El diputado popular por Castellón, Óscar Clavell, está siendo investigado – lo que tradicionalmente conocíamos como imputado – por malversación de fondos, prevaricación y fraude a causa de una adjudicación que otorgó cuando era concejal de urbanismo a una empresa de limpieza. La empresa no cumplió con parte del contrato o lo hizo de forma defectuosa, y como los informes técnicos avisaban de ello las facturas no fueron validadas. Sin embargo Clavell acabó aprobando y ordenando el pago en 2011 como alcalde en funciones, sin la aprobación final de la junta de gobierno local.
Los detalles del caso y las motivaciones detrás de su comportamiento quedan para el juicio si es que éste llega a producirse, en el Tribunal Supremo al tener Clavell condición de aforado. Sin embargo, se trata de un ejemplo paradigmático de cara a entender las limitaciones de un potencial pacto o acuerdo “anticorrupción”. Dejando de lado por un momento las implicaciones de la condición de aforado de Clavell – ¡desde diciembre de 2015! – este caso ha supuesto la primera prueba a las condiciones impuestas por C’s para negociar con el PP, firmando así lo que denominan “Pacto Anticorrupción”. “Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por corrupción hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, afirma el primer punto del pacto.
Imputado formalmente por corrupción. Teniendo en cuenta que el Código Penal no tiene tipificado el delito de corrupción la aplicación de esta condición se vuelve bastante compleja. El año pasado se modificó el Código Penal, en parte para combatir la corrupción, y se incluyeron nuevos delitos como por ejemplo la financiación ilegal de partidos políticos. Sin embargo la interpretación de qué delitos son o no corrupción queda al juicio de cada uno. En las Propuestas contra la corrupción y contra el capitalismo de amiguetes presentadas por C’s hace poco más de un año se hablaba de que “las personas que hayan sido imputadas judicialmente por delitos relacionados con la corrupción no podrán presentarse en listas electorales ni ocupar cargos públicos mientras dure esta situación”. El PP hablaba también en su programa electoral del 20D de que “la dimisión – y suspensión de la militancia- se fija en el momento en que se abra el juicio oral en un proceso judicial derivado de una causa de corrupción”. Podríamos discutir las diferencias entre “delitos relacionados con la corrupción”, “proceso judicial derivado de una causa de corrupción” e “imputado formalmente por corrupción”, pero nos seguiríamos encontrando en la misma situación que C’s está hoy. ¿Tiene o no tiene que exigir al PP el acta de Clavell?
«La mala praxis no es corrupción política. Una cosa es meter la mano en la caja y otra cosa es meter la pata», afirma José Manuel Villegas, vicesecretario general de C’s. Y ahí entramos en el segundo problema. Si por un lado no tenemos un delito concreto de corrupción política, tampoco existe una definición oficial de la misma. En general hacemos referencia a la usada por el Banco Mundial desde mediados de los 90’s, el como “abuso de poder público para el beneficio privado”. Beneficio que no implica, necesariamente, un ingreso económico. O, más popularmente dicho, “meter la mano en la caja”.
No existe una respuesta clara a si Óscar Clavell debe dimitir o no siguiendo el Pacto Anticorrupción firmado por PP y C’s, básicamente porque no se trata de una estrategia definida de lucha contra la corrupción. Las condiciones impuestas por C’s al PP son simplemente eso, un punto de partida para recobrar la confianza e iniciar un proceso de negociación. No se puede derivar de las mismas – como mínimo no de forma automática – un pacto real anticorrupción, que necesitará de la participación de más partidos, la implicación de cargos públicos a distintos niveles de gobierno y la concreción de cuando se aplica cada una de las medidas. Requerirá también de una reflexión sobre las causas de la corrupción, y no sólo de propuestas relacionadas con la transparencia, los aforamientos o cuándo es apartado un político de su cargo. La lucha contra la corrupción va de la mano de un replanteamiento de la gestión de la Administración, de los procesos de compras y adquisiciones y de la selección y promoción de los trabajadores públicos. En este sentido, las condiciones impuestas por C’s han conseguido poner sobre la mesa un tema de vital importancia, pero para encontrar soluciones a la corrupción queda gran parte del camino por recorrer.
Quizás la pregunta, aunque pertinente para poder generalizar y establecer criterios claros, no sea qué es y qué no es corrupción.
Si la cuestión es que el cargo político ordenó un pago a una empresa privada de unas tareas -no realizadas o defectuosas- en contra de los informes técnicos, la pregunta es ¿por qué lo ordenó?
Si no es corrupto pero es un perfecto inepto, que dimita también. No sé que hace el PP sosteniéndolo…
Y eso lleva a otra pregunta ¿por qué el PP lo afora y lo defiende?
Cada cuál que obtenga sus conclusiones…
Estilpon, añado unos datos aclaratorios.
Oscar Clavell era alcalde accidental en sustitución de Isabel Bonig, hablamos de 2010.
Isabel Bonig fue alcaldesa hasta la elecciones de 2011, donde una semana después de ser elegida renunció para pasar a ser consellera de Infraestructura y Medio Ambiente.
Esta mujer es de las pocas que se salva cuando Francisco Camps dimite y escala hasta la presidencia del PP valenciano despues de la últimas autonómicas.
