Hispania.

De industria amenazada a élite extractiva

23 Jul, 2014 - - @egocrata

El debate sobre la tasa de enlaces me ha dejado confundido. A estas alturas uno no espera ya gran cosa de la producción legislativa de este gobierno, pero la idea de forzar a agregadores de contenidos a pagar por enlazar páginas en internet es simplemente estúpida.

El argumento de los medios enlazados, si soy capaz de entenderlo bien, es que cuando Menéame, Google News o una página similar publica un extracto de una noticia con un enlace a contenidos de terceros los que está haciendo es perjudicar su volumen de tráfico. En este escenario un hipotético consumidor de noticias en vez de abrir doce pestañas en su navegador cada mañana como todo español buen nacido abriría una ventanita con Menéame, leería cuatro titulares robados con nocturnidad y alevosía y y se iría a mirar vídeos de gatitos.

La cuestión es que esto no es así. Es más, hay estudios empíricos que señalan que lo que sucede es exactamente lo contrario. Gerard Llobet, en Nada es Gratis, escribía sobre los efectos de Google News y otros agregadores similares en el tráfico de los medios. Aunque la publicación de largos extractos reduce la cantidad de gente que pulsa sobre el enlace original, hay estudios que indican que dejar de aparecer en Google News puede representar una caída de tráfico de hasta un 20% para un periódico. Estudios sobre los efectos de la presencia de un periódico local en un agregador a largo plazo estiman aumentos de tráfico sobre el 16%, incluyendo la generación de nuevos visitantes habituales.

La evidencia empírica, por lo tanto, señala que los efectos de Google News o Menéame sobre los medios de comunicación son casi siempre positivos, y sólo les perjudican cuando estos se acercan al plagio. El estado tiene básicamente dos motivos para crear un impuesto, o bien recaudar fondos o penalizar la existencia de algo que el regulador considera pernicioso y quiere que haya menos.  La idea que un legislador puede crear una especie de tasa pigouviana intentando penalizar la existencia del presunto mal que son los enlaces a terceros es completamente absurda: el daño que claman los medios no es tal.

Si estuviéramos hablando de un impuesto la historia quizás podría tener disculpa. Aun siendo un lugar especialmente estúpido donde recaudar fondos, el estado necesita dinero, e internet es un sitio tan bueno como cualquier otro para buscarlos. El problema, sin embargo, es que esta tasa no iría a las arcas del estado, sino a un conjunto de entidades de gestión de contenidos (CEDRO) y asociaciones de medios de comunicación tradicionales (AEDE). Estas dos grupos son entidades privadas que actúan en un régimen de monopolio de facto gracias a la regulación estatal. La nueva legislación simplemente da a estos actores la autorización legal de confiscar los beneficios de otras páginas en una especie de impuesto revolucionario sobre agregadores de contenidos.

Algunos comentaristas estos días hablaban sobre como el canon es un atentado contra la libertad de expresión. La verdad, es algo mucho más simple y pernicioso que eso: lo que esta ley hace es permitir que los medios tradicionales actúen como una élite extractiva completamente descarada bajo la excusa de proteger su propiedad intelectual. Lejos de fortalecer los derechos de los creadores de contenidos, el gobierno está permitiendo que los cuatro listillos bien colocados en las asociaciones de medios de toda la vida se dediquen a hacerle la vida imposible a cualquier página que les cite demasiado a menudo sin pagar. Es como crear uno de esos absurdos sistemas de licencias para limitar la competencia que tanto criticamos (de concesionarios a taxistas, pasando por farmacias), sólo que esta vez el legislador está dando la autoridad de crujir a la competencia a golpe de tasas directamente a los incumbents, sin intermediarios judiciales ni nada.

