En Valencia tocaba, y toca, ajuste. No había otra opción. Una década y media de gasto público desaforado, mal organizado y con, digamos, irregularidades constantes (siendo suave y aceptando presunción de inocencia y tal) ha dejado al nuevo Ejecutivo encabezado por Fabra unas cuentas que, francamente, debe dar miedo mirar de cerca. Así que, estando bien claro de quién es la responsabilidad (los gestores políticos que han estado al frente de la Comunitat desde 1995 hasta hace nada), la realidad es que hay que poner la casa en orden. Eso implica, según el Consell (órgano ejecutivo de la Generalitat Valenciana), subir los impuestos y reducir el gasto. El incremento del IRPF en el tramo autonómico va en la línea de las medidas del Gobierno central, se centra en las rentas altas, y se resume en «tenemos que conseguir dinero, y para ayer». Además, se incluye una tasa medioambiental sobre los
hidrocarburos (!) y un «céntimo sanitario». La subida del IRPF me parece lógica y progresiva dentro de lo posible, la tasa medioambiental, sorprendente aunque necesaria (nadie habla de medio ambiente cuando el problema es emitir deuda, y es un error que lamentaremos en un par de décadas). El «céntimo sanitario» es mucho más discutible, por supuesto, dado que no tiene nada de progresivo. Los recortes, además, se concentran en sanidad. Ahorrar 440 millones sin, como dijo el portavoz José Císcar, que se resientan las prestaciones, es entre difícil e imposible. También los funcionarios se llevan lo suyo, o especialmente los interinos, así como las empresas públicas, que pasarán de 40 (sí, 40, así de salerosos éramos en mi tierra) a 6.

Es, en definitiva, un catálogo clásico de recortes mil veces discutido en mil lugares distintos con los consabidos argumentos (una referencia reciente y muy buena en este mismo espacio, y otra más periodística pero bien documentada de Ximo Clemente). Sin embargo, lo que me ha interesado de las medidas es algo que creo, es bastante innovador y merece atención. Cito la noticia en el Levante:

El primer «sacrificio» anunciado ayer por José Císcar es uno que le afecta directamente a él como al resto de consellers, altos cargos y asesores. La medida, con la que Fabra trata de mitigar la impopularidad de los recortes, consiste en ligar el salario del personal de la primera línea política al déficit público. Esto es, las nóminas de los altos cargos -las más bajas, incidió el conseller de toda España- serán recortadas en el mismo porcentaje en que se cifre el déficit con el que se acabe el año. «Si 2012 -explicó, a modo de ejemplo- acaba con un 1%, se rebajará un 1% nuestras nóminas». La iniciativa tiene una objetivo ejemplarizante, ya que su impacto sobre las cuentas será prácticamente irrelevante.

Más que «ejemplarizante», diría que es un original sistema de regulación de incentivos. He buscado y no he encontrado nada similar en ningún otro lugar (agradezco enormemente referencias en los comentarios de la entrada). El funcionamiento es, aparentemente, bastante directo y claro: si te pasas gastando, lo notarás en tu propio bolsillo. Es una forma de evitar, o reducir, el siguiente problema (cito a Roger Senserrich en el artículo enlazado más arriba):

Los legisladores de un país soberano son esencialmente una especie de semidioses que no responden ante nada ni nadie aparte de sus propios votantes / súbditos / alegres proletarios que adoran a su líder. Un primer ministro puede dibujar un maravilloso plan a diez años vista con un montón de subidas de impuestos y recortes de gasto que sólo entran en vigor de aquí tres años, o cuando la tasa de paro baja del 8% (en un país normal, eso es “empezamos a ir bien”). Puede incluso aprobarlo por ley orgánica. El problema es que si el paro está al 8,01% a seis meses de las elecciones, ya me diréis qué político no tiene tentaciones de enmendar su plan (…).

La idea es que tendrás una penalización si se te ocurre enmendar tu propio plan, o directamente no ponerlo en práctica en primera instancia. Atrayente, ¿eh? La verdad es que lo es, pero tiene unos cuantos problemas, básicamente de incentivos perversos.