Durante todo este tiempo Oscar le ha sustituido como alcalde, y cuando pierde la mayoria en el consistorio pasa a ser numero dos en las listas para el Congreso.
En conclusión, viendolo con perspectiva cualquiera diria que permitió el pago por algún interés del partido, manteniendo limpia la imagen de Isabel (la que corta el bacalao, para entendernos), y para compensarle le hicieron diputado.
Acabo de terminar de leer «El Caso Banesto» de Eugenio Martínez. Publicado en 2015.
Este señor estuvo imputado cuatro años y se le abrió juicio oral que duró dos años más por su supuesto papel esencial en una trama que incluía, además de los delitos citados en el artículo, algunos más todos ellos asociados al entorno del famoso caso.
Mucho de ello fue insinuado, recogido o revelado –saltando cualquier secreto sumarial– en un juicio paralelo a cargo de medios alineados con partidos y periodistas que aún hoy siguen prosperando en su profesión.
Eugenio Martínez estuvo seis años en dicha situación, su esposa murió durante el proceso y finalmente, en 2003, fue absuelto sin que la fiscalía lo recurriese al TS.
De su lectura, sin que nadie de los allí citados se haya atrevido a abrir la boca, causa espanto ver la falta de criterio de políticos que propugnan que una imputación debe ser base para cesar.
Es bochornoso y la destrucción del cualquier semblanza de Rule of Law o de Estado de Derecho.
Avanzamos hacia el Estado Orwelliano. Hay mucho imputados inocentes muertos civilmente y biológicamente por esta forma siniestra de proceder.
Vamos muy mal.
Saludos
Gracias Manu por el ejemplo que pone. Lamentablemente Elena en su post, como tantos otros políticos y académicos españoles, elude definir claramente
que es corrupción y por qué no está tipificado como delito (ya en otras ocasiones le recomendé la lectura del libro de Atienza y Ruiz Manero, «Ilícitos Atípicos»). El análisis de Elena está marcado por una intención política que se muestra porque sus ejemplos siempre se refieren a gente del PP e ignora la podredumbre del PSOE. Peor, Elena prefiere ignorar lo que usted menciona, esto es, el linchamiento de políticos por sus opositores (usted recordará la serie de posts en ¿Hay Derecho? que mostraron toda la podredumbre de sus editores que se dicen defensores del Estado de Derecho pero que en ese tiempo estaban indignados con el PP y se arropaban en su falsa indignación para atacar al PP). Como muchos otros académicos, Elena prefiere ignorar el servilismo de los medios masivos y más recientemente de los blogs en favor de partidos políticos. Sí, el poder judicial de España (y de muchos otros países con democracias constitucionales) causa risa por su politización, pero en lugar de luchar por reformar el poder judicial, se prefiere fingir indignación para sacar provecho político.
Recién leo este artículo
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-25/clinton-trump-elecciones-eeuu-2016-fundaciones-obama-escandalo_1250721/
que me causó risa porque refleja toda la podredumbre del periodismo español (ya hablé de la podredumbre del periodismo en EEUU en comentario a un post de Jorge Galindo). No espero que Roger ni Elena escriban sobre la corrupción de Hillary.
Y ahora leo esta declaración de Associated Press sobre su informe referido a Hillary
https://blog.ap.org/announcements/ap-statement-on-clinton-foundation-donors
En respuesta al informe de Associated Press, los siervos de Hillary ya empezaron su defensa. Por ejemplo
http://www.realclearpolitics.com/articles/2016/08/24/obliging_a_donor_is_not_necessarily_criminal_131604.html
Ahora hay que esperar el turno de Roger (lo más gracioso es que si lo hace se estará refiriendo a algo que El País ha ocultado).
Creo que el artículo no pone ejemplos en plural, sino uno solo, en singular. Del PP, porque saca el tema al hilo de las negociaciones de investidura, en las que el caso concreto ha sido relevante y donde el PSOE no pinta nada.
¿Le confiarías tu dinero a un administrador imputado por deslealtad en su tarea? ¿Tu salud a un médido sopechoso de envenenar a sus pacientes? ¿Tu libertad a un abogado investigado por traicionar a sus defendidos? Entonces ¿porqué quieres obligarnos a todos a cargar con políticos posiblemente corruptos?
En el oficio de político, la honestidad y la credibilidad no son virtudes privadas sinó un requisitos públicos aún mas imprescindibles que en la administración de bienes ajenos o en la medicina. Cuando un responsable de la cosa pública no puede disipar las dudas sobre su conducta a la satisfacción de un juez, es que dicho responsable ha hecho mal una parte esencial de su trabajo y debe ser apartado de él. Que finalmente haya condena es poco relevante porque el fallo inaceptable es no poder dar una explicación creible a los indicios de corrupción detectados por la institución responsable de perseguirla.
Ser alcalde o diputado no es un derecho humano fundamental que deba ser especialmente tutelado por los tribunales, sino un privilegio que debe ganarse cada día. Los colegios de administradores, médicos y abogados expulsan y suspenden sin necesidad de condenas judiciales. En el caso de los políticos, el totalitarismo está mas bien en pretender que sean los únicos profesionales por encima del bien y del mal.
