Gobernabilidad & política exterior

Notas sobre Paraguay: Lo legítimo, lo legal y lo democrático

24 Jun, 2012 - - @kanciller

Lo que voy a decir ahora se desprende de algunas ideas sueltas que tuve ayer por la noche, por lo tanto es una de esas notas rápidas que tanto nos gusta hacer por aquí. Y por supuesto, estoy dispuesto a nutrirme de vuestros comentarios e ideas, en especial si soy inexacto en el uso de los conceptos. Valga la entrada para abrir el debate. Como sabéis la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ha generado una viva polémica. El país está dividido, países de América Latina han dicho que no reconocen al nuevo gobierno e incluso el nuestro lo ha calificado como crisis política. Cruce de argumentos. De un lado, los que dicen que ha sido un golpe de Estado encubierto. Del otro, los que califican la crisis política como un mero procedimiento de impeachment, vistoso pero normal en democracia. Ayer vi el intercambio de algunos argumentos sobre esta cuestión a propósito de la legitimidad, la legalidad y lo democrático… un pantano en el que no me resisto a chapotear.

Legitimidad, según entiendo, es algo tan sencillo como el consentimiento de los gobernados para ser regidos por sus gobernantes. A este tema le llevamos dando vueltas desde que Aristóteles y compañía empezaron a escribir, aunque la obra que mejor conozco es la de Max Weber. El sociólogo alemán se refiere a la legitimidad como “el derecho de mandar y el deber de obedecer” y sobre esta especie de caja negra conceptual Weber distingue tres tipos de legitimidad en origen. La legitimidad tradicional, que es la que se basa en la costumbre. La carismática, que es la que se basa en la confianza en el líder. Y la racional, que es la creencia de la validez de los preceptos legales y el derecho de mando de aquellos que han llegado al poder por estas vías. De las tres, la que más conecta con la democracia liberal es este último tipo. Ahora bien, es fundamental distinguir entre esta legitimidad en origen y la legitimidad en ejercicio, que es la que se refiere al uso del poder acorde a lo que se considera justo. Así, las dos preguntas serían ¿Tiene este gobierno un origen legítimo? ¿Y usa el poder de manera legítima?

Lo legal, por su parte, creo que tiene un doble componente. Por una parte es un instrumento de creación de legitimidad del poder pero, a la vez, es lo mismo que se deriva de su ejercicio. Es en cierta medida como planteaba Hans Kelsen en su distinción de la norma fundante básica (el precepto legal que fija las bases del poder) y el aparato legislativo que se le desprende. ¿Y qué ocurre en las democracias? La idea estriba una tensión irreductible entre “lo legal” y “lo democrático”. La democracia es un medio y no un fin en sí mismo, lo que Jorge Galindo llama directamente un “mecanismo para agregar preferencias”. Sin embargo, mucho ojo con liarnos. Las democracias liberales representativas como tales no son plenamente democráticas, pues tienen sus instituciones contramayoritarias, sus pesos y contrapesos. Nuestros sistemas políticos tienen en los procedimientos democráticos uno de sus mecanismos, pero se trata en conjunto de un diseño mucho más complejo. Sería la distinción básica  entre república y democracia, como hace Madison. Pero eso sí, no se puede negar que lo democrático tiene cierta carga normativa que hace que parezca el procedimiento más justo y por lo tanto, el más legítimo para generar gobiernos.

Bien, tras agitar un poco el avispero vuelvo al caso de Paraguay. Creo que la principal razón por la que ha surgido toda esta confusión mareando los tres términos tiene que ver con una cuestión clave: el país es un régimen presidencialista. El Presidente se ha elegido democráticamente  y su legitimidad en origen es incuestionable. El que su gobierno carecía de apoyos en la Cámara de Diputados y Senado también era una evidencia, pues ha sido la retirada del apoyo de los liberales lo que ha originado su caída. Pues bien, la cuestión es que ambos poderes son legítimos y democráticos. Eso sí, el impeachment que se le ha hecho a Lugo es un procedimiento legal pero que trastoca el núcleo duro de la legitimidad democrática del ejecutivo. Un poder legítimo y democrático ha destituido a otro con las mismas propiedades, así que es por eso que la cuestión rechina bastante. No creo que puede considerarse un golpe de Estado democrático (¿eso existe?) pero tampoco está claro que la población (o los gobiernos extranjeros) pueda  reconocer fácilmente la legitimidad del nuevo Presidente. Quiero decir, entiendo las reservas.

Simplemente acabar recordando lo que decía Juan Linz, que suele ser mejor establecer sistemas parlamentarios para no terminar teniendo a dos poderes democráticos peleándose entre ellos, en especial si tu país no se llama Estados Unidos. Y no sé si es del todo cierto en toda circunstancia, pero también es cierto que la pugna entre legislativo y ejecutivo ha servido de excusa a los militares para tomar el poder un puñado de veces en América del Sur. El choque de legitimidades nunca trae consecuencias deseables.