Decíamos en el post anterior que el Franquismo había establecido un modelo económico extremadamente rígido, basado en el sindicalismo vertical y un férreo control salarial, que fue suavizando algunos de sus aspectos más perversos introduciendo algunas medidas sociales, pero manteniendo la rigidez. Este modelo entrará en crisis a principios de los 70.

En los años finales del franquismo, el régimen intentó compensar la falta de libertad sindical con un sistema muy protector del mercado de trabajo inspirado en la filosofía dirigista y paternalista del régimen. Un ejemplo de esto es cuando en 1973 se establece la indiciación de los salarios sobre la inflación. 1975, con la muerte de Franco, ve comenzar un importante movimiento de huelgas con la salida a la luz de las principales centrales sindicales que existían en la clandestinidad; un año más tarde se legaliza el derecho a huelga y al año siguiente se disuelve el sindicato vertical. Sin embargo, el grueso del marco intervencionista del franquismo permanece intacto.

Tras la Transición, en 1980, se promulga el Estatuto de los trabajadores que buscaba la legislación laboral española se alineara con la de otros países. Si los sindicatos se habían opuesto fuertemente al marco laboral durante el periodo franquista, el mercado laboral rígido e intervenido les garantizaba un mayor poder de negociación. Aunque la reforma se hizo a la imagen de otros países, ésta se produjo en el peor momento: cuando el modelo corporatista de relaciones laborales entraba en crisis, la economía afrontaba retos estructurales y la flexibilidad era más necesaria que nunca.

En efecto, la evolución del empleo durante este periodo es escalofriante. Entre 1974 y 1985 la tasa de paro pasó de ser del 4,4% al 21,5% como consecuencia de la quiebra de numerosas PYMES que vieron como su demanda se hundía y estaban en la imposibilidad legal de ajustar sus plantillas.

Las causas de este resultado están en dos ejes. Por un lado, el demográfico: el mercado de trabajo español tuvo que absorber la generación del Baby Boom, la incorporación de la mujer al trabajo y el retorno de los emigrantes ante la mala coyuntura en el resto de Europa. Por otro lado, el económico, dónde resalta especialmente el problema de los shocks energéticos.

Un shock energético funciona de forma que el precio de uno de los factores (la energía) aumenta significativamente, de forma que toda la estructura productiva se trastorna. Por un lado, la productividad del resto de factores cae- ya que su “parte” en el producto pasa a ser menor y por tanto la composición de cada sector en términos de trabajo y capital tiene que ser modificada. Si la política de ajuste necesaria –reducción de los salarios y los beneficios- para acomodar el aumento del precio y de la parte de la energía en el producto y los agentes intentan conservar su parte (fijando los mismos precios y salarios), el resultado es un aumento del paro (ya que el salario es demasiado alto) y de la inflación. En España, la delicada situación política no permitió llevar a cabo este tipo de ajuste y los sindicatos usaron su recién recobrada libertad para hacer valer las reivindicaciones retrasadas durante cuarenta años. Mientras que la productividad del trabajo cayó, la militancia salarial aumentaba y también lo
hizo el coste relativo del trabajo, no sólo debido al aumento de los salarios sino también de las cotizaciones que eran inherentes a la puesta en marcha del Estado del Bienestar, lo que aceleró la sustitución de capital por trabajo. Finalmente, la inversión privada cayó como respuesta a la inflación.

La respuesta institucional fue gradual y dubitativa. Los Pactos de la Moncloa (1977) fueron un intento exitoso de poner a los agentes sociales de acuerdo para terminar con el proceso inflacionario mediante la contención salarial y el compromiso del gobierno de acelerar la puesta en marcha del Estado de Bienestar. El Estatuto de los trabajadores (1980) mantuvo sin embargo una fuerte rigidez en el mercado laboral, aunque dejaba abierta la flexibilización. La Ley Básica del empleo de ese mismo año buscará, ante la resistencia de los sindicatos de tocar los contratos indefinidos, establecer nuevas formas de contratación “atípicas”. Es el principio del carácter dual del mercado laboral español. Sin embargo, las medidas aparecieron como insuficientes y la primera gran reforma ocurrirá con el primer gobierno socialista en 1984, como veremos en el proximo post.