Muy bien dice usted que los políticos son los únicos profesionales por encima del bien y del mal. Pero no hay un Colegio de Políticos Profesionales y no lo habrá por la misma razón por la que no hay ley alguna que regule la «profesión» de político y esta razón es que los políticos son los que dictan las leyes que regulan profesiones. Fíjese usted que ha pasado en todo el mundo con la «profesión» de banquero y verá que en respuesta a varias crisis los políticos han dictado leyes en que pone como requisito para ejercer como banquero que sean personas íntegras. Peor, verá que un coro de izquierdistas hipócritas han promovido todo tipo de leyes para regular la «profesión» de banquero y la industria bancaria y muchos economistas cómplices de esos políticos reclaman por una mayor educación de la población en cuestiones financieras para que prevenir engaños. Pero nada similar para la «profesión» de política y la industria de la política y tampoco ningún reclamo para educar al electorado y evitar que los políticos los engañen. Sí, la política es una «profesión» de privilegiados –el Rey de España es el ejemplo más claro de privilegio absurdo– y lamentablemente muchos que no tienen ventaja absoluta alguna para ser políticos optan por servir a los políticos (incluyendo académicos, periodistas y escritores de blogs).
Volviendo a lo concreto, yo diría que este es uno de varios aspectos (otros, por ejemplo, serían la supresión de los aforamientos, la abolición del Senado, la adopción de listas abiertas, y la de primarias en los partidos) en los que Ciudadanos cede a la tentación de proponer soluciones demasiado simples a problemas muy complejos. Lo hacen inspirados por las mejores intenciones, sin duda… pero solo hay que recordar qué inútiles son en la práctica las listas abiertas que ya empleamos para el Senado para ver que las balas de plata solo servirían de algo si existieran los hombres-lobo.
Tengo serias dudas de eso de «la mejor de las intenciones» y más cuando hablamos de la corrupción imperante.
Es notorio el silencio de Rivera durante los años de la rapiña convergente (miles de millones). En Andalucía van de la mano con quien fue nada menos que Secretaria de Organización del PSA durante los años del ERE y Cursos que con tanta sordina y parsimonia tratan los medios y los juzgados tras la promoción de la magistrada Alaya.
No nos olvidemos de que fue Rosa Díez quien tuvo que dejar de poner querellas en los juzgados por falta de los fondos que sobraban a C’s.
Rivera se indigna mucho con los casos de 4 perras del PP y está silencioso ante los miles de millones.
Las cosas nunca son lo que parecen y de momento nadie de los que hoy son promovidos por los medios se ha parado a analizar las actas del Congreso y los BOEs que, desde 1984, van demoliendo los controles Presupuestarios y de Ejecución e Intervención que tenía España y Felipe González se cargó metódicamente entre 1984 y 1995.
Está perfectamente documentado y aún tenemos que escucha a un «regeneracionista» proponer que se Restauren estos controles.
Saludos
«Volviendo a lo concreto». Se equivoca. Los políticos nunca han dejado de pensar en lo concreto, en particular en cómo obtenerlo y gozarlo, porque eso es la política. Los cuentos de los politólogos no importan y sus sesgos mucho menos. Cualquiera que parte su análisis de la política denunciando «a los otros» es hipócrita y mentiroso, es decir, falso. Cualquiera que pregona «mejoras» a la política sin centrarse en límites eficaces al poder coactivo del Estado es falso por la sencilla razón de que el incentivo principal para atraer a gente incompetente e indecente a la política es el poder ilimitado del Estado en las democracias constitucionales (sí, menos, mucho menos que en otros sistemas pero todavía lo suficientemente ilimitado porque en la práctica los límites son poco eficaces).
Aunque los políticos se rasguen las vestiduras diciendo que la mayoría de los políticos son honrados, mi opinión es que la corrupción destapada no son los casos aislados, sino la punta del iceberg. La corrupción está por todas partes, por acción o por omisión. «Yo me ocupo de gobernar honradamente. Tú consigue el dinero, no pregunto cómo, ni sé nada.»
Puestas así las cosas, resulta difícil que se haga una legislación adecuada para perseguir la corrupción. Nadie tira piedras contra su propio tejado. Todos tienen cosas que ocultar. Dale un par de legislaturas a C’s, que su propia casa se ensucie un poco, y verás como es menos combativo.
E incluso si dentro del partido se tiene intenciones de combatirla, es difícil hacerlo sin levantar polvareda. Puedes intentar quitar a las personas implicadas, pero seguramente se resistirán. Llega un momento es necesario elegir entre montar un escándalo que llegue a los medios y la oposición aproveche para atacar o intentar convivir con ella. Y, por supuesto, la sensación de impunidad de estas personas, protegidas por el partido (por voluntad propia y amiguismo o por el chantaje de no salir en los medios) las hace florecer.
La cosa mejoraría si la oposición, en lugar de hacer leña del árbol caído, alabara al gobierno qué el mismo destapa sus propios casos de corrupción…. y además, si las hadas existieran….
Lo que a mí me parece evidente es que en el tema de la corrupción las varas de medir son múltiples. Puigdemont directamente la niega en su partido y frente a esa negación muy pocos son los que se la recuerdan: PP y C’s. ERC ve, oye y calla.
Recientemente Arrimadas lo que le preguntaba en el Parlament era: «¿Cómo se puede luchar contra la corrupción en Cataluña o en su partido si se niega que existe la corrupción?» Parece claro que el estadio de esta cuestión en Cataluña está unos cuantos escalones por detrás de lo que ocurre por otros lares.
