La Casa Blanca publicó hace un par de meses un estudio con un título que produce sueño tan sólo leerlo: «Occupational Licensing: a Framework for Policymakers«. Traducido, este texto de 76 páginas suena tan o más épico («Licencias profesionales: un marco para responsables de políticas públicas») que en inglés, que ya es decir. Tras el soporífero título, sin embargo, hay un problema de política económica que no acostumbra a recibir demasiada atención y que tiene consecuencias importantes, tanto en Estados Unidos como en España: las licencias para desempeñar un determinado trabajo o profesión.
Visto de forma aislada, es un tema que parece un tanto inocente. Parece natural que la administración establezca unos requisitos mínimos para que alguien pueda ejercer cierta clase de trabajos, para garantizar un mínimo de calidad y seguridad cuando ejecutan un proyecto y crear un baremo mínimo de competencia que haga la vida fácil a los consumidores. No parece mala idea que un electricista, por ejemplo, necesite tener unos conocimientos mínimos certificados con una licencia; al fin y al cabo, el propietario de una vivienda media no tiene ni idea sobre qué aspecto tiene una buena instalación eléctrica, y un chapuzas incompetente puede acabar pegándote fuego a la casa.
Desde el punto de vista económico, sin embargo, una licencia de esta clase no esta libre de costes. Aunque cumplen un papel real en hacer que el mercado no se llene de estafadores pirómanos, lo cierto es que la necesidad de pasar un examen o sacarse un título reduce la oferta de electricistas al crear una barrera a la entrada. Aunque el número de genios autodidactas que son instaladores de fusibles vocacionales es probablemente limitado, la licencia es un coste inicial que reduce la competencia y hace que suban los precios.
En un mercado como el de electricistas, pilotos de aviación comercial o neurocirujanos estos costes adicionales son probablemente asumibles, especialmente comparada con un mundo alternativo lleno de homeópatas. En otros sectores, sin embargo, las regulaciones, colegios profesionales y licencias puede que sean un incordio innecesario en el mejor de los casos, o un mecanismo para limitar la competencia en el mercado activamente promovido por los profesionales del sector cuando las cosas van realmente mal.
Este es el caso, por ejemplo, de los diseñadores de interiores, floristas, chatarreros o peluqueros en algunos estado de Estados Unidos, profesiones que, por un motivo u otro, necesitan de una licencia profesional. Hay 25 estados (¡25!) donde los legisladores se toman los peligros de violaciones en el Feng Shuei de una habitación o uso excesivo de pieles de leopardo como para exigir una licencia profesional para diseñadores de interiores. Hay distinciones legales entre decoradores licenciados, registrados o certificados, en un épico mejunje regulatorio de dudosa utilidad social.
A los decoradores, por supuesto, les encanta. Este año en Connecticut hubo un legislador que propuso eliminar la certificación en el estado (y hacer que paguen sales tax, que están exemptos) argumentando que le parecía una regulación estúpida. El capítulo estatal de la Asociación Americana de Diseñadores de Interiores (efectivamente, hay un lobby absolutamente para todo) no tardo en movilizar a sus huestes de decoradores enfurecidos hacia el Capitolio, testificando airados sobre la importancia de sus servicios para la economía estatal y la necesidad de regulación para proteger a los clientes de estafadores que no saben que es un código Pantone. Lo sé de primera mano porque ese día estaba en el comité de marras pidiendo más impuestos, y me tiré hasta las tantas escuchando a interioristas hablando sobre como ellos reactivan el mercado de la construcción con su mera presencia.
La cuestión es que muchas licencias profesionales son poco menos que un montón de regulación engorrosa diseñadas por la gente que ya está ejerciendo esa profesión para asegurar que se meta en el negocio el menor número de gente posible. El informe de la Casa Blanca repasa una amplia literatura académica que señala la reducción de competencia, menor participación de minorías étnicas y gente con pocos ingresos en profesiones reguladas, y una caída significativa de migración de un estado a otro para gente que trabaja en esos sectores. El número de trabajadores en profesiones reguladas ha aumentado en los últimos años en parte por el aumento del sector sanitario, pero también gracias al trabajo entusiasta de asociaciones profesionales y lobistas buscando proteger su cortijo. La inmensa mayoría de estas regulaciones son estatales, así que la Casa Blanca poco puede hacer aparte de publicar informes sesudos (el Congreso, como de costumbre, ni está ni se le espera), pero al menos alguien le está prestando atención.
