uno puede explicar otras cosas –como la paz, la gobernabilidad, la prosperidad económica, el respeto de los derechos individuales- y esas cosas son en última instancia deseables. En cambio, creo que es un ejercicio de sofistería considerar que “más democracia” es algo intrínsecamente deseable. ¿Existe algún argumento racional o intuitivo de lo que está bien o mal en un régimen? Mi sensación es que el “democratismo”, cuando es un juicio de valor puro (es decir, un juicio de valor dónde no median juicios de hecho), es una filosofía política mala, muy mala, que no debería ser tomada en serio

Hay un último aspecto que es interesante que es la idea de que la democracia es una fuente de legitimidad. El argumento es como sigue. A) La gente, de forma equivocada o acertada, da un valor intrínseco al hecho de votar, a la percepción de que algo es democrático. B.1) El apoyo de la gente hacia un determinado sistema depende de si lo percibe o no como legítimo. B.2) La gente percibe que su libertad se encuentra menos erosionada cuando las decisiones vienen de un gobierno que considera como democrático C) Por tanto, la legitimidad y la democracia son algo deseable per se. Es una visión que tiene algo de sentido. Al fin y al cabo, un sistema que no sea percibido como legítimo tiene pocos visos de ser aceptado. Pero esto en cualquier caso relativiza sustancialmente la defensa de la democracia. Es más, si hemos aceptado la idea de que el “democratismo” es una mala filosofía política, entonces el recurso al sistema democrático sólo se puede justificar desde un punto de vista “realpolitik” y en cualquier caso debería ponerse en la balanza contra otras variables. Armados con este background, en el siguiente post vamos a hablar del déficit democrático de la Unión Europea.

Estos días he hablado bastante sobre temas de descentralización y gobernabilidad, un asunto interesante sobre el que todo el mundo tiene una posición apasionada. No se dice por decir que la cuestión territorial es el gran asunto pendiente de nuestro sistema político.

Esta entrada viene inspirada precisamente por una discusión por twitter sobre el Estado Autonómico, su viabilidad y demás asuntos relacionados. Aunque todo se hizo en un torbellino de 140 caracteres en que cada uno iba a lo suyo, en general afloraron tres grandes asuntos.

El primero fue qué modelo de descentralización es preferible en España, si un modelo de federalismo simétrico a la alemana o asimétrico a la canadiense. La diferencia entre modelos duales vs. cooperativos quedó al margen.

El segundo tema fue la existencia o no de un juego de suma cero entre los intereses finales de los partidos estatales y nacionalistas. Es decir, si es posible articular un marco institucional plurinacional estable – donde gente que se siente de diferentes naciones conviva – o es necesariamente imposible.

Y tercero, si durante la legislatura 2004-2008 la política del PSOE de realizar reformas estatutarias para intentar “atraer” al nacionalismo fue o no un fracaso. Es curioso que este punto fuera el que generase un mayor consenso – en negativo, como imaginaréis–. Pues bueno, este es precisamente el tema en el que quiero meterme.

Cuando hemos estado discutiendo estos días sobre accountability se ha planteado que tal vez en los gobiernos autonómicos ésta fuera más complicada. Del mismo modo, aquí presenté alguna evidencia señalando que los votantes nacionalistas podrían castigar menos a los gobiernos autonómicos si sus partidos están en el poder.

Pero pongamos otra posibilidad sobre el tapete y pensemos en la descentralización como una política pública por la que los gobiernos pudieran ser evaluados. Voy a partir por un momento de un modelo espacial de voto, estos que ayudan a partes iguales a simplificar y entender la realidad.

Es perfectamente plausible pensar que para determinados votantes – nacionalistas de cualquier tipo –  la descentralización sea un issue importante – si no es el más importante –. Y si esto es así, podría ser que la política de descentralización que realiza un gobierno fuera un mecanismo tan o más relevante que los resultados económicos para decidir el voto.

La pregunta es… ¿Podrían ser las políticas de descentralización un elemento susceptible de accountability? Esto cambia el enfoque respecto a mi entrada sobre los inelásticos votantes nacionalistas: Los votantes podrían premiar o castigar al partido gobernante por la política de descentralización que lleva a cabo.