Por supuesto en el debate nacional la corrupción catalana está ausente y ni tan siquiera parece obstáculo para la firma de acuerdos, por quienes sin embargo muestran un gran escrupulo si de la que se habla es la del PP. Y otro tanto de lo mismo parece pretender Pedro Sánchez en relación con los Eres, los cursos de formación y las Cajas de Ahorro. Oyéndolo parecería que toda correspondería al PP.
CiU ya no existe. Los Pujol están fuera de la política. El PSC ha estallado y ha bajado a segunda. Artur Mas no tiene cargos públicos y la formación que lidera ha obtenido menos del 14% de los votos.
¿Es peor el problema de la corrupción en Cataluña que en el resto de España? Sí, porque las instituciones del estado que deberían perseguirla, están mas que interesadas en utilizarla para impulsar el proyecto político del nacionalismo españolista.
Sabemos que la justicia española no ha actuado hasta que ha convenido políticamente. Sabemos que el ministro Fernández-Díaz ha politizado a la policía y que los informes de la UDEF están manipulados. Sabemos que influye en la fiscalía por motivos de conveniencia política. Sabemos que ha puesto a la Oficina Antifrau a su servicio y que, en aras de la sagrada unidad de España, le parece igual de adecuado perseguir a un corrupto que hundir la sanidad pública catalana.
Respecto a Cataluña, nadie ha hecho su trabajo. Ni los partidos autonómicos ni los estatales. Ni la Generalitat, ni el gobierno central. Ni los jueces, ni los policías, ni los periodistas. Los catalanes lo saben, votan en consecuencia y se producen cataclismos políticos. ¿En España? Mas nacionalismo. Mas uso torticero de la justicia y la policía. Mas radicalismo centralista en los medios. Mas de los viejos partidos. Mas de lo mismo.
En las últimas elecciones catalanas mas del 48% de los votos fueron inequívocamente favorables a la independencia. Eso debería haber encendido todas las alarmas democráticas y desencadenado la búsqueda de alternativas. Sin embargo la prensa y las instituciones centrales no han visto otra cosa que la confirmación de la incapacidad los catalanes para elegir buenos gobiernos, por lo que deben ser tutelados por sus bondadosos convecinos.
¿Alguien cree de verdad que algo de todo esto hace menos atractiva la independencia para los catalanes?
¿Cambiando el nombre al partido la corrupción ha desaparecido? Eso es lo que parece sostener Puigdemont y los nacionalistas en general.
Lo demás ya lo sabiamos: la culpa es de «España» y los españoles. Es más, buscando, buscando, incluso en esto se puede encontrar un argumento para la independencia. ¡Realmente fantástico!
He visto varas de medir más aquilatadas. Con la que mides queda fuera toda (al menos la referida a Cataluña). Ya en el caso Banca Catalana acabaron pagando, por anticatalanes, quienes la denunciaron . No descarto que de esta vuelta se repita algo parecido.
¿De verdad eres incapaz de ver nada reprobable en el comportamiento de las instituciones españolas ante la corrupción en Cataluña? Bueno, hay quienes creemos que el «todo vale en nombre de la patria» es parte del problema. No, no importa cual sea la patria en cuestión.
Lo que sí importa: si te vieras acorralado entre la independencia o la perpetua minoría de edad política, sinceramente ¿tu que elegirías?
NN, no puedo estar de acuerdo contigo en que el caso Pujol, el Palau o el 3% sean inventos de la policía, sino manifestaciones de un estado de cosas en las que, mediante una lógica diabólico terminaba pagando quien denunciaba como le pasó a Pascual Maragall.
En esa patrimonialización de Cataluña que hizo Jordi Pujol la denuncia terminaba volviéndose contra el denunciante porque se la devolvía en forma de acusación de ataque a Cataluña. Y eso lamentablemente colaba. Y coló en el 82 y volvió a colar cuando la hizo Pascual Maragall. En ambos el inmediato perjudicado el PSOE. Aunque finalmente lo hayamos sido todos.
En cuanto al dilema que me planteas decirte que para mí el nacionalismo constituye una forma de minoría de edad y pensamiento antiilustrado que no me atrae lo más mínimo.
Ahorrémonos el bochorno de repasar los casos de corrupción por toda España, de instituciones desacreditadas y de excusas inaceptables de quienes han sido cazados por la justicia.
Los catalanes están reaccionando a la corrupción de una forma distinta del resto de los españoles. Estos últimos se han aferrado a la bandera hasta el extremo de que no les importa tener como ministro del interior a un ultra-nacionalista de nivel tutsi, para quien dejar a los «traidores» sin médicos y hospitales es un mérito. ¿Anti-ilustrado? Sí, claro, y cosas mucho peores.
Las instituciones españolas no funcionan y la mayoría relativa del electorado estatal está conforme con ello. Descartado Podemos, las débiles corrientes reformistas parten de un nacionalismo españolista sin fisuras, hasta el extremo de que dos partidos minoritarios en Cataluña, como PP y C’s, se permiten negociar por su cuenta una «solución» a la cuestión catalana.
«Tu eres nacionalista, yo soy patriota». La brecha no deja de crecer.
