Educación

Educación Infantil: Acceso, Prioridades y Baremos

11 Oct, 2016 - - @lucas_gortazar

“Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”, Romanones

La educación infantil está en boca de todos. Es la intervención más demandada a nivel educativo en los países desarrollados. La evidencia sobre su efectividad no ha parado de crecer y los beneficios parecen ser claros. No es una medida que favorece a todos por igual, ni que debe ser aplicada en todos los casos desde los primeros meses de vida, pero sin duda tiene un potencial enorme para promover el desarrollo infantil a todos los niveles y reducir la brecha entre niños de distintos entornos socioeconómicos. El hecho de que sean los niños que provienen de entornos más desfavorecidos los que más se benefician es algo que desde un planteamiento de bienestar social no debemos ignorar. Esto es algo a lo que volveré más adelante. Mientras tanto, convendré que en efecto, la educación infantil de  0 a 3 años es una política que debe seguir siendo apoyada a todos los niveles.

 Sin embargo, a pesar del creciente apoyo que suscita esta política, la financiación de la oferta de educación de 0 a 3 aumenta lentamente en todos los países. En ese contexto, no queda otra que establecer normas y baremos para ver quién tiene prioridad en el acceso. En nuestro sistema educativo, por ejemplo, el legislador trató de articular un marco de decisión en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Fue un planteamiento muy poco intrusivo para con las comunidades autónomas, ya que a diferencias del resto de etapas educativas, no establecía criterios específicos y les permitía a estas regular la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que se “garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad  de oportunidades y la libertad de elección de centro”.

Esto significa que las comunidades autónomas tienen un amplio margen para decidir los principios que regulan las prioridades de acceso y los baremos de puntuación que emanan de dichos principios. Podría parecer un tema trivial, pero como nos ha recordado Floren Felgueroso en varias ocasiones esto ha originando una variedad de resultados. Como se ha repetido hasta la saciedad, la particular estructura de nuestro mercado laboral segmenta los trabajadores en dos grupos muy desiguales en cuanto a protección, fijos y temporales. Estas diferencias tienen consecuencias muy importantes cuando los trabajadores se convierten en padres y madres. En términos de las políticas de acceso a guarderías, las CCAA se encuentran con una tensión entre facilitar la conciliación de los padres que trabajan (trabajadores fijos) o proteger a los niños que provienen de familias con ingresos más bajos (trabajadores temporales). Como dichos grupos se solapan relativamente poco en nuestro mercado de trabajo, tenemos que la forma de establecer las puntuaciones entre estos dos ejes resulta determinante en el acceso efectivo a las guarderías.

 A juzgar por el resultado de la puntuación de los baremos, parece que las comunidades autónomas aprovechan la discrecionalidad de muy distinta manera. Aunque muchas de ellas reconocen esa tensión en los preámbulos de los Decretos autonómicos, o bien son incapaces de encontrar un equilibrio razonable o simplemente deciden posicionarse claramente a favor de uno de estos principios.

Favoreciendo la equidad en el acceso

 Algunas comunidades autónomas, como Euskadi, Cataluña o más recientemente la Comunidad Valenciana no tienen en cuenta el estatus laboral de los padres y más allá de los criterios habituales de hermanos matriculados, proximidad al centro, discapacidad del niño y otros, solo tiene en cuenta criterios de renta del hogar para otorgar la plaza en caso de que la demanda supere la oferta. Por ejemplo, Cataluña otorga 10 puntos a aquellos niños cuyas familias reciben la Renta Mínima de Inserción, pero no tiene en cuenta el estatus laboral de la familia. En la Comunidad Valenciana, se les otorga 2 puntos de forma automática a aquellos hogares cuyas rentas familiares sean iguales o inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM). En definitiva, estos son modelos cuyo carácter fundamental no es asistencial para aquellos padres que trabajan, sino que tiene una clara intencionalidad de apoyo a familias de entornos socioeconómicos desfavorecidos. Y aun así, como hemos visto recientemente (1 y 2), esto no es suficiente para que el acceso sea en igualdad de oportunidades.

