Educación

Escuela concertada: un mal equilibrio

7 Jun, 2016 - - @lucas_gortazar

Un viejo problema sin resolver

En los últimos días la escuela concertada ha ocupado más de una portada en los periódicos y es posible que juegue un papel importante en la campaña electoral del 26-J. Recientemente, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha decidido tomar dos importantes decisiones. Por un lado, se han reducido las asignaciones presupuestarias de la escuela concertada para el próximo curso y se ha llevado a cabo una oferta pública de empleo para maestros y profesores en la escuela pública. Por otro lado, se han eliminado del baremo de puntuación para la elección de escuela los criterios de padres antiguos alumnos y el criterio discrecional que podía decidir la escuela (1 punto cada uno). Las reacciones no se han hecho esperar. La Mesa por la Educación en Libertad (que agrupa a diversas organizaciones de escuelas concertadas) organizó una importante movilización en Valencia el 22 de mayo para defender la prevalencia de los conciertos en lo que consideraba un “ataque a la libertad de elección”. Esta campaña fue secundada por importantes agentes políticos de varios partidos y sindicatos y contó con una declaración explícita de apoyo del Presidente en funciones Mariano Rajoy.

Este giro en el debate político nos plantea un viejo problema de nuestro sistema educativo que lleva sin resolverse desde que el Gobierno socialista regularizara en 1985 la inclusión de la mayoría de centros gestionados de forma privada en la red de centros sostenidos con fondos públicos. Este debate, anquilosado desde hace tiempo, ha adoptado diferentes disfraces y formas, ya sea el de la religiosidad de la escuela concertada, el de la libertad de elección que aporta la escuela concertada a las familias o el debate sobre la autonomía de los centros concertados.

La financiación y los criterios de elección

A principios de los años 80, España tenía un problema enorme de falta de cobertura y fragmentación, por lo que la regularización de las escuelas privadas era un paso necesario para llegar a un sistema educativo más cohesionado. Sin embargo, en los análisis de cómo se implementó dicha regularización existe un importante consenso en torno a la falta de financiación de los conciertos, algo que no debería haber ocurrido en base a lo previsto por la LODE[1].

La comparativa de financiación entre escuela pública y escuela concertada es un tema que siempre ha levantado controversia. Cuando se han evaluado las diferencias de costes entre escuelas públicas y concertadas, se observa que el gasto público (y el gasto total) por alumno es más bajo en las segundas que en las primeras. Es cierto que los docentes de la escuela concertada son menos por alumno y trabajan más horas por menores salarios, una medida que apunta a una mayor eficiencia. Sin embargo, la composición socioeconómica y geográfica del alumnado por tipo de centro nos indica que la prestación de servicios (y por tanto las necesidades educativas) no es del todo comparable para uno y otro. Por ejemplo, como apuntan Gurrutxaga y Unceta (2010) las escuelas concertadas, más concentradas en zonas urbanas, tienen más alumnos, lo cual genera una serie de economías de escala en la prestación de servicios. Pero más importante aún, la composición de un alumnado de entornos más favorecidos en términos socioeconómicos y con menos necesidades educativas especiales requiere de menos servicios adicionales de refuerzo, orientación y apoyo por parte de profesores y orientadores. A falta de una comparativa más detallada que nos permita controlar estas y otras cuestiones, las diferencias observadas en gasto público no son suficientes como para evitar que en el caso de la escuela concertada, las familias tengan que pagar cantidades no menores de sus bolsillos en concepto de “aportaciones voluntarias”, “servicios extra-escolares”, y otros. Y esta cuestión podría haberse acentuado durante la crisis, con incremento del gasto privado de las familias en educación. Como hemos defendido desde este blog, la escuela concertada tiene un déficit de financiación que podría rondar los 2.100 millones de euros.

Otro debate fundamental sobre la escuela concertada es el de su calidad. Se ha argumentado muchas veces que la escuela concertada obtiene mejores resultados que la pública. Sin embargo cuando se han analizado los resultado en las evaluaciones externas en Comunidades Autónomas como Madrid, Cataluña o pruebas internacionales como PISA o TIMSS, la investigación social es clara y aplastante: las diferencias en desempeño de alumnos de escuela concertada y pública se explican fundamentalmente por las diferencias en composición socioeconómica del alumnado y no por variables que tengan que ver con la calidad educativa de los centros.

