Imaginemos, por un momento, que las profecías son ciertas. Tras seis años de recesión, incompetencia, corrupción y parálisis. los dos grandes partidos que han dominado la democracia española desde la transición implosionan simultáneamente, quedándose apenas con un 25% del voto cada uno. El viejo sistema bipartidista se desmorona, con el PP y el PSOE apenas rozando los 130 diputados.  Tras las elecciones, el hipotético Congreso tiene al PP y PSOE sumando 240 diputados, Izquierda Unida y UPyD 80, y el resto dividido entre nacionalistas variados y demás inquilinos del grupo mixto (la ley electoral hace que este resultado sea poco probable, pero estamos imaginando).

El viejo duopolio ha muerto; España tiene, tras más de tres décadas de estabilidad, un sistema multipartidista. El sueño de tantos votantes hastiados se ha hecho realidad. La pregunta más obvia, en este caso, es ¿cómo funciona un sistema de partidos así en otros países en condiciones normales?

La verdad, no del todo mal, aunque como en todo sistema político hay cosas mejores y cosas peores. Las democracias multipartidistas no tienen por qué ser (demasiado) inestables, y de hecho tienen de media una tasa de crecimiento económico ligeramente superior, aunque los sistemas mayoritarios puros son más resistentes en recesiones. Estos efectos, en todo caso, son muy limitados; en este artículo no hablaré tanto de las ventajas de uno y otro modelo como del funcionamiento de un sistema multipartidista en el el día a día desde un punto de vista meramente político.

El primer detalle distinto entre los dos sistemas es que en un sistema multipartidista no se sabe quién va a gobernar el día después de las elecciones. Un número mucho mayor de votantes habrán podido escoger un partido mucho más cercano a sus preferencias ideológicas que en un sistema bipartidista; a cambio, su capacidad de escoger quién estará en el ejecutivo es bastante menor. En el escenario descrito, un feliz votante de Izquierda Unida podrá estar muy contento de haber creado una mayoría social de izquierdas, con el PSOE e IU sumando 160 ó 170 escaños. Un pequeño apoyo puntual de los nacionalistas de izquierda, y tenemos las fuerzas progresistas de nuevo en la Moncloa, bajo la vigilancia de aquellos que no se venderán nunca a los mercados. Los líderes del PSOE, sin embargo, pueden preferir hacer una coalición de centro con UPyD, o incluso una gran coalición con el PP. El PP, por supuesto, puede que no quiera ver al PSOE ni en pintura, y busque a UPyD y algún regionalista canario perdido para gobernar. La decisión sobre quién ostentará el poder pasa de recaer casi en exclusiva en los votantes y sus movimientos entre PP y PSOE a un escenario donde el electorado crea varias posibilidades ariméticas y los líderes de los partidos hacen lo que les da la gana.

Obviamente, eso no sucede en todos los casos. Algunos partidos, como los verdes alemanes, necesitan la aprobación de sus militantes antes de entrar en una coalición electoral. En otros casos los partidos hacen promesas explícitas sobre qué pactos consideran aceptables; en Italia se excluyó al Partido Comunista de cualquier posible acuerdo durante décadas. Los votantes además siempre tienen la opción de castigar electoralmente a aquellos líderes que apuesten por coaliciones contra-natura; los políticos tienen autonomía, pero sólo hasta cierto punto. Aún así, a menudo resulta complicado votar a favor de algo o en contra de alguien; durante años en Italia la gran pregunta sin respuesta es a quién demonios tenía uno que votar para que Giulio Andreotti no estuviera en un gobierno. La Democracia Cristiana siempre acababa dentro, de un modo u otro.

Tenemos entonces un gobierno probablemente con ministros de varios partidos. Hay un acuerdo de coalición explícito, los líderes de todos los partidos presentes han aceptado romper varias promesas electorales para hacer su participación factible (los programas electorales son mucho menos vinculantes bajo multipartidismo, me temo), y tenemos una nueva mayoría parlamentaria. Es hora de hablar sobre quién manda y, sobre todo, quien tiene poder de veto.

Un gobierno de coalición tiene la ventaja / inconveniente (no siempre es bueno, ni siempre malo) de tener actores con capacidad de veto. En un sistema bipartidista puro el Presidente del Gobierno es poco más que un dictador electivo; los únicos límites a su poder son la constitución, los tribunales y el estómago de sus compañeros de partido. Si Rajoy quiere pintar todos los edificios de Madrid fucsia, puede hacerlo. En un gobierno de coalición, sin embargo, el ejecutivo sólo puede actuar bajo el consentimiento de todos y cada uno de sus socios; si el secretario general de nuestros estimados compañeros de UPyD/IU/PP/quien toque no tiene ganas de aprobar una reforma del mercado eléctrico porque tiene un primo que trabaja en Endesa, no habrá reforma que valga. Esto, por un lado, limita el volumen y capacidad de cometer estupideces de un ejecutivo, pero también da un poder considerable a formaciones minoritarias. Si la reforma laboral es la prioridad de un partido pero un socio de coalición un 7% del voto dice que tumbará el gobierno si la llevan adelante, tenemos un partido pequeñito poniendo palos en la rueda sin demasiado reparo.

Obviamente los líderes de un partido que tiene como máxima prioridad hacer una reforma X se cuidarán mucho de meter en la coalición a alguien con ideas demasiado distintas. Por desgracia a veces la arimética electoral juega malas pasadas, y no siempre pueden escoger. Y por descontado, el Presidente siempre puede descubrir con resignación como una crisis interna de un socio minoritario sobre la que no tiene ningún control le deja con compañero de viaje súbitamente inflexible; las bases de un partido con un 7% del voto están a veces muy chifladas. Un acuerdo de coalición crea a veces situaciones excitantes.

En situaciones de desmadre interno en un partido, horrible escándalo de corrupción, terrible crisis económica o patéticas muestras de incompetencia, el tener un grupo de políticos más o menos autónomos cada uno en una formación distinta es a menudo una ventaja. Nadie tiene ganas de ser el partido que garantiza la supervivencia de un Presidente corrupto, por ejemplo. Nadie tiene ganas de ser el último tonto en sostener un gobierno horriblemente impopular. El tener un grupo de sociópatas sedientos de gloria partidos separados con electorados distintos también puede aumentar el nivel de atención de los gobernantes ante la opinión pública; una coalición busca crear una mayoría social sostenible, al fin y al cabo.

Supongamos que tras muchas aventuras y desventuras nuestro gobierno de coalición llega al final de la legislatura, y es hora de votar. El electorado ahora se enfrenta a un problema bastante único de los sistemas multipartidistas: a quién vamos a echarle la culpa o darle las gracias sobre todo lo sucedido durante los últimos cuatro años. Asignar responsabilidad en un gobierno de coalición es rematadamente difícil;  los estudios sobre el tema señalan que a menudo los votantes premian al partido dominante cuando las cosas van bien casi por defecto, por ejemplo, sin hilar muy fino sobre quién tuvo las ideas correctas. Los votantes además se enfrentan a la incertidumbre sobre pactos post-electorales, así que mandar un mensaje es a veces complicado.

¿Es el multipartidismo peor? Aunque todo lo dicho arriba suene un tanto negativo, no necesariamente. Dios sabe que la alternativa bipartidista es perfectamente capaz de dar resultados espantosos, al fin y al cabo. El multipartidismo puro, con varios partidos en coalición, negociaciones, y multitud de opciones electorales puede funcionar estupendamente bien, y así lo hace en muchos sitios de Europa. Lo que no podemos olvidar, sin embargo, es que su funcionamiento día a día es a menudo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, y que tiene su cuota de injusticias, disfuncionalidades y aspectos cabreantes que llevarán a los puristas a defender un sistema Westminster en un par de años.

Personalmente, yo siempre he sido un admirador del sistema británico, simple, directo y sencillo, sin demasiadas historias ni coaliciones (lo de estos días es una pequeña aberración), pero más por estética y un aprecio a castigar a políticos incompetentes directamente que otra cosa. Cualquier cosa es aceptable siempre que no sea un horrendo sistema presidencialista, eso seguro. Pero de presidencialismos ya hablaremos otro día.  Con la ley electoral actual, por cierto, un multipartidismo puro es difícilmente sostenible en España a medio plazo,  otro tema también ya tratado por aquí.