Pepe publica hoy un artículo muy interesante que recoge las percepciones de los trabajadores a la hora de decidir hacer huelga en el que llega a la conclusión de que el número de personas que se siente coaccionada para NO hacer huelga es mucho mayor que la que, por motivo de los piquetes u otras razones decide lo contrario. Lo que me ha parecido curioso es la forma que tiene de clasificar a los «convencidos» y a los obligados. Concretamente:

De entre los que fueron a la huelga, clasificamos como “convencidos” a los que lo hicieron porque “estaban de acuerdo con la huelga”, “la situación está muy mal y hay que intentar solucionarlo”, “no estoy de acuerdo con la reforma laboral o con la política de recortes”, “por solidaridad con los trabajadores”, “por protestar contra el Gobierno”; y clasificamos como “obligados” a los que lo hicieron porque la empresa decidió que se hiciera huelga, o por miedo a los piquetes. De entre los que trabajaron, clasificamos como “convencidos”, a los que declaran que “no estaban de acuerdo con la huelga”, “las huelgas no sirven para nada”, “la huelga llega demasiado tarde”, “no estoy de acuerdo con los sindicatos”, “soy autónomo”, o “era una huelga política”; y como “obligados” a los que afirman que “no puedo porque no quiero perder dinero”, “por obligación no pude no ir a trabajar”, “lo decidimos entre los trabajadores de la empresa”, o “tenía servicios mínimos”.

Para mí, este intento de discernir el grado de libertad que existe a la hora de hacer huelga ilustra cierta paradoja que existe en la «normalización» de los conflictos laborales que existe en los países democráticos.

Cuando la huelga era ilegal y el glorioso proletariado se enfrentaba como hombres a la burguesía, con sus cajas de resistencia y su solidaridad obrera al son del ritmo de la Historia (con h mayúscula), la huelga era un conflicto de verdad, cuya función era  forzar la mano de los empresarios y hacer una demostración de fuerza.

En algún momento de la posguerra, los estados europeos cooptaron a los movimientos obreros. Les dieron instituciones de representación colectiva, derechos laborales, financiación, y, en particular, se construyó un marco legal para la huelga: proteger «el derecho a hacer huelga»; fijar obligaciones para servicios mínimos, etc.

Detrás de la regulación de la huelga está el objetivo de canalizar las protestas de forma que estas ocurran dentro de un marco dónde los daños sean menores: los sindicatos utilizan esta como demostración de fuerza (de su apoyo) pero hay un acuerdo mutuo para que las cosas no se salgan de madre. En otras palabras, hay una «norma» social que dota de un significado aceptado comunmente a lo que ocurre durante la huelga: si la huelga tiene éxito, se interpreta como cierto grado de simpatía con la convocatoria entre los trabajadores y al revés.

Uno podría argumentar que si lo que se desea es protestar y manifestar apoyo, existen muchas otras formas de hacerlo que causan muchos menos daños: manifestaciones, movilizaciones, recogidas de firmas, iniciativas legislativas populares. Sin embargo, la huelga tiene un estatus privilegiado como «demostración de fuerza». ¿Por qué?

Entiendo que una parte de la explicación tiene que ver con la inercia y la perpetuación de la institución a lo largo del tiempo.  Se trata de una institución que tiene su origen en un entorno regulatorio y político totalmente distinto (el del proletariado heroico), pero que se ha reproducido a lo largo del tiempo adaptándose a nuevos entornos y, a través de las mitologías compartidas y todo eso, conserva un «significado especial», del mismo modo que la mayoría de los ritos sociales.

No obstante, creo que es innegable que lo que hace más «fuerte» a la huelga como mecanismo de señalización de fuerza es que implica un «sacrificio» más importante que el de simplemente enviar un correo electrónico o firmar un papel. Si socialmente le damos más significado a una huelga es porque entendemos que las personas que participan en ella están haciendo un sacrificio de forma que su simpatía por la causa de la huelga es más «intensa», lo suficiente como para renunciar a un día de sueldo, cabrearse con su jefe o sus compañeros de trabajo. Es un mecanismo de revelación de preferencias creíble y por eso, socialmente, le otorgamos un significado especial, distinto del de una manifestación o una recogida de firmas.

Lo que intento plantear es que diferenciar entre «convencidos» y «obligados» como lo hace Pepe, aunque sea un ejercicio interesante, es algo que debe ser manejado con cierto cuidado. Entendemos que el coste (social, económico o del tipo que sea) que conlleva hacer huelga está incorporado en el significado distinto que les damos como forma de protesta. Si hacer huelga tuviera el mismo coste que responder a una encuesta (fuera gratis), no le daríamos la misma importancia al éxito de la convocatoria.

Addendum: La conclusión que pienso que emerge, y que no sé si se lee correctamente, es sobre lo que está midiendo Pepe con los datos. Si por «libertad» para hacer huelga uno entiendad gratuidad, es natural pensar que mucha más gente haría huelga si fuera gratis hacerla. Pero entonces lo que estamos midiendo no es la decisión de hacer huelga con los costes y riesgos que ello conlleva, sino solo un apoyo mucho más liviano equivalente a «cuanto simpatiza usted con los huelguistas». Si uno tiene en cuenta que la gente que trabaja «obligada» como gente que «no está dispuesta a pagar el coste que tiene hacer huelga», entiendo, la interpretación es razonablemente distinta porque no solo incorpora el coste de la huelga, sino también la «intensidad» del apoyo (que es lo que revela la acción de hacer huelga).Si esto es así, uno puede discutir sobre si ese coste es excesivo o no, pero en ese ejercicio hay que hilar mucho más fino y depende mucho más de las convicciones normativas de cada uno.