Mientras tanto, en 2006, la Ley Orgánica de Educación aprobó el marco legal para que cada Comunidad Autónoma desarrollara su propia normativa sobre libertad de elección de centro que la Constitución estipulaba en su artículo 84. En la LOE se planteaba un sistema de puntuación que permitía la elección de centro en igualdad de oportunidades y de forma equitativa de forma que como reza el artículo 84.3 “En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El objetivo era frenar cualquier tipo de discriminación y si cabe, plantear una discriminación positiva con niños provenientes de hogares con ingresos más bajos. Pero como ya hemos dicho muchas veces, el diablo está en los detalles. La aplicación de dicha ley a nivel autonómico permitía cierta flexibilidad que algunas CCAAs no desaprovecharon. En la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se introdujeron criterios que otorgaban un punto del baremo a hijos de antiguos alumnos (un mecanismo que frena la movilidad social) y otro punto en un criterio a decidir por el centro.

La falta de financiación y los mecanismos de elección reducen la mal llamada “libre elección” por el lado de la demanda: no todo el mundo puede elegir libremente. Pero hay una tercera barrera de entrada en cuanto a la libre elección.  Si seguimos tirando de este hilo e imaginamos la red de escuelas como un mercado con consumidores (los padres) y ofertantes de servicios (los centros), la oferta de la escuela concertada sigue estando mayoritariamente controlada por organismos religiosos. En 2007, un 74% de los alumnos de centros concertados estaban matriculados en centros católicos. A día de hoy, este modelo de oferta pedagógica no parece reflejar las preferencias educativas y pedagógicas en una sociedad plural y democrática.

¿Cómo rompemos el mal equilibrio?

La escuela concertada cubre aproximadamente un 30% de la oferta de nuestro sistema educativo. El hecho de que el acceso sea dependiente del estatus socioeconómico de los niños  ha generado una coalición de votantes en torno a una política que les beneficia sustancialmente, pero es una solución de políticas públicas que acaba fragmentando el sistema y aumenta la segregación socioeconómica o étnica, lo cual puede tener efectos sobre el abandono educativo vía contagio. Además, nos distrae del debate sobre la calidad educativa, los proyectos pedagógicos de los centros, las políticas docentes, el currículo y la evaluación del sistema, y lo más importante, que es el aprendizaje de los alumnos.

Para que este mal equilibrio de escuelas concentradas exista, requiere un óptimo de financiación de los conciertos por parte del Ministerio y las CCAAs, que no puede ser ni demasiado alto (se eliminarían barreras de entrada) ni demasiado bajo (subiendo las aportaciones de padres, estrecharíamos la base de la “constituency” de votantes), lo cuál implicaría la privatización total de la financiación –volviendo al modelo previo a 1985-. El sistema educativo les permite pagar lo que para ellos es un modesto copago en vez de pagar más impuestos que eliminen las barreras de entrada. Bajo esta premisa, el problema de fondo no es tanto la titularidad de la escuela concertada, sino cómo se financia y quien puede acceder a ella.

Las dos decisiones de la Generalitat Valenciana tienen una intencionalidad clara de romper este equilibrio, pero es probable que se queden a medias. La eliminación de los baremos en la elección de escuela es una medida imprescindible a la que los defensores de la libre elección en igualdad de oportunidades (que también recoge la LOMCE) no deben renunciar. Sin embargo, la cuestión de la financiación presenta enormes dificultades a corto plazo. Las importantes restricciones presupuestarias a las que se enfrentan las Comunidades Autónomas obliga a tomar cualquier decisión en clave de una guerra de escuela pública vs. concertada, con perdedores inmediatos de estas políticas que pueden tener que  cambiar a sus hijos de centro (algo que la investigación social apunta como una de las medidas más perjudiciales para el aprendizaje). Al margen de la decisión que se tome con la titularidad, sin aumentos de presupuesto, en la práctica cada euro adicional que va a la financiación de la escuela pública sale de la concertada. Y viceversa.

Ante esta disyuntiva, la Generalitat Valenciana ha decidido decantarse por fortalecer la oferta de escuela pública, lo que dadas las circunstancias no es un ataque al modelo de titularidad de la escuela concertada per sé, sino una elección política condicionada por la restricción presupuestaria. Estos vaivenes pueden ofrecer mucho juego mediático en la creciente polarización política, pero siguen ocultando el verdadero problema de fondo en el falso debate de escuela pública vs escuela concertada, que no es otro que el del mal equilibrio resultante de la extraña financiación de nuestro sistema educativo.

[1] Dicho esto, una vez descentralizado el gasto y la gestión pública de la educación no universitaria, es importante resaltar que esta cuestión es responsabilidad compartida de Gobierno central -quien decide las asignaciones a cada CCAA- y Comunidades Autónomas -quien según su mandato político asignan de su presupuesto las cantidades de gasto público a la partida de educación-.