Economía

El gobierno de los esquiadores

29 Dic, 2014 - - @egocrata

La semana pasada la Generalitat se convirtió en el principal operador de estaciones de esquí en Cataluña. La última incorporación a este imperio de nieve del gobierno catalán es Boí Taüll, una estupenda estación en el Pirineo de Lleida que había sido rescata repetidamente con créditos de la administración pública. La semana pasada los propietarios se dieron por vencidos, y en vez de devolver el préstamo dieron las llaves del negocio a la Generalitat.

Esto en principio no deja de ser un tanto inexplicable; de todas las responsabilidades que tiene el estado el subvencionar ocio invernal a las clases medias altas no parece ser una gran prioridad. Destinar recursos públicos en tiempos de crisis a mantener telesillas en funcionamiento parece un uso un tanto absurdo del dinero de nuestros impuestos. En realidad, sin embargo, esta operación puede que no sea del todo absurda, aunque como veremos, es probable que el método utilizado no sea ideal.

Empezaremos por la racionalidad de mantener una estación abierta: las pistas esquí son una infraestructura que genera externalidades positivas en la región donde están situadas, y su cierre puede tener consecuencias negativas más allá del propio negocio. Vall de Boí, sin Boí Taüll, sería un bonito valle pirenaico atractivo para amantes del románico a los que no les importa pasar frío y excursionistas machaca que disfruten sufriendo en la nieve. Es un sitio increíble, no hay duda, pero no es la clase de lugar que atrae el turismo de masas. Gracias a la estación de esquí los fines de semana de diciembre a marzo son temporada alta; la cantidad de dinero que genera en hoteles, restaurantes, alquiler de material y comercio es considerable.

El problema, claro está, es que la estación de esquí genera todos estos ingresos adicionales, pero no puede capturar estas rentas que acaban en manos de terceros. Aunque un porcentaje considerable de los beneficios de los negocios de la comarca sólo existen porque ellos están ahí, los propietarios de Boí-Taüll no pueden reclamar ese dinero. Dado que compiten con otras estaciones de esquí en los Pirineos (algunas propiedad de la Generalitat, y completamente inmunes a las pérdidas) no pueden subir el precio del forfait, y tampoco pueden contratar un grupo de matones y cobrar el favor de su existencia al resto.

Es aquí cuando entra la Generalitat. El gobierno catalán captura parte de las externalidades positivas de Boí Taüll a través de los impuestos. La estación genera toda esta actividad económica en el valle; su desaparición forzaría el cierre de muchos negocios, algo que acabaría costando dinero a la administración vía menos recaudación y más gasto social. Alguien en el departamento de política territorial, dirección general de pijos con bronceado (o algún sitio similar) probablemente se sentó con las cuentas de las pistas de esquí, calculó cuánto costaría cubrir sus pérdidas, y lo comparó con el coste social de dejarla caer. El balance era probablemente muy favorable a comprar Taüll, y así lo hicieron. Un valle pirenaico salvado de la ruina de ser ignorado por los turistas de Barcelona.

El problema, claro está, es que este rescate no deja de ser injusto. La Generalitat, para proteger los beneficios sociales de las pistas, ha utilizado el dinero de todos los contribuyentes catalanes. Estos beneficios sociales, sin embargo, van a parar de forma casi exclusiva a los propietarios de hoteles, restaurantes y demás en Vall de Boí, no al de la economía catalana en general. Si el problema para los propietarios de la estación era que no podían participar en los beneficios adicionales que su existencia generaba, lo cierto es que el contribuyente catalán tampoco verá gran cosa. Sí, los hoteleros pagan impuestos, pero no pagan más que un hotel en Vall Fosca, un sitio igual de bonito pero sin estaciones de esquí. Seguimos teniendo gente obteniendo rentas gracias a una inversión de terceros.

¿Qué solución sería más justa para todos los implicados? Se me ocurren dos opciones. La primera, más sencilla, es que la Generalitat compre Boí Taüll, pero que pague la operación mediante la creación de un impuesto turístico especial para la región. Llamadle tasa extraordinaria de mantenimiento de infraestructuras, peaje ecológico o impuesto revolucionario; la cuestión es que los beneficiarios de la existencia de las pistas de esquí paguen por su existencia. Otra opción, jurídicamente más complicada, es forzar la creación de un consorcio empresarial regional participado por todas las empresas del sector turístico de la zona para que se haga cargo de la estación. Los beneficios de hoteles, restaurantes y demás subvencionarían las pérdidas de las pistas de esquí, haciéndolas viables.