Los que dejan sin médicos y hospitales son los muy patriotas a JxS, que gobiernan cuando quiere CUP con mayoría absoluta y con pleno control de la sanidad catalana… siempre la culpa de vuestra ineptitud es de España. Total antiilustrado e irracional
Googlea «les hemos destrozado el sistema sanitario». Irás a parar a la conversición grabada entre el ministro Fernández Díaz y el jefe de la Oficina Antifrau, De Alfonso. También podrás ver que toda la prensa impresa española, con la excepción de La Vanguardia, ha elegido ignorar esta frase. Evidentemente, se trata de otra prueba de pervesión institucional y de sometimiento de las instituciones que habrían de ser de todos, al nacionalismo romántico españolista de algunos.
Los catalanes tenemos un problema con la corrupción. Con el
sabotaje institucional desde el estado central y el uso político nacionalista de las instituciones del estado, tenemos dos problemas. Con la ciego seguidismo de cualquiera que se envuelva en la bandera por parte de una minoría mayoritaria del electorado español, tenemos tres problemas.
¿Es la indepencia la solución a estos problema? Bien, de momento del «procès» ya ha salido algo bueno: un terremoto político que ha barrido a CiU y los Pujol, y formado nuevas mayorías. Si seguimos por este mismo camino, es posible que mas cosas mejoren.
Lo seguro es que el estado autonómico que conocíamos, ha muerto por disfuncional. En el nacimiento de lo nuevo, los votos y las reacciones en los medios demuestran que los ciudadanos españoles ven el nacionalista en la institución ajena pero no el ultra-nacionalista en el ministerio propio. La consecuencia inevitable es que la nueva relación entre las gentes ahora españolas, sea cual sea, nacerá traumáticamente.
«Tu eres nacionalista, yo soy patriota». Bonito epitafio para el Reino de España.
NN ves nacionalistas y patriotas por todas partes y puedo asegurarte que hay mucho más que eso. Encerrarse en la lógica de que los míos son patriotas y los otros ultranacionalistas es la vieja lógica de que los culpables de mi fracaso son los otros. Lo del enemigo exterior es un recurso muy viejo, pero por eso mismo superado.
El sistema de control del gasto público, tal y como se ha ido configurando a lo largo de los años, ha sido desarmado legislativamente de tal modo que uno de sus resultados habría de ser, necesariamente, un nivel de corrupción como el actual, desconocido en España desde, al menos, el siglo XIX.
Las barreras y los controles del gasto que existían en nuestra Administración Pública fueron rebajados y en algunos casos suprimidos con tan inusual y persistente diligencia que determinados tipos de corruptelas contractuales se encontraron sin obstáculos capaces de impedir o al menos reprimir la tentación.
El Diario de Sesiones del Congreso y el BOE registran fielmente que en su día se desactivaron controles y procesos legales para prevenir y detectar la corrupción administrativa y contractual.
En Septiembre de 1988, el Gobierno de España, por decreto y previa autorización del Congreso, se ocupa de preparar una nueva Ley General Presupuestaria que sustituyese a la ya promulgada en la Democracia en 1977.
La nueva ley presupuestaria se promulga y, vía Suspensiones temporales que no Derogaciones, se incumple ya desde los Presupuestos de 1989 al igual que sucedería en cada año desde entonces.
Mucho antes, en 1984, se había en muy buena medida suprimido la conocida como «Intervención previa de los actos administrativos productores de Gasto» un proceso por el cual se validaba la necesidad y procedencia del gasto antes de incurrir en el mismo. Parte de la clase política consideraba enojosa esta función de control administrativo.
También se suprime la Intervención de Hacienda como Cuerpo Autónomo, pasando a integrarse en un colectivo más amplio de Inspección Financiera lo cual devaluaba sustancialmente la imagen y el peso de su función específica.
Otra ley, esta de 1986, llevó más allá de los gastos, habitualmente pequeños y repetitivos, la exención de la Intervención Previa al Gasto y a su Autorización.
Se permitió al Gobierno ir declarando bloques de actividad exentos de esa fiscalización previa, sustituyendo este control exhaustivo por otro a posteriori……….. por muestreo de, a veces, solo el 1% del Gasto.
No es una anécdota que en el proceso parlamentario de las leyes de Presupuestos correspondientes a 1990 y 1991 se denunciasen 44 y 26 artículos respectivamente que aumentaban los poderes del ejecutivo reduciendo la objetividad en la acción de control administrativo.
En los turnos de contestación por parte del gobierno, reconociendo los hechos, se argumentó que el Gobierno necesitaba «más libertad de acción para ser más eficaces».
Este relato podría seguir durante decenas de páginas con numerosos detalles pasando por lo sucedido en contratos Patrimoniales, es decir, la adquisición y disposición pública de grandes activos y bienes inmobiliarios, o en la pertinaz desprofesionalización de la Función Pública, degradada a base de artificios para posibilitar nombramientos de “libre designación”, así como la fragmentación del Poder del Estado -también del Poder de Supervisar y de Controlar los propios actos– y los Procesos Administrativos propios de un Estado fragmentado que, como estamos viendo, tiene dificultades para exigir el cumplimiento de las leyes en todo su territorio.