La descentralización como estrategia de contemporización

La cuestión anterior sobre el rol de la descentralización y la suerte electoral de los partidos me resultaba familiar pero no sabía por qué. Ayer me di cuenta de la razón; hacía más de un año llegó a mis manos por casualidad un artículo que trataba exactamente esa cuestión.

El artículo a rescatar se titula “Multi-level Elections and Party Fortunes: The Electoral Impacto of Decentralization in Western Europe”, de Bonnie Meguid, y es un punto de partida estupendo para tratar la cuestión, pese a que está todavía en una versión preliminar.

Meguid plantea como argumento que las políticas de descentralización pueden ser una herramienta electoral en manos de los gobiernos centrales. Cuando un partido estatal se tiene que enfrentar a partidos etno-regionalistas podría emplear la política de descentralización para atraer a los votantes moderados pro-autogobierno y así reducir la amenaza electoral de su contrincante.

Ahora bien, este argumento según Meguid tiene un condicional: La descentralización debe ser lo suficientemente importante y profunda como para que los votantes “autonomistas” queden satisfechos. Si se arranca un proceso de descentralización pero éste es muy tímido, no sería lo suficientemente atrayente para neutralizar a su oponente nacionalista y podría ser hasta contraproducente.

Por lo tanto se sugiere una interacción: Los partidos estatales gobernantes obtienen mejores resultados electorales a costa de los partidos nacionalistas si a) arrancan procesos de descentralización y b) las reformas son lo suficientemente ambiciosas para atraer a los votantes interesados en ellas.

Sin embargo, la autora considera que en el nivel regional ocurrirá justamente la dinámica contraria: Cuando hay esta descentralización profunda, el partido gobernante pierde apoyos en las elecciones regionales a favor del partido nacionalista.

El mecanismo que aduce es que al poder disponer de más margen de auto-gobierno, los partidos regionales se ven premiados electoralmente porque se los percibe como lobbies efectivos en la consecución de poderes para sus respectivos territorios.

Meguid se centra en 259 regiones de 17 países de Europa Occidental desde 1970 a 2006. De entrada el análisis estadístico respalda sus argumentos. Las políticas de descentralización tienen un premio electoral diferente según la arena y el tipo de partido.

La evidencia empírica respalda que los partidos estatales que descentralizan el país – y lo descentralizan mucho – reciben premio en la siguiente elección nacional pero pierden posiciones a nivel sub-nacional. Y mis preguntas provocadoras son: ¿Es esto lo que ocurrió al PSOE en las pasadas legislaturas? ¿Fue la descentralización una estrategia electoral racional de Zapatero?

La discusión que sigue pendiente

La evidencia anterior es una buena excusa no solo para poner nuevos argumentos sobre el tapete sino también para una discusión sobre los posibles efectos electorales de las políticas de descentralización.

El artículo de Meguid es preliminar pero hay algunas cosas que no me convencen del todo. Voy a dejar de lado consideraciones sobre el análisis estadístico y la medida de las variables y me voy a centrar sólo en el argumento de los beneficios electorales a los partidos estatales que gobiernan.

La pega más importante a mi juicio es que su argumento considera que los beneficios electorales de esta estrategia son dependientes del resultado electoral de los partidos nacionalistas/ etno-regionalistas y, por lo tanto, independientes del resultado electoral de otros partidos de ámbito estatal.

Ambas asunciones son problemáticas. Sobre la primera, la premisa solo se sostiene si el partido nacionalista en cuestión es muy fuerte o decisivo en unas elecciones nacionales, lo que depende de manera crucial del sistema de partidos. No es lo mismo el bipartidismo imperfecto del caso español que la atomización del escenario belga en términos de competición electoral.

Pero además, sobre el segundo punto, los partidos de ámbito estatal compiten principalmente entre ellos y en menor medida contra los partidos regionalistas o nacionalistas – me refiero en las elecciones nacionales – . Por lo tanto, la estrategia de descentralización del partido en el gobierno no puede ser independiente de la que siga el (los)  partido(s) estatal(es) de la oposición.

