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El conflicto civilizado

28 Abr, 2014 - - @jorgegalindo

Uno de los lugares comunes en el día a día del debate público español es que en nuestro país los argumentos están demasiado cargados de ideología. Su versión extrema es descartar de un plumazo cualquier argumento que parta de una posición partidista con una referencia a “las dos Españas” que todo lo dominan y que, al parecer, no nos permiten avanzar. Incluso hay partidos políticos que, en mayor o menor medida, están haciendo uso de esta idea para ganar posiciones. Por el lado de los pequeños, tenemos a Podemos afirmando que esto que nos ocurre no es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino que todos (menos una pequeña élite corrupta) nos podríamos fácilmente poner de acuerdo en un conjunto de reformas que nos beneficiarían de manera instantánea, aparentemente sin coste alguno. El Partido X se empeña en buscar expertos para todo mediante democracia participativa, en una extraña mezcla entre populismo y tecnocracia. UPyD juega constantemente con la idea de ser un tercer partido ajeno al eje izquierda-derecha. Por su parte, los grandes (PP, PSOE, CiU, PNV) se auto-asignan el rol de paladines del “sentido común” cada vez que se presenta la oportunidad.

Todo esto que parece tan lógico para mí encierra uno de los peores problemas que puede afectar a la política de un país: el soterramiento de la necesidad de conflicto. La oposición de intereses, el “nunca llueve a gusto de todos”, los costes distributivos de cualquier política van a existir los enunciemos o no. Si no lo hacemos corremos el riesgo de enturbiar el debate sobre qué hacer y cómo hacerlo hasta que las posturas, los beneficios y los costes resulten irreconocibles.

La política es, en esencia, conflicto. De hecho, la idea de la democracia (del voto, de las elecciones) es disponer de un mecanismo que nos permita resolverlo evitando el recurso a la violencia y la constante dictadura de la mayoría o de una minoría organizada. Este conflicto toma infinitas formas, tantas como líneas dividen a nuestra sociedad. Afiliaciones religiosas, culturales, étnicas. Preferencias sobre nuestra organización social (matrimonio, familia, educación). Migración. Estos son solo algunos de los ejemplos que generan diferencias irreconciliables entre la inmensa mayoría de la población.  Una de las más importantes, si no la más importante en muchos momentos de la historia, es la que se refiere a la producción y distribución de bienes y recursos materiales. En un país con un 26% de desempleo, una desigualdad creciente, una burbuja de crédito a nuestras espaldas y un mercado laboral enormemente segmentado como el nuestro, la dimensión económica es fundamental para enfrentar nuestros problemas y decidir nuestro futuro.

La democracia nos facilita un acuerdo de mínimos en torno a un proceso, pero no es una garantía de consenso total a la hora de elegir políticas y reformas. Nada puede serlo porque cualquier medida tendrá, como adelantaba más arriba, ciertos costes distributivos. Es cierto que al debate en España le falta mucha, muchísima información de calidad sobre las consecuencias actuales y potenciales de las reformas aprobadas o discutidas en un momento dado. Solemos recurrir demasiado a menudo a heurísticos que son, en realidad, falsos. Nos hacen falta organismos independientes que nos muestren los pros y los contras de cada posible camino. Pero la decisión final estará basada en el interés.

Miremos a nuestro alrededor. Los países con una mayor correlación entre posición en el mercado laboral y preferencia partidista son los del norte de Europa, particularmente Finlandia, Suecia, Noruega y Alemania. Por contra, el voto de clase es mucho menos pronunciado en lugares como Portugal o España, y apenas perceptible en Grecia. La moraleja es que lo importante no es eliminar la ideología en la dimensión de los fines de la política: allá es inevitable, y como articulación de opiniones individuales en una expresión partidista grupal, necesaria. Si acaso deberemos eliminarla de la dimensión de los medios, igual que tenemos que sacar a los cargos nombrados a dedo de las posiciones técnicas dentro de nuestras Administraciones. Necesitamos más claridad para entender los costes y beneficios de cada propuesta, pero no necesitamos ni podemos aspirar a tener solo una opción para cada problema.

Quien ofrece un solo camino para toda la población está, en el mejor de los casos, ocultando los costes para una parte de la misma. Por ejemplo, una “auditoría ciudadana de la deuda” y el consiguiente impago no sería neutral para la capacidad de financiación de la economía española (incluidas familias y pequeñas empresas), ni para nuestra pertenencia al proyecto europeo. Pero en el peor de los casos tras la solución universal, tras la idea de que una facción determinada representa los intereses globales frente a una reducida camarilla privilegiada, o abyecta, o simplemente errada; tras esa idea, digo, se encuentra simplemente el clientelismo populista. El PASOK de finales de los setenta basaba toda su estrategia en ello. Al ganar las elecciones en el cambio de década reforzó el clientelismo y el proteccionismo estatal hasta límites insospechados y se mantuvo una década en el poder gracias en gran medida al reparto de prebendas y privilegios. Cuando la derecha le sustituyó, en lugar de desmantelar el sistema clientelar lo utilizó para colocar a “los suyos”. El Partido Popular en la Comunitat Valenciana es otro buen ejemplo de política sin ideología: utilizó una ola de crédito barato y las posibilidades que nuestro sistema político y financiero ofrecía para construir un progreso que, en realidad, era una burbuja condenada a explotar tarde o temprano. Jugó a identificar el partido con la totalidad de los intereses valencianos, y su hegemonía electoral antes de la crisis es equiparable al desgaste que está sufriendo ahora mismo.

La madurez del debate público, si tal cosa existe, no llega cuando todos parecen estar de acuerdo, como pasaba en la Valencia de 2003 o la Grecia de 1982. Al contrario, llega cuando las diferencias entre las preferencias individuales son claramente reconocibles pese a no suponer un abismo lleno de rencor ni ser inamovibles. Si en España aspiramos a tal madurez no es consenso artificial lo que debemos buscar, sino una discusión más informada, sí, más rica y moderada, también, pero al mismo tiempo con posiciones más definidas, visibles, explícitas. En definitiva, un civilizado conflicto.