De este modo, el Estado y los Ciudadanos vieron sustancialmente reducida la autonomía de la Administración Pública que, desde Max Weber, es reconocida como uno de los bastiones de un Estado basado en la primacía de las Leyes.
Cuando, a partir del año 1996, cambia el signo político del gobierno, nada de lo anterior se revierte a pesar de existir desde 1992 propuestas detalladas presentadas en el Congreso.
Por tanto, no nos engañemos, los ciudadanos españoles no tenemos una condición moral distinta de otros países de Europa. Tenemos lo que tenemos por actos concretos y profundamente erróneos –¿hemos de creer que no fueron intencionales?– de diferentes poderes del Estado, y no por anécdotas ni descuidos.
El hilo conductor es una gruesa maroma y consta en el BOE y en los diarios de sesiones para los arqueólogos del futuro.
Es obligado recordar que es en el ámbito autonómico y municipal donde más fuerte ha sido el efecto del descontrol estructural y donde ha florecido la gran corrupción. Dos lacras que perjudican terrible y objetivamente a toda la ciudadanía.
Por otra parte, a partir de 1983, se produjo un crecimiento explosivo de organismos que fragmentan la Administración Pública en numerosísimas parcelas que van desapareciendo del régimen administrativo general.
Unas se integran en el grupo de Sociedades o Entes Estatales en régimen de Derecho Privado y otras, cada vez más numerosas, para las que se crea una nueva categoría: la de «Entes Públicos» que solo se rigen por lo que diga su ley especial de creación y no por las reglas generales de la Administración.
En esta clase entraron sectores tan amplios como Puertos, Aeropuertos y Navegación Aérea, la SEPI ( antiguo INI), la Agencia Estatal Tributaria, el Ente Público RTVE, la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, la Liquidadora de Entidades de Seguros, la Nacional del Mercado de Valores, el Consorcio de la Zona Especial Canaria , el Instituto Cervantes, la Agencia de Protección de Datos, etc.
Hoy, entre el Estado Central y el Autonómico, conocido ya por el «Estado Fragmentado» tenemos un par de miles de tales «Entes». Muchos especialistas en la materia dan por sentado que su principal razón de ser es permitir la huida del Derecho Administrativo y del control y escrutinio público exigible a la Administración.
Por último qué decir de las exhaustivas responsabilidades de todo tipo que afectan gravemente a cualquier administrador de una entidad privada y la pretensión impertérrita de tantos políticos que pretenden que su responsabilidad se termine en «lo político» como si fueran un estamento del Viejo Régimen exento de las responsabilidades de cualquier Gestor, Público o Privado.
Esta Asimetría está también en la ausencia de genuina responsabilidad por los propios actos que impregna los actos políticos que, no lo olvidemos, son actos de Dominio, actos de un Poder Delegado sobre nosotros.
Cualquier reforma que no se plantee afrontar y resolver estos graves problemas orgánicos y funcionales, será una reforma que perpetuará las debilidades estructurales que ha demostrado la legislación vigente.
Ante estos HECHOS es evidente que la actuación de C’s no pasa de ser Oportunista Cortina de Humo porque no es posible que su ignorancia sea tan profunda.
M. Oquendo, en cualquier caso resulta sorprendente que sea la Administración de más reciente creación: la autonómica, donde se producen el mayor número de casos de corrupción y donde el descontrol del gasto público es mayor. Un repaso a alguna de las cifras de esta información http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2016/08/17/57b35e5b468aebf1438b4598.html seguramente tienen interés.
Precisamente, Emilio.
Esos controles, incluso bastante reducidos, continúan para el Estado Central que es donde menos problemas han surgido.
Las Autonomías y los Ayuntamientos han hecho de su capa un sayo porque ya nadie podía controlarlos eficazmente y es de bobos dejar que el propio corrupto de supervise a si mismo como pretenden algunos en Cataluña y Andalucía por ejemplo.
La puntilla ha sido el sistema autonómico cosa que C’s también silencia.
Al final, Robert Michels ha sido profético.
Saludos
Nunca hay que olvidar que, al hablar de funcionarios o mejor empleados públicos, queremos decir principalmente médicos, maestros, policias y bomberos, y que estos dependen muy mayoritariamente de las CCAA. La población de España aumentó un 2’7% entre el 2007 y el 2015. En condiciones normales no tendría nada de especial que el número de funcionarios aumentara igual en el mismo periodo.
Por otra parte, del gasto de la Administración Central, la mayor parte es automático: pensiones y subsidios, desempleo, intereses de la deuda. Descontando esto y las tranferencias a CCAA y Ayuntamientos, Madrid gestiona unos 100.000 millones al año, cuando las Autonomías gestionan unos 165.000. Tampoco ha de sorprender que el mayor problema venga del lado del mayor gasto.
Pero mas allá de la magnitud de las cifras, el problema de fondo es que en el Estado Autonómico el gobierno central recauda y los autonómicos gastan lo que el primero les deja. Algo que, tras la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, sabemos que es un imperativo constitucional que no puede ser modificado por «simples» estatutos autonómicos.
En estas circunstancias, cuando el dinero no llega, el político estatal tiene la salida fácil de acusar al autonómico de derrochador, y el político autonómico siempre puede acusar al central de ladrón. De esta forma el votante no sabe seguro a quien culpar, el voto no puede ser sino ideológico y los medios de comunicación ganan peso político, lo que les causa gran alegría.