En primer lugar, tal y como lo describió Císcar, el efecto no es con déficit a lo largo del ciclo. Como ya discutimos aquí y en otros lugares cuando la reforma constitucional del techo de endeudamiento, lo lógico es equilibrar el presupuesto a lo largo del ciclo y no de manera puntual. Borrell lo explica de forma sencilla:

Eso de que no se puede gastar más de lo que se ingresa hay que mantenerlo cada día, cada mes, cada año… o a lo largo de un ciclo económico que tiene –lo sabemos de sobra– fases de crecimiento y de depresión. Las empresas no ganan ni gastan lo mismo todos los meses y los gastos e ingresos públicos también son estacionales. Lo razonable para un país es buscar el equilibrio a lo largo del ciclo, equilibrando déficits y superávits anuales.

Como me decía Ramón Mateo ayer por correo electrónico comentando esta misma medida, «no queremos políticos que se queden de brazos cruzados sólo porque no quieran verse rebajado el sueldo». No, no los queremos para nada. Así que el diseño del mecanismo, si no está ajustado al ciclo, es simplemente malo, e incluso puede tener, como decimos, incentivos perversos.

¿Quiere esto decir que ajustándolo al ciclo se acaban los problemas? Me temo que no. Un diseño que supusiera ajuste al ciclo es una cuestión de diseño peliaguda. ¿Qué periodo de tiempo definimos como «ciclo económico»? ¿Cómo lo hacemos casar con el ciclo electoral, por un lado, y con el ciclo de trabajo de altos cargos, que muchas veces no llega ni a los cuatro años? Puesto que los altos cargos, obviamente, van cambiando, ¿qué garantiza que aquellos que se encuentran en una parte determinada del ciclo se van a comportar de forma responsable y consistente respecto a los demás?

Y aunque consiguiésemos resolver estas cuestiones, quedaría, como me apuntaba Gonzalo Rivero en un email, el efecto selección:

Supongamos unas elecciones en fase alta del ciclo. Tendríamos lo que tenemos ahora, más o menos. Sin embargo, llegan las vacas flacas y nuestros burócratas tienen que decidir qué hacer: si se quedan, tendrán que trabajar más y hay una probabilidad de que incluso trabajando más, se les recorte el salario, añadido a la posibilidad de no-reelección. Imagino que permanecerían los leales, y poco más.

Además, como también me ha hecho notar Gonzalo, la relación 1:1 marcada por el Consell no parece gran cosa. Le cito literalmente: con un 1% de déficit, ¿30€ sobre 3000€ al mes si el «premio» es la reelección? Compro, dirán muchos.

Por último, sea cual sea el diseño del mecanismo, asociar el sueldo de los encargados de firmar y comunicar dichas cuentas a su resultado incrementa estos incentivos perversos, y bueno, en un sitio con una tradición de irregularidades y disfuncionalidades como la Generalitat Valenciana antes deberíamos resolver éstas, y después pensar en formas creativas y originales de mantener bajo el déficit.

Pero la idea de fondo me sigue pareciendo original, y pienso que vale la pena explorarla políticamente. Insisto en que si alguien tiene algún ejemplo de experiencias en otros lugares, será más que bienvenido. Igual eso nos ayuda a pensar en posibles formas de implementarlo. Por ejemplo, sugería Kiko Llaneras, hacerlo año a año pero en lugar de respecto al nivel de déficit cero, al objetivo de déficit marcado por el Gobierno. O mejor todavía, para esquivar el problema de que quien fija el objetivo es la misma gente que será premiada o penalizada, una supuesta agencia independiente al estilo holandés.

Un apunte final, también gracias a Gonzalo (no sé por qué demonios este post no lo ha escrito él, directamente): ¿por qué el déficit? ¿Por qué no otra medida, u otras, más complejas, que capturen mejor lo que al final queremos incentivar, que no es sino un uso racional y eficiente de los recursos públicos? La pregunta queda abierta.