Todas estas historias, por supuesto, no son únicas de Estados Unidos. Es más, España es un país que está especialmente saturado de esta clase de restricciones absurdas a la competencia, sea vía licencias profesionales, sea vía restricciones al número de negocios que pueden operar en un determinado sector. Por aquí hemos hablado largo y tendido de mis amigos los taxistas, pero esto se extiende a cosas como estancos, farmacias, administraciones de lotería, entrenadores de fútbol, concesionarios o notarías.
La buena noticia es que el en 2012, en vista del número absolutamente épico de colegios profesionales (1.650) que tiene España, el gobierno decidió impulsar una reforma para racionalizar el sistema. La mala es que en febrero el gobierno decidió retrasar sin plazo esta reforma, demostrando una vez más que Mariano Rajoy aún no ha descubierto un problema que no pueda dejar para más adelante.
Lo cierto es que lobistas los hay en todos lados, pero esta es la clase de cosas a las que nos referimos al hablar de reformas estructurales. La regulación de los decoradores probablemente no tiene un efecto apreciable en el PIB de Connecticut más allá de $100 ó $200 extra que los interioristas pueden sablar a gente con demasiado dinero en Greenwich. El problema es cuando esta regulación es una más entre cientos de pequeñas tonterías de esta clase, y sumando, sumando, acaban por tener un impacto real. No todos los 1.650 colegios profesionales necesitan ser purgados y/o destruidos con napalm, pero estoy relativamente seguro que la inmensa mayoría de ellos generan más costes que beneficios. Reformar esta clase de cosas siempre es relativamente complicado, ya que los perjudicados por los cambios siempre se van a movilizar como locos (amenizados por las autonomías que aullando «invasión competencial») mientras que al público en general le aburren estas guerras, pero alguien tiene que hacerlo algún día. Hacerlo es de izquierdas, por cierto, pero ese es otro tema.
Que yo sepa en España sólo Ciudadanos está hablando de esto a menudo, y lo llevan en su programa. El PP ha acabado rindiéndose miserablemente en este tema como de costumbre, y Madina en el PSOE lo mencionó, antes de ser derrotado en primarias. Es algo que parece tonto, pero que es importante. Mi obsesión con los taxistas está plenamente justificada.
Porr cierto, ejercer de diseñador de interiores en Connecticut sigue requiriendo una licencia, y siguen sin pagar impuesto de ventas por sus servicios. Nadie testificó a favor de cambiarlo, y la legislación murió en comité.
Pues si España es kafkiana en este aspecto, Alemania es Cervantina, ejercer allí cualquier tipo de profesión, desde carpintero ebanista a zapatero remendón, conlleva obtención de licencia, y para ello, es necesario acreditar formación y/o experiencia, mediante un examen realizado por otros profesionales del sector pertenecientes a la Cámara de Comercio de la ciudad donde quieras ejercer y obtener tu permiso.
Y pese a ello es la locomotora económica de Europa, no parce que estas rigideces afecten demasiado a su competitividad.
La locomotora funciona gracias al sector exterior, que no tiene ningún problema en contratar ingenieros y técnicos extranjeros.
El sector servicios interno es harina de otro costal. Para todo hace falta una licencia (y una buena red de contactos para obtenerla). Resultado: profesionales escasos, caros y divinizados.
Con frecuencia merece más la pena aprender a solucionar uno mismo un problema, antes que contrartar un profesional. Por el lado bueno, mejora la formación de la población :-).
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201509/07/competencia-denunciara-ayuntamiento-malaga-20150907233212.html
Este artículo viene que ni al pelo al contenido de esta entrada de Roger, habla de sus entrañables amigos, los taxistas.