Esta segunda solución puede parecer extraña, pero es relativamente habitual. Muchas estaciones de esquí españolas nacen precisamente con este esquema, con un promotor inmobiliario construyendo apartamentos en medio de ninguna parte y poniendo un par de telesillas al lado para venderlos. Los tranvías y metros de muchas ciudades americanas son también en origen negocios inmobiliarios; los ferrocarriles privados japoneses, aún hoy, se ganan la vida construyendo y alquilando oficinas, centros comerciales y viviendas alrededor de sus estaciones. Disney rodea sus parques temáticos de hoteles de su propiedad para asegurar que las hordas de turistas que viajan a Orlando a ver a Mickey gastan todo el dinero en instalaciones de su propiedad.

Ambos modelos serían más justos y eficientes que dejar que las pistas de esquí cierren, o acabar con la Generalitat de propietaria de otro montón de instalaciones para gente adinerada. Por desgracia, parece que no hay ganas de buscar soluciones creativas a problemas reales, y se prefiere echar dinero de todos sin pararse a pensar si hay una alternativa mejor. En Boí Taüll tendrían una excusa medio decente si fuera la primera vez, pero es la séptima estación de esquí en manos de la administración catalana. Algo estamos haciendo mal.


9 comentarios

  1. […] El gobierno de los esquiadores […]

  2. edulfc dice:

    Si te das un paseo por Andalucía comprobarás que la Junta tiene una extensísima red de albergues subvencionados -inturjoven- en los que habitualmente no se aloja nadie, o al menos en muchos de ellos durante gran parte del año. Quizás se salve el que está en Sierra Nevada, que viene muy al hilo del post.

    Mi pregunta es ¿por qué tiene que actuar la administración como si de una agencia de viajes se tratase? ¿Acaso no hay oferta hotelera suficiente? Demonios, ¿qué necesidad hay de un albergue subvencionado en Sierra Nevada si ya hay hostales y albergues a patadas, y tirados de precio?

    Por si fuera poco han perdido dinero hasta hace poco, y ahora en teoría están ganando aunque sean beneficios pírricos, aunque me permito el beneficio de la duda al respecto. Sin embargo los cientos de empleados de Inturjoven votarán PSOE siempre.

    Al final, el fondo del debate es sobre la prioridad de gasto público, y en mi opinión, por mucho que las externalidades generadas por el sector sean positivas -empleo sobre todo-, el estado no puede andar gastando dinero público en rescatar al sector hotelero. Si asumimos que el estado debe intervenir para solventar cualquier problema en un sector a martillazos -rebajas de impuestos, rescates o subvenciones más o menos encubiertas- mejor nacionalizamos la economía al estilo soviético y acabamos con el problema de raíz.

    Claro que siempre hay otro problema, el de rescatar a sectores porque son «sistémicos» cuando la gran mayoría de la población no va a poder permitirse disfrutar de ellos.

  3. Cruz Alarcia dice:

    Bravo por el artículo, Roger.

    Lamento recurrir al argumento de siempre pero supongo que el problema sigue siendo el mismo: que nos gobiernan ladrones. Y que es más fácil hacer una chapuza que hacer las cosas bien.

  4. Un artículo muy expresivo de una situación donde es fácil generar clientelismo, generando inversiones en favor de una clientela que obtendrá buenas oportunidades de negocio o de trabajo. Creo que son importantes varias consideraciones:

    1) Las estaciones de esquí se localizan en el medio natural dentro de un entorno rural, y por lo tanto, la principal preocupación debería ser la sostenibilidad del medio natural y del mundo rural. Las estaciones de esquí pueden generar trabajo que ayude a fijar la población en el mundo rural, de modo que no perdamos un rico patrimonio natural, artístico y cultural, pero siempre se debe tener presente de modo primordial la restricción de la sostenibilidad ambiental. Debemos buscar una cierta planificación que convierta a los habitantes del mundo rural en guardianes de ese patrimonio, de lo contrario se podrían convertir en depredadores de dicho patrimonio.

    2)España es un país con muchas comarcas de montaña. En servicios turísticos es clave la experiencia previa, que aporta calidad y disminuye los costes de la prestación del servicio. Se debe valorar dónde están las mayores necesidades de impulso de la inversión pública con el fin de preservar esos patrimonios. Es algo así como las políticas de fomento de las exportaciones con el fin de proteger una industria naciente. Pero en este caso la mayoría de los beneficios a obtener no son monetarios, sino de preservación de un patrimonio natural, artístico y cultural, que creo yo que debe ser el objetivo. Se trata, por tanto de valorar donde están las grandes necesidades de apoyo.

