Argentina votaba este domingo en unas elecciones primarias que, si bien despiertan un gran interés por lo que suponen de cara a los comicios presidenciales de otoño, me han llamado la atención por una razón bien distinta. Ante las distintas sospechas de fraude electoral, son varios los grupos que proponen la implantación de un sistema de voto electrónico, algo que ya funciona en varios países vecinos, y que fue utilizado con relativo éxito el pasado julio en las elecciones locales de Buenos Aires. Más allá del impacto que esta tecnología pueda tener sobre el fraude electoral, ¿qué otros efectos podemos esperar del voto electrónico?

Brasil puede ayudarnos a contestar esta pregunta. En 1995 el gobierno federal aprobó la Ley Electoral, que regulaba el uso del voto a través de las “urnas electrónicas”. La implementación de este sistema fue gradual, cubriendo estos dispositivos electrónicos dos tercios del electorado en las elecciones de 1998. Más allá de los objetivos iniciales que perseguía el gobierno brasileño, como eran la reducción del tiempo y los costes del escrutinio o, de forma similar al caso argentino, evitar algunas acusaciones de fraude electoral, esta tecnología trajo consigo otras ventajas. El voto electrónico incluía fotografías de los candidatos, así como otras ayudas visuales que guiaban a los ciudadanos en todo el proceso de voto, emitiendo mensajes de error si en algún momento éste no era válido.

Debido al suministro limitado de “urnas electrónicas”, en las elecciones brasileñas de 1998 sólo algunos municipios pudieron hacer uso del voto electrónico. Esta distribución desigual permite extraer interesantes conclusiones sobre los efectos de esta tecnología de voto. En primer lugar, la introducción del voto electrónico trajo consigo una gran reducción del número de votos nulos. Esto implicó que millones de brasileños, cuyo voto en un sistema no electrónico no habría sido válido, pudiesen elegir a sus candidatos preferidos. Este efecto fue mayor en aquellos municipios con mayores índices de analfabetismo, lo que implica que fueron aquellos votantes con menores niveles educativos los que más se beneficiaron de esta ventaja del voto electrónico.

Este resultado recuerda a una de las principales conclusiones de algunos modelos de economía política sobre la asignación de recursos: las decisiones de los gobernantes sobre dónde destinar el dinero público dependerán en gran medida de quién vote. Es decir, los políticos buscaran satisfacer las necesidades de sus potenciales votantes, para garantizar así su voto. Esto implicaría que aquellos grupos sociales que tengan menores tasas de participación puedan estar infra-representados en el diseño de las políticas, dirigiéndose una mayor cantidad de recursos públicos a garantizar el bienestar de colectivos políticamente más activos.

Si el simple hecho de votar conlleva una mayor probabilidad de ser “recompensado” por parte de los gobernantes en el diseño de políticas públicas, ¿por qué no observamos altas tasas de participación entre aquellos colectivos que más pueden beneficiarse de estas decisiones? Las respuestas, evidentemente, son diversas. Sin embargo, la dificultad de entender y utilizar algunos sistemas de votación puede desincentivas, o incluso invalidar, el voto emitido por algunos ciudadanos en las urnas. De los costes cognitivos que representan algunos mecanismos electorales es algo de lo que ya hemos hablado en Politikon (I y II), y Brasil puede representar un buen ejemplo en ese sentido. Según datos del Censo de 1991, únicamente un 58% de los brasileños mayores de 25 años habían completado 4º grado – el equivalente en España a 4º de Primaria -, siendo un 23% incapaces de leer o escribir un documento simple. Por otro lado, las elecciones brasileñas no eran precisamente sencillas. Hasta la introducción del voto electrónico los ciudadanos debían escribir su voto en papel, proceso que implicaba también un conjunto de instrucciones escritas. Es de prever que, en un contexto como el planteado en Brasil, estas elecciones lleven a un alto número de votos nulos, que no sean asignados a ninguno de los candidatos.

Volviendo a lo que nos dicen los modelos de economía política, sería de esperar que un aumento de los niveles de participación real entre los votantes brasileños más pobres conllevase también una mayor redistribución de recursos. Sin embargo, ¿fue eso como ocurrió?

Los datos del estudio de Fujiwara (2015) revelan que, como mínimo para Brasil, esta teoría sí se cumple. El aumento del número de votos válidos implicó un aumento en el porcentaje de votos de los partidos de izquierdas, que no fue debido al efecto de una mayor participación en la entrada de nuevos candidatos. Esto supuso a su vez una modificación en la composición del gasto de los municipios afectados, que tendió a dirigirse más hacia la sanidad pública. Se trata de una política con claros efectos redistributivos, al ser los ciudadanos con menores recursos – y niveles educativos – los principales usuarios y beneficiarios de la sanidad pública en Brasil. Por último, está el efecto que este cambio en la asignación del gasto público tuvo en la salud de los brasileños. En los ocho años que siguieron a introducción del voto electrónico, en los municipios afectados no sólo aumentaron el número de consultas prenatales del servicio público de salud, sino que también se redujo, sólo para aquellas madres con un bajo nivel educativo, el número de niños que nacían con un bajo peso (menos de 2,5kg).

Es probable que el contexto concreto de Brasil sea difícilmente extrapolable a otros países. Sin embargo, es indudable que una mayor participación electoral de ciertos colectivos sociales puede tener un importante impacto en el diseño de políticas y sus principales efectos, mejorando así los mecanismos redistributivos del gasto público. En este sentido, si el voto electrónico puede contribuir a dar voz a ciudadanos infra-representados políticamente, adelante con ello!