La noticia que Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte tenían jugosos contratos de consultoría con una constructora siendo diputados es preocupante. Lo es tanto por el contenido y la forma del trabajo que se supone estaban haciendo estos políticos como por la actitud de todos los implicados cuando se ha descubierto el pastel.
Empecemos por lo obvio: un político en activo, alguien que tiene un cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos con la administración. Nunca. Es un obvio, notorio, tóxico conflicto de interés.
Parece mentira que uno tenga que decir estas cosas en voz alta a estas alturas, pero es algo que todos los políticos y cualquier persona, empresa, asesoría, despacho de abogados, ONG, asociación de vecinos o club de petanca que interactúa con un cargo público deben recordar absolutamente siempre: a un político no se le debe dar dinero en el ejercicio de su cargo. Ni dinero, ni regalos, ni viajes, ni préstamos, ni reformas en la cocina, ni darles una paseo en burro. Nada. Si el político recibe algo que le lucre de forma personal de cualquier modo o le ahorre una cantidad substancial de dinero, ese donativo o favor debe ser visto como algo inmediatamente sospechoso por todos los implicados y debe ser evitado.
No, no hay excepciones. Incluso un regalo de cumpleaños cuesta más de €30, debe ser quemado en una hoguera antes que caiga la noche. Por precaución.
Si os fijáis, ni siquiera estoy mencionando nada relacionado con la ley. Da absolutamente igual que la legislación española tenga lagunas en este aspecto, y es más irrelevante aún que el receptor declare los ingresos a hacienda. Un político no puede tener conductas que den pie a la más mínima duda sobre su honestidad, ni puede hacer nada que pueda llegar a sugerir que en algún momento, en alguna decisión, voto o conversación con compañeros de partido, funcionarios o ministros sus acciones podían venir marcadas por una fuente de ingresos que no fuera su salario como cargo público. Si un político tiene una fortuna personal o empresas antes de meterse en política, la gestión de estas debe ser puesta en manos de administradores independientes (un blind trust) antes de jurar el cargo. Si es un cargo sin dedicación completa deberá recusarse de inmediato antes de tratar cualquier tema que pueda levantar la más mínima suspicacia sobre posibles favoritismos o falta de imparcialidad.
Trillo y Pujalte, obviamente, no cumplieron con ninguna de estas condiciones. Como cargos públicos en puestos de responsabilidad dentro de un partido político cualquier labor de asesoramiento a empresas que tienen contratos con la administración es completamente inaceptable. Si estos contratos, además, pagan decenas de miles de euros anuales sin que haya ni una sola prueba documental, informe, memorándum, notas a mano o nada remotamente parecido a lo que se le exige a un consultor que te está cobrando una tarifa de estrella internacional, los receptores deberían abandonar la política de inmediato, muertos de vergüenza, incluso antes que alguien llegue a plantearse si lo que han hecho es ilegal o no. Los genios que deciden sobre compatibilidades en el Congreso pueden haber dicho que tener un despacho de abogados es compatible con la labor de diputado todo lo que quieran: ejercer de consultor de esta manera es completamente inaceptable.
Lo que me ha puesto especialmente de los nervios, sin embargo, ha sido las respuestas de Trillo y Pujalte cuando se les ha preguntado por este pastel. Su justificación es que la asesoría «verbal» era para temas que no tenían nada que ver con la contratación pública, sino «expansiones estratégicas», «estudios de mercado» y demás perlas parecidas. Aún suponiendo que un político puede tener algo parecido a personalidades múltiples y estancas y olvidarse sobre quién le está pagando más de 100.000 euros al año fuera del Congreso cuando está ejerciendo de legislador, el hecho que ni Trillo ni Pujalte parezcan considerar anormal que alguien pueda dudar de ellos es asombroso. No estamos hablando de un problema con Hacienda; el escándalo, insisto, no es si han cumplido con el fisco, sino sobre la posibilidad que una empresa privada les diera dinero a cambio de posibles favores. Haya sucedido esto o no, la mera posibilidad que esto hubiera podido suceder es un escándalo en el mejor de los casos, y motivo de cárcel en cualquier país medio normal.
Por añadido, y como decimos a menudo, no basta con hacer que esta clase de conductas y relaciones incestuosas sean ilegales. La clave, y lo que cualquier reformista debe tener como punto de partida, es que las empresas lleguen a la conclusión que dar dinero a los políticos a cambio de favores sea un gasto inútil, ya que estos realmente no toman la decisión final sobre adjudicaciones, contratos, concesiones o nada relacionado con el gasto público. El problema, en este caso, es que en Collosa / Corporación Llorente pudieran llegar a pensar que poniendo a sueldo a cargos nacionales del PP estos les iban abrir puertas en despachos en Castilla-León. La corrupción es tanto un problema de oferta como uno de demanda: para que un empresario deje de pagar por dar favores debemos hacer que los políticos no puedan ofrecer venderlos.
En fin, creo que todo lo dicho arriba es obvio: conflictos de intereses, recusaciones, imagen de imparcialidad, cosas bien básicas sobre cómo debe funcionar una administración pública. Al menos, debería serlo. Hay días que me pregunto si algunos políticos incluso se han olvidado de esto.
El artículo, por cierto, viene en parte de experiencia personal. Trabajo de lobista, y la lista de cosas que no podemos hacer al relacionarnos con políticos es inmensa.
Como debe ser, por otro lado.
Ellos pueden decir misa, pero estan convirtiendo a su partido en algo toxico.
NADIE va a poder pactar con ellos ni permitir que gobiernen por accion u omisión.
Manda huevos
[…] De contratos y obviedades […]
Artículo totalmente prescindible.