¿A qué me refiero con esto? Pues simplemente al tradicional argumento del trade-off electoral entre ganar votos en uno u otro distrito y políticas de descentralización. Un partido puede o no tener apoyos más homogéneos en un país pero eso también puede tener un coste electoral. Comparar los resultados de partido en el gobierno vs partidos nacionalistas no captura esta dimensión de la competición, crucial para ganar elecciones.

En todo caso el argumento de la contemporización no contrasta directamente si se produce un cambio actitudinal o es un cambio electoral estratégico. Los resultados electorales  no se solapan necesariamente con – por ejemplo – la identificación nacional subjetiva, con lo que esta estrategia podría ser más un vencer que un convencer.

Sin embargo creo que estas pegas no invalidan la idea de que la descentralización puede ser un elemento que sirva a los gobiernos para contemporizar con aquellos votantes que buscan mayores cotas de auto-gobierno. Al margen de la efectividad que pueda tener dicha estrategia, no parece una política irracional desde una perspectiva estrictamente electoral.

Es posible que sí se pueda hacer accountability sobre la cuestión territorial cuando este es el tema que más interesa a determinado perfil de votante. Esta dimensión lo que introduciría es más complejidad, pero no necesariamente un patrón de anclaje. Como siempre, depende de qué temas interesa al votante  para considerarlo como tal o no.

Por lo tanto, la descentralización sería una cuestión de diseño institucional pero también una herramienta electoral en manos de los partidos en el gobierno. En España creo que lo hemos vivido y no es descartable que lo volvamos a ver a no mucho tardar.

Si los diseños institucionales son endógenos a las fortunas electorales de los partidos que las implementan, no podemos ignorar esto último si queremos entender por qué y hacia donde va lo primero.

Bajo el lema “Honradez, Tecnología y Trabajo” Cambio 90 entró con fuerza en la escena política peruana. Instituido apenas un año antes de las presidenciales de 1990, el Presidente Alberto Fujimori consiguió el 20% de los votos en primera vuelta y derrotó al candidato opositor (Vargas Llosa) en la segunda con el 60% de apoyos.

Muchísimos votantes cambiaron sus apoyos partidarios ¿La causa de este vuelco tan mayúsculo? Según el clima popular (…) fue el hartazgo de los peruanos con la ineficiencia y corrupción de su clase política.

El Comercio

<< Hoy Alberto Fujimori cumple una sentencia de 25 años de prisión en Perú por violaciones de los Derechos Humanos>>

Cuando el otro día discutíamos sobre la rendición de cuentas de los votantes nacionalistas – una entrada que matizaré algún día – mencioné que uno de los requisitos de la accountability es la elasticidad de los votantes. Es decir, que a éstos no les importe cambiar su voto entre partidos.

Sin embargo esta asunción puede tener implicaciones para el sistema de partidos que merece la pena subrayar. Imaginad que los votantes son muy inelásticos y que se resisten a cambiar el sentido de su voto entre elecciones. En esta situación los partidos obtienen siempre lo mismos apoyos, más o menos, y lo mismo da que lo haga bien o mal, que esté en el gobierno o en la oposición.

En esta situación la volatilidad electoral es cercana a cero y la rendición de cuentas es más bien escasa. El resultado que se deriva es un sistema de partidos con una estabilidad a prueba de bomba.

Imaginaos ahora un escenario de votantes totalmente elásticos. En cada elección los votantes – potencialmente – cambian de preferencias partidistas, con lo que hay tremendas variaciones en los resultados. Incluso aparecen y desaparecen partidos de la noche a la mañana. Sí, el voto se utiliza como arma de castigo electoral, pero el sistema de partidos es muchísimo más volátil.

Esta elasticidad total trae consigo un sistema de partidos muy inestable y puede implicar consecuencias muy negativas para el funcionamiento del sistema político.