Es un error equiparar el número de colegios profesionales al de profesiones con barrera de entrada. Hay pocas profesiones que requieran colegiación obligatoria (apenas el 5 %). En la práctica, los colegios funcionan las más de las veces como sindicatos de servicios, que proporcionan a sus asociados seguros, sellos de calidad y similares. Seguramente pueden racionalizarse y mejorarse, pero el problema es menor que el que sugiere el mero número. Y estoy seguro de que Roger no quiere prohibir que los profesionales se asocien para defender sus intereses.
– Protesto, Señoría. Mi estimado colega está tratando de enfrentar el derecho de asociación con la libre competencia.
– Aceptada. Los miembros del jurado se abstendrán de considerar que la creación de monopolios es un derecho constitucional, ya sea de asociación o de sindicación.
🙂
* * *
Más en serio aquí tratamos de dos temas, muy relacionados entre sí, pero distintos.
Uno es el de las licencias profesionales. Creo que todos o casi todos estaremos de acuerdo en que ciertos profesionales como médicos, pilotos de aerolínea o arquitectos deben contar con una formación mínima garantizada, es decir, que debe estar prohibido ejercerlas sin una licencia. De hecho no se trata de profesiones tanto como de actividades: conducir un vehículo de motor sin una licencia está prohibido, no importa si es profesión o afición. De ello se puede abusar, por supuesto (no es probable que el uso excesivo del naranja butano y/o el apilamiento de cojines en sofás y sillones produzca daños irreparables) pero el daño es relativamente menor.
El otro problema es más serio. Que haga falta ser farmacéutico licenciado para abrir una farmacia es muy razonable. Que el estado garantice un mínimo de farmacias, gasolineras o notarías en un área dada con una cierta población, también. Pero que el estado garantice un máximo de ellas, en cambio… eso ya es difícilmente justificable. Este acercamiento que podríamos llamar «homeopático» a la provisión de servicios para los ciudadanos solo les hace la vida diaria más difícil y más cara, para regocijo de taxistas, farmacéuticos, registradores, notarios y otras profesiones en las que la libre competencia es literalmente un chiste malo.
Nota 1: ¿Alguién ha visto jamás que una farmacia cerrara, o sabido de semejante suceso? Yo, desde luego, he sido testigo de que eso ocurriera tantas veces como unicornios he cazado a lo largo de mi vida.
Genial el artículo de Roger y tu comentario también.
Es una vieja batalla entre economistas y políticos, que suelen ganar los taxistas y similares…
Alatriste, muy fan tuyo
Me vas a hacer ruborizar…
Por cierto, la Nota es 1 porque había una Nota 2 que o se me olvidó escribir o fue devorada por los gremlins de la red. Debería haber dicho que como ejemplo de que las barreras de entrada por la emisión de licencias pueden ser muy caras y producir todo un «ecosistema» que vive a su costa el carnet de conducir es un caso de libro. Pero que los hospitales y los cementerios enseñan que la alternativa puede ser aún más costosa…
El ejemplo de las farmacias aún tiene otra vuelta de tuerca: en teoría, la licencia sirve para asegurar que el ciudadano recibe un servicio seguro, honesto y profesional. Pero en la práctica, la inmensa mayoría de farmacias de este país no tienen ningún problema en vender homeopatía y magufadas similares, sin que a ningún estamento oficial le importe lo más mínimo esa estafa generalizada. ¿Para qué sirve entonces esa licencia?
Agrego una nota 2: ¿alguien ha visto a un propietario de farmacia «no-rico»? (o si nos ponemos exquisitos, que no tenga una situación económica boyante). Incluso ahora con problemas de pagos son un colectivo privilegiado.
Está muy bien una regulación en la que convierte a los afectados (o premiados) en ricos.
Luego no es de extrañar que la mayor parte de las universidades privadas, destacando aquellas menos prestigiosas, ofrezcan el Grado en Farmacia; dirigido fundamentalmente a descendientes de propietarios de farmacias. También son pioneras en dobles titulaciones combinadas con optometría, ortopedia… una lógica forma de crecimiento inorgánico para una farmacia. Eso sí, titulaciones orientadas a la investigación o a la industria se veían menos…
Pues yo siempre he defendido el tema de liberalizar farmacias hasta que me dio por buscar papers sobre los efectos de dichas reformas y creo recordar que los resultados venían a ser que el nivel de precios permanece practicamente igual (y con ello el gasto farmacéutico, normal teniendo en cuenta que los precios están fuertemente regulados) y la disponibilidad no mejora (y creo que empeoraba ligeramente en algunos lugares). Lo que si ocurre es la aparición de grandes cadenas que acaban acaparando el mercado.
