Política

La irresoluble financiación de los partidos

21 Ene, 2013 - - @egocrata

La principal conclusión que deberíamos extraer de los escándalos de corrupción de estos días (especialmente Barcenas, pero también Millet, Pallerols, Bustos y demás parientes cercanos) es bastante simple: el sistema de financiación de los partidos no funciona. Un número no precisamente trivial de políticos ciertamente se han puesto las botas llenándose los bolsillos con estas tramas, pero el problema central es la necesidad de conseguir fondos para la organización. Las necesidades de los partidos acaban por dictar la búsqueda de fondos a cualquier precio, incluso vulnerando la ley. Hablar de eliminar la corrupción en el sistema, por tanto, debería incluir cómo reformamos el sistema de financiación de estas formaciones para que los políticos no tengan estas tentaciones.

Ahora, supongo, es cuando debería explicar qué arreglos institucionales limitan estos problemas, y cómo podemos solucionarlos. En este tema en particular, sin embargo, me temo que es muy, muy complicado dar con una solución sencilla y efectiva, especialmente cuando la alternativa más común tiende a crear casi tantos problemas como los que resuelve.

Empezaremos por el tema más sencillo, y más evidente: un sistema basado en aportaciones privadas sin límite ni control puede crear problemas graves a medio plazo. Aunque realmente no hay ningún país desarrollado que funcione con un sistema puramente abierto (Estados Unidos se acerca, pero incluso aquí las donaciones directas tienen límites legales), los donativos privados pueden generar conflictos de interés rápidamente. La posibilidad que un grupo de capitalistas acaudalados rieguen de millones a todos los candidatos para conseguir tratos de favor está ahí, latente; cualquier mega-corporación americana con dos dedos de frente sabe que financiar campañas y lobistas es parte del coste de hacer negocios.

Aunque hacer que todas las donaciones sean públicas y abiertas puede disuadir las conductas más abiertamente deshonestas, no hay nada que una falange de abogados bien equipada no pueda camuflar estos días. Incluso cuando el millonario de turno decide no disimular, no obstante, es difícil para los votantes castigar a los políticos que son demasiado dóciles ante sus donantes, en parte por problemas de información (demasiados temas, demasiados donantes, demasiado ruido) en parte por anteojeras ideológicas y lealtad de partido (a mí me gustan los trenes, y no me importa que el partido X acepte donaciones de Talgo, por ejemplo).

¿Podemos limitar el volumen de contribuciones para limitar el alcance de este problema? En teoría, si nadie puede dar demasiado dinero, los políticos buscarán atraer muchos donantes pequeños en vez de buscar contentar unos pocos millonarios con bolsillos bien cargados. A la práctica, sin embargo, estamos hablando de un problema de oferta y demanda, y es muy difícil controlar precios. Esencialmente, un político controla un recurso increíblemente valioso, el acceso a la mayor fuente de riqueza en una sociedad moderna: el estado y su infinita capacidad de generar rentas a base de crear monopolios, otorgar contratos y aprobar regulaciones que favorezcan determinados intereses. Un partido con expectativas de gobierno forma parte de un selecto oligopolio en el que sólo unos pocos candidatos pueden “vender” acceso a este bien. A su vez, en vista de los enormes beneficios que uno puede generar con él, la demanda por este acceso es gigantesca. Esto quiere decir que siempre habrá hordas de capitalistas dispuestos a dar cantidades completamente alocadas de dinero para poder comprar voluntades. Como siempre sucede cuando tenemos suficiente demanda y controles de precios, lo que acabaremos viendo es un mercado negro, y conductas ilegales – es decir, corrupción.

Para evitar que esto suceda podemos utilizar tres estrategias. La más antigua (y en parte accidental) es la que siguen en Estados Unidos, y consiste en inundar el mercado por el lado de la oferta, llenando el sistema con montones de políticos con ganas de juerga y agendas independientes. Uno puede en teoría “comprar” al Presidente, pero le serviría de bien poco; con 100 senadores y 435 representantes, el Congreso esta atestado de individuos con bien pocas ganas de seguir lo que dice el ejecutivo. El sistema resultante no es precisamente limpio y elegante (más bien lo contrario), pero al menos la tasa de basura agregada parece ser más o menos controlable, especialmente cuando toda batalla legislativa acaba teniendo gente repartiendo dinero a espuertas a ambos lados del debate hasta conseguir un cierto equilibrio.