De entrada sabemos que la heurística es importante a la hora de articular las preferencias políticas y que las etiquetas partidistas son un atajo informativo útil. En España, si soy de derechas sé que mi partido es el PP y si soy de izquierdas, IU o el PSOE. Las etiquetas me ayudan a orientarme en el escenario político y reducen los costes informativos.

Sin embargo en un escenario de gran volatilidad, donde continuamente emergen nuevos partidos, es más difícil orientarse. Mainwaring y Torcal han señalado que la representación programática es más complicada en estos entornos de gran volatilidad ya que los ciudadanos pierden un recurso político valioso para entender la política.

De aquí se deriva un segundo problema, y es que la debilidad del sistema de partidos abre la puerta a que outsiders políticos puedan llegar más fácilmente al poder. La figura del caudillo fuerte “salvador-de-la-patria” es bastante recurrente en países con sistemas de partidos poco institucionalizados.

Además, en un sistema completamente volátil es mucho más complicado – por definición – introducir previsibilidad en el sistema político. Imposible saber quien ganará y si no habrá nuevos partidos en el poder tras cada elección, con lo que los propios actores pueden tener menos certezas sobre los parámetros de juego democrático.

Por lo tanto, el resultado de un sistema de partidos poco institucionalizado es que los votantes tienen más complicado participar en política y conseguir elecciones representativas, se introduce incertidumbre sobre el proceso político y se abre la puerta a outsiders y partidos anti-sistema. Hablamos de entornos de poca estabilidad que pueden afectar incluso la continuidad del régimen democrático.

Con ánimo de no quedarnos sólo en la teoría, os invito a que echemos un vistazo comparado.

He calculado la volatilidad electoral media de las últimas tres elecciones de un puñado de países. La operación es relativamente sencilla: se suma el valor absoluto del cambio en el porcentaje de votos ganados o perdidos por cada partido entre elecciones y luego se divide entre dos.

Para hacerlo más visual, he situado en el eje de las abscisas el número de años que lleva el país con un régimen democrático. He marcado con colores los tres continentes de los que he tomado los países.

Nada excesivamente sorprende para lo que se podría esperar sin hacer los cálculos. Los países de Europa Occidental – con la excepción de Italia – tienen las tasas de volatilidad electoral más baja y relativamente concentrada. Por el contrario, la distancia es mucho mayor entre países de Europa Oriental y América Latina, oscilando entre extremos más de un 30%, siendo todas democracias jóvenes.

¿No es curioso que los países que presentan mayores tasas de volatilidad electoral sean los mismos con retrocesos más significativos en libertades civiles y políticas? Allí arriba hay algunos comensales con los que no me querría sentar en ninguna mesa y, si repasamos los datos del Polity IV o Tranparency Internacional, ni yo ni mucha gente.

Por lo tanto, endogeneidad al margen, yo no desdeñaría las ventajas de tener un sistema de partidos bien institucionalizado.

Ahora bien, desde mi punto de vista, lo óptimo es cierto equilibrio. Que haya volatilidad  significa que tenemos rendición de cuentas y eso es positivo. Pero cuidado porque si hay mucha a lo mejor se nos hunde el sistema de partidos y se introducen disfuncionalidades democráticas. Y en el otro extremo, si no hay ninguna, tampoco sé que tipo de democracia es esa. Bueno, a lo mejor sí.

Por lo tanto, está bien que tengamos volatilidad electoral, que los votos vayan y vengan entre partidos. De eso se trata. Ahora bien, yo veo algunas ventajas sistémicas en el votante “zombie”, aquel que vota al mismo partido incluso aunque presente de candidato a un palo de escoba o lo haga terriblemente mal en el gobierno. Ciertas dosis de estabilidad son convenientes en una democracia electoral si, en palabras de Przeworski, deben servirnos para institucionalizar la incertidumbre.

Para evitar debates terminológicos de inicio diré que por partido nacionalista – o nacionalista periférico, regionalista, sub-nacional o “partido de ámbito no estatal” – entiendo a aquellos que apelan a sus votantes por razones de representación comunitaria, que presentan candidatos en una o varias regiones de un estado y que defienden de manera más o menos explícita la autodeterminación de una minoría cultural, nacional, étnica o lingüística.

