Uno de los asuntos más fascinantes sobre los que uno puede rastrear dentro del amplio paraguas de la ciencia política es el comportamiento político y electoral. ¿Votamos en función de las promesas electorales o lo hacemos más bien en función de la actuación del gobierno en la última legislatura? ¿Tiene la economía una gran influencia en nuestro voto? Dentro de la literatura sobre el comportamiento electoral encontramos dos aproximaciones clásicas: el voto prospectivo y el voto retrospectivo. Ambas tratan de dilucidar las motivaciones de los votantes cuando se deciden por un partido u otro en las elecciones.

Uno de los politólogos que más contribuyó a la visión del voto prospectivo fue Anthony Downs. Según este autor, los electores deciden su voto atendiendo a las diferentes propuestas políticas con las que se presentan los partidos. El foco estaría por tanto puesto en la legislatura entrante y en la puesta en marcha de unas políticas u otras. Este  modelo asume algunas cuestiones, como que las diferentes propuestas políticas son claramente distintas, que las campañas electorales son verdaderamente informativas o que los programas electorales se cumplen –que, por cierto, parece que sí.

Por otro lado, los teóricos del voto retrospectivo aseguran que los votantes prestan más atención al pasado, concretamente a la última legislatura, y se deciden por unos o por otros en función de la actuación del gobierno durante esa legislatura (Key, 1966; Fiorina, 1981). Esta visión tampoco está exenta de ciertas asunciones. En primer lugar, el modelo se centra única y exclusivamente en la actuación del gobierno, obviando el papel de la oposición. Además, su aplicabilidad al contexto europeo, con un mayor número de partidos con representación, complicaría algo más esta lógica. En segundo lugar, da por sentado que existe una idea compartida de buen gobierno entre los ciudadanos. En cambio, sabemos que existen algunos temas más divisivos que otros. Donald Stokes distinguía entre los valence issues y los possition issues. Sobre los primeros los votantes sí que suelen tener una preferencia común (la reducción del desempleo o el crecimiento de la economía). No obstante, los possition issues (como el aborto o los impuestos) causan irremediablemente opiniones enfrentadas en torno a la idoneidad de una política u otra.

Revisiones de la literatura más recientes  sugieren que ambas aproximaciones son más compatibles de lo que parecen. Por ejemplo, según Douglas A. Hibbs, Jr los votantes evalúan retrospectivamente la actuación de un partido para medir así la credibilidad real de las promesas de ese partido (Hibbs, 2006). Así pues, observando la actuación de un partido en los últimos tiempos, los votantes logran información útil para saber si las promesas previas a las elecciones se cumplirán a posteriori. Por tanto, Hibbs asume la existencia de un voto prospectivo precedido de una retrospección racional.

En Blind Retrospection: Why Shark Attacks Are Bad For Democracy, Christopher Achen y Larry Bartels desafiaron la visión del voto retrospectivo propuesta por autores como Fiorina (1981). Esta aproximación al voto sostenía que los votantes no necesitan conocer casi nada sobre la política exterior o económica de su gobierno para apreciar los resultados de estas políticas; bastaría con que los ciudadanos calculasen los cambios en su propio bienestar durante los últimos cuatro años. Sin embargo, Achen y Bartels muestran cómo la relación entre la actuación del gobierno y el bienestar subjetivo de los votantes tiende a ser aleatoria. De este modo, los gobiernos podrían ser premiados o castigados electoralmente por cuestiones que escapan de su control.

Este fue el caso en New Jersey, cuando en 1916 su costa sufrió una inesperada serie de ataques de tiburones. Las elecciones llegarían en noviembre de ese mismo año, con la tragedia todavía en la memoria de los lugareños de los condados de Jersey Shore. La evidencia empírica expuesta por los autores muestra cómo los votantes de las comunidades más afectadas por los ataques castigaron en mayor medida al presidente, Woodrow Wilson, en las elecciones de noviembre.