Que alguien me corrija si estoy equivocado.
Eso de «nadie» es un decir. En Reino Unido uno puede ejercer de arquitecto o ingeniero sin pertenecer a la institución correspondiente, pero el valor añadido por el «sello de calidad» que supone la pertenencia a insituciones prestigiosas hace que a efectos prácticos nadie quiera contratar a quienes no son miembros o al meos elegibles para ser miembros (no basta con tener el título, hay que tener cierta experiencia o estar en camino de tenerla).
No creo que Epicureo esté tratando de enfrentar el derecho de asociación a la libre competencia. Sólo está tratando de cuantificar la magnitud del problema, señalando que el número de colegios per se no debe ser suficiente para escandalizarnos.
Se dice:
«Aunque cumplen un papel real en hacer que el mercado no se llene de estafadores pirómanos, lo cierto es que la necesidad de pasar un examen o sacarse un título reduce la oferta de electricistas al crear una barrera a la entrada»
Y luego se dice:
«El número de trabajadores en profesiones reguladas ha aumentado en los últimos años en parte por el aumento del sector sanitario, pero también gracias al trabajo entusiasta de asociaciones profesionales y lobistas buscando proteger su cortijo»
¿En qué quedamos? ¿Crean o no barreras de entrada las licencias? Porque si nos atenemos al segundo párrafo parece que la realidad desmiente la teoría.
Creo que lo que quiere decir es que el número de trabajadores en profesiones reguladas ha aumentado porque también lo ha hecho el número de profesiones que requieren licencias…
Es más fácil que eso. Puedo suponer que la intención de Roger era decir que los lobistas trabajan para que ser , por ejemplo churrero, sea una profesión regulada , con lo que el número total de trabajadores crece. Otra cosa sería que en una profesión ya regulada crecieran los trabajadores, aunque de lo que se trata es de que los «regulados» coman una porción mayor, no de que vayan admitiendo más en el ejercicio para que la porción de tarta que se comían permanezca constante.
Como curiosidad, Podemos Farmacia parece haberse manifestado, aunque muy sutilmente, a favor de la liberalización (de número de farmacias) (ya sé que sólo es compartir una foto en el muro de Facebook, pero algo es algo 🙂 ). Hemos repetido hasta la saciedad que si un partido quiere defender a los precarios, debería hacerlo.
Buen artículo.
Querría comentar varias cosas:
1. Los colegios profesionales NO son asociaciones. Son Corporaciones de Derecho Público que sí que es verdad que tienen una base asociativa, pero que ejercen potestades administrativas, cosa que una asociación no (de hecho, si para el ejercicio de una profesión se exige la colegiación, y los colegios profesionales fuesen asociaciones, se estaría vulnerando la libre asociación en su aspecto negativo, de derecho a no asociarse). De hecho, en la constitución aparecen claramente separados en diferentes artículos la regulación del derecho fundamental de asociación (art. 22) y, de otro lado, la mención que se hace a los colegios profesionales (art. 36), por si hubiese dudas. Por ello, los colegios profesionales, en cuanto a su estructura y funciones se parecen más a una Diputación provincial, por poner un ejemplo tonto, que a una asociación profesional; y es por esto por lo que deben ser examinadas por su utilidad para el público, como se hace aquí.
2. El que Alemania sea un país más o menos competitivo no depende de las profesiones reguladas, sino del sector industrial, I+D y de unas buenas universidades (¿alguien ha oído hablar de los brillantes servicios profesionales alemanes?).
3. Como se apunta en el artículo, las bondades de la colegiación obligatoria y de ciertas barreras de entrada y controles ex post hay que analizarlas caso por caso. Me gustaría comentar un caso concreto. Uno de los comentaristas de más arriba hablaba de que en profesiones como la de registradores la competencia es un chiste malo. Precisamente en el caso de los registradores NO hay competencia. Ni la regulación actual pretende aparentarlo, ni tendría sentido.