El segundo método, y algo que hemos mencionado repetidamente por estas páginas, es hacer que los políticos tengan tan poco poder como sea humanamente posible. Esto no quiere decir tener un “estado mínimo”, sino más bien lo contrario: queremos que la administración pública, la burocracia, sea tan independiente, profesional y aislada de presiones partidistas como sea humanamente posible, limitando la discrecionalidad de los políticos al máximo. Esto quiere decir que la decisiones de urbanismo de una ciudad no pueden estar en manos de los concejales, por ejemplo, sino de gestores profesionales bien pagados. También incluye agencias reguladoras sólidas y fuera de cualquier lucha partidista, oficinas presupuestarias de una honestidad intachable y una burocracia sin apenas cargos de libre designación. Con variantes, este es el modelo “tradicional” europeo (entre comillas, porque nunca ha existido del todo), con aburridos funcionarios weberianos haciendo su trabajo con eficiencia y discreción. En general funciona relativamente bien (la burocracia es uno de los inventos más revolucionarios del s.XIX por un buen motivo), a pesar de tener el riesgo de crear hordas de Sir Humpreys completamente impertérritos a cualquier decisión política.

El tercer método es la respuesta más habitual desde la izquierda, y en principio parece seductora: la financiación pública de los partidos. Si los políticos son objeto de deseo de todos aquellos que quieren capturar el estado, asegurémonos que los políticos no tengan la necesidad de pedir dinero a nadie mediante dinero público. Los guardianes de la puerta al estado serán protegidos de sus tentaciones usando recursos del estado. Muy bonito, ciertamente, hasta que uno se da cuenta que esto hace que quizás los políticos ya no necesitan tener donantes privados, pero tampoco tienen la más remota necesidad de prestar atención a los votantes más allá de las elecciones cada cuatro años. Y dado que esos mismos políticos son los que deciden las reglas sobre financiación de partidos y competición electoral probablemente no tardarán en darse cuenta que pueden legislar que el Estado es cosa suya y no van a compartirlo con nadie.

¿Recordáis el debate de hace unos meses sobre los políticos españoles como élites extractivas? Aquí tenéis uno de los motivos. Si un partido político puede utilizar las instituciones del estado como fuente de ingresos, cada vez que necesiten apoyo lo que harán será mirar a los presupuestos del estado, no a los ciudadano. Los partidos dejarán de actuar como correas de transmisión entre votantes y gobierno y pasaran a actuar como un cártel repartiéndose el acceso a las instituciones y sus ventajas. De ahí a empezar a utilizar las cajas de ahorros como un cortijo no hay demasiada distancia, mal que nos pese.

¿Qué quiero decir con todo esto? Muy sencillo: no hay soluciones mágicas. Limitar las donaciones privadas es increíblemente complicado, y no necesariamente práctico. La financiación pública parece una solución ideal, hasta que los políticos deciden que para gobernar no necesitan saber nada de esos apestosos votantes. Crear más competencia entre partidos y políticos ayuda, pero uno puede acabar por crear un sistema donde los corruptos no desaparecen, sino que tienen menos influencia. Profesionalizar la administración es una buena idea, pero puede acabar dejando la política en un segundo plano. La financiación de los partidos políticos es una cuestión que ningún país desarrollado ha conseguido arreglar de forma plenamente satisfactoria; creo que no hay país en la OCDE en el que no han pillado a alguien con las manos en la masa. El único país que parecía haber arreglado el problema era Suecia, y lo hacían por el expeditivo método de no tener legislación alguna sobre la materia*.

Por descontado, esto no quiere decir que España no sea un caso especialmente grave de regulación incompetente (donaciones privadas / comisiones ilegales a mansalva, administración politizada, poca competencia entre élites, cartelización extensiva de los partidos); necesitamos reformas estructurales urgentes y ambiciosas, y las necesitamos lo antes posible. Aún así, desconfiad de balas de plata y pociones curalotodo en esta materia especialmente.

*: eso no quita que Suecia tenga poquísima corrupción, por supuesto. Pero incluso los países nórdicos han tenido sus escándalos. No hay nadie completamente inmune.