Política

Sí que hay demasiados políticos en España

17 Jul, 2012 - - @jorgegalindo

El bulo (porque es un bulo) que reza que en España tenemos 445.568 políticos ha superado todas las barreras de lo imaginable para instalarse en el subconsciente colectivo. El argumento que se desarrolla tras citar esta cifra suele ir tal que así: recortemos en políticos y no en gasto público. Ahí está el auténtico y justo ahorro, parecen decir.

Lo que pasa es que no es cierto. Y no lo es porque, por una parte, es imposible en todo punto que tengamos más de 80.000 “políticos” según mis cálculos personales y otras aproximaciones, sumando concejales (la inmensa mayoría: 68.000), diputados de todo nivel, ministros, altos cargos, e incluso al Rey. Pero lo más relevante es que, como dijo Pablo Simón en la tertulia del domingo pasado, lo que cuesta dinero no son los políticos, sino las políticas. Si uno mira las partidas de gasto de cualquier presupuesto, la parte del león son los salarios, sí… pero de los trabajadores públicos, que al final no son sino el principal factor de producción de los bienes provistos por el Estado: sanidad, educación, defensa, administración, escojan el que sea.

Este tipo de ideas del estilo “nos sobran políticos, deshagámonos de ellos” tiende a echarme para atrás porque, como alguien (no recuerdo quién) decía en Twitter haciendo uso de la hipérbole, como sigamos diciendo que nos tenemos que deshacer de los políticos al final solo quedará uno, y no lo habremos elegido. Más allá de exageraciones, la idea de fondo es que la democracia representativa es un sistema de agregación de preferencias en el que una de las cosas que buscamos es un ‘número óptimo de representantes’ (y con un determinado sistema de elección) que sea lo suficientemente grande como para resultar representativo, pero no demasiado como para desembocar en imposibilidad de acuerdos. No parece que en España tengamos, en ninguna de las instituciones directamente elegidas, un problema de ‘número óptimo de representantes’.

Ahora bien, por otro lado tenemos todos aquellos puestos que no son de elección directa, sino de designación. Por  descontado, un político electo ha de poder decidir su personal de confianza… hasta cierto punto. Y este punto es entre bastante y muy limitado, y viene definido por un trade off entre la capacidad de cambiar políticas una vez hay cambio de Gobierno y la necesidad de mantener una senda coherente en la aplicación de las mismas día a día a pesar de los cambios electorales independientemente de posibles redes clientelares que puedan establecerse. Porque una de las cosas que más molan de tener un funcionariado con seguridad laboral, carrera establecida, bien seleccionado y pagado es que es un dispositivo anticorrupción bien potente. En definitiva, que llevo estos días recordando mucho este artículo de Víctor Lapuente (profesor en Ciencia Política experto en corrupción, Universidad de Göteborg) en el que se preguntaba por qué había tanta corrupción en España. La respuesta:

Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.

Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.

Así de sencillo. Necesitamos el mismo número de personas, solo hemos de cambiar el proceso de selección para reservar a la votación directa a aquellas que realmente toman las decisiones clave, en las que queremos que se centre el control ciudadano y la agregación de preferencias. Puesto que estas personas estaban elegidas ‘a dedo’, no se reduce el ámbito de la democracia, y se amplía el de la profesionalización.

Por tanto, sí, hay demasiados políticos en España. Pero no hay que acabar con ellos: hay que hacerlos profesionales y responsables.