Lo que vienen a decir los autores es que cuanto más ruido –ya sean ataques de tiburones o sospechosas mejoras en los indicadores económicos meses antes de las elecciones– se incorpore a nuestras decisiones, menos probable es que votemos en función de la actuación de nuestros gobernantes. El blind retrospection –la “retrospección ciega”– quebraría la lógica de las elecciones como mecanismo que promueve la rendición de cuenta. Por tanto, no generaría incentivos para ser un buen gobernante, sino más bien lo contrario. Una vez conscientes los gobernantes de esta dinámica acabaríamos teniendo, en palabras de Edward Tufte, “políticas miopes para votantes miopes” (Tufte 1978). No hace falta escarbar mucho para darnos cuenta de que los políticos manejan esta lógica a la perfección, con las clásicas aperturas de nuevas líneas de metro antes de las elecciones o los decretos-ley para la devolución de las pagas extras de los funcionarios a pocos meses de unas elecciones generales.

RENDICIÓN DE CUENTAS EN SISTEMAS MULTINIVEL

Pero no sólo asuntos tan exóticos como los ataques de tiburones o los resultados del equipo de fútbol local tienen consecuencias sobre la rendición de cuentas. Por ejemplo, cuando hablamos de una mayor o menor descentralización, o de un tipo u otro de federalismo, también es conveniente pensar en sus consecuencias para la atribución de responsabilidades y la rendición de cuentas.

Orriols y León (working paper) estudian la relación entre el diseño de la descentralización, la atribución de responsabilidades y el voto económico. Su hipótesis plantea que la descentralización moderará la relación entre los resultados económicos y el voto debido al impacto que ésta tiene sobre la claridad de responsabilidades. De este modo, esperan que el voto económico –es decir, votar en función del estado de la economía– sea mayor en contextos donde la descentralización siga un modelo layer-cake de federalismo, o federalismo dual, en el que un nivel de gobierno concentra la mayor parte de la autoridad y los recursos, potenciando así la claridad de responsabilidades. Este sería el caso históricamente –la cosa cambiaría tras el New Deal– de Estados Unidos. El voto económico sería más débil en contextos con un modelo marble-cake de federalismo, o federalismo cooperativo, donde la distribución de poder gasto e ingresos es más enrevesada y actúa así en detrimento de la claridad de responsabilidades.

Orriols y León encuentran en el caso español un buen ejemplo. La asimetría que caracteriza al Estado de las autonomías español, tanto en el lado del gasto como en el de los ingresos, permite a los autores estudiar en qué medida los diferentes diseños de descentralización en las distintas comunidades autónomas se relacionan con una variación del voto económico regional. A su vez, observan hasta qué punto la atribución de responsabilidades intercede en esa posible asociación.

Los autores recopilan datos acerca de los niveles regionales de desempleo y de PIB junto a las encuestas preelectorales disponibles de 1982 a 2012. La evidencia parece respaldar su hipótesis inicial: el voto económico regional es mayor en País Vasco y Navarra que en el resto de CCAA. Son precisamente estas dos comunidades autónomas dos de las regiones que han adoptado un modelo layer-cake de descentralización. Ambas comunidades presentan también los niveles más altos de claridad de responsabilidades sobre los poderes regionales. ¿Qué sucede entonces en las otras quince comunidades autónomas? La respuesta no es fácil. Pero sí parece claro que la descentralización, especialmente en el caso del federalismo cooperativo, dificulta la atribución de responsabilidades, “sobre todo sobre todo si tenemos en cuenta que la difusión vertical de la responsabilidad (la traslación de la responsabilidad de las decisiones al nivel superior de autoridad) es una de las excusas favoritas de los gobiernos autonómicos” (Lago y Lago, 2011). Al mismo tiempo, el control de los gobiernos regionales se ve mermado cuanta mayor es la dificultad para responsabilizar a unos u otros de las políticas puestas en marcha.

