Corrupción

Corrupción: más allá de las instituciones

3 Jul, 2015 -

El problema de la corrupción trasciende, en su dimensión y soluciones, el diseño de nuestras instituciones. Por supuesto que mejorar la democracia interna de los partidos o el funcionamiento del poder judicial redundaría en una mayor calidad de las condiciones en que se desarrolla nuestra vida colectiva. Pero la tesis que defiendo en este artículo es que ese terreno común de las reformas institucionales, sobre las que el consenso académico es bastante generalizado (aunque haya incluso posibilidades de empeorar o de ir en la dirección equivocada) no es suficiente para superar el actual estado de cosas. Y por supuesto que no sirve cualquier reforma institucional. Desde mi punto de vista, nuestro “estilo de corrupción” muestra unas peculiaridades que, de ser ignoradas, harán vanos muchos intentos de reforma institucional.

Son dos al menos los hechos diferenciales que complican la solución institucional a nuestros problemas de corrupción. El primero puede explicarse a través de una reinterpretación de un trabajo de Jean Tirole, premio Nobel de Economía 2014, y sobre el que ya elaboré aquí. El punto de partida nos puede resultar familiar: los votantes sabemos que existen políticos corruptos y en un número lo suficientemente elevado como para contaminar a todos sus compañeros de viaje. Como es bastante difícil distinguir (a priori) al corrupto del honesto, los metemos a todos en el mismo saco y como ciudadanos no les ofrecemos mucho: sueldos bajos (comparen el del Presidente del Gobierno con cualquier directivo medio en una empresa) y escasa valoración social.

En ese contexto, los políticos no tienen incentivos a mantener un historial de honestidad impoluto pues saben que los ciudadanos, en un ambiente generalizado de descrédito de la política e incertidumbre, no van a ser capaces de valorarlo. Distinguirse como honrado no es la mejor estrategia para un político racional al que le resulta más fácil sacar partido de la mala fama de los demás (del “y tú más”), del agotamiento de ideas originales (con el consiguiente desplazamiento al populismo) o del voto de castigo. Y esto no solo afecta a los de la casta sino también a los recién llegados, que de una forma u otra se ven contagiados por esa escasa disposición a mostrar historiales de honestidad.

La sociedad se precipita entonces hacia un equilibrio de elevada corrupción, en el que las reformas institucionales no tienen la suficiente fuerza para revertir un historial de desengaños y convirtiendo al ciudadano en un escéptico que se consuela con votar al que ya conoce en sus debilidades, al que le facilita un historial no muy limpio pero conocido. Podríamos explicar así incluso una parte del voto que reelige a gobiernos implicados en corruptelas generalizadas: es una manera especial de gestionar la incertidumbre. De forma complementaria, el escepticismo ciudadano también puede fluir a través de una menor participación electoral, como se acreditó aquí. O alimentando un buen caldo de cultivo para la manipulación mediática del desengaño de muchos ciudadanos.

El segundo límite a las reformas institucionales en nuestro país tiene un sustrato social más intenso si cabe. Por exponerlo de forma gráfica: ¿cuántos de nuestros conocidos se escandalizan por la corrupción política cuando, al mismo tiempo, son bastante condescendientes con el fraude fiscal (propio o ajeno)? Con otras palabras: corrupción y fraude fiscal son dos caras de la misma moneda. Los individuos no tomamos decisiones aisladas del entorno social y en este caso los comportamientos de políticos y ciudadanos son complementarios. Miren datos sobre economía sumergida y percepción de la corrupción y verán cómo van de la mano. Aunque la relación no suele ser directa sino instrumentada a través de servicios públicos de baja calidad, es decir, el ciudadano siente que es legítimo evadir impuestos con políticos corruptos que no le facilitan, por ejemplo, una educación de calidad. En este sentido, la disponibilidad de información sobre costes y calidades de los servicios públicos ayudaría a depurar la sucia connivencia de fraude y corrupción.

Este fracaso clamoroso de las normas sociales no puede corregirse sin más con reformas institucionales. Las tradicionales políticas de lucha contra el fraude (elevar la probabilidad de ser investigado, multas más altas) pierden eficacia en este contexto. Por el contrario, hay ejemplos exitosos de cómo valores sociales y culturales ampliamente aceptados cristalizan en instituciones alineadas con el bienestar social. En Noruega, por ejemplo, las declaraciones de impuestos de personas físicas y jurídicas se pueden consultar libremente en Internet; el Estado de California publica una lista con los 500 mayores evasores fiscales cazados. Todo eso procede de, y al mismo tiempo antecede a, una lucha institucional contra el fraude fuertemente enraizada en la sociedad. En rigor, no se sabe con certeza qué fue antes, si el huevo (los valores sociales) o la gallina (las instituciones). Incluso para casos en apariencia bastante nítidos la evidencia no es contundente, aunque la literatura experimental parece conceder un papel primario a los valores sociales. Hay un evidente problema de endogeneidad con el que resulta inevitable convivir.

A modo de conclusión, creo que las operaciones de ingeniería institucional ilustrada que no sean conscientes de esos otros factores (digamos, ambientales) nacen muy limitadas. Es una perogrullada pero las reformas institucionales son condición necesaria aunque no suficiente para el éxito en la lucha contra la corrupción. Nada más lejos de mi intención que caer en un pesimista determinismo histórico o cultural pero sí poner encima de la mesa que estos factores importan, y no poco.