Hace muchos, mucho años, allá por el 2008, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos se presentaba a las elecciones prometiendo combatir el cambio climático mediante cap and trade, creando un mercado de emisiones. Era la posición centrista, moderada sobre la materia – una vieja idea de los conservadores americanos, de hecho, utilizando el poder del mercado para controlar emisiones.

El sistema ha funcionado relativamente bien en Europa; no es demasiado elegante, pero es bastante racional. Cuando Obama ganó las elecciones, por desgracia, todo lo que que proponía el presidente, no importa lo que fuera, pasó a ser anatema para la minoría republicana, así que el mercado de emisiones acabó por caer víctima de su minoría de bloqueo en el Senado. Esto no quiere decir, sin embargo que Estados Unidos no vaya a controlar sus emisiones en los próximos años. Lo va a hacer, sólo que de forma horriblemente ineficiente.

La clave es la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y su mandato legislativo para regular emisiones contaminantes. El año pasado el Tribunal Supremo sentenció que el CO2 es, a efectos legales, contaminación (varios estados llevaron el tema a juicio) así que la agencia está obligada a intentar limitarlas. La EPA no puede, por si sóla, establecer un mecanismo de mercado, pero sí puede pasar regulaciones, prohibiciones y limitaciones – y parece que la administación Obama va a tirar por el camino del medio y usar esos poderes.

A efectos prácticos, Estados Unidos va a regular sus emisiones utilizando el método más antiguo e ineficiente posible: la prohibición. En los próximos años, por ejemplo, camiones, autobuses y vehículos pesados van a estar obligados a golpe de reglamento a reducir sus emisiones en un 20%, les guste o no. Las centrales eléctricas de carbón, industrias y básicamente cualquier agente económico que contamine en masa va a comerse marrones semejantes.

El problema, sin embargo, es que este es un método increíblemente ineficiente. Lo lógico sería que fuera el mercado, la libre competencia, que decidiera cuál es la forma más eficiente de controlar la externalidad negativa que son la emisiones. Poner un precio al CO2 (sea mediante un mercado, sea mediante un impuesto) forzaría a todo el mundo a ser creativo intentando buscar la mejor manera posible (esto es, buena, bonita, barata) para reducir el CO2 que lanzan a la atmósfera, en vez de tener un regulador gigante repartiendo porrazos aleatorios.

Lo más triste, sin embargo, es que la amenaza de utilizar la EPA para regular emisiones debía ser, en teoría, la palanca que moviera los republicanos a cooperar. La Casa Blanca dejó muy claro que si el Congreso no pasaba una solución óptima (cap and trade) la EPA usaría la cachiporra regulatoria. Ahora los conservadores (y los lobistas de la industria) se quejan, amargamente, que la administración Obama esté recurriendo a este método, aún a sabiendas que su falta de cooperación ha creado esta situación. Para hacerlo más cómico, los republicanos no van a tener una mayoría suficiente para cargarse la autoridad de la EPA en ningún caso, ya que el presidente lo vetaría de inmediato.

Pocas veces vemos una medida suboptima emerger un proceso político deficiente de forma tan clara, realmente. Un ejemplo de libro. Y todo porque el partido republicano decidió olvidar que el mercado de emisiones era una idea suya para joder al presidente.