Bajo este sugerente título (sin interrogante) se ha enmarcado el workshop en el que participé hace algunos días en las Joint Sessions del ECPR en Salamanca. Dirigido por los profesores David Farrel y Kristof Jacobs, el interés de este grupo de trabajo fue indagar sobre la relación entre la crisis económica y la democracia. Cada vez más politólogos se están centrando en los efectos de la crisis sobre las actitudes políticas, la protesta, la movilización social, el auge de partidos populistas… Sin embargo, la conexión de la crisis con las instituciones políticas no ha recibido demasiada atención hasta ahora. Nuestro grupo de trabajo trataba justo de eso, sobre la relación de la crisis económica con el cambio de las estructuras y procesos – las instituciones – de nuestros sistemas democráticos.

¿Hace más probable una situación de crisis que haya cambios institucionales? ¿En qué sentido? Durante cinco días hubo presentaciones de diferentes estudios de caso y comparados. Las preguntas de investigación fueron muy diversas. Discutimos sobre experiencias de participación política directa en intentos de reforma, procesos de cambio de sistema electoral tanto a nivel general como subnacional, teorización sobre los requisitos para que dichos cambios institucionales se produzcan o el cómo la crisis puede afectar la confianza en las instituciones.

Gran parte de lo presentado todavía tiene un carácter provisional pero quería aprovechar para compartir con vosotros algunas líneas de los temas que se trataron allí. En ningún modo son ideas mías sino más bien reflexiones compartidas pasadas a limpio y abiertas a futura investigación.

Las reformas: Un fantasma que recorre Europa

Últimamente se ha comentado en diversos foros que la petición en nuestro país de reformas electorales, de democracia directa o similares tiene algo de oportunista y, por supuesto, nada que ver con las causas profundas de la crisis económica. Sin embargo, resulta curioso ver cómo en todos los países – pero especialmente en los más damnificados por la crisis – se está hablando de ellas. En Grecia se habla sobre el cambio en las relaciones legislativo-ejecutivo, en Islandia ha habido un intento de cambio constitucional, en Irlanda han fallado en abolir el senado pero continua en marcha una “convención ciudadana” desde diciembre de 2012 que prevé cambios constitucionales importantes, en Italia… bueno, allí lo cambian todo desde los noventa, pero la crisis ha acelerado las reformas. Parece que solo Portugal ha quedado al margen de momento.

Resulta muy llamativa la variedad de reformas que se discuten en diferentes países y el hecho de que ni mucho menos existe un catálogo universal: cada país pone el acento en temas diferentes. Además, la constelación de actores implicados es muy diferente, así como su grado de horizontalidad.

¿Implica las crisis que haya necesariamente más reformas? Lo que algunos colegas apuntaban era que el efecto constatable hasta ahora es un claro incremento de la discusión sobre el tema (es decir, que entran en la agenda, se crean comisiones…) pero no necesariamente de su aplicación. La crisis económica puede favorecer un magma social favorable a la reforma (mediado por un deterioro de las actitudes hacia la política) pero esto no implica necesariamente superar posibles actores con poder de veto o alambicadas reformas constitucionales. Además, es complicado estimar el efecto directo de la economía. Aún seguimos metidos en la crisis, con lo que podemos estar pecando por anticipación. De hecho, puede que los efectos – las reformas – se puedan ver en diferido y lleguen cuando la economía empiece a mejorar. Al fin y al cabo, el PIB cambia más que una constitución.

Un paralelismo interesante que se empleó en determinado momento fue el de Finlandia y Suecia a principios de los noventa. Ambos países,  metidos en una enorme crisis económica, aprovecharon esa dolorosa ventana de oportunidad para reformar a fondo el funcionamiento de todas sus instituciones. Está por ver en qué medida el estar en una zona monetaria común hace comparable esos escenarios, especialmente cuando algunas reformas piden quitar poder al que lo tiene. Después de todo; ¿Implican necesariamente las reformas una mayor “apertura” del sistema político? La crisis puede ser una excusa en determinados países para dar más poder a los ejecutivos o reducir los controles externos. La justificación siempre puede ser tener que aplicar medidas rápidas ante una coyuntura económica cambiante.

En cualquier caso, quedó claro que la pieza clave de la relación entre crisis económica y reformas es el momento en que los agentes políticos – movimientos, medios, partidos, quien sea – logran asociar la mala situación económica con factores más allá de la responsabilidad política del gobierno de turno. El momento en el cuál lo ligan con el sistema político en su conjunto con la esperanza de crear un momento constituyente.

Que no, que no, que no nos representan

Los mecanismos de participación ciudadana en reformas no son algo tan extraño como pueda parecer: Australia en 1998, British Columbia en 2004, Países Bajos en 2006, o Irlanda y Estonia, que todavía están en curso, son algunos ejemplos. Sin embargo, hasta la fecha, todos estos procesos tienen en común la mala fortuna de haber fracasado. Islandia en ese sentido no ha sido una excepción.