Uno de supuestos básicos de la rendición de cuentas es la elasticidad de los votantes, es decir, que éstos tienen una aproximación instrumental retrospectiva que les permite cambiar su voto cuando consideran que el gobernante no ha cumplido con su mandato de manera apropiada. Por ejemplo, si la economía va mal en mi comunidad autónoma voto a la oposición a ver si lo hace mejor. Y entonces veo que lo hace igual de mal, y voto a otro, y así.

La idea es que esto no funcionaría para los votantes nacionalistas porque serían más rígidos en sus lealtades partidistas que otros votantes. El argumento es que para este tipo de votante la dimensión política importante es la de representación identitaria por encima de cualquier otra. Lo que les interesa es tener un partido en el gobierno que sea “de los suyos”, no su desempeño en el ejercicio del poder.

Las implicaciones políticas de esta idea es que cuando un partido nacionalista gobierna en Cataluña o País Vasco, en Escocia o Quebec habría una menor rendición de cuentas.  El gobierno dispone de más margen para hacerlo mal porque, en último término, pueden envolverse en una bandera para salir mejor parados electoralmente que sus rivales.

Ahora, esta idea no puede desconectarse de la oferta partidista. Por ejemplo, si existen varios partidos nacionalistas podría ejercerse rendición de cuentas para desalojar al partido del gobierno votando por otro partido nacionalista. No sería lo mismo Cataluña, donde votantes de ERC podrían optar por CiU o Solidaritat que en Escocia, donde no hay alternativa nacionalista al SNP.

Del mismo modo, la inelasticidad no atañe de manera exclusiva a los partidos nacionalistas. Sin ir más lejos, todos aquellos millones de españoles que han votado al PSOE en las pasadas elecciones, por ejemplo, han demostrado ser votantes mayúsculamente inelásticos. Ahora bien, la idea es que el nacionalismo sería una dimensión más de anclaje.

Me he dedicado a indagar sobre la cuestión y de momento la evidencia apunta a que el nacionalismo exonera de responsabilidades políticas. En este artículo de aquí y en este otro de acá se señala que los votantes nacionalistas tienden a juzgar a sus gobiernos mucho menos en términos retrospectivos, condición sine qua non para la accountability. Según muestran, los partidos políticos no nacionalistas tienden a ser castigados electoralmente mucho más de media que los que no lo son.

Y es que parece que es más fácil  evaluar una política económica que un proyecto de independencia. No digo que este último no sea posible – sinceramente, creo que ERC lo fue por ello – pero parece menos tangible en el corto plazo. Y dado que los partidos que no apelan a componentes comunitarios se sitúan en la dimensión izquierda-derecha, serían mucho más susceptibles de una evaluación crítica por su rendimiento.

¿Pero esto no podría depender también de lo crucial que sea la dimensión económica/identitaria en una determinada elección? ¿Y no depende también de lo delimitadas que estén las competencias entre niveles? Lo primero es plausible pero no hay evidencia y lo segundo ya se está demostrando como importante. En todo caso, cuando se afronta directamente el voto económico en contextos multinivel – y por poner el contrapunto – no hay demasiada evidencia a favor del  “blinding-nationalism”

Otro hallazgo muy interesante es el efecto de los gobiernos de coalición. Ya se sabe que cuando hay varios partidos en el gobierno es más complicado saber a quien hay que castigar en las urnas. Pues bien, según este artículo cuando los  nacionalistas comparten el gobierno de coalición con otros que no lo son, los no nacionalistas son los más castigados por una mala gestión.

Si se compara gobiernos monocolor versus coaliciones los votantes juzgan similar a los gobiernos nacionalistas y a los no nacionalistas cuando  el gobierno es de un solo partido. Eso apuntaría que en estas circunstancias escurrir el bulto sería mucho más complicado.

Por lo tanto, algunas ideas a destacar. La primera es que parece que el nacionalismo es un mecanismo que sirve para puentear el accountability en las elecciones autonómicas. Hay menos voto retrospectivo y más representativo. La deseabilidad o no de ese tipo de comportamiento pone sobre la mesa un interesante debate que dejo a los lectores.