    3)Hay que vigilar estrechamente que las inversiones en unas comarcas no canibalicen las de otras comarcas. De nada sirve que vayan más a un lugar si esos visitantes se extraen de otras comarcas. Es importante fomentar la llegada de nuevos públicos nacionales, fomentar el mayor gasto de los que ya llegaban y fomentar la llegada de extranjeros.

    4)Si son las personas adineradas las personas más beneficiadas por ese tipo de ocio hay que plantear mecanismos de extracción de su excedente del consumidor, lo contrario es una forma de subvencionar a los ricos, una inmoralidad.

    Un cordial saludo.

  5. Carlos_68 dice:

    Sí. Pero un sí como una catedral de grande.
    El euro gastado pòr la administración, es un euro retirado de alguna parte. No sabemos cómo de rentable, económica y socialmente, habría sido ese euro no invertido. El problema es que el euro gastado por la administración es visible, tangible, y en un primer análisis ofrece resultados «positivos» (siendo optimistas). Todos los votantes valoran ese euro visible.
    El señor Hazlitt, en «Economía en una lección», nos lo suelta en un tostón de nosécuántas páginas, y aquí Senserrich lo explica en un folio.
    Tengo la esperanza, pardillo que soy, de que esta crisis habrá servido para algo útil, y que ahora el ciudadano contribuyente, cada vez que observe un gasto de la administración, se pregunte las cosas que en 2007 no se preguntaba:
    – quién paga esto?
    – sirve para algo?
    – el dinero aquí metido, estaría mejor empleado en otro sitio?

  6. Javier dice:

    Roger,
    Imagino que sabes que Boí Taüll es una estación creada en medio de la nada por un grupo constructor. El propietario de la estación y el de los remontes es el mismo. Imagino que al vender la estación a la Generalitat, se le venden también todos los hoteles y restaurantes que antes eran del constructor.
    Por eso me parece que la que planteas como segunda opción, que dices que es relativamente habitual, es la que ha ocurrido en realidad.
    Corregidme, bitte

  7. Joshua dice:

    Gran entrada. Ocurre lo mismo en Aragón mediante la empresa público-privada Aramón.
    Es posible que el sado neto local salga positivo, pero de lo que no cabe duda es (como muy bien señalas): hay mucha gente que paga y no recibe NADA.
    Tengo un pero a tu argumentación. Si hay que poner ese impuesto turístico sobre las actividades que se aprovechan del tirón en la zona (que tratarán de repercutir parcialmente sobre los clientes) y sobre los propios esquiadores que NO pagan con el forfait lo que cuestan las pistas, el nivel de actividad caería todavía más y mucho me temo que este «equilibrio» requiere de una de estas dos cosas:
    – la existencia de «primos» que no esquiamos mientras vemos como nos cierran una planta del hospital público de la zona.
    -la existencia de una burbuja inmobiliaria que alimente la fiesta. Una cosa es aprovechar las rentas residenciales que es algo universal, como dices, y otra es financiar las inversiones iniciales a golpe de pelotazo.
    Como quiera que esa segunda vía se ha agotado, nos quedamos con la planta del hospital cerrada o «con restricciones de servicios públicos».
    Todo lo anterior viene aderezado además con un publireportaje continuo desde los telediarios de las televisiones locales y estatales. En fin.

  8. Kurtz dice:

    «Disney rodea sus parques temáticos de hoteles de su propiedad para asegurar que las hordas de turistas que viajan a Orlando a ver a Mickey gastan todo el dinero en instalaciones de su propiedad.»

    Alguna que otra universidad privada española sigue el mismo esquema de ofrecer titulos para que sus estudiantes se gasten todo el dinero en residencias de su propiedad…

  9. Greg dice:

    El problema con este tipo de operaciones es que si el sector privado no ha ganado dinero, el sector público perderá aún más. Es fácil entrar y se explica al público como una inversión única, pero luego los contribuyentes tendrán que seguir aportando dinero fresco año tras año en préstamos irrecuperables. Salir de la inversión no es posible por el clientelismo político. Si la estación de esquí genera beneficios para la comarca, la comarca puede pagar para subvencionar las pistas de esquí.

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