Política

Una política basada en la evidencia

26 May, 2013 - - @kikollan

Desde estas páginas hemos abogado por un debate político menos opinativo y que dé cabida a enfoques analíticos. Un debate, en definitiva, que esté mejor informado. Pero, ¿por qué no generalizar esta petición y demandar este enfoque analítico para el ejercicio mismo de la política?

Esto es lo que pretende la Política Basada en la Evidencia. Un concepto que no es nuevo, pero que tomó impulso bajo el Gobierno de Tony Blair en Reino Unido, cuando éste abogó por una “modernización del estado” que limitase el peso de la ideología y produjese políticas que “tomaran forma en base a evidencias y no como respuestas a presiones cortoplacistas”.

La idea es sencilla. La Política Basada en la Evidencia busca que las políticas públicas estén (más) informadas por evidencias fruto de investigaciones rigurosas. En la práctica, esto pasa por incorporar conocimiento empírico en todas las etapas del proceso, desde que se identifica el problema, hasta que se formula e implementa una política que lo enfrente. Supone también verificar el éxito o fracaso de acciones en funcionamiento, e incluso llevar a cabo ensayos para evaluar un programa antes de su puesta en marcha. Grosso modo, lo que se persigue es asimilar el proceder científico de la medicina y otras disciplinas.

La mejor ilustración del concepto son los ensayos piloto de políticas públicas (Randomized Controlled Trials). Un ejemplo paradigmático son los programas en la India para mejorar los resultados escolares, que se ensayan en cien o doscientos escuelas al azar y que cuando tienen éxito se extienden por todo el país. Estudios semejantes son frecuentes en políticas para el desarrollo, pero también existen ejemplos mundanos, como el de la Cabinet Office británica, que comprobó con un ensayo que enviar un SMS a los morosos multiplicaba por seis el porcentaje de pagadores. Otras veces los resultados sirven para abandonar políticas fallidas. Hace unos años, EEUU y Reino Unido pusieron en marcha un programa que que consistía en entrevistar a jóvenes con presos para que fuesen conscientes de los riesgos de una vida criminal, sin embargo, el programa conseguía justo lo contrario: los participantes en el programa cometían más delitos.

Como digo, estas ideas no son algo revolucionario. Las políticas públicas ya se nutren de evidencias empíricas, pero esta práctica debiera ser rutinaria y más intensiva. Sencillamente, si una política persigue un objetivo, tiene que estar fundamentada y conviene comprobar que efectivamente consigue lo que se propone.

Llegado este punto, es necesaria una advertencia: el conocimiento empírico no puede suplantar el proceso democrático mediante el que se concilian criterios e intereses divergentes. Para empezar, porque los aspectos técnicos —la eficacia y eficiencia de una acción—, no son los únicos factores relevantes en la génesis de las políticas públicas. El proceso es complejo, no lineal y multifactorial. En él tienen cabida desde los intereses de parte hasta cuestiones prácticas como términos parlamentarios. Pero, sobre todo, cabe recordar que la capacidad de autogobernarse es un bien en sí mismo y que las preferencias de los ciudadanos tienen un valor intrínseco. Esto significa que la buena política tiene necesariamente un núcleo de diálogo social y de debate de intereses.

En definitiva, la evidencia empírica y los criterios técnicos no deben imponer el devenir de la política, pero sí deben contribuir a ese proceso como un elemento de importancia. Un elemento, además, de importancia creciente, porque nuestras sociedades enfrentan retos cada vez más complejos que exigen soluciones cada vez más sutiles. La mera intuición es una consejera que pierde facultades cada día y debe dejar espacio a otras formas más rigurosas de saber qué hacer y cómo hacerlo.

Porque hoy vivimos una situación paradójica: nuestras ciencias sociales se alimentan de los datos de políticas reales, pero el tránsito contrario apenas fluye. Se diría que tenemos evidencias basadas en políticas y no políticas basadas en evidencias. De este modo, al permitir que nuestras políticas hagan un uso pobre de la experimentación y la evidencia, convertimos el ejercicio de gobernar en un experimento permanente.