Me preguntaban hoy por Twitter algo en apariencia muy sencillo: ¿Quién está financiando las tea parties en Estados Unidos? Sí, esos grupos “espontáneos” contra el déficit público que aparecieron de la nada hace un año y medio, en una repetición de la tradicional ida de la olla de los conservadores americanos cada vez que manda un demócrata (Clinton, Carter, Kennedy, Johnson y Roosevelt tuvieron los suyos).

La respuesta, hasta hará cosa de nueve o diez meses, era más o menos complicada, pero factible: las organizaciones que hacían campañas políticas tenían un techo de gasto en sus contribuciones a políticos. En enero, sin embargo, el Tribunal Supremo (lleno de jueces conservadores vitalicios – otra herencia de Bush) decidió que cualquier legislación que limita el gasto en campañas electorales de empresas y entidades privadas es inconstitucional – abriendo un sálvese quien pueda de anuncios y campañas corporativas en este ciclo electoral.

Para hacer las cosas peores, la legislación electoral americana está llena de agujeros, así que hay un buen número de entidades (como la cámara de comercio u otros grupos de presión) que no tienen que revelar quién los está financiando. Antes de la decisión del Supremo estas organizaciones no podían dedicarse a hacer campañas a favor o en contra de políticos (sólo “informar sobre medidas”, como pedir menos impuestos), así que eran menos ruidosas. Ahora… bueno, ahora el cielo es el límite.

El resultado es que en un sitio como en Connecticut, que tiene un par de votaciones relativamente disputadas (no el Senado, pero sí para gobernador) más de la mitad de los anuncios en televisión (sin exagerar) sean de política, y un porcentaje altísimo de ellos no venga de los candidatos. La inmensa mayoría de ellos son, no hace falta decirlos, críticos con todo lo que huela a demócrata u Obama, y casi en ningún caso uno puede decir quién narices está poniendo el dinero para enviar a parir a Dan Malloy otra vez. La legislación es tan cochambrosa, de hecho, que los Gnomos de Zurich, el gobierno de Andorra o P.I.F.I.A. podrían estar comprando publicidad a manta, y no tendría por qué enterarse nadie.

Por descontado, no es completamente secreto. Aunque no lo digan en voz alta, Wall Street y las aseguradas médicas privadas están poniendo dinero a espuertas en estas elecciones (en algunos casos, abiertamente), igual que las siempre incansables petroleras y otros sospechosos habituales. Los sindicatos también se están dejando pasta (los de profesores berreando con saña contra cualquier reforma, por cierto), aunque su capacidad de gasto es mucho más limitada. Los demócratas, no hace falta decirlo, llevan varias semanas lamentándose de la enorme, ridícula cantidad de dinero privado financiando campañas contra ellos, no sin cierta razón.

Lo más desesperante, como de costumbre, es el hecho que todas las encuestas dicen que los votantes estaban horrorizados con este cambio legal, con amplias mayorías apoyando limitar los gastos electorales. Los demócratas intentaron salvar los muebles aprobando una ley que obligara que todos los anuncios listaran quién estaba pagándolos, con nombre propio y sin trampas (“Exxon ha financiado este mensaje. Vote a Pepe.”) en una ley con amplio apoyo popular… que murió en el Senado, merced de las minoría de bloqueo (41-59) de los republicanos.

No soy de los que me gusta ponerme dramático sobre la caída del Imperio Gringo, pero estoy relativamente seguro que la solución a los problemas de la política de este país no era meter más dinero aún en campañas electorales. Ni de broma, vamos.

News Corp, por cierto (Fox News), ha donado dos millones de dólares al partido republicano. Para que luego digan.