La segunda idea es que este efecto el nacionalismo viene mediado por cosas elementales como la oferta partidista – uno o más partidos nacionalistas –, de tipo de gobierno – coalición o no – y contextuales – lo importante que sea cada tema en la elección -.

Y una reflexión final. Si como se ha visto apelar a la representación identitaria de la comunidad sirve para evitar la sanción electoral, el Estado Autonómico genera una gran cantidad de incentivos para que los partidos sigan esta táctica.

Todos ellos – nacionalistas o no – tienen incentivos para enfundarse una gran bandera autonómica y mostrarse como el que mejor representa sus  esencias. Y así se entiende el anti-catalanismo del PP de Valencia o anti-vasquismo de UPN en Navarra, el que el PSOE andaluz haga siempre énfasis en el desprecio del PP por su comunidad… La amenaza exterior apiña al electorado. Y es que apelar a las esencias parece la estrategia ganadora para evitar que nos evalúen por lo que hacemos.

La primera pregunta que surge es cómo medir la competitividad. Si nos vamos a sistemas electorales mayoritarios con distritos uninominales es relativamente fácil. Cuanto menor sea la diferencia electoral estimada entre los dos primeros ganadores, más reñida está la carrera, y por lo tanto más decisivo es el voto para inclinar la balanza. En el extremo contrario, cuando a un partido se le prevé una amplia mayoría y se sabe que gana allí desde el principio de los tiempos, la competición será menos ajustada. El voto es menos decisivo a la hora de cambiar el resultado. Sin ir más lejos, en estos distritos era bastante común que no hubiera competencia; la oposición renunciaba a presentar candidato ante la certidumbre del resultado.

En el caso de los sistemas proporcionales es bastante más complicado saber si la competición en un distrito está reñida. Y no solo porque el método de asignación de escaños esté basado en cocientes o restos y el cálculo sea más farragoso. Es que la competición se da entre múltiples partidos al mismo tiempo, los cuales pueden obtener alguna representación al margen de que no sean el partido más votado. Esto ha hecho que algunos autores hayan optado por decir directamente que en los sistemas proporcionales las elecciones a nivel del distrito siempre están competidas.

Vamos al caso de las pasadas elecciones para ilustrar esta cuestión. Ceuta y Melilla son distritos uninominales de modo que para que PP o PSOE se hagan con el escaño deben superarse en votos por mayoría simple. El Partido Popular obtuvo en Ceuta 14.566 votos de diferencia con el PSOE mientras que en Melilla les sacaron 11.046 por lo que los dos escaños fueran para los conservadores. No parecen muchos votos… ¿Estuvieron reñidas las elecciones allí? Más bien no. Sobre el censo, un 24 y 21% de votantes extra deberían haber votado al PSOE para que el resultado se modificase, lo que vienen a ser muchos votos. En este entorno está claro el cálculo.

Pero atención, porque no estamos siempre en un entorno de competición bipartidista. Es posible que el último resto, el escaño marginal que baila, no vaya a ni a PP ni a PSOE si se modifica el sentido del voto. Supongamos que hacemos la alteración de sufragios mínima para que el escaño cambie de manos en Salamanca. En esta provincia se escogen 4 escaños y el resultado fue de tres  diputados para los populares y una para los socialistas. Pues bien, si UPyD hubiera obtenido un 10,2% más de votantes hubiera arrebatado el tercer escaño a los conservadores, obteniendo representación. Siguen siendo muchos votos y este un escenario poco competido, pero apunta a que los restos son traidores y que el trasvase dista de ser meramente PP-PSOE.

En la siguiente tabla presento el ranking con los quince distritos de las elecciones generales menos competidos tomando la menor alteración de votos entre partidos necesaria para cambiar el resultado. Las barras representan el porcentaje de sufragios sobre el censo del distrito que debería aumentar un partido para ganar el escaño marginal. En la primera fila está el nombre del partido que debería aumentar esos votos y que ganaría el escaño. Debajo está el partido que perdería el diputado al ser el que consiguió el resto menor.