La constitución islandesa es a efectos prácticos una copia de la danesa de 1944 tras la independencia  y de ahí que, con la llegada de la crisis económica y el nuevo gobierno, se planteara el redactar una completamente nueva. Para ello se realizó un complejo sistema de participación ciudadana; una convención de 1.000 ciudadanos escogidos de manera aleatoria estratificada, un comité de 7 expertos para asesorar y la elección de 25 ponentes por sistema de voto único transferible (sobre 522 candidatos que compitieron) para la redacción final. Estos últimos fueron elegidos con una escasa participación del 37% y con la invalidación del proceso por el tribunal constitucional, lo que obligó al parlamento a hacer una ley ad hoc para escogerlos. Algo que, sin duda, dejó tocada la legitimidad del proceso.

En la convención se trataron todo tipo de temas – derechos humanos, sistema electoral – de modo abierto (incluyendo por internet)  pero lo más polémico fue la decisión más prosaica; qué hacer con las cuotas pesqueras y si estas eran bien privado o nacional. Al final, el referéndum se llevó a cabo  y se ganó pero, al no ser vinculante, el cambio de gobierno enterró definitivamente el proceso.

Si algo se concluyó fue que la presión ciudadana, por si sola, no es  condición necesaria ni suficiente para la reforma. De hecho, la exclusión de los políticos del proceso los obligaba a defender un proyecto con el que no estaban de acuerdo y esto se reveló fatal. Para hacer reformas, mejor que todos tengan algo que ganar en proceso… incluyendo los partidos. La táctica dilatoria bastó para hacer morir la reforma. La pregunta es ¿Ha quedado algo de esto?  Según nos contaron, tal como pasó en British Columbia, una sola flor no hace verano. Que haya un solo evento participativo no es garantía ni siquiera de aprendizaje político.

Por su parte Irlanda también se encuentra en un proceso participativo de reforma, pero queda por ver cuál será el resultado final. En 2012 se creó una convención constitucional en Irlanda de la que solo 1/3 de sus miembros son políticos. La idea es que los expertos solo puedan actuar como consejeros, pero se hacen grupos de trabajo mixtos – con gente encargada hasta de controlar que los políticos no acaparen la discusión. De nuevo, el conjunto de temas que se contemplan son muy extensos; reforma electoral, el matrimonio homosexual, rebajar la edad de votar a los 16 años, el rol de la mujer y las cuotas, sacar la blasfemia de la constitución, el voto de los inmigrantes o la duración de la legislatura presidencial. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, se ha sugerido que sea la base para la agenda de reformas del gobierno.

Los colegas apuntaron a raíz de sus estudios con datos internos y de encuesta que este mecanismo permitía llegar a posiciones más consensuadas que las dinámicas partidistas gracias a procesos deliberativos. Aunque queda mucho por aclarar de esto, lo bueno es que esta idea podrá contrastarse gracias a los referendums obligatorios para la reforma constitucional. No hay mejor prueba del algodón para esa tesis que comprobar si el matrimonio homosexual, ampliamente mayoritario en la convención, logra ganar también en voto popular en uno de los países más católicos del mundo.

Abramos el angular, afinemos el análisis

En la próxima entrada plantearé otras ideas interesante que se comentaron, pero valga hasta aquí el anticipo. Después de todo, a la ciencia política aún le queda mucho por discutir sobre el tema sobre crisis y reformas, tema que en este blog tratamos con frecuencia. Sin embargo, probablemente merecería la pena hacer esfuerzos en dos direcciones para generar conocimiento valioso sobre el tema.

Por un lado, creo que somos muy eurocéntricos y comparamos poco fuera de nuestro entorno más inmediato o nuestra propia crisis. América Latina en los ochenta o la crisis asiática de los 90 pueden ofrecernos lecciones valiosas en ese sentido. Y sí, sé que ellos no tenían una moneda común y nuestros problemas particulares, pero pueden ayudarnos a poner esta crisis en contexto. Por otra parte, tengo la percepción de que la crisis económica (que viene en parte de un mal diseño institucional de Europa) interactúa con marcos políticos muy diferentes, incluyendo en los países del sur. Eso, además, lleva a diferentes resultados que van desde Irlanda – donde casi no ha habido protesta- hasta España o Portugal – donde partidos resisten, especialmente en el último, mientras la calle se resiente más – o Grecia – donde todo se resquebraja. La brocha gorda no es útil.  Sin comparar con detalle no podremos entender por qué en la agenda griega de reformas aparecen los poderes del ejecutivo mientras que en España lo hace el sistema electoral o el modelo territorial.