Más allá del impacto económico de la medida (cargarse todo un sector de futuro en la economía española mientras crea un galimatías regulatorio imposible, más o menos), este absurdo plan es el enésimo ejemplo sobre cómo un grupo de interés pequeño y bien organizado puede imponerse sobre el interés general. AEDE, CEDRO y los medios de comunicación tradicionales tienen un interés claro en extorsionar tanto dinero como sea posible de sus competidores. Los legisladores probablemente no entienden demasiado qué están votando, pero están más que contentos de hacer felices a los directores de todos los periódicos de España (los políticos aún creen que un director de periódico es un tipo al que hay que rendirle pleitesía). Al electorado de un país con un 26% de paro que Menéame cierre le importa más bien poco, así que los agregadores de contenidos locales acaban siendo demasiado pequeños como para atraer la atención de los políticos, y les toca pagar el pato.

De todo este jaleo podemos extraer dos lecciones. Primero, la enorme importancia de las agencias independientes. En Estados Unidos si a una asociación de prensa se le hubiera ocurrido sugerir algo remotamente parecido a este sistema las autoridades de la competencia, con la FCC a la cabeza, hubieran salido en tromba acusándoles de intentar crear un cártel y restringir la competencia. En España no sólo los reguladores se han limitado a protestar tímidamente, sino que encima el cártel está codificado dentro de la misma legislación.

Estos días está de moda criticar a bancos centrales y otras instituciones contramayoritarias que se oponen a la voluntad popular. En este caso un tribunal de la competencia realmente independiente es lo que sería necesario para evitar que el legislador pueda ir por el mundo creando monopolios.  Esto no es cosa del PP; cualquier partido en el gobierno, no importa lo poco casta que sea, tiene unos incentivos fortísimos para hacer exactamente lo mismo, creando rentas para grupos específicos a cambio de donaciones, cobertura favorable en los medios, deudas perdonadas o puestos de trabajo para ex-ministros. La única forma de evitar esta clase mangoneos tan obvios como desesperados es sacar a los políticos de la ecuación tanto como sea posible, creando instituciones realmente independientes que velen por preservar la integridad del mercado y libre competencia.

Segundo, y casi igual de importante: hay que organizarse. Los medios de comunicación tradicionales tienen sus lobistas, sus organizaciones profesionales y sus grupos de lloriqueo, lamentación y tristeza organizada para ir al parlamento a dar pena y lástima a los políticos. En España no hay nada parecido a la Electronic Frontier Foundation u ONGs con profesionales dedicados única y exclusivamente a evitar que los políticos rompan internet. Alguna asociación de consumidores u autoridad regulatoria medio decente llevaría ya años litigando contra CEDRO, la SGAE y compañía, quejándose de su carácter monopolista, y velando por el que el gobierno de turno no se dedique a reaccionar ante cada derrota judicial con una parche legislativo que transpone la directiva europea de turno de mala manera sin cambiar gran cosa.

Más allá de batallas legales, eso que repetimos habitualmente que si estás protestando contra la aprobación de una ley ya llegas tarde es plenamente relevante. La existencia de una oposición organizada a menudo es suficiente para evitar que a un gobierno se le ocurra presentar esta clase de leyes; el trabajo de un buen lobista es a menudo invisible. Afortunadamente en este caso el PP ha aprobado el texto de mala manera antes de enviarlo al Senado, así que hay tiempo para torpedear el proyecto. Lo que los activistas deberían plantearse esta vez es que en vez de montar un jaleo temporal, hacer ruido y disolverse una vez se gane o se pierda  es crear una ONG con un equipo permanente que trabaje para marcar la agenda a largo plazo*.

Lo más triste de todo este asunto, por descontado, es que el gobierno del PP sigue emperrado en interpretar todos los problemas del país bajo el prisma de que tenemos empresas con demasiada competencia y que la única solución es protegerlas de todo mal. Después nos extrañaremos que las pymes nunca llegan a crecer, los oligopolios nunca pierden y nuestro modelo productivo permanece inmutable.

En fin.

*Imaginad a Politikon pero con abogados a tiempo completo y sólo hablando de internet, básicamente.  Montar esta clase de chiringuitos no es fácil (yo trabajo en uno en Estados Unidos, y ya os digo que Politikon hace ruido, pero no nos da de comer), pero es necesario. Alguien tiene que hacerlo.  Por cierto, hablando de incumbents, ya os podemos garantizar que del dinero del canon por aquí seguro que nunca veríamos un duro.