¿Qué efectos tiene establecer unos requisitos a la hora de conceder una prestación por desempleo, por ejemplo, la posibilidad de perderla en caso de rechazar un trabajo que aparentemente se ajuste a tu perfil? Esa es la pregunta que, entre otros, trata de responder Danielle Venn en su artículo “Eligibility criteria for unemployment benefits” publicado recientemente para la OCDE. Este trabajo no sólo trata de determinar los efectos que establecer este tipo de “criterios de idoneidad” (es decir, aquellos que una oferta de trabajo ha de cumplir para que “no pueda ser rechazada” por un parado) pueden tener sobre las prestaciones por desempleo sino que, y aquí reside el valor de este
estudio, trata de construir un índice cuantitativo con el que poder evaluar cómo de estrictos son estos criterios en cada país. A continuación trataré de presentar alguno de sus aspectos más importantes.

Hay incentivos para buscar empleo… cuando no queda otra

Desde la economía se ha sostenido tradicionalmente que unas prestaciones por desempleo más generosas suelen tener como consecuencia un aumento tanto en la duración del desempleo como en el nivel agregado de éste. Aunque esta afirmación no se discute, no es menos cierto que la recepción de estas prestaciones habitualmente no es incondicional: quienes se benefician son requeridos a buscar empleo activamente, o a aceptar ofertas de trabajo que se adapten a su perfil, o también a participar en programas activos de empleo, tales como cursos de formación. Además, quienes no cumplan cualquiera de estos requisitos, o no lo hagan como sería de esperar, pueden incluso llegar a ser sancionados, generalmente con la retirada total o parcial del derecho a prestación. La cobertura de las prestaciones también es importante; a fin de cuentas, si son pocos los trabajadores que tienen derecho a prestación, éstas tendrán un impacto reducido en el resultado agregado del mercado de trabajo,
sin que importe demasiado cuán generosas pudiesen ser.

Este efecto de las prestaciones por desempleo se encuentra bastante respaldado por la evidencia empírica. Su consideración tiene bastante que ver con el tipo de modelo que los economistas tenemos en mente sobre cómo funciona el mercado de trabajo. En la actualidad, probablemente los más extendidos sean los “modelos de búsqueda de empleo“. En ellos, los trabajadores desempleados pueden influir en la probabilidad de pasar a estar ocupados bien incrementando sus esfuerzos a la hora de buscar empleo, o bien reduciendo su salario de reserva (esto es, el salario mínimo que están dispuestos a aceptar); no obstante, las condiciones del mercado de trabajo también juegan su papel. Estos modelos predicen que unas prestaciones por desempleo más generosas reducen las posibilidades de que los desempleados que se benefician de ellas encuentren trabajo, incrementándose así la duración del periodo de desempleo. Además, cuando
las tasas de sustitución (esto es, la proporción entre la renta que obtiene el individuo cuando está desempleado frente a la obtiene cuando está empleado) son mayores, el coste del desempleo (esto es, la diferencia entre la cuantía del salario y la de la prestación por desempleo) disminuye, reduciendo así los incentivos de los parados para buscar o aceptar un empleo. Por el contrario, el esfuerzo en la búsqueda de empleo aumentará a medida que se acerque el final del derecho a recibir prestaciones.

A veces es necesario dar un toque de atención

Así pues, desde un punto de vista teórico, establecer unos requisitos en la búsqueda de empleo puede influenciar el desempleo resultante alterando el salario de reserva y/o el esfuerzo de los desempleados. Uno de los métodos más habituales consiste en introducir un mecanismo de supervisión del proceso de búsqueda que llevan a cabo los parados junto con determinadas sanciones en caso de que no se cumpla alguno de los requisitos. En estos casos, el resultado que se aprecia es que frente a estas sanciones los parados incrementan sus esfuerzos en la búsqueda de empleo, tanto ex post (debido a que su renta cae después de recibir la sanción) como ex ante (para reducir el riesgo de recibir otra sanción en el futuro). Este mayor esfuerzo incrementa la probabilidad de encontrar un trabajo, por lo que la duración del desempleo disminuye. Además, la duración también puede reducirse si estas sanciones (o el riesgo de recibirlas) motivan a los parados a aceptar ofertas de trabajo que de
otra forma hubiesen rechazado. Por su parte, los “criterios de idoneidad”, que establecen el tipo de ofertas de trabajo que deberían ser aceptadas por un perfil particular de desempleado, afectan directamente a los salarios de reserva. De hecho, unos criterios estrictos pueden incluso reducir los incentivos de los trabajadores a abandonar sus puestos de trabajo dado que, aunque la prestación por desempleo mitigue sus efectos, podrían llegar a verse obligados a aceptar un empleo con un sueldo inferior al que renunciaron.

