Este artículo es el cuarto de una serie conjunta con nuestros amigos de Piedras de Papel sobre el 20D. La idea es aportar distintos enfoques y debatir en las redes (#20DPolitikonPdP) sobre cuestiones que nos parecen claves para entender estas elecciones. Hoy hablamos de la corrupción: Victor Lapuente analizando la situación actual en España y yo describiendo las principales propuestas presentadas por los partidos políticos.

La corrupción como problema

El avance del último Barómetro del CIS sitúa en un 40,1% el número de ciudadanos que consideran la corrupción y el fraude como uno de los tres principales problemas de España. No es cuestionable por tanto la preocupación que nos generan los escándalos políticos que se siguen revelando a medida que nos acercamos al 20D. La corrupción, como reto de país, se sitúa únicamente detrás del paro (considerado por un 77,5% de los ciudadanos como uno de los tres principales problemas), y seguido muy de cerca por “los políticos en general, los partidos políticos y la política” (20,4%).

La corrupción nos preocupa. Sin embargo, no tanto como hace un año. Los mismos datos en noviembre del 2014 revelaban que casi un 64% de los encuestados veían en la corrupción uno de los principales problemas. Es el valor más elevado del que hay registro.

En los últimos meses miles han sido las noticias publicadas en los medios sobre escándalos políticos, pero pocas las medidas tomadas al respecto.^*

El rechazo social es imprescindible para poder hacer rendir cuentas a los políticos corruptos, ya sea en las elecciones o con iniciativas como las llevadas a cabo por la plataforma Parlament Ciutadà o +Democracia. Aunque no podemos olvidar que estas propuestas deberán ser finalmente transformadas en medidas por los partidos que acaben gobernando, un paso en ese camino es ver los compromisos electorles que adquieren. Hoy repasamos algunas de las propuestas más destacadas de los principales partidos políticos en relación a la lucha contra la corrupción.

Las propuestas de cara al 20D

PP – El PP enmarca su postura ante la corrupción bajo el lema de “quien la hace, la paga”. Su compromiso se basa en tres grandes pilares: la ejemplaridad de los cargos públicos, la contundencia de la ley y la justicia y la transparencia como “mejor antídoto contra la corrupción”. La dimisión – y suspensión de la militancia- se fija en el momento en que se abra el juicio oral en un proceso judicial derivado de una causa de corrupción. En relación a los indultos y aforamientos, se habla de impulsar “una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria” (pag.137 del programa) así como un “compromiso de reducir los aforamientos” (pag.135).

Por lo que respecta a los recursos necesarios para luchar contra la corrupción se plantea la mejora de la especialización de los juzgados relacionados con la corrupción (pag.136), potenciando también la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción con rendiciones de cuentas periódicas (pag.136). Se pretende potenciar las denuncias de casos de corrupción, ampliando el número de canales, y protegiendo a la figura del whisteblower o informante (pag.136). De financiación de partidos no se habla, ni de incompatibilidades más allá de controlar los altos cargo vía la Oficina de Conflicto de Intereses (pag.137). Y se propone también hacer un registro de lobbies y “regular su actuación” (pag.136).

PSOE – El programa electoral vincula la idea de prevención de la corrupción a la de “Buen Gobierno en las Administraciones Públicas” (pag.47), lo que en si ya es un avance. Del mismo modo que el PP el PSOE propone suspender de militancia en el momento en que se abra el juicio oral en un proceso judicial derivado de una causa de corrupción, siendo restituidos en su cargo si son absueltos (pag.59).

Se aboga por una despatrimonialización política de algunos órganos de control interno de las administraciones locales (pag.48) y por implantar medidas en materia de contratación pública, que reduzcan la opacidad y discrecionalidad de los concursos públicos (pag.59). Además se prohíbe el indulto en cualquier delito de corrupción, limitar los aforamientos (pag.43) y regular la protección del denunciante (pag.61). Respecto a la financiación de partidos el programa incluye varios compromisos, entre otros, se propone vincular la financiación pública a elementos de democracia interna (pag.54) o hacer a los partidos patrimonialmente responsables de los casos de corrupción (pag.55). Tambien propone modificar la Ley de Transparencia para facilitar su acceso (pag.50), regular la actividad de los lobbies y de las empresas privadas en su relación con la Administración (pag.60). El programa recoge también la importancia que el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación tienen en la lucha contra la corrupción, proponiendo la limitación de su financiación e influencia por parte de la Administración (pag.214).

C’s – Ciudadanos vincula también las medidas anticorrupción al buen gobierno y la reforma de la administración pública. En un programa basado en cuatro ejes se busca proteger al denunciante (pag.210), aumentar los recursos humanos para luchar contra la corrupción (pag.211), avanzar en el acceso a la Ley de Transparencia (pag.212), y regular las “puertas giratorias” (pag.212). El cese de los cargos públicos – y de libre designación – se fija en el momento de la imputación (pag.211). Propone suprimir los aforamientos y restringir el indulto a casos excepcionales (pag.212). Pide la regulación de los lobbies, y presentan varias medidas sobre las incompatibilidades, los conflictos de intereses y las puertas giratorias (pag.213).

En materia de reforma institucional C’s propone regular de la democracia interna de los partidos (pag.215), medidas de financiación que afectan también a las fundaciones y la responsabilidad subsidiaria del partido por las actuaciones de sus miembros (pag.216). Se busca la despolitización de los organismos de control (,) y la profesionalización de la función pública (pag.219). Finalmente, defiende una mayor descentralización a favor de los entes locales, reduciendo a su vez la discrecionalidad en la contratación y adjudicación y reforzando los mecanismos de control (pag.221).