Favoreciendo la conciliación con algo de progresividad en el acceso

 Un modelo de baremos que prioriza de alguna forma la conciliación laboral otorga puntos a aquellas familias tienen un estatus laboral activo. Esto tiene sus ventajas, ya que favorece la participación laboral de ambos padres (o un padre o madre en las familias monoparentales) y dota a esa participación de una cierta estabilidad a partir del sexto mes después del parto, lo cual puede tener efectos positivos sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres y favorecer un sistema de cuidados compartido. A la vez, mantiene un criterio que otorga cierta prioridad a los niños de rentas más bajas, que suele a través de una escala de puntos que va creciendo cuanto más decrece la renta.

Este es el caso, por ejemplo, de Asturias y la Comunidad de Madrid. El problema en la práctica es que estas comunidades autónomas plantean un sistema que se decanta más por la conciliación que por la protección por la forma en que están establecidos los puntos en ambos baremos. Por ejemplo, Madrid (el caso de Asturias es muy semejante)  otorga la misma puntuación (5 puntos) a una niña cuyos padres trabajan (ambos) a tiempo completo que a otra niña cuyos padres no trabajan y se encuentran en el grupo de renta más bajo (con una renta per cápita de 1811 euros al año) y sólo en este caso (de empate) se da prioridad a aquellos niños que tienen puntuación máxima en el criterio de ingresos (algo que no ocurre en Asturias). Pero una vez sube la renta del hogar, disminuye la puntuación, y por tanto todos aquellos niños con al menos un padre que no trabaja a tiempo completo y con ingresos bajos (pero no por debajo de 1811 euros al año per cápita) están a la cola en prioridad en comparación con aquellos cuyos padres trabajen a tiempo completo, independientemente de los ingresos de estos últimos. En la práctica, esto implica que en ocasiones se puede producir un cierto vacío de equidad en el acceso para niños cuyos padres no tienen una situación laboral estable (que son muchos).

Favoreciendo la conciliación sin apenas progresividad en el acceso

Los casos que se encuentran al otro extremo son los de Andalucía y Extremadura, que directamente otorgan más puntuación (4 puntos) por el estatus laboral (dos padres trabajando a tiempo completo) que por rentas bajas (2 puntos), lo cuál implica una fuente de desigualdad de oportunidades en el acceso que puede ser enorme. De todas las comunidades autónomas que he tenido tiempo a revisar, hay una que se encuentra en el extremo favoreciendo la conciliación y limitando las oportunidades de rentas bajas: Castilla y León. Aunque para esta comunidad autónoma el sistema es semejante al de Madrid y Asturias, el artículo 10 de la orden autonómica establece el siguiente criterio de desempate en puntos:

 “En caso de empate al aplicar el baremo establecido, tendrán preferencia sobre el resto los niños cuyos padres están vinculados laboral, estatutaria o funcionarialmente con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el personal laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos, según artículo 102.4 del Convenio Colectivo para el personal de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta.”

 Así pues, en caso de empate, prevalece ser hijo de funcionario. A pesar de que pueda sorprender, esto no es más que un criterio que refuerza la conciliación de los funcionarios de la Comunidad Autónoma (entre ellos, por cierto, los docentes). Ya hemos hablado de la importancia de las jornadas partidas en educación: este no es más que un mecanismo que permite a la comunidad educativa apostar por jornadas partidas para que los docentes que tienen hijos pequeños tengan la posibilidad de conciliar la vida laboral y personal.

El difícil equilibrio

En definitiva, cabe preguntarse si no es necesario plantear un debate público que discuta las consecuencias de optar por la conciliación de la participación en el mercado laboral de ambos padres o por la promoción de la igualdad de oportunidades para niños de rentas bajas. Por nuestro mercado laboral, ambas son prioridades de primer orden. Pero si después de un debate abierto sobre la cuestión permitimos a cada comunidad decidir, entonces el legislador deberá renunciar a la frase de nuestra ley tantas veces citada y tan pocas veces cumplida de “garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad  de oportunidades y la libertad de elección de centro”. Si en caso contrario el MECD asume los criterios (como ya hace en la educación de 3 a 16) para evitar que las comunidades autónomas apliquen su propio reglamento, entonces tendremos que sortear la máxima de Romanones para no convertir la ley en trampa.