El de los registradores es un caso distinto: el de una función que es claramente pública que, por circunstancias particulares nuestras, se ha «enajenado» a un sector a medio camino entre lo público (porque los registradores son funcionarios, al menos de nombre) y lo privado (porque, en todo lo demás, se organizan como empresarios). El origen de esto es bastante sencillo: el gobierno largo de la Unión Liberal creyó conveniente montar un sistema de registros de la propiedad para facilitar el desarrollo bancarios del país, pero ocurrió lo de siempre: no había presupuesto. La mejor fórmula para solucionar esto era crearlo igualmente, pero con el «esfuerzo» privado de registradores que, a cambio, se aseguraban todos los ingresos producidos por el arancel (y que, en condiciones normales, deberían constituir tasas a ingresar en el Tesoro Público).
El hecho de que los registradores, a diferencia de los notarios, no compitan entre sí (estirando el término competición, en el caso de estos últimos), y sean «monopolistas territoriales» no es de una mayor o menos captura del regulador, en este caso, sino de la pura lógica de un sistema registral: una oficina pública que recoge toda la propiedad inmobiliaria del país. La forma más racional de organizar eso es dividir el país en X número de distritos hipotecarios (o registrales), cada uno de los cuales se ocupe de los inmuebles comprendido dentro de ellos.
Por tanto, la anormalidad no está en que haya un registro asignado a cada zona (es de pura lógica, el registro funciona así en cualquier país civilizado), sino en que una función pública sea considerada un servicio profesional. Es un sector que no es liberalizable, porque no tiene sentido que existan múltiples «archivos» privados en competencia, porque la utilidad del registro es precisamente la «garantía» del Estado de las propiedades inmobiliarias; en todo caso, se podría eliminar la institución del registro, pero no liberalizarla. La solución (si se quiere una) es integrar la función plenamente en la estructura pública, y los aranceles que ahora van a los registradores, como particulares, que se conviertan en tasas públicas a favor del Estado. A modo de ejemplo de lo que quiero decir: en Alemania el registro de la propiedad está a cargo de jueces especializados en la materia, creo recordar que dependientes de cada estado federado.
4. Existen profesiones que no es que estén más o menos protegidas por el sistema de colegios: es que directamente existen porque lo exige la ley, sin mayor justificación, como es el caso de los procuradores, que es una figura que no existe en muchos países de tradición jurídica parecida, y que su función de «representación» en juicio se resume en llevar papeles y estar al lado del abogado durante el juicio sin intervención alguna, pero que es necesario contratar para la gran mayoría de los juicios, y con unos precios fijados por los propios colegios, sin posibilidad de competir entre ellos.
A mí después de mucho tiempo en paro se me ocurrió hacerme guía turístico ya que vivo en una zona muy monumental. Cuando decidí hacerme autónomo me enteré que para explicar los monumentos hay que tener carnet, previo examen, examen que convoca la Junta de Castilla-La Mancha cuando le pinta, por supuesto. Esta mierda solo sirve para que los que nacen primero lleven ventaja y además no necesiten talento, es pesticida para el mercado laboral.
Leo mucho comentario cargando contra las farmacias, y la verdad, veo mucha ignorancia sobre el tema. Quizás algún colaborador de Politikon quiera escribir un post, yo me ofrezco a proveer de fuentes e «insights».
Las farmacias son un sector regulado. La mayor parte de sus ventas son de productos que tienen un precio regulado por el Estado. Liberalizar la entrada y salida no va a hacer que bajen los precios.
Por otra parte, en España con 46m de habitantes, hay 20,000 farmacias. En Alemania, con el doble de habitantes, una población mucho más envejecida (que consume más medicamentos) y unos precios regulados que son 2-3 veces los precios españoles, también hay 20,000 farmacias. Y por cierto, en Alemania hay libertad de entrada (siempre que seas farmacéutico) para abrir las farmacias que quieras. (Nota: en Grecia, con 10m de habitantes, había en 2012 10,000 farmacias. La troika exigió reducirlo). Conclusión: en España hay, quizás, demasiadas farmacias. Liberalizar la entrada no va a proporcionar trabajo a los miembros del Círculo Podemos Farmacia (posiblemente, licenciados en farmacia en paro o empleados por otros farmacéuticos propietarios de farmacia).
