El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la forma temporal de contratación no es causa justificable para establecer una menor indemnización por despido. Lo ha hecho a seguidas de una denuncia de una antigua trabajadora interina del Ministerio de Defensa. Aquí lo explica bien Manuel V. Gómez. El periodista cita la parte clave de la sentencia:

(…) la lectura completa de la respuesta prejudicial va más allá. En la argumentación se afirma con nitidez que para hacer distinciones en las condiciones laborales —entre las que incluye de forma expresa la indemnización por despido—, deben existir “razones objetivas” que lo justifiquen. Y aclara: “El concepto de ‘razones objetivas’, en el sentido de la cláusula 4, apartados 1 o 4, del Acuerdo marco [en referencia a la directiva europea en la que asienta su fallo], no permite justificar una diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos por el hecho de que aquella esté prevista por una norma nacional general y abstracta, como una ley o un convenio colectivo”.

La reacción sindical, recogida en la misma pieza, no se ha hecho esperar.

(…) el sindicato Comisiones Obreras ha emitido este lunes un comunicado con un encabezado elocuente: “Los trabajadores temporales tienen derecho a percibir una indemnización de 20 días por año, sin necesidad de que su contrato sea fraudulento”. Y advirtió que la organización “promoverá las acciones judiciales necesarias para asegurar el pago de la indemnización a la totalidad de trabajadores y trabajadoras temporales que han visto extinguido su contrato en el último año” (…) La organización que dirige Ignacio Fernández Toxo reclamó «una reforma legal urgente para adaptar la norma al marco europeo».

No soy experto en Derecho Comunitario, así que se me escapa hasta qué punto la amenaza puede transformarse en realidad, y cuántas argucias legales pueden desplegarse desde el Ejecutivo para evitar una ofensiva judicial de rango estatal contra la segmentación de indemnizaciones que aqueja a nuestro mercado laboral. Y que sufren los trabajadores precarios, claro.

Pero el movimiento del TJUE es, sin duda, políticamente significativo*. La discusión sobre regulación laboral en España es una con posiciones más o menos consolidadas. Cuenta con, al menos, tres frentes que se oponen al statu quo. De un lado, aquellos que desearían un refortalecimiento de la normativa, «igualando por arriba». De otro, quienes pretenden igualar por abajo, o liberalizar al máximo las relaciones laborales. En tercer lugar están quienes favorecen un compromiso intermedio, en el que unos ceden protección y otros la ganan. Normalmente, los primeros y los terceros abogan también por una mayor y mejor inversión en capital humano y en red de seguridad para los desempleados, mientras que los segundos suelen mantener una posición más netamente liberal también en el sentido fiscal. Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas ha sido tal que el statu quo ha prevalecido, muchas veces como segunda mejor opción para aquellos que desean una regulación fuerte para los contratos indefinidos cuanto menos, y también para los que buscan tener acceso fácil a trabajo barato. Pero la decisión del Tribunal arma de argumentos a quienes, dentro de los tres frentes, tienen un interés mayor por converger hacia un equilibrio no dual. Esto se produce, además, en un momento en el que España no tiene sino un gobierno en funciones, y en el cual la regulación laboral ha sido materia de agitada discusión entre al menos tres de los cuatro principales partidos. Al mismo tiempo, está por ver si esos sub-grupos que constituyen la punta de lanza re-reguladora, liberal y de compromiso son capaces de imponerse a sus compañeros, quizás más acomodaticios y poco deseosos de remover aguas en las que nadie ha salido ganando hasta ahora. Siempre pendientes del empeño existente desde el lado judicial, por supuesto.

Aún más interesante y significativo es observar la decisión del TJUE en el largo plazo. Al fin y al cabo, lo que la justicia europea ha dictaminado es que la ley española entra en contradicción con la normativa europea, que la precede. La UE es un proyecto político a medio hacer, en el cual tenemos algunas competencias dejadas en manos de Bruselas (supranacionales) y otras (la mayoría) en manos de la batalla diaria entre los Estados miembros. Ahora resulta que la porción de la regulación laboral que se refiere a la indemnización por despido podría pertenecer al primer grupo, y no al segundo. En España, esa pieza es bastante importante para entender el funcionamiento de nuestro mercado laboral, que divide a trabajadores entre estables y precarios (no es la única: el desempleo estructural parece jugar un papel igual de importante**). Pero un mercado único de productos y servicios, en parte también con divisa única, y con aspiraciones de unificación fiscal, no puede tener 27 regulaciones laborales distintas. Por razones de eficiencia económica, pues dificultaría la libre reasignación del factor trabajo. Pero también por motivos de igualdad, pues resultaría difícilmente defendible que ciudadanos de una misma entidad fuesen tratados de manera distinta en algo tan fundamental como es la manera de ganarse el pan. El federalismo llega lejos, pero, por el momento, no tanto.

Así pues, la sentencia viene a anticipar algo que iba a llegar tarde o temprano, si el proyecto europeo no se hundía antes. Los actores estatales se apropiarán ahora de la decisión del TJUE para avanzar sus propias agendas, como apuntaba más arriba y como ya lo hacen los sindicatos. Y eso estará bien, pues implica acatar sin mencionarla el lento achicamiento de la soberanía. Que por el momento (y por mucho tiempo mientras la unión esté en jaque) no es, ni mucho menos, completo. Así pues, nos toca mover ficha. Donde, y mientras, tengamos espacio para hacerlo.

*Como nota al margen, estaría bien que acabásemos con esta idea un tanto peregrina de que la esfera jurídica está completamente separada de la política, como si una vez estuviesen redactadas las leyes por el Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo fuesen sacrosanta palabra no sujeta sino a la interpretación última del Judicial. La independencia y la separación de poderes no implica, para nada, que las normas por las que nos regimos estén tan sujetas a cumplimiento obligado como lo están a discusión dentro de los parámetros establecidos por las propias normas, y en la Constitución sobre todas ellas.

**Para comprender el fenómeno de la dualidad en toda su complejidad y el peso del desempleo en el caso español resulta muy recomendable leer este trabajo de Javier Polavieja: pdf.