El pasado viernes 8 se publicó la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 8 de Madrid, que absuelve a Montserrat Fernández (ex directora del programa de televisión Lo + Plus) y al cantante Javier Krahe de un delito continuado contra los sentimientos religiosos, previsto en el artículo 525.1 del Código Penal (CP). El caso había sido muy comentado en los últimos meses por el contexto en que se había producido los hechos y por el perfil mediático de los acusados y de algunos testigos.

Los hechos que dieron lugar al pleito son los siguientes. En diciembre de 2004, Javier Krahe fue invitado a participar en el programa Lo + Plus, donde se le iba a entrevistar con motivo de la publicación de un producto discográfico que incluía varias canciones y un documental. En dicho documental se incluía un vídeo titulado “La Cristofagia”, en el que se mostraban explícitamente los pasos necesarios para cocinar un cristo. En el cortometraje se decía que el cristo saldría a los tres días del horno por sí mismo. Durante la emisión del vídeo, los distintos participantes en el programa (y sobre todo el entrevistado) emitían comentarios y opiniones sobre las imágenes mostradas.

Estos hechos causaron la indignación de algunos creyentes cristianos, que estimaron que la emisión del vídeo hacía escarnio de los dogmas de la resurrección o de la eucaristía. Por ese motivo, dos miembros de la asociación católica “Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro” interpusieron querella contra el Sr. Krahe y contra la directora del espacio, la Sra. Fernández, al entender que se había infringido el artículo 525.1 del CP, que dice lo siguiente:

“Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.”

Este precepto penal tiene dos elementos: (i) el llamado “elemento objetivo” (la acción), consistente en hacer escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa; y (ii) el “elemento subjetivo” (la intención), que exige que la acción se cometa para ofender los sentimientos de los creyentes de esa confesión.

La sentencia conocida hace unos días entiende que no concurren ni el elemento objetivo ni el subjetivo, por cuanto para que exista “escarnio” es necesario, según la RAE, que se produzca una “burla tenaz” (Fundamento de Derecho Tercero, apartado 3), y porque no se aprecia que existiese en los acusados la intención directa de ofender (Fundamento de Derecho Tercero, segundo apartado 4 -la sentencia por error repite dos veces el número 4-).

Aunque la sentencia hace referencias genéricas a la “crítica legítima” o al “legítimo ejercicio y difusión de una expresión artística”, no contiene ninguna referencia directa a la libertad de expresión como derecho fundamental. Esta falta de análisis de la relevancia de este derecho fundamental para la resolución del litigio hace que la argumentación jurídica del fallo sea decepcionante.

Sobre esto conviene hacer algunas anotaciones rápidas:

1. La Constitución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Esto tiene importantes consecuencias en la aplicación de la ley, entre las que ahora conviene destacar el llamado “efecto interpretativo” de la Carta Magna, según el cual, la interpretación de las normas legales debe hacerse siempre en el sentido más coherente con el texto constitucional. En caso de que una norma jurídica admita una interpretación inconstitucional y otra constitucional, habrá que hacer siempre una “interpretación conforme” a la norma fundamental. Esto es especialmente relevante cuando se trata de derechos fundamentales, de tal manera que el Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que toda la legislación debe interpretarse siempre de la manera más acorde con la efectividad de los derechos fundamentales.

2. También es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que los tribunales, cuando enjuician casos en los que entran en conflicto dos derechos fundamentales, deben hacen una ponderación de los intereses en juego a fin de delimitar cuál de los dos derechos en litigio es el que debe aplicarse al caso concreto.

3. La aplicación del artículo 525.1 del CP conlleva un evidente conflicto entre los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad religiosa. Cualquier resolución que decida un caso al que deba aplicarse ese precepto debería contener una cuidadosa valoración de los hechos en relación con los bienes jurídicos protegidos por esos dos derechos.

4. Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que el derecho a la libertad de expresión es tanto un derecho de libertad (que protege al individuo frente a las actuaciones de los poderes públicos que coarten la esfera protegida) como una garantía de la existencia de una opinión pública libre, fundamento necesario de la existencia de una sociedad democrática (STC 6/1981, STC 336/1993, o STC 101/2003). Así, se ha afirmado que la libertad de expresión no sólo ampara las opiniones inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que molestan, ofenden o causan incomodo (STC 174/2006). Asimismo, también es jurisprudencia constante que no caben otras limitaciones al derecho a la libertad de expresión que las expresamente o implícitamente contenidas en el texto constitucional (artículo 20.4 de la Constitución). En este sentido, el derecho a la libertad religiosa sólo puede suponer un límite a la libertad de expresión cuando ésta pueda coartar el ejercicio de aquella. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su STC 235/2007, Fundamento Jurídico 5º, por ejemplo, respecto de manifestaciones vilipendiadoras, racistas o humillantes o de aquéllas que incitan directamente a dichas actitudes, constitucionalmente inaceptables.

5. Lo anterior exige interpretar el artículo 525.1 de la CP de manera acorde a la Constitución, de tal manera que la conclusión a la que debería haber llegado al juez es que sólo cabe entender que se ha producido un “escarnio” de las creencias religiosas cuando el tono de las declaraciones u opiniones sean tan vejatorio e infamante como para inhibir el libre ejercicio de la libertad religiosa por un fiel.

6. La anterior interpretación habría llegado al mismo resultado absolutorio que la sentencia notificada el día 8 -efectivamente, no hay delito- pero habría sido más correcto desde el punto de vista técnico-constitucional y habría servido de advertencia a futuros querellantes.