De los recortes nada se libra. Tampoco, por descontado, el transporte público, que es uno de los servicios más caros que el Estado puede ofrecer. Hoy, El País trae un artículo en el que especula, basándose en informes y en declaraciones de responsables políticos, sobre el posible plan de ahorro para la red de metro más grande de España: Madrid. Aparte de rebajas en personal, horas de servicio, aumento de la presencia de publicidad privada, y demás lugares comunes, hay un punto que me ha llamado particularmente la atención:

El consejero [Ignacio González, Vicepresidente] también ha apuntado, sin dar mucho detalle, la opción de cobrar a grandes superficies por tener una estación cerca.

Lo primero que un cerebro piensa ante esto es: «privatización de un servicio público por excelencia como el transporte en metro». Pero merece la pena intentar desmenuzar qué puede haber de cierto y qué no en esa primera impresión.

Se supone que lo que hacen estas redes es ofrecer un servicio para aquellas personas que por la razón que sea no pueden emplear un medio privado, por un lado, y para competir con dicho medio entre aquellas que sí pueden, reduciendo así las externalidades negativas asociadas al vehículo propio. Todo esto se basa en un diseño hecho partiendo de cálculos de demanda potencial y densidades de población. Uno pone estaciones de un punto A a un punto B en los que hay gente (mejor si está apretadita en vertical, por aquello de que cada estación dé servicio a más gente) y a donde esa gente ya de por sí quiere ir. Poner un AVE de Valladolid a Torrelavega no va a hacer que la gente se mate por ir de un sitio a otro, como ya ha dicho tantas veces y de tantas maneras distintas Roger Senserrich en estas mismas páginas. Sin embargo, puede que exista una demanda no satisfecha de vallisoletanos deseosos de ir a Torrelavega porque el coste de desplazarse sin tren es demasiado alto, y la nueva infraestructura haría emerger dicha demanda. Aún así, estos casos son poco comunes en un país en el que prácticamente todos los hogares tienen al menos un vehículo privado y la red de carreteras es decente.

Imaginemos que Galerías Preciados piensa que efectivamente la gente no le compra porque no tienen metro cerca. Entonces se acercan a Metro Madrid y les comentan que quieren una. Los problemas con esto son varios: primero, es probable que la empresa esté equivocada, a no ser que se trate de un caso muy particular, por lo dicho en el párrafo anterior. Segunda, un metro es una red, no un diseño de puntos al azar. Su diseño y construcción es algo delicado que se hace de una vez o en fases bastante grandes y cuidadas. Nada garantiza que la ubicación de esta nueva parada encaje en cualquiera de las líneas existentes o proyectadas, con lo cual su coste podría ser astronómico. Tercera, al fin y al cabo estamos hablando de un gasto público sujeto a un coste de oportunidad: cuando se construye una nueva estación hay recursos destinados a ella que dejarán de estarlo a otra.

Si este fuese el fin de la historia, nuestra primera impresión estaría justificada: se trata de privatizar un servicio público con dudosos beneficios para la población. Pero quizás no lo es. Lo curioso es que las grandes superficies como Ikea, centros comerciales, Corte Inglés y demás suponen de hecho un punto al que la gente quiere ir. Como tal, los diseños de las redes de transporte ya lo tienen en cuenta y les ponen las estaciones cerca porque se considera que forma parte del servicio público, siempre que exista la demanda estimada y que todo encaje en el sistema red general. Así, si el planteamiento del Vicepresidente es «cobrar a las empresas comerciales por algo que tenemos que hacer igualmente», no hay privatización ninguna, sino que estamos hablando de un impuesto, simple y llanamente, a las grandes superficies que se benefician de este servicio de una forma particular.

Ahora bien, si lo que pretenden es montar nuevas líneas y accesos que en principio no entrarían en el plan, volvemos a los problemas especificados en el párrafo anterior, siendo el más importante de todos ellos el último: en caso de llevarse adelante, la empresa beneficiada debería pagar tanto como el coste de la construcción supone más el coste de modificación de diseño para la red, lo cual es incalculable y, la verdad, bastante absurdo. Y por último, no está nada, nada claro por qué una Administración debe cubrir necesidades de agentes privados, sean empresas o individuos, bajo demanda. Por lo potencialmente falto de sentido de este último planteamiento, quiero pensar que lo que pasa por la mente de González es la versión impuesto.