Nos encontramos pues en los sistemas políticos multinivel frente un trade-off entre la claridad de responsabilidades y el consiguiente control de los gobiernos, y la eficiencia y eficacia de los gobiernos. Lago y Lago (2011) resumen con claridad las dos caras del trade-off. Por un lado, los sistemas multinivel ofrecen una mejor calidad de las políticas públicas, disminuyendo además los costes en su provisión al existir una mayor cercanía del gobierno a los ciudadanos y un mejor conocimiento de sus preferencias. No obstante, además del perjuicio que puede  suponer para el control de los gobiernos, “también disminuyen los incentivos para que los políticos respondan de la mejor manera posible a los intereses” (Lago y Lago, 2011) y mayor es la probabilidad de la aparición de las políticas miopes para votantes miopes. Los autores muestran en este sentido cómo el control del gobierno en el nivel autonómico es con regularidad menor que en la arena nacional, aunque también tenemos que tener en cuenta la existencia de gobiernos de coalición en las Comunidades Autónomas. Unos gobiernos de coalición que a menudo también complican la atribución de responsabilidades (Powell y Whitten, 1999).

En definitiva, conviene no olvidar que cualquier diseño institucional que haga más complejas las dinámicas políticas incrementará los costes informativos para identificar al responsable. Este aumento en los costes de información no se producirá sólo en la división de poderes vertical (sistemas multinivel) sino también en la horizontal (gobiernos de coalición).

¿UNA CIUDADANÍA INFORMADA?

Cuando uno se aproxima a la literatura sobre todas estas cuestiones entrelazadas (comportamiento electoral, rendición de cuentas, etc.) el papel de la información sobrevuela la mayor parte de las investigaciones. Philip Converse, uno de los padres del comportamiento electoral, escribía esto en 1975:

Surely the most familiar fact to arise from sample surveys is that popular levels of information about public affairs are, from the point of view of the informed observer, astonishingly low. (Converse, 1975, p. 79)

De hecho, la creencia generalizada de que los ciudadanos son incapaces de tomar las riendas de su propio destino político –por falta, básicamente, de “capacidades”– ha llevado históricamente a filósofos y teóricos políticos a observar la democracia con cierto escepticismo. Desde Platón y Aristóteles hasta los siglos dieciocho y diecinueve la democracia era entendida por muchos de ellos como el gobierno de los ignorantes, de los incompetentes y de los pobres.  Incluso todavía hoy en día, a pesar de la buena prensa que despierta el término, muchos se preguntan hasta qué punto los ciudadanos son capaces de de tomar decisiones políticas meditadas y coherentes, o en qué medida una ciudadanía informada es condición  sine qua non para el correcto funcionamiento de la democracia. Estados Unidos, por ejemplo, se ha mantenido en los últimos 200 años como una democracia estable a pesar de la continua evidencia de una ciudadanía relativamente desinformada. He aquí quizás la paradoja de la democracia moderna.

Gran parte de la teoría democrática contemporánea y de las investigaciones han ido dirigidas a resolver esta paradoja. Como muestran Delli Carpini y Keeper existe un cierto consenso en esta materia: la mayoría de los ciudadanos no se informan demasiado sobre los asuntos políticos. En cambio, no existe consenso acerca de sus implicaciones para el funcionamiento de la democracia (¿real?). Para algunos teóricos una ciudadanía informada es consustancial a una democracia plena y, por tanto, ésta se encontraría hoy en día en estado terminal. En sentido contrario, otros consideran que sobrevaloramos el rol de la información en democracia. Estos autores no esperan una gran participación del ciudadano en los asuntos públicos, por lo que tampoco ven necesario exigirle demasiado conocimiento. Para ellos la solución a la paradoja de la democracia moderna no sería por tanto cambiar las características de la ciudadanía o el sistema en el que operan, sino cambiar la definición de democracia, o en otras palabras no ser demasiado exigentes con ella. Desde este punto de vista, la democracia funcionaría gracias a elementos como el control de las elites, la existencia de determinados públicos atentos o al uso de la heurística y de los atajos informativos.

Parece lógico pensar que para alguien con una jornada laboral de diez horas y dos hijos no es racional dedicar demasiado tiempo a leer revistas de actualidad política o involucrarse en organizaciones de la sociedad civil.  Para más inri, cuando llegue el domingo de elecciones, la influencia de su voto individual sobre el resultado final será nimia. Sin embargo, ya sea por el deber cívico, por la influencia de su entorno familiar o simplemente por el lugar que ocupa uno en la estructura social los niveles de participación electoral a lo largo de las democracias occidentales no son tan bajos como muchos modelos predecían. Es decir, gran parte de los ciudadanos consideran oportuno acercarse al colegio electoral más cercano incluso a pesar de no haberse informado demasiado a lo largo de la legislatura.