Si es ilegal lo que han hecho, sobra todo lo que se dice.
Si es legal, lo mismo; salvo que estés reprochando a tu partido, que ha gobernado durante 22 años, que no haya legislado en la dirección que indicas.
Un saludo.
Bueno, el partido de Roger tampoco ha puesto el contrato único, y Roger sigue proponiéndolo.
Dicho esto, conviene recordar la férrea doctrina sobre la diferencia entre responsabilidad política y penal con la que el PP asaltaba a Felipe González un día sí y otro también.
Pues claro; y el déficit cero de Aznar era malo y el superávit de ZP bueno.
Pero eso no es el tema. El tema es que si lo fiamos todo a la responsabilidad política, a la moralidad, a la decencia, todo eso es subjetivo. Y si todo está tan claro como dice Roger, y yo creo que sí, que se legisle y nos dejamos de zarandajas subjetivas. No creo que sea tan descabellado.
Un saludo.
Qué mal Roger, que no ha echado la culpa al PSOE de los chanchullos de unos señores del PP. Hay que ver, ¡qué falta de objetividad!
Qué importa si es legal o no . Está bien o está mal. Y, ¿es distinto si lo hacen los de un partido u otro? Pues entonces.
Comentario totalmente prescindible. Si alguien no sabe distinguir entre legalidad y ética para principiantes, debería abstenerse de calificar con tanta ligereza.
Y sí, el pos señala que deberían hacerse ilegales ciertas conductas. Releelo por favor.
Un saludo
Supongo que el final del artículo viene a lo de introducir figuras como la del city manager, que se encarguen de la ejecución de una idea política.
Me pregunto entonces qué es lo que impide que las empresas se acerquen al city manager.
Buena pregunta. Creo que si el City manager se corrompe los concejales tienen todos los incentivos para desembarazarse de él inmediatamente. Además no cuenta con las influencias en el sistema judicial que los políticos si tienen. El City manager crea una división de poderes real.
Si son los concejales los que nombran y deponen al city manager NO hay división de poderes real. Es un cargo político más.
No si para hacerlo hace falta una mayoría de 2/3, por ejemplo. O si se debe hacer por acuerdo de la Junta de Portavoces, de modo que todos los partidos con concejales pesen igual.
La cosa es que haya que sobornar a demasiada gente como para que el soborno sea rentable (y pueda mantenerse a la vez en secreto).
como dijeron Camps y Fabra,
ellos no hacen nada malo porque esto es lo que hacen todos, por lo tanto se supone que debe ser completamente legal.
Para más detalles observad atentamente cada una de las administraciones, desde alcaldes, jefes de diputación, gobiernos autonómicos, …
Estoy de acuerdo con todo el artículo salvo con «para que un empresario deje de pagar por dar favores debemos hacer que los políticos no puedan ofrecer venderlos». Lo único que se conseguirá con eso es que en vez de pagar a políticos pague a funcionarios o «managers» contratados.
Si un político hace algo inmoral, aunque no ilegal, tenemos la opción de votar a otro partido; con los «gestores profesionales», ni siquiera eso. La corrupción de los políticos acaba saliendo a la luz, aunque solo sea porque a la oposición le interesa. La de los funcionarios… ¿Me puede decir alguien algún funcionario imputado o expulsado por corrupción? ¿Es que todos son santos? No lo creo.
Creo que deberiamos corregir eso de librarnos de los políticos votando a otro partido, eso es como librarnos de una inflamación dejando de usar el brazo. La política viene en un pack, así, que con sus imperfecciones, su corrupción y tal, es muy difícil que se deje de votar a un partido por sus corruptos. Aquí y ahora puede, solo puede, que votemos a otro partido, pero como cuando votamos a este, no va a ser por librarnos de los corruptos, sino por el castigo al que nos ha sometido. Si la situación hubiera vuelto a la del 2004 o 2006, aunque salieran fotos de Rajoy y Barcenas ahogando gatitos mientras se llevaban el dinero de la caja de la SS , no pasaría nada.
¿Funcionarios sancionados por corrupción? Solo en lo que es policía y GC habra unas cuantas decenas. Y por llevarse dinero de la caja en Ayuntamientos y otras instituciones, debe haber unas cuantas.
Pero tampoco vamos a igualar a una persona cualquiera, con acceso a determinados bienes con las personas que tienen acceso a la caja ¿Verdad?
¡qué tiquismiquis que estamos últimamente!
Trillo y Pujalte tienen una enorme experiencia, conocimiento y visión de mercado. Seguro que cuando dejen la política y/o su partido no toque el poder, las empresas seguirán rifándoselos por sus grandes y evidentes capacidades. De hecho ¡ambos son de sobra conocidos por ello!!
El problema no es tanto que no DEBAN (que no deben) sino que PUEDEN (ya que parece que el Pleno autorizó las consultorías, y no siendo directamente con la Administración, ES legal).
El problema es que nos hemos agarrado, todos, al literal de la legislación vigente. La ética, como bien señala la pieza, no entiende de leyes (ni las leyes de ética, como debe ser), pero hemos prescindido de ella completamente y todo es bueno hasta sentencia firme no recurrible ante una instancia superior.
Y así estamos todos, conste.
Creo que tiene más que ver con los costes asociados a la «presunta» corrupción.
Roger, ¿Que le ocurriria a un candidato, a lo que sea, en EEUU, si hubiera actuado como Trillo, incluso aunque no fuera ilegal?
Por lo poco que conozco el tema, le hubiera hundido su carrera de por visda, y, principalmente, los ELECTORES no le nubieran votado nunca mas.
En España, vease Andalucia hace poco, estos actos no tienen casi coste electoral.