Democracia

El difícil equilibrio entre mandato popular y garantía legal, ¿un debate que viene?

22 Feb, 2017 - - @bpberta

Se ha hablado mucho de populismos en el último año, desde muchos ángulos y con más o menos voluntad de análisis. Sin embargo, a pesar de que parece evidente que la insatisfacción con el funcionamiento la democracia es un elemento que explica gran parte del apoyo y auge de estos movimientos, el debate sobre las posibles razones de esta insatisfacción ha pasado bastante desapercibido. Y cuando no lo ha hecho ha sido básicamente para hablar de crisis económica o de los fallos de los partidos políticos a la hora de hacer su trabajo. El auge del populismo casi nunca se ha ligado al modelo de funcionamiento de la democracia moderna. Esta falta de debate resulta algo sorprendente si tenemos en cuenta la crítica que muchos de sus líderes, desde Trump , a los partidarios del Brexit , pasando por algunos independentistas catalanes, han hecho a las instituciones contra-mayoritarias de sus respectivos países, como instituciones que limitan el funcionamiento de la democracia. La crítica parece ser mucho más profunda que una crítica al trabajo de los partidos o a su gestión de la crisis económica.

A pesar del reto que suponen los movimientos populistas a los equilibrios alcanzados en lo que se refiere al tipo de control y límites que deben tener los gobernantes a la hora de aplicar su programa electoral, pocos han querido abrir el debate sobre la necesidad de repensar, replantear o al menos debatir algunos de estos equilibrios. ¿Cómo de legitimador es el mandato popular salido de las urnas? ¿Cómo de necesario es que sigan existiendo tales límites? ¿Cómo de democrático es que los gobernantes puedas aplicar su programa sin pensar en las mayorías?

El debate no es nuevo. Existe desde las primeras teorizaciones de la democracia y básicamente consiste en encontrar el equilibrio entre dos elementos. Por un lado, la idea de que en el sistema democrático la opinión de los ciudadanos debe guiar a los representantes a la hora de definir las políticas del gobierno (representatividad). Algo que debería dar al gobierno poder para poder llevar a cabo las políticas que ha prometido los ciudadanos y por las que éstos han votado. Por otro lado, la idea, presente también desde las primeras teorizaciones de la democracia moderna, de que para que el pueblo pueda dictaminar lo que hace el gobierno, es importante que éste no abuse de su poder y por lo tanto el poder del gobierno debe estar controlado y limitado por otras instituciones. Para asegurar este segundo principio, el gobierno ha compartido tradicionalmente el ejercicio del poder con el legislativo y el judicial. Esta necesidad de controlar el poder también se encuentra detrás de la introducción de cláusulas de derechos y garantías para los ciudadanos que los gobiernos no deberían poder alterar por más elegidos democráticamente que sean. Al fin y al cabo es también un principio básico de la democracia el hecho de que las minorías también deben ser respetadas  y tenidas en consideración.

En resumen, a pesar de que la democracia se concibe como un sistema en el que el pueblo guía la acción del gobierno, desde sus inicios se ha aceptado que deben existir ciertos límites, aunque sean procedimentales, a la acción de éste. Sin embargo, no es evidente dónde deben estar estos límites. Como explica Chantale Mouffle, el margen de maniobra del gobierno a la hora de aplicar su programa seguramente sea un tema abierto al debate y a la competición política, un elemento de tensión que no se puede resolver del todo. Y aquí es dónde la emergencia de los nuevos populismos abre (más bien re-abre) un debate que pensábamos cerrado: ¿dónde deben estar los límites a la actuación del gobierno? ¿Cuál es el poder de las mayorías y cuál el de las minorías en una votación? ¿Qué mayorías o mecanismos son necesarios para cambiar las normas procedimentales de una democracia?

La falta de debate seguramente se deba a la negación casi total de los postulados de los populistas por parte de sus contrarios. Se ha reaccionado como si aceptar que la emergencia de los populismos tiene causas claras, supusiera negar la necesidad de tener un poder controlado y que garantiza los derechos de las minorías. Pero el debate permite moverse en zonas más grises. Es probable que durante mucho tiempo hayamos optado por respuestas muy restrictivas al poder del gobierno, que hayamos limitado mucho las alternativas entre las que los ciudadanos podían escoger, y que hayamos olvidado un poco que los ciudadanos deben ser capaces de expresar voluntad de cambio a sus representantes para que el sistema permita el cambio y la rendición de cuentas. En los últimos años han habido muchos casos de cambios de gobierno o de votaciones populares que no han tenido implicaciones bajo el argumento: no hay alternativa, esto no se puede llevar a cabo. Es probable que haya un motivo por el que la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia ha aumentado especialmente en algunos contextos y que ignorar el debate no sea buena idea.

Ahora bien, es importante recordar que estas posibilidades jamás deberían ir en detrimento del estado de derecho y del respeto a las minorías como algunos líderes y movimientos pretenden hacer creer. El funcionamiento de la democracia es más complejo que la celebración de elecciones. Y ganar unas elecciones da legitimidad para implementar un programa de gobierno, pero no debería darla para romper las garantías que permiten que los perdedores también se puedan ver representados en el sistema. Más cuando tenemos numeroso estudios que demuestran que las elecciones producen mandatos débiles, circunstanciales a un contexto e instituciones determinados y muchas veces poco claros (tanto porque la mayoría de votantes no tienen los conocimientos, tiempo ni habilidades para poder formarse una idea de cuáles son sus preferencias y votar acorde a ellas, como porqué la lógica de la agregación de preferencias hace que sea imposible alcanzar un equilibrio claro que permita conocer la voluntad del pueblo).

Si de verdad queremos afrontar el debate no podemos simplificarlo a grandes proclamas sin demasiado contenido detrás. No se trata de ser más o menos democrático que el otro, se trata de qué modelo de democracia queremos implementar. Y de asumir que este mismo modelo debería valer tanto cuando ganamos elecciones, como cuando las perdemos. Esto pasa necesariamente para aceptar que el debate es difícil y que, ni la voluntad popular es siempre la mejor respuesta a todas las preguntas, ni los sistemas democráticos pueden vivir de espaldas a la voluntad popular y negar cualquier opción de cambio en el ordenamiento jurídico o legal. Nos vamos a tener que mover en una zona de grises, y cuándo antes mejor o el debate se va a enquistar mucho.