¿Qué nos dice la evidencia empírica al respecto?  Para empezar, parece confirmar nuestras suposiciones sobre el efecto ex post de las sanciones. En concreto, recibir una sanción incrementa la tasa de salida del desempleo (esto es, el porcentaje de desempleados que pasan a estar ocupados en el periodo considerado) en Dinamarca en un 50% [Svarer, 2007], y en los Países Bajos nada menos que en un 100% [van den Berg et al., 2004]. Otro caso. En Suiza, los parados reciben un aviso antes de que se les imponga una sanción (sólo alrededor de un tercio de aquellos que reciben un aviso acaban recibiendo una sanción); pues bien, recibir un aviso tendría como resultado un aumento de la tasa de salida del desempleo en un 25%, mientras que la sanción en sí misma incrementa esta tasa de salida en un 20%. [Lalive et al., 2005]. No obstante, en la mayoría de los países, son muy pocos los desempleados que reciben algún tipo de sanción. Hacia la mitad de los 90, los parados que fueron sancionados
habitualmente no pasaron del 10% en los países con información disponible, con la excepción de Suiza (38%) y EE.UU. (35%) [Gray, 2003], por lo que parece plausible suponer que para la mayoría de parados la sola amenaza de recibir una sanción resulta suficiente motivante.

Por otra parte, resulta mucho más difícil identificar los posibles efectos ex ante, si bien algunos estudios han tratado de estimarlos. En particular, uno de ellos, realizado en Suiza, muestra cómo muestra cómo el incremento de la tasa de avisos en un 64% reduce la duración media del desempleo en 7 días [Lalive et al., 2005]. En otro orden, parece ser que los desempleados que están obligados a informar acerca de su actividad a la hora de buscar empleo permanecen desempleados menos tiempo que el resto  [Johnson and Klepinger, 1994].

¿Cómo de estrictos somos en España?

Como anunciaba al principio, uno de las contribuciones más interesantes del trabajo de D. Venn es un índice cuantitativo con el que poder efectuar comparaciones entre países de la OCDE en cuanto a la rigurosidad de sus requisitos sobre las prestaciones por desempleo. El resultado de esta aplicación es el que podéis observar en el siguiente gráfico:

El gráfico muestra la “rigurosidad total de los criterios de idoneidad” en los países de la OCDE (5 representa rigurosidad máxima, 1 mínima). “Entitlement conditions” se refiere a los requisitos para tener derecho a percibir una prestación por desempleo. “Job search and availability” hace referencia a la disponibilidad que se requiere a un desempleado para aceptar un empleo a la vez que participa en programas activos. “Monitoring” está relacionado con la existencia de mecanismos de control y/o supervisión de la actividad de los desempleados. “Sanctions” indica cómo de duras son las sanciones en caso de incumplimiento de alguno de los criterios.

¿Cómo de estrictos somos en España? Curiosamente, somos mucho más estrictos que la media. Digo curiosamente porque, si en principio parecía deducirse que una mayor rigurosidad en el diseño o aplicación de estos criterios se relacionaba con una menor duración de desempleo o un nivel agregado de éste, ¿cómo es posible que nuestro desempleo sea mucho, mucho, más elevado y su duración mucho mayor que el de muchos otros países que son menos estrictos?  Aquí, creo, caben dos respuestas posibles. La primera de ellas es que, naturalmente, estos requisitos no explican todo el desempleo. De hecho, si observamos el gráfico, parece evidente que no existe ninguna correlación aparente entre rigurosidad de criterios y nivel agregado de desempleo (supongo que tampoco se aprecia correlación entre rigurosidad y duración media del desempleo, pero no tengo a mano datos al respecto). Es más, atendiendo al caso español, de hecho se diría que la rigurosidad de
estos criterios tampoco son el factor más importante a la hora de explicar el desempleo, habida cuenta de nuestras desorbitada cifras en contraste con lo supuestamente estrictos que son nuestros criterios. En este punto, cabe pensar que la dualidad de nuestro mercado laboral tenga mucho que ver.

En segundo lugar, es posible que más allá de la rigurosidad global, el diseño particular de estos criterios de idoneidad, o incluso la naturaleza de los integren, pueda tener también algún impacto significativo a la hora de explicar las diferencias apreciables entre países. ¿Es posible? Aunque no puedo dar una respuesta concluyente, en la próxima entrada trataré de presentar algo más en detalle el caso español en comparativa con otros países de nuestro entorno. Quizá entonces podamos extraer alguna conclusión al respecto.

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Venn, D. (2012), “Eligibility Criteria for Unemployment Benefits: Quantitative Indicators for OECD and EU Countries”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 131, OECD Publishing.

Lalive, R., J. Zweimuller and J. van Ours (2005), “The Effect of Benefit Sanctions on the Duration of Unemployment”, Journal of the European Economic Association, Vol. 3, No. 6, pp. 1386-1417.

Johnson, T. and D. Klepinger (1994), “Experimental Evidence on Unemployment Insurance Work-Search Policies”, Journal of Human Resources, Vol. 29, No. 3, pp. 695-717.

Svarer, M. (2007), “The Effect of Sanctions on the Job Finding Rate: Evidence from Denmark”, IZA Discussion Papers 3015, Institute for the Study of Labor (IZA).

van den Berg, G., B. van der Klaauw and J. van Ours (2004), “Punitive Sanctions and the Transition Rate from Welfare to Work”, Journal of Labor Economics, Vol. 22, No. 1, pp. 211-241.