Como se ve, se trata de un crecimiento importante en votos y, en un principio, parece que los resultados de estas provincias no han arrojado sorpresas. En casi todos los casos el escaño marginal fue para el Partido Popular, que sería el más perjudicado si se produjeran estas alteraciones de voto. El único caso que hay que considerar aparte es el de Álava, donde la incertidumbre pudo elevar el nivel de competición por la entrada de AMAIUR en el escenario político. Como se ve la competición tiende a ser menor, luego los votos a cambiar mayores, allí donde la magnitud del distrito es más reducida. De todas formas, no olvidemos que para explicar el grado de competición lo que tiene importancia es la fuerza relativa de los diferentes partidos. Lo que ocurre es que suele darse que los terceros y cuartos partidos tienen más fuerza en los distritos con magnitudes más generosas o bien con un sistema regional de partidos.

En la siguiente tabla  sigo la misma lógica pero presentando los distritos en los que el resultado fue más ajustado para determinar el escaño marginal.

Frente a la tabla anterior, en este caso una pequeñísima variación de votos respecto al censo podría haber cambiado la atribución de escaños. Al PSC le faltaron 703 votos en Girona para arrebatarle el escaño a ERC mientras que Izquierda Unida de Alicante apenas se quedó a 2.200 de conseguir otro diputado a costa del PSOE. En Navarra, si el PP hubiera conseguido 1.132 votos más, un 0,25% más sobre el censo, hubiera ganado un tercer escaño frente a Geroa Bai. Y mala suerte para los Regionalistas Cántabros, que no entraron por 1.760 votos, un 0,37% del censo, a costa de un escaño del PP.  Como se ve, unas variaciones muy pequeñas de votos entre determinados partidos podía haber alterado el resultado. No hubieran cambiado dramáticamente el resultado global pero sí han afectado a la utilidad marginal del voto según el territorio.

El problema sobre el grado de competitividad es que en nuestro sistema no siempre es fácil saber si un distrito estará competido. Generalmente los votantes utilizan “atajos informativos”, como los resultados en el distrito de las pasadas elecciones, para intentar intuir lo decisivo de su voto. Es relativamente fácil  saber que Ceuta o Soria estarán probablemente poco competidos; es un escenario casi bipartidista donde uno se impone sobre otro claramente. Sin embargo, la cosa cambia cuando hay varios competidores en juego con fuerzas parejas. En distritos como Guipúzcua, Barcelona, Madrid o Sevilla ¿Cómo saber qué partido se quedará con el menor resto sin representación y, por lo tanto, con unos pocos votos más podría ganar el escaño?

El dilema se ilustra fácil en Girona. Los resultados de 2011 fueron 3 escaños para CiU, uno para el PSC, uno para el PP y otro para Esquerra. Si el PSC hubiera sacado 703 votos más, le hubiera arrebatado su escaño a ERC. Por lo tanto, los votos al PSC en Girona tuvieron gran importancia en términos de resultado. Sin embargo, votar a los otros partidos importó bastante menos. Para que CiU obtuviera ese escaño a costa de ERC hubiera necesitado 9.563 votos más y PP e ICV unos 15.000. Incluso si ERC quería obtener el segundo debería haber sacado 47.600 votos extra. Por lo tanto la competitividad cambia según el partido en que nos centremos y los votantes lo tienen aquí más difícil saber qué opción es decisiva.

Aunque es posible que para los votantes el escenario más barato sea mirar el nivel nacional y ver como de ajustada está la carrera, dudo mucho que los partidos políticos se limiten a hacer este tipo de aproximaciones de brocha gorda. Lo más seguro es que ya haya un montón de chinchetas clavadas en los mapas de los secretarios de organización. Si los partidos tienen un número de recursos finitos, la competitividad a nivel del distrito nos da pistas de cómo articularán su estrategia. Así que no os extrañe que en las próximas elecciones veis una saturación de carteles de UPyD en Murcia y Sevilla, de IU en Cádiz o del PSC en Girona. Es que, sea lo que sea a nivel nacional, aquí la batalla sí que está on fire.