La literatura sobre el voto económico o el voto con poca información trata de explicar cómo los ciudadanos resuelven el problema del coste-beneficio y las implicaciones de estas soluciones para los individuos o el sistema de gobierno. Los atajos informativos o la heurística servirían para tomar decisiones eficientes y relativamente lógicas en el contexto, por ejemplo, de unas elecciones generales. El propio voto económico, es decir, juzgar al gobierno en función de la situación económica, los endorsements (“copiar” a quien sabe, es decir, si por ejemplo el laureado Thomas Piketty apoya a Podemos quizás sea una buena idea apoyarles en las próximas elecciones), el candidato (su físico, su manera de hablar, su historia) o la identificación partidista (“si mi partido está a favor de ilegalizar el aborto yo también lo estoy”) o la ideología (ser de izquierdas o de derechas) serían todos ellos diferentes heurísticos. De hecho, según Bailenson et al. (2008) algunos ciudadanos incluso valorarían mejor a los candidatos que se parecen más a ellos físicamente. En el estudio, los psicólogos de la universidad de Stanford modificaban la cara de los candidatos y añadían rasgos del rostro de los participantes del experimento. Sin embargo, las similaridades faciales del candidato no influían a todos los participantes por igual. Aquellos participantes más partidistas, que conocían a los candidatos y poseían por tanto más información, no se veían influidos por el experimento. En cambio, los que poseían menos información política sí valoraban mejor al candidato que se parecía más a ellos. Por tanto, parece razonable pensar que existe también un trade-off entre el uso de heurísticos y el nivel de conocimiento político, por lo que a mayor nivel de conocimiento menos habría que recurrir a la heurística.

Algunos autores recientes, aun conscientes de sus limitaciones, reivindican la importancia de la información en las democracias actuales. En What Americans Know about Politics and Why It Matters Delli Carpini y Keeter (1996) ofrecen razones por las cuales una ciudadanía políticamente informada es deseable y, más allá de su posible valor intrínseco, es un fin al que debemos aspirar como sociedad. En primer lugar, ese conocimiento permite a los ciudadanos distinguir mejor sus intereses como individuos y como miembros de un grupo. Cuanto más conocimiento tenemos, mejor podemos entender el impacto de las políticas e influir en el proceso político promoviendo nuestros intereses. En segundo lugar, los autores encontraron una mayor consistencia ideológica entre aquellos más informados. En tercer lugar, un mayor grado de conocimiento acerca de los asuntos públicos puede alterar nuestra visión sobre cuestiones específicas. Por ejemplo, cuanto más informados están los ciudadanos existe menos probabilidad de que éstos perciban de manera negativa la llegada de nuevos inmigrantes (Popkin y Dimock, 2000). En quinto lugar, los sentimientos de desencanto o alienación con respecto a la vida pública son menos probables entre los más informados. Como consecuencia de esto, un mayor nivel de conocimiento también lleva a un mayor apoyo a la democracia.  En último lugar, cabe destacar la influencia del conocimiento político sobre la participación. De hecho, incluso controlando por otras variables relevantes, como el estatus socioeconómico, cuanto más saben los ciudadanos más probabilidades hay de que participen en las elecciones (Delli Carpini y Keeter, 1996). De este modo, una distribución del conocimiento más homogénea entre los diferentes estratos sociales sería también beneficiosa si la igualdad es una de nuestras prioridades. 

Dos preguntas han prevalecido en el debate de los teóricos de la democracia a lo largo de la historia. Acerca de la primera, quién tiene el derecho de gobernar, parece no haber demasiadas dudas: los ciudadanos, ya sea a través de sus representantes o de manera más directa. En cambio, respecto a la segunda, quién tiene la capacidad o habilidad suficiente para gobernar, todavía seguimos debatiendo largo y tendido.

Así que ya saben: a discutir con cuñados y cuñadas, a bloguear y a leer más periódicos, que los españoles vamos a la cola de Europa, también en cuanto a brecha de género. Y armémonos así de argumentos para decir que sí, que somos capaces de vencer a los tiburones.