Otro apunte más: en esta crisis ha habido bastantes farmacias que han presentado suspensión de pagos. Y aunque es cierto que hay farmacias que facturan mucho dinero (principalmente en zonas de afluencia turística y vendiendo productos de parafarmacia y cosmética, en competencia con muchos otros establecimientos), la rentabilidad de la mayoría de las farmacias españolas (rurales, y/o en barrios de aluvión) es bastante baja.
Yo no estoy en contra de la liberalización. Pero no creo que vaya a mejorar el nivel de servicio, ni vayan a bajar los precios, ni nada. Lo más probable, de hecho, es que los posibles beneficios (sinergias por concentración de mercado, etc.) los capturen actores privados como las varias cadenas de distribución farmacéutica que hay en otros países. Y, por otra parte, lo más seguro es que el nivel de servicio en zonas rurales baje. Y eso es un problema de Salud Pública, y es responsabilidad del Gobierno atender a esa parte de la población (aunque se pueden buscar otras soluciones: por ejemplo, en Austria en zonas rurales son los médicos rurales los que dispensan medicamentos. Este caso tiene otros obvios problemas de conflicto de interés, etc.).
Ah, una última cosa. Preguntadle por favor a esos farmacéuticos que decís que venden productos homeopáticos, que os hablen de la eficacia de esos productos. Su deber es informar correctamente, y si no, se les denuncia a Sanidad y ya está. La homeopatía es algo bastante común en muchos países, de hecho en Alemania hay farmacias (y médicos) especializadas en ella. Pero no es ilegal. Tanto afán liberalizador, y luego no queréis permitir que cada cual tome los productos homeopáticos que quiera…
A mi no me preocupa la venta de homeopatía, me preocupa que se ayude a prestigiarla y acabemos financiando el agua más cara del mundo.
Hay ciegos a los que no convence ni un doble ciego, no es necesario reforzar más su fe
Hay quien no se quiere enterar, la liberalización de las farmacias es más una cuestión de igualdad de oportunidades que de modalidad de competencia, no es cuestión de competencia perfecta o monopolio, en ese sector lo importante es garantizar que todo licenciado en farmacia, sea hijo o no del cuerpo, tenga iguales oportunidades de apertura de un establecimiento, quien no vea esto y ande mareando la perdiz con discursos cansinos de salud pública y posibles abusos monopolísticos de grandes cadenas multinacionales, es no saber de que se habla.
Hola, una pregunta hablando del tema de farmacias:
Supongamos que soy farmacéutico y propietario de una farmacia en algún pueblo de España. ¿si ninguno de mis hijos estudia farmacia puedo vender la licencia cuando decida jubilarme? ¿que pasa si muero, la farmacia seguiría siendo propiedad de mi familia o se abriría a concurso publico?
Profesiones como farmacéutico , que hace poco preparaban los medicamentos en la botica, ahora lo único que hacen es recortar con tijera los medicamentos recetados (dudo que preparen ni el 1% de lo que venden), gracias a universidades privadas que casi regalan el título, la posesión de la farmacia puede convertirse casi en un título nobiliario.
Yo veo muy mal que alguien por ser el hijo de un farmacéutico y estudiar farmacia en una privada ya puede heredar el negocio mientras que un pobre que ha estudiado farmacia no pueda hacerlo, preferiría que le dieran la oportunidad aunque tengamos farmacias de sobra. Si alguna gran empresa de distribución de medicamentos copara gran parte del negocio, para mi no seria algo tan malo como tener nobles modernos.
Pero vamos a ver, explicadme qué es lo que impide a un licenciado en farmacia comprar una farmacia. Nada les impide, si tienen los fondos suficientes, hacer una oferta y comprar una oficina de farmacia.
Por cierto, en Economía 101 se explican los fallos de mercado. Que haya tanto farmacéutico en paro (ese colectivo al que queréis beneficiar, por encima del bienestar de la sociedad en general) es culpa de una mala política educativa (y no sólo en ese sector, también hay exceso de ingenieros, licenciados en filología, economistas, abogados….). Pero eso no se resuelve sólo dándoles licencias…