Podemos – Vincula la lucha anticorrupción al concepto de democracia política y transparencia, poniendo gran énfasis en la participación ciudadana en el control y la gestión pública (pag.174). Propone la creación de un organismo formado por la administración y la Sociedad civil que coordine un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional (pag.170). Por lo que respecta a la financiación de partidos, se incluye a las fundaciones y se regula el endeudamiento bancario (pag.172), así como la regulación de los lobbies (pag.166). El programa pone un gran énfasis en la regulación de privilegios y conflicto de intereses de los cargos electos (pag.162)(,) y (se) busca agilizar la aplicación efectiva de la ley de transparencia (pag.165).

Huyendo de los lugares comunes: Los escándalos como síntoma

Más allá de estos cuatro principales partidos, al analizar las propuestas presentadas en los programas electorales de cara a las generales vemos que todos los partidos reconocen la gravedad del problema de la corrupción en España y plantean distintas medidas para solucionarlo. Cosa distinta es la mayor o menor convicción con la que los candidatos están hablando de medidas anticorrupción durante la campaña, o las estrategias que puedan seguir – partidos que se presentan con nuevas siglas o el uso de pseudo-candidatos – para no tener que rendir cuentas por los escándalos que ya hayan ocurrido.

Muchas de las medidas propuestas coinciden en temas fundamentales que deben ser revisados de cara a una lucha efectiva contra la corrupción: a) el importante rol que tienen las denuncias, así como el whisteblower o informante – y su consecuente protección -; b) la situación jurídica a partir de la cual los cargos públicos deben ser apartados de su posición, c) el papel de los lobbies y, d) las puertas giratorias. En general se habla de la financiación de partidos, pero con medidas que siguen siendo insuficientes para afrontar una de las principales causas de los escándalos de corrupción. La falta de concreción de las medidas no se limita a la cuestión a la financiación de partidos, ni es exclusivo de un solo programa electoral, algo ya destacado en la evaluación que la pasada semana presentaba +Democracia sobre las propuestas de los partidos respecto a la regeneración democrática.

Cabe destacar los distintos marcos en los que cada partido ubica la lucha contra la corrupción. La transparencia aparece como la panacea contra los escándalos. En el propio programa del PP se considera a la transparencia “como mejor antídoto contra la corrupción” (pag.136). Todos los programas consideran la Ley de Transparencia y Buen Gobierno como un necesario primer paso, pero destacan la necesidad de seguir avanzando en esta materia para hacer del acceso a la información pública un derecho, y garantizar su aplicación efectiva.

Si entendemos la transparencia en la gestión y la toma de decisiones de todas las administraciones públicas como la base de un gobierno eficiente y responsable, no podemos olvidar que la publicación de datos no conseguirá per se la reducción de los escándalos. La transparencia es un buen instrumento para legitimar los procesos públicos, pero no revela aquello que es ilegal, esfera donde ocurren los casos de corrupción. En este sentido destacan marcos como los utilizados en el programa del PSOE o de C’s, donde la lucha anticorrupción se ubica dentro de una reforma institucional de la administración. El objetivo debe ser identificar áreas y sectores donde se generan incentivos y oportunidades a la existencia de escándalos, y donde los controles no existen o no se aplican de forma efectiva. La responsabilidad política debe existir, teniendo en cuenta la importancia que conlleva la gestión del dinero público. Sin embargo, pretender basar las medidas anticorrupción en la “ejemplaridad” de los cargos públicos, en apartar a los corruptos, democratizar los partidos o publicar sus datos, como se hace en la mayor parte de los programas, es quedarse a mitad de camino.

Los casos de corrupción son un síntoma de que algo esta fallando, de que la Administración no está protegiendo el buen uso del dinero público y de que los mecanismos de control y rendición de cuentas no están funcionando correctamente. Por lo tanto, el incesante goteo de escándalos debe llevarnos a buscar medidas que, más allá de centrarse en el corrupto, busquen dar solución a los agujeros del sistema donde se acumulan los casos de corrupción. Repensar los procesos de selección y adquisición pública de la administración, los independencia de los mecanismos de control, los recursos de los que dispone el sistema judicial o el papel jugado por el sector privado son sólo algunos de los elementos a considerar en una reforma efectiva de la administración pública que conlleve una mejora de la calidad del gobierno así como la erradicación de los casos de corrupción.

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^* Básicamente se ha modificado el Código Penal, y se ha puesto en marcha la Ley de Transparencia. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, perseguía entre sus objetivos combatir la corrupción. Ahora el Código Penal considera como delitos contra la Administración Pública: la prevaricación, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, los sobornos públicos y privados, el blanqueo de capitales, los fraudes y las exacciones ilegales, así como la financiación ilegal de partidos políticos. Se ha añadido a las empresas públicas, juntamente con los sindicatos y los partidos políticos, como responsables penales, sin embargo, siguen sin considerarse las administraciones territoriales o institucionales, así como los organismos reguladores, u otras personas jurídicas que ejerzan potestades administrativas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene importantes carencias – reconocimiento de derechos, limitaciones de la información que se incluye, barreras al acceso, etc. – lo que pone en duda su efectividad como mecanismo para ganar en transparencia y, sobre todo, en buen gobierno.