El pasado 1 de junio, para dar la bienvenida al que probablemente será uno de los meses más complicados en la historia reciente de España, los economistas Jesús Fernández-Villaverde, Tano Santos y Luis Garicano publicaron una tribuna en El País (‘No queremos volver a la España de los 50‘) que ha sido muy difundida y comentada, alabada y criticada a partes iguales. En ella, describen someramente nuestra complicada situación actual, enuncian de manera breve lo mal que estaríamos dejando el euro, y por último piden un cambio en la forma de la relación que España mantiene con sus socios europeos.

El diagnóstico que realizan en los dos primeros párrafos es esencialmente correcto y conocimiento común a prácticamente cualquier analista. Igualmente, el análisis económico está de su lado al afirmar que una salida del euro nos perjudicaría más que otra cosa, y la descripción que hacen del día después a semejante situación es, en esencia, acertada. Estamos hablando de algunos de los economistas más talentosos de España: necesariamente, ha de estar de su lado. El problema llega, sin embargo, cuando entran a considerar el problema político: la negociación con Europa. Si este artículo está pensado como una forma de entrar en este juego de influencias, perfecto. Pero, desde luego, no es ni espero que pretenda ser una descripción analítica de nuestra realidad política.

Porque en general, la impresión que me dejó el artículo es la del economista que conoce todas las soluciones, porque su trabajo es ése, y las comunica a los cuatro vientos. Pero, dado que nadie le hace caso, mira perplejo a los políticos con cara de «pero si os lo estoy diciendo, por qué no cambiáis de actitud«. Porque el artículo, en su vertiente política, pide eso: un cambio de actitud por parte de nuestros gobernantes. Que desde luego es deseable, pero que cabe preguntarse si es posible o no, y por qué. Frases como «dejemos de clamar a gritos nuestra soberanía en peleas abiertas a pecho descubierto con el BCE (…) y con nuestros socios» denotan que se obvia que de hecho el problema central de Europa ahora mismo es que nadie en el continente tiene incentivos para ceder soberanía, y al revés, todos los incentivos están del lado de culpar a Bruselas de las medidas a tomar y calificarlas de forma sistemática como sacrificio: existe un problema de inconsistencia entre la escala a la que han de ser tomadas las medidas y la escala a la que son sometidas a votación. Dicen los autores que «este es un juego cooperativo, con ganancias potenciales enormes para todos si encontramos la solución». Por supuesto que lo es, pero el problema es que el equilibrio actual está en el lado de la no cooperación.

Y la única forma de cambiarlo es considerar las reglas de la negociación no como algo ‘dado’, sino sometido a posible cambio. Esto es: plantearnos qué modelo de Europa tenemos y cuál necesitamos para enfrentar situaciones como la actual, de manera que las soluciones no sean políticamente inalcanzables, como lo son ahora mismo. Hace falta eliminar la posibilidad de que Bruselas, Berlín y Madrid sean agentes distintos que puedan responsabilizar los unos a los otros de los efectos negativos (para ciertos grupos) a corto plazo de las medidas a tomar. Sin esto, la cooperación es casi imposible, y cada Gobierno seguirá actuando racionalmente para maximizar sus votos de cara a las siguientes elecciones. Si no puede hacerlo no cumpliendo las medidas recomendadas desde fuera, como Zapatero hasta mayo de 2010, lo hará cumpliéndolas a medias y sin hacerlas parte de su programa electoral. Como Zapatero después de mayo de 2010. O Rajoy hoy.

La conclusión final del artículo es, al parecer, la necesidad de un Gobierno de coalición. Pero aún con coalición, España y sus gobernantes seguirían teniendo que ser reelegidos. Una supuesta coalición de los grandes partidos no incrementaría ni un ápice la capacidad legislativa ni ejecutiva frente a la situación actual de mayoría absoluta del PP. Si la alternativa es una renovación total de Gobierno para dejar un Ejecutivo exclusivamente técnico que ‘pase’ medidas obviando el parlamento, hay que pensar que esto significaría probablemente un suicidio electoral para el Partido Popular: un Ejecutivo aislado de presiones electorales por tres años, con control institucional total. No parece que el PP tenga ninguna razón para hacer esto. Además de que tampoco significaría una gran diferencia con respecto a la situación actual en términos operativos. Insisto: el PP tiene mayoría absoluta. Si no toma medidas de forma más eficaz o decidida, si cuando las toma el discurso justificativo no es un relato coherente, decidido y valiente sino una mirada a Europa que dice ‘yo no quería, han sido ellos’, la razón es que las alternativas políticas racionales para el partido (o los partidos) en el Gobierno van en esa dirección.

En conclusión, puede el artículo haga bien planteando cuáles deberían ser las políticas correctas a seguir, pero al no analizar las restricciones e incentivos que plantea a los actores la situación política actual no tiene en cuenta qué alternativas son factibles y cuáles no. Yo tampoco quiero volver a la España de los 50, pero la única forma de conseguirlo es que Europa tampoco lo haga.