Mientras organizaba esta entrada en mi cabeza, pensaba en cómo los textos sobre democracia empiezan con una larga introducción enfatizando la diferencia entre lo que podríamos llamar la democracia como sustantivo (la democracia como régimen político) y la democracia como adjetivo (la democracia como legitimación). Con ello, el que escribe puede enfrentarse a las luces y sombras de un determinado sistema de gobierno sin tener que batallar con las connotaciones de algo que todos asumimos como inherentemente positivo. Asuma el lector que esa introducción existe en algún lugar* y me permito saltar directamente a la cuestión.

Si reducimos la democracia a sus condiciones mínimas necesarias, lo que nos queda es un mecanismo para producir una alternancia pacífica en el poder entre diferentes opciones. Desde luego, hay otros atributos deseables, pero tiendo a pensar que o bien están sujetos a debate y por tanto no son necesarios (p.e., la separación estricta de poderes) o bien que son consecuencias de otras condiciones previas (p.e., los límites constitucionales al ejecutivo son una consecuencia de la competición electoral). Lo que es irrenunciable, lo que marca la línea con respecto a una dictadura, es que haya elecciones periódicas y que el perdedor deje paso al ganador sin recurrir a la violencia.

Es una perspectiva macro, quizás poco práctica para alguien interesado en el diseño constitucional, pero que contiene la semilla de las propiedades que deben cumplir las instituciones políticas en una democracia. Y esto es así porque este tipo de aproximación pone el foco en la premisa que de la que surge la cuestión política en primer lugar: la democracia tiene lógica como mecanismo desde el momento en el que la sociedad está fragmentada y existe una diversidad de opiniones que se enfrentan por la capacidad de tomar decisiones que afectarán al conjunto de la polis. Una sociedad perfectamente homogénea, en la que todos queremos lo mismo y donde las decisiones de gobierno no generan ganadores y perdedores, no necesita un sistema político.

La definición tiene límites empíricos obvios que no necesitan mucha discusión ya que se basa en un contrafáctico y por eso quizás sea fácil abusar de ella. Pero en el plano teórico esta definición tiene la ventaja de iluminar las preguntas que se deben responder para entender mejor las regularidades empíricas que observamos a nuestro alrededor. La fundamental es sobre el origen de la democracias modernas ¿Cómo es posible que se produzca una transición de un régimen donde un grupo reprime a otro a algo que no sea sencillamente una dictadura de la oposición? Si un grupo es lo bastante fuerte como para imponerse al viejo régimen, ¿por qué establecer un sistema político (una democracia) en el que existe la posibilidad de perder el poder? ¿Por qué no oscilamos constantemente entre tiranías de diferentes grupos? (Y aquí enfatizo tiranía porque quiero que el lector tenga en mente a Madison y cómo la pregunta refleja la cuestión sobre las mayorías, su legitimidad y la protección de las minorías.) Esa es la pregunta que abordamos Adam Przeworski (New York University) y Tianyang Xi (Peking University) y yo en un artículo que acaba de ser publicado en el European Journal of Political Economy.

En nuestro ejercicio, dos grupos políticos se enfrentan en competición electoral sabiendo que si el otro grupo gana impondrá sus preferencias, lo cual obligará al perdedor a sufrir decisiones que no son de su agrado. Pero en nuestro modelo vamos más allá y damos al gobierno pleno acceso a instrumentos de manipulación electoral. Esto es, el gobierno puede convocar elecciones escogiendo libremente la probabilidad con la que ganará las elecciones: todo, desde una victoria segura para el gobierno a una victoria segura para la oposición, incluyendo una lotería justa entre las dos opciones, está permitido. Por tanto, la pregunta que planteamos en el artículo es acerca de las condiciones bajo las cuales la oposición accederá a participar en este tipo de estructura en lugar de rebelarse contra el gobierno, y cuándo el gobierno decidirá convocar elecciones que son competitivas. Es decir, queremos investigar cuándo se consolidará una democracia como equilibrio entre los dos grupos.

Lo que encontramos es que si los resultados de las elecciones suponen una gran diferencia para los grupos que participan, la alternancia en el gobierno debe ser frecuente para que el mecanismo electoral sea sostenible. Además, las elecciones serán competitivas cuando los participantes se jueguen algo al participar en las elecciones, pero no demasiado. Es decir, la democracia es un sistema sostenible cuando el valor de estar en el gobierno es lo bastante alto, pero no tan alto como para hacer que el incumbent no quiera darle una opción de gobierno a la oposición. Por último, la democracia es viable cuando la probabilidad de imponerse por las armas en lugar de en las urnas está más o menos equilibrada entre los diferentes grupos sociales. En cualquier otro caso, la tentación de enrocarse en el poder y reprimir a una oposición débil es demasiado alta.

Una implicación normativa de nuestra investigación es que no todas las buenas cosas vienen juntas. Por una parte, queremos que el incumbent no tenga demasiada ventaja electoral sobre sus rivales. Esto es, queremos que las elecciones sean justas. Por otra, queremos que los ganadores estén sujetos a límites constitucionales (agencias independientes, bicameralismo, veto ejecutivo) que establezcan barreras a lo que cada grupo puede hacer en el gobierno. Sin embargo, las dos condiciones no se pueden satisfacer simultáneamente.

Para obtener elecciones sin violencia, la probabilidad con la que el gobierno gana las elecciones debe estar inversamente relacionada con la diferencia en el valor entre ganar y perder las elecciones. Si las elecciones no suponen una diferencia para los participantes porque existen límites constitucionales fuertes que garantizan una moderación de las políticas del gobierno en relación a lo que quiere la oposición, el incumbent puede perpetuarse en el poder manipulando las elecciones a su favor sin tener resistencia de una oposición que no gana nada por competir electoralmente pero que perdería mucho usando la violencia contra el incumbent. Del mismo modo, la probabilidad de victoria del incumbent debe ser pequeña cuando los resultados de las elecciones sí marcan una diferencia significativa entre estar en el gobierno y estar en la oposición: si el ganador quiere mantener la paz, debe ofrecerle al perdedor una probabilidad de victoria lo bastante alta como para éste pueda recuperarse de las pérdidas actuales dada una opción creíble de gobernar en el futuro.

El segundo resultado de nuestra investigación nos dice que las elecciones son competitivas si los resultados importan lo bastante como para inducir a los partidos a competir, en lugar de simplemente delegar en el incumbent un gobierno a perpetuidad. En ese sentido, y a la vista de lo discutido en el párrafo anterior, parece que límites constitucionales en sociedades homogéneas son contraproducentes. Sin embargo, cuando las sociedades están divididas, son precisamente esos límites los que hacen que los resultados electorales sean aceptables para el perdedor ya que acotan el coste de padecer un gobierno del otro grupo. Lo que este resultado nos dice es que el efecto de los límites constitucionales es una consecuencia del grado de polarización social, que es una forma de justificar que las formas institucionales que garantizan la alternancia política varíen en función del grado de heterogeneidad social entre países.

* Recomiendo al lector interesado Democracy: A History de John Dunn.