¿Controles previos al gasto? Es una idea a explorar, pero viendo el penoso espectáculo del Tribunal de Cuentas, cuesta creer que deba solucionar gran cosa. La alternativa ya la dieron Roger Senserich y otros: delimitar responsabilidades políticas y quien gaste, que recaude. Quien deba pagar a los médicos y maestros, que fije los impuestos para ello.
El estado autonómico es un refrito tóxico entre centralismo recaudatorio y autonomismo del gasto que da incentivos perversos a los administradores. Debe ser rehecho.
NN, hablas de un 2’7% de incremento de la población pero observa que los incrementos de que habla la información de Expansión son muy superiores para algunas Comunidades Autónomas.
El sistema autonómico hay que revisarlo pero no es eso lo que está planteando el nacionalismo catalán y mal se va a poder avanzar viendo a España como el enemigo exterior
Si el incremento de empleados públicos autonómicos a nivel estatal es del 2’7% como media, para que en unas comunidades sea mayor, es que en otras es menor ¿no?
Pero miremos por ejemplo el «escandaloso» aumento del 29% en Baleares. Resulta que a esa comunidad se le tranfirieron competencias como la educación y la de políticas de empleo y, además, la población aumentó un 6%. Aún así, sigue siendo una de las autonomías con menor índice de empleados de España.
El artículo de Expansión es peor que una mentira. Es una verdad a medias que oculta datos tan relevantes como las variaciones de la población o las trasferencias competenciales. Confunde funcionario con empleado público y se calla que el incremento pasó a decremento a partir del 2010, con la segunda oleada de la crisis.
¿Como puede tener influencia semejante «periodismo»? Es posible porque las responsabilidades en recaudación y gasto están desparejadas y el votante, sin datos claros para responsabilizar a la autonomía o al gobierno central, se ideologiza. «Las comunidades autónomas nos roban» vende entre el españolismo romántico.
El sistema autonómico da incentivos pervesos también a los medios de comunicación y debe desaparecer.
Observa que tanto Andalucía como Cataluña no han asumido ninguna competencia nueva en el período, y en ambas ha aumentado la población y, sin embargo, las tendencias en cuanto a empleados públicos no pueden ser contrarias: importante descenso en Andalucía y notable incremento en Cataluña. Mayor discrecionalidad imposible.
quería decir : no pueden ser más contrarias. Falta ese «más» y cambia el sentido de la frase.
Conforme entramos en detalles, la imagen de las CCAA derrochadoras se va difuminando ¿verdad? Entonces ¿el problema es solo Cataluña? A ver:
Cataluña recibió la competencia de Cercanías en el 2009, Inspección de Trabajo en el 2010 y Medios y Materiales de la Administración de Justicia en el 2011. Por otra parte, el propio Expansión nos informaba en el 2014 que era la comunidad con menor ratio de empleados públicos autonómicos. http://www.expansion.com/2014/07/14/economia/1405367257.html
El estado autonómico es políticamente defectuoso, pero la idea de las CCAA expandiendo sus plantillas descontroladamente es indefendible.
Desde Cataluña se hizo una propuesta constructiva de reforma con el Estatut del 2006. Trataba de fijar de una vez las responsabilidades y recursos de la Generalitat, dejándolas al margen del «politiqueo», por lo que no contó inicialmente con el apoyo de CiU.
La reacción de las fuerzas estatales al Estatut fue un brote de españolismo romántico. Rechazado a cara de perro por el PP, limado por el PSOE (ahora sí con el apoyo de CiU) y recortado en el parlamento español. El TC dio la puntilla cuando dijo que el dinero de los españoles se gasta como diga el parlamento de Madrid, sin que ninguna ley o estatuto pueda limitar esta facultad.
Consecuencia: en el 2015, casi la mitad de los catalanes votaba por la indepencia y una mayoría apoyaba el referendum de indeterminación.
La posición de los catalanes está clara. Los límites que fija la Constitución, también. Si hay que reformala, la pelota está en el tejado español.
Si te parece, el dinero de todos los españoles se gasta como dicte Barcelona.
Lo que hay que leer.
Más interés tendría incluso el análisis del enorme peso político de sectores directamente vinculados y favorecidos por esa Administración, hasta el punto de estar, a mi entender, en el origen de algunas de las convulsiones recientes de nuestro sistema político. Aunque para eso hace falta mucho análisis sociológico, del de verdad.
Creo que nos equivocamos cuando permitimos que el foco esté en la presunción de inocencia, un derecho fundamental que rige en un marco concreto, el judicial.
En la vida, basta con la duda para perder. Ejercer un cargo no es un privilegio que deba perderse tras sentencia judicial, los representantes públicos han de ser más cuidadosos que la conocida mujer del César, porque su responsabilidad va más allá de su capacidad de gestión, ellos y ellas encarnan el pueblo, la comunidad autónoma o el estado al que representan y eso solo puede hacerse sin mácula, sin sombra.
Cualquier desvío de la gestión de un buen padre de familia que dice el Código Civil, debería ser causa suficiente para el cese inmediato si es que no queda honor para dimitir.
Otra cosa es entrar en un juego de trileros que permite creer que el mandato de las urnas lo es para el uso personal y partidista de lo que es de todos, y ese es un camino, más que peligroso.
