Hace una semana escribí un artículo sobre un informe del ADIF sobre racionalización del gasto en infraestructuras que alguien había filtrado a la prensa. El informe, decía, era un documento sólido y necesario, con una cantidad considerable de propuestas muy bien diseñadas destinadas a construir una red de ferrocarril de alta velocidad más acorde con las necesidades de tráfico y la situación presupuestaria.

Ayer supimos quién fue el autor/filtrador (no esta claro) de este informe: Manuel Varela, director económico-financiero del ADIF. Y lo sabemos porque según cuentan por aquí (no lo he visto en ningún otro medio, cosa que me extraña) fue despedido de su cargo en el último consejo de administración precisamente por la publicación del dichoso informe.

Si esto fuera cierto (ya sé que Vozpopuli son de embellecer historias, vamos), el cese es una muestra de uno de los grandes problemas de la administración pública española: su falta de independencia, y politización. El informe de Varela era, a todas luces, la clase de trabajo que quieres que haga un funcionario público independiente: es un estudio puramente técnico, basado en datos y previsiones de tráfico que daba a sus superiores una visión desapasionada y clara sobre el gasto de infraestructuras y los proyectos del ADIF.

Cuando creamos agencias públicas independientes lo hacemos precisamente por este motivo: sabemos que los políticos se lían con promesas, ideas visionarias y programas de máximos cada vez que les dejan solos ante un auditorio, así que para evitar que llenen el país de elefantes blancos damos la implementación de proyectos técnicos a un grupo de burócratas profesionales que saben lo que hacen. Un ministro no tiene ni puñetera idea si es mejor instalar LZB o ERTMS2 en una LAV, o si necesitamos cuatro vías o dos a la salida de Atocha. Su trabajo consiste en prometer trenes, y dejar que el ADIF decida cómo deben ser.

El informe Varela, por lo tanto, no sólo no debería ser perfectamente respetable, sino que además debería haber sido público desde el primer momento. El ADIF, para más señas, debería haber estado publicando esta clase de artículos desde el primer momento (estoy seguro que los elaboran, pero sabe Dios dónde acaban) junto con estudios de viabilidad decentes al construir obra nueva. El gobierno debería temer el veredicto de los expertos como los antiguos temían el oráculo; la voz de los sabios del metal, hablando a los mortales que osan pedir más trenes de la cuenta.

Lo que tenemos en España, sin embargo, es un proceso bastante distinto: un funcionario de carrera redacta un informe que no gusta a los políticos, y el funcionario es enviado de vuelta a una oscura subdirección en otro ministerio como premio. Es un ejemplo de libro de una administración que se rige por criterios políticos, no técnicos, nombra y destituye cargos intermedios de una agencia técnica porque no contestan preguntas como ellos quieren y, de forma más preocupante, pueden hacerlo sin problema, al ser perfectamente legal.

Cuando hablamos de la importancia de tener una administración pública sin politizar, es precisamente por esto. En una administración como el ADIF la broma de tener al ministro decidiendo cómo construir las LAV restantes nos puede costar 20.000 millones de euros adicionales, algo que se dice rápido. Imaginad lo que sucede cuando los ministros se meten a decidir reformas financieras (y deciden proteger a un colega ex-ministro que anda por Bankia, por ejemplo), los concejales de urbanismo recalifican terrenos a su bola (esa comisioncilla…) y cualquier otro tema técnico que cae en manos de alguien que decide por motivos electorales o por puro patronazgo político. La administración pública española está absolutamente plagada de cargos públicos de libre designación que están ahí como políticos, no como técnicos. Un director económico-financiero del ADIF que ha sido nombrado a placer por su ministro y está en el cargo siempre que haga al ministro feliz tiene incentivos más bien escasos para tomar decisiones por motivos técnicos.

Es por este motivo que tenemos funcionarios profesionales de carrera que no pueden ser despedidos por sus superiores políticos, al menos en teoría. A la práctica, en España tenemos un exceso galopante de cargos intermedios de libre designación.

Esto no quiere decir, por supuesto, que sean los tecnócratas los que tengan que tomar todas las decisiones. En una democracia la autoridad siempre debe estar en manos de los políticos, y parte del trabajo de estos siempre será pelearse con burócratas demasiado apegados al status quo (¿os suena?). Y por descontado, los funcionarios tienen sus propios sesgos, como señala el mismo Sir Humphrey:

«The Civil Service is neither right wing nor left wing. Political bias varies from department to department. Defence, whose clients are military, is right wing, where as Health, dealing with health unions and social workers, is left wing. Industry, dealing with employers, is right wing; Employment, dealing with unions, is left wing. The Home Office – police, prison warders, immigration officers – is right wing. Education – teachers and lecturers – is left wing. The result is a perfectly balanced and neutral Civil Service.»

Esto quiere decir, por ejemplo, que cualquier informe salido de una agencia como el ADIF tendrá la tendencia a subestimar costes y sobrevalorar el tráfico potencial de una linea férrea si no la diseñas de modo que tengan que pagar el precio de sus errores de su propio presupuesto. Es parte del trabajo de un político «domar» estas tendencias y exigir imparcialidad en los informes. Lo que es inaceptable, sin embargo, es una administración donde los políticos se meten en decisiones técnicas y andan cesando aquellos que dicen que andan haciendo burradas.