Un saludo
Me va a disculpar, estimada Pilar, pero discrepo y voy a explicar por qué.
1. En primer lugar habría que restaurar los Controles Administrativos desactivados por el PSOE en su época (1884/96) y no reactivados por el PP.
La falta de estos controles en Ayuntamientos y Autonomías ha sido la causa principal de la explosión de corrupción.
Un sistema de gestión debe tener los controles internos necesarios para que «Independa» de la Catadura moral del gestor. Tiene que hacerlo bien aunque no quiera. Como en cualquier empresa normal regulada por el Estado.
2. En segundo lugar habría que extender al Político/Gestor público idénticas Responsabilidades (incluyendo patrimoniales) que rigen para los Administradores privados.
En vez de hacer esto (que no quieren ni en pintura) ¿Qué hacen? El mal menor para ellos: Cargarse el Estado de Derecho y las Garantías Constitucionales y Procesales para los Políticos Gestores y tratar de preservar el máximo posible de la para ellos estupenda situación actual.
Dado que se captura aproximadamente al 1% de los corruptos (estimación de la propia GC) es un precio barato que en ausencia de Controles Eficaces les permite.
1. Seguir con fuentes de financiación adecuadas a los partidos y carreras políticas.
2. Evitar que se les adjudiquen por Ley las graves responsabilidades de los Administradores Privados. Es un clamor este desequilibrio perverso. Unos todos los controles y penalidades y otros nada.
O sea, otro cambalache.
Saludos cordiales.
Lamentablemente Pilar los errores judiciales en el terreno de la política también han sido muy abundantes, y fiarlo todo a una pretendida infabilidad judicial que no existe puede tener y de hecho tiene sus riesgos. Creo que lo mejor son los contrapesos y por supuesto un respeto escrupuloso con el principio jurídico penal de la presunción de inocencia.
Sí, la corrupción y la falsedad son más comunes en la política que en otras actividades humanas. Y podríamos seguir discutiendo largamente las causas y las consecuencias, pero hacerlo en este momento es seguirle el juego a quienes hoy se resisten o resignan a que pronto se forme gobierno, un gobierno PP. Ignorando toda la podredumbre de su PSOE aunque contentos por el suicidio de UP, sus cómplices en los medios masivos y los blogs siguen insistiendo en la regeneración de la política española al mismo tiempo que defienden a Obama y Hillary, símbolos de toda la porquería de la política en las democracias constitucionales. Sí, estos cómplices causan risa por esas posiciones y también porque repiten mil veces su viejo discurso contra la «extrema derecha», es decir, contra todos los que se oponen a sus modelos fracasados del siglo 20 y denuncian su falsedad. Aunque sigo prefiriendo que la situación actual de «transición» se prolongue por mucho tiempo con sucesivas elecciones, de concretarse un gobierno «nuevo» su pobreza es garantía de que sólo podrá hacer poco daño.
Hace mucho tiempo que hemos rebasado cualquier límite razonable en materia de lucha contra la corrupción.
El problema de partida es que los episodios de corrupción – que, por desgracia, no son pocos – se han convertido en la supuesta explicación de los males económicos (desempleo, precariedad laboral, recortes en el estado de bienestar) que afectan a España.
Aunque los episodios de corrupción fuesen algo excepcional, España tendría los mismos problemas económicos. Estos problemas vienen de una industria raquítica y de escaso valor añadido, una legislación laboral aberrante que consagra la existencia de trabajadores de primera y de segunda, de miles de trabas administrativas sin cuento y de unas administraciones hipertrofiadas, ineficientes y decimonónicas.
No se puede querer vivir como alemanes sin unas decenas de empresones como Volkswagen, con una mayoría de trabajadores de segunda que son despedidos cuando una empresa va mal porque sus indemnizaciones son más bajas, con una maraña reglamentaria tal que hasta el alumbrado de una explotación agropecuaria está sujeto a una normativa de contaminación lumínica (http://goo.gl/pac5B) o con unas administraciones en las que hasta bedeles o celadores son funcionarios tan fijos e inamovibles como todo un médico o un magistrado.
De aquellos polvos, estos lodos. En cambio, es más fácil dar respuestas demagógicas y sencillas como agitar el espantajo de la Merkel o culpar a los corruptos, ergo «Todo iba bien hasta que unos ladrones metieron la mano en la caja».
Y así hemos llegado al paroxismo en que una irregularidad administrativa – probablemente consecuencia de imponderables que no se pueden recoger en un contrato, las habituales rigideces de la propia administración y llevada a cabo de buena fé para no sumir al ayuntamiento en un mar de denuncias cruzadas con la empresa adjudicataria – se califica automáticamente de corrupción, y condena a la muerte civil a un señor que no ha robado nada ni para sí mismo ni para terceros.
Aunque estoy de acuerdo con el conjunto de su exposición, no comparto que España tendría los mismos problemas económicos con una tasa de corrupción mucho menor. Solo habría que pensar en la cantidad de dinero que se han embolsado gracias al ladrillo, y que podría haber ido al sector industrial. En este caso, entiendo más bien que el sector industrial corrompe a nivel de Ministro o Subsecretario – más caros y difíciles de satisfacer -, mientras que el sector de la construcción corrompe